La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) realizó hoy un acto lúdico en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, en esta capital, contra la iniciativa de ley presentada por el delegado Alejandro Fernández Ramírez, para legalizar la explotación sexual en el Distrito Federal.
De espaldas a un evento oficial de la delegación Cuauhtémoc –por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero sin dar información al respecto–, mujeres integrantes de la CATWLAC –agrupación que lucha contra la explotación sexual desde 1990– bailaron vestidas de naranja y con moretones en la cara, a modo de repudio a las agresiones de género.
El pasado 10 de noviembre, el delegado Alejandro Fernández Ramírez anunció que enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley para “legalizar la prostitución”, a fin de “regular espacios públicos y privados en los que se brinden servicios sexuales”.
Según el delegado, lo que se pretende con el proyecto es que el DF alcance la vanguardia de países como Holanda o Alemania, donde se legalizó la explotación sexual comercial.
Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la CATWLAC, denunció que la iniciativa, lejos de proteger a las mujeres y brindarles una vida digna, regularizará a los proxenetas que explotan sexualmente a cientos de niñas, adolescentes y mujeres en la delegación Cuauhtémoc (ubicada en el centro de la Ciudad de México y donde se asientan los poderes políticos y económicos del país).
“La prostitución es una de las peores formas de violencia contra las mujeres, que las denigra, que atenta contra sus Derechos Humanos (DH) y su dignidad. La prostitución no es un trabajo, es una institución patriarcal que sojuzga, somete y administra la sexualidad de las mujeres”, criticó la activista.
Ulloa señaló que la explotación sexual no puede ser considerada un trabajo porque cosifica a las mujeres, las coloca en categoría de mercancía y atenta contra su dignidad.
Observó que en lugar de legalizar a los proxenetas, el delegado debería garantizar mecanismos de exigibilidad de justicia y protección a los DH, aprehender a los proxenetas (a quienes la delegación tiene perfectamente ubicados, según dijo la defensora), tener refugios y opciones dignas de empleo para las mujeres que actualmente enfrentan esta situación.
La activista acusó que ya existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la delegación Cuauhtémoc, porque el anterior titular de la demarcación erogó presupuesto para promover la explotación sexual con la construcción de retornos en la vía pública, para que los “consumidores” de la prostitución estuvieran más cómodos.
De acuerdo con la experta, contrario al argumento del delegado, la tendencia mundial apunta a sancionar a quienes demandan la prostitución, como acaba de hacer el Parlamento de Irlanda y se discute hoy en el Senado de Francia.
Según comentó Ulloa, hasta ahora no han disminuido la violencia contra las mujeres ni la ocurrencia de este delito en Holanda o Alemania (donde se legalizó la explotación sexual), ya que de acuerdo con datos CATWLAC, 90 por ciento de las mujeres obligadas a prostituirse en Europa son inmigrantes que entran a través de mafias trasnacionales, y (según datos de la embajada de Holanda en México), la mayoría de las mujeres en prostitución se encuentra en una relación de dependencia con su explotador legal, la denuncia por violencia es baja, y es difícil salir del sector.
De acuerdo con lo que declaró el delegado, en Cuauhtémoc se tienen identificados 151 puntos, distribuidos en 29 colonias, donde 5 mil personas son explotadas sexualmente, y de las cuales 70 por ciento son mujeres.
La protesta de la CATWLAC se vio opacada porque a la misma hora se programó un evento de la delegación, donde se dieron bocadillos y se hizo un concurso de baile para las mujeres, pero no se explicó a las presentes (personal femenino de la delegación) el por qué de la conmemoración del 25 de noviembre, y su origen tras el asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, en 1960.
Además, cuatro policías, tres funcionarias y un fotógrafo de la delegación intimidaron a quienes participaron en el acto de la CATWLAC. Incluso grabaron con celulares y tomaron fotos a Teresa Ulloa.
14/AJSE/RMB
noviembre 2014
Hace nueve meses Rocío Mendoza conoció a “Alexis” en esta localidad del estado de Hidalgo. Más tarde descubriría que es hondureño y que en realidad su nombre es Yanel, quien trabajaba en condiciones de esclavitud, y cuyo único deseo era regresar con su familia al poblado de El Guantillo, departamento (estado) de Francisco Morazán, en ese país centroamericano.
Cuando Rocío y Yanel se conocieron, ella prometió ayudarlo y empezó a buscar pistas en internet. Tras varias búsquedas, contactó al Movimiento Migrante Mesoamericano que hoy logró reunir a Yanel con su madre, Maria Delmi Valle Zúñiga, integrante de la X Caravana de Madres Centroamericanas “Puentes de Esperanza”.
En la misma mesa se sentaron a comer Rocío, Maria Delmi y Yanel, además de madres y familiares que buscan a migrantes desaparecidos. Todas y todos aplaudieron el reencuentro entre una madre y un hijo que se volvieron a ver tras 15 años.
Rocío cuenta que cuando conoció a Yanel, lo vio “tímido, asustado, vestido con ropa percudida por los años”, y quien dijo trabajar duro la tierra de sus patrones, que –afirmó– lo trataban bien, le daban de comer y hasta en ocasiones le llegaban a pagar un salario de 500 pesos a la semana.
Ahora Yanel prefiere no hablar de eso, y es que fueron sus patrones, la familia Anaga, quienes hoy lo llevaron a un parque en San Sebastián Tenochtitlan donde se reencontró con su madre, luego de un abrazo y de despedirse de la gente para quien trabajó todos estos años, el hombre y su madre decidieron marcharse a pesar de la insistencia de los patrones de que se quedara.
Rocío, de oficio pastelera, preparó varios postres para este encuentro tan especial; junto con su familia se sumó al júbilo para que éste no sea el último logro de la caravana.
Ya con su hijo de vuelta, Maria Delmi quiere que sus otros cinco hijos que viven en Honduras conozcan al hermano que, en busca de una mejor vida, dejó el hogar materno cuando apenas tenía 16 años de edad, y se aventuró a viajar a México y después tomar el tren rumbo a Estados Unidos.
Tras este reencuentro, las madres centroamericanas dijeron que tienen la esperanza de que alguna otra persona, como Rocío, haga lo mismo por sus hijas e hijos desaparecidos. Ahora la caravana se dirige al estado de San Luis Potosí.
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Reportaje – Responsabiliza Estado a familias de provocar migración infantil
Cuando Yolanda se despidió de su nieto no pensó que apenas unas semanas después volvería a verlo. La incertidumbre hizo que quisiera congelar en su mente aquella despedida. Le besó varias veces la frente, le recordó que escondiera bien el par de billetes que llevaba y lo vio irse en silencio con el hombre con quien semanas antes había acordado la partida.
Durante varios años cuidó de Richard (ambos nombres ficticios), mientras la madre de éste les enviaba remesas desde Estados Unidos.
Yolanda se dedica al trabajo del hogar. El suyo no es un caso aislado, las abuelas salvadoreñas se hacen cargo de cuidar a dos de cada 10 niñas, niños y adolescentes en este país centroamericano.
Aunque no hay datos actualizados, según el Censo de Población y Vivienda 2007, la madre, el padre, o ambos, de 8.6 por ciento de la población menor de 18 años ha emigrado.
Dos días sin saber nada de su hijo de 11 años, después de aquella despedida y miles de kilómetros al norte de El Salvador, Sara (su madre) comenzó a preocuparse, no era lo que había acordado con aquel hombre: llevarle a su hijo sano y salvo comunicándose a diario a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero.
Los “coyotes” (traficantes de personas), quienes se dedican a llevar a las y los migrantes desde El Salvador hasta EU, cobran entre 4 mil y 7 mil dólares (entre 54 mil 800 y cerca de 96 mil pesos mexicanos).
El Rescate, organización que brinda asistencia legal a personas sin documentos de estancia legal en Los Ángeles, California, le aconsejó a Sara que fuera al consulado de El Salvador, pero ahí no sabían nada. Tras varias llamadas, el sheriff del condado le indicó que su hijo había sido retenido por las autoridades mexicanas y que sería deportado.
VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Richard tuvo que salir de El Salvador debido a las extorsiones que sufría en la escuela. “Un hijo de un migrante es un foco de atención para los ‘mareros’ (pandilleros); es un niño secuestrable”, explica César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), una de las organizaciones civiles que dio asesoramiento a la familia.
Desde el consulado salvadoreño le pidieron a Sara que autorizara la repatriación de Richard. “En el consulado le dicen que ella tiene que firmar porque si no las autoridades salvadoreñas no se hacen responsables”, cuenta el director del Insami. Las organizaciones civiles le aconsejan que no lo haga.
La tensión y el miedo llevan a Sara a firmar, pero regresa arrepentida. Ya no había marcha atrás. No se dio por vencida y decidió contactar a una asociación mexicana de defensa legal para que visitaran a su hijo. Cuando fueron al centro donde tenían retenido al niño, ya había sido trasladado a la Ciudad de México para ser enviado a El Salvador.
Richard pasó a formar parte de las estadísticas del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), que tiene registrado que de julio a octubre de este año fueron retornadas 424 niñas y adolescentes y 702 niños y adolescentes.
Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería indican que tres de cada cuatro viajaban como él: con un “coyote” y sin ninguna persona conocida.
DEPORTACIÓN
En el aeropuerto de San Salvador a Richard lo esperan Yolanda (su abuela), personal del Insami y un equipo de trabajo conformado por diferentes instituciones del Estado.
El equipo de instituciones del gobierno salvadoreño hace que Yolanda firme un documento donde asegura que el niño no está siendo amenazado. De no hacerlo, Richard pudo ser llevado a uno de los centros de acogimiento de emergencia del Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), lugares que han recibido múltiples denuncias por malos tratos.
La jefa del Departamento de Supervisión a Juntas de Protección del Conna, Carmen Chinchilla, defendió que la institucionalización es la última opción y, cuando la niña o el niño está en riesgo en la comunidad donde va a retornar, “se trata de verificar con el familiar o pariente si puede trasladarse a otro lugar o encontramos a otro pariente que vive en un lugar diferente para evitar institucionalizarlo”, agregó.
Dos semanas después, Yolanda recibió un citatorio de un juzgado. Con base en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), las autoridades salvadoreñas acusan a la abuela de Richard, de 56 años, de someter a “riesgo incontrolado al niño y de haberlo privado de su derecho a la educación”.
La jefa del departamento del Conna dice enfática que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre tránsito, pero no se les debe de exponer a un viaje de forma irregular en las condiciones en que se hace”, y reconoce que las niñas y niños que emigran han sufrido vulneración a sus derechos antes puesto que, cuando salen del país de manera irregular, es porque o “no están con su mamá o su papá y tiene derecho a estarlo, no están estudiando o por el mismo contexto de violencia social”.
¿Qué pasa cuando la violencia social obliga a madres y abuelas a buscar que sus hijas e hijos emigren?, pregunta Cimacnoticias. “Cuando eso ocurre, el Estado tiene la obligación de articular con las instituciones con las que cuenta los mecanismos idóneos y buscar los programas adecuados que puedan lograr proteger a la niñez de este derecho que tiene a la seguridad ciudadana”.
MÁS NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES
El citatorio para Yolanda llegó en el momento en que la migración de niñas, niños y adolescentes comenzó a tornarse un tema de agenda en los medios de comunicación y entre la clase política.
De un año a otro, la cifra de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad salvadoreña que cruzaron la frontera con México no acompañados aumentó más del doble. Entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 la Patrulla Fronteriza de EU detuvo a 5 mil 990, mientras que de octubre de 2013 a septiembre de 2014 fueron 16 mil 404.
Desde EU se calificó como “crisis humanitaria” y su embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, pidió que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén hiciera algo para detenerla.
La reacción del Estado salvadoreño fue lanzar una campaña pidiendo a madres y padres que no envíen a sus hijas e hijos hacia el norte sin documentación, porque en el camino se exponen a muchos peligros.
Las organizaciones civiles que trabajan con migrantes desaprueban la medida: “No estamos de acuerdo con esta salida del gobierno dando toda la responsabilidad de un hecho social a la familia, diciendo que, independientemente de que niñas y niños estén siendo amenazados, los culpables son los padres”, refutó el director del Insami.
FALTA REFORMA LEGAL
A principios de julio pasado, un grupo conformado por varias organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, de personas migrantes, mujeres, salvadoreños en el exterior y varias iglesias, se reunieron para debatir y plantear propuestas.
Plantearon modificar la Lepina porque no aborda el tema migratorio de manera explícita, y modificar el procedimiento de aplicación para que haya posibilidad de que la persona responsable de una niña o niño pueda demostrar que lo que está haciendo es para protegerle.
Por su parte, varias instituciones estatales reunidas en torno a la Mesa de Coordinación de Atención y Protección a Niñez y Adolescencia Migrante están preparando un protocolo de actuación interinstitucional, para atender de forma integral a la niñez migrante y poder dar una respuesta efectiva a la situación.
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“¿Por qué creerle al gobierno si se llevó a nuestros hijos?”
A Martina de la Cruz, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio guerrerense de Iguala, le cuesta mucho trabajo hablar de su hijo; está segura de que apenas empiece a hablar podría llorar.
Sin embargo, Martina relata la desaparición de su hijo –y el asesinato de otros tres familiares– sin derramar una sola lágrima… sin detenerse en el relato ni para recordar.
Jhosiavani Guerrero de la Cruz, su hijo estudiante de primer ingreso de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, tiene 19 años y, de acuerdo con lo que cuenta Martina a Cimacnoticias, se esforzó mucho (como habitante de una comunidad donde sólo hay una computadora) para poder ingresar en agosto pasado a esta escuela.
Como pocos jóvenes en Omeapa (una localidad de 410 personas, de donde es originario Jhosiavani), él decidió continuar sus estudios para evitar emigrar a Estados Unidos, como su padre y sus hermanos, y estar lejos de su familia, a la que –mientras estudiaba la secundaria y el bachilleres– apoyó en el campo.
“Si hubiéramos tenido más dinero para meter a Jhosiavani a otra escuela, no estaríamos pasando esto”, dice Martina, quien está convencida de que las personas de más bajos recursos o que viven en el campo son siempre las más vulneradas.
Sin embargo, según explica Martina con el retrato de su hijo en la mano, Jhosiavani tenía la intención desde hace muchos años de ser maestro rural para suplir a los profesores que estaban mandando a su comunidad, y a quienes les veía poco interés para acercarse a la infancia.
Martina, de 54 años de edad, revela que el lazo que tiene con su hijo es muy fuerte porque fue el último (de siete) en su descendencia, tuvo el tiempo de cuidarlo y ante la ausencia de su esposo e hijos, era su principal compañero.
Acostumbrada a las pérdidas violentas, Martina narró que el mayor de sus hijos fue asesinado hace seis años (en EU), y sus dos hermanos también fueron acribillados por el crimen organizado en Guerrero.
Sin embargo, el último golpe, la desaparición de Jhosiavani, no se ahogó junto a los otros dolores, la enfermó, la llevó al hospital y le arrebató a su cuerpo 10 kilos en sólo dos meses.
“No es lo mismo tener que enterrar a tu hijo y asimilar su muerte, que no saber ni siquiera si está comiendo, si lo están tratando bien o si está sufriendo”, lamenta, ahora de pie, un poco más convencida que al principio de contar lo que siente.
El pasado 27 de septiembre, un día después de que los normalistas fueron agredidos por policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos”, en Iguala, el comité estudiantil de la Normal “Raúl Isidro Burgos” avisó a Martina que hubo un problema en la escuela y que debía ir para que supiera lo que pasó.
MANTENER LA ESPERANZA
Tras saber la noticia, Martina cayó en el hospital. Cualquier comentario del tema la hacía desmayarse, pero luego de varios días de recuperación en cama, se puso de pie para marchar el pasado 5 de noviembre en el Distrito Federal, junto a una multitud de más de 50 mil personas, y regresar a la Normal Rural donde estudiaba su hijo con la esperanza de que regrese con vida.
Martina, como su hijo, es originaria de Omeapa, en Tixtla de Guerrero. Para llegar a la Normal (y hacer el recorrido que hacía su hijo) tiene que caminar varios kilómetros desde su localidad hasta la carretera y luego tomar dos transportes públicos.
Sentada en un borde del patio de la escuela, donde se almacena la comida que los pueblos guerrerenses mandan en apoyo a las familias y están las ofrendas para los tres estudiantes asesinados el 26 de septiembre, Martina se mantiene de espaldas a los carteles y fotografías en apoyo a la comunidad de Ayotzinapa.
“No quiero ver periódicos ni saber de noticias porque todo lo que sacan ahí me lastima. Dicen que mi hijo está muerto y yo no les creo”, suelta de golpe.
Martina no cree en las declaraciones que dio el pasado 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el supuesto asesinato de los jóvenes.
“¿Por qué he de creer en el gobierno si son ellos mismos quienes se llevaron a nuestros hijos?”, se cuestiona Martina. “Yo sólo creo en los forenses (del Equipo Argentino de Antropología Forense), que nos han dicho que los de las fosas no son los muchachos”.
La posibilidad de que los estudiantes sigan vivos es lo que le da fortaleza y valor para soportar los dos meses de búsqueda. Estar con las otras mamás también la fortalece porque juntas recrean y recuerdan la personalidad, el aspecto físico y otras anécdotas de sus hijos.
Martina no sabe qué va a pasar si los 43 normalistas no aparecen los próximos días, pero advierte al gobierno (ahora con toda la fuerza que al principio negó tener): “Nosotros somos campesinos, entramos a todos lados y no le tenemos miedo a nada”.
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Visita el reportaje audiovisual: "Justicia. Madres Ayotzinapa"
Consulta nuestra cobertura informativa Caravana de madres de Ayotzinapa
Prostitución y desapariciones también son violencia contra las mujeres
Esta semana dan inicio los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, jornada en la que muchas personas realizaremos actos para recordar que la violencia contra las mujeres es tema, lamentablemente, vigente.
Una de las formas de violencia contra las mujeres es la prostitución y, más, el pretender legalizarla utilizando la falacia de que se hace para proteger a las mujeres en situación de prostitución.
A inicios de mes, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, declaró que entregaría a la Asamblea Legislativa una iniciativa para legalizar la prostitución en el Distrito Federal.
Dijo que con la legalización se protegerán a las mujeres en situación de prostitución, pues se definirán espacios públicos y privados en los cuales se ejerza la prostitución, bajo la protección de la autoridad.
Yo me pregunto: ¿protección de la autoridad? Más bien toda esta idea es para proteger al cliente, al proxeneta, al policía, a la autoridad y, en suma, a todos los que ganan con la explotación de las mujeres y a los vecinos que protestan por el espectáculo.
Sí, porque al legalizar la prostitución, una de las cosas que se potencian es que los proxenetas, los lenones y sus cómplices gubernamentales, que posiblemente son integrantes de redes de trata, puedan operar con mayor libertad, pues se escudarían en el consentimiento de la víctima, consentimiento muchas veces obtenido por medio de amenazas o seducción.
Es mentira que el dinero que ganan las mujeres en situación de prostitución sea para ellas, con excepción de un 10 por ciento; si así fuera, no existiría el policía y la autoridad corrupta que deja operar a los tratantes. Es decir, todos obtienen un beneficio económico de la explotación de las mujeres.
La prostitución no puede ser un trabajo porque el trabajo debe dignificar la condición humana. La prostitución denigra a la mujer al convertirla en mercancía, en un objeto.
La clandestinidad no acabaría con la legalización de la prostitución, al contrario, incrementaría que algunas mujeres en situación de prostitución no acudieran a los servicios de salud, por miedo a ser sancionadas y no poder ganar dinero para vivir, o para cubrir la cuenta que les exigen sus explotadores.
En suma, la legalización de la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres: las cosifica, las usa como una estadística económica, no soluciona la trata ni la explotación sexual, no les garantiza acceso a servicios de salud.
Por el contrario, perpetúa el estatus de sometimiento al colocarlas en una lógica mercantil de tener que hacer lo que quiera el cliente porque él paga. ¿Dónde queda la búsqueda de la igualdad?
MUJERES DESAPARECIDAS
Coincidencia o no, en México estamos pasando por un momento crítico en el que nos enfrentamos a una cifra catastrófica de personas desaparecidas: según la cifra oficial, se trata de 22 mil 322; otras personas afirman que se acerca a las 100 mil personas.
Muchas son mujeres que son buscadas por su familia. Por lo tanto, aparte de que el Estado mexicano no les garantizó un entorno seguro a las desaparecidas, también está violentando a sus madres, a sus hermanas, a sus abuelas, y a todas las mujeres que las buscan.
Estas mujeres padecen la omisión de las autoridades; son despedidas porque la búsqueda de sus hijas se convierte en un trabajo que les exige de su tiempo laboral; son señaladas como responsables de que sus hijas “se fueran con el novio”, como dicen algunas autoridades, y obligadas a que ellas mismas las busquen y le avisen al Ministerio Púbico cuando tengan alguna pista.
Y las madres de las mujeres desaparecidas, presuntamente víctimas de trata, hasta son señaladas de que vendieron a sus hijas.
Por eso las desapariciones de mujeres o el dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos son una forma de violencia, que tal vez debería ser el tema central en este país al conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En México, estamos pasando por un momento crucial en el tema de Derechos Humanos en el que podemos definir si seguimos así, o nos activamos para exigir un compromiso del gobierno, de los tres poderes y los tres órdenes, para trabajar en conjunto y que las mujeres tengamos garantizados nuestros derechos, los humanos y todos.
Cada lágrima que han derramado las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y de todas y cada una de las personas desaparecidas (mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres) más tarde o más temprano le explotará en la cara a un gobierno omiso, corrupto, proxeneta, cómplice y consumidor; hasta ese día las seguimos buscando #Hastakeaparezcan.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
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Denunciar la tortura sexual para sanar y buscar justicia
En 2011, 28 ex presas políticas presentaron una denuncia penal por delitos sexuales de los que fueron víctimas en diversas cárceles durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
Una de las denunciantes es Beatriz Benzano, detenida en julio de 1972, interrogada y torturada en el Batallón de Artillería Número 5, desde donde fue llevada al Regimiento de Caballería Número 9 y luego al Penal de Punta de Rieles. A continuación, Benzano repasa el horror sufrido desde una mirada de género.
VIOLENCIA
Desde que hay guerras en el mundo se consideró siempre el cuerpo de la mujer como trofeo o como botín de guerra, para uso y abuso de los vencedores.
Pero a partir de la masiva violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados de la ex Yugoslavia y de Ruanda (50 mil mujeres violadas), cuando se usaron sus cuerpos no sólo como arma y como campo de batalla, sino también para limpieza étnica, haciéndoles hijos con la sangre del enemigo, la comunidad internacional reaccionó y tomó conciencia de la gravedad de los crímenes de violencia sexual, que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y después en el Estatuto de Roma y en múltiples Resoluciones de la ONU.
Durante la dictadura militar, todas las presas políticas uruguayas sufrimos en mayor o menor grado todo tipo de prácticas sexuales aberrantes y humillantes, desde la desnudez forzada y expuesta, manoseos y toqueteos, insultos y comentarios ofensivos y degradantes cuando nos hacían bañar y hacer nuestras necesidades delante de ellos, hasta la violación con o sin penetración, con palos o con bichos, con picana (electricidad) en los genitales, por muchas y repetidas veces.
Los varones también sufrieron violencia sexual, pero con las mujeres tuvo particularidades y efectos específicos.
Con ambivalencias y todo tipo de resistencias a volver a un pasado tan doloroso y a revivir el horror sufrido, y a medida que oíamos historias desgarradoras de las compañeras, fuimos viendo que el dolor y los daños que nos habían infligido a nosotras, a nuestras familias y a la sociedad toda, eran irreversibles y se prolongaban en el tiempo.
Que lo que habían hecho desde el poder del Estado y usando todo el aparato estatal, era terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad, por atacar a la persona humana en su esencia y en su dignidad, y en ella afectar y lesionar a la humanidad entera, que pasaba a ser víctima.
Y por haber sido planificados, sistemáticos y generalizados (en todos los cuarteles, por las tres Fuerzas Armadas y por la policía, durante todos los años del terrorismo de Estado y a todas las mujeres).
Denunciar se volvió para nosotras un imperativo ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación.
Sin justicia no hay reparación posible. El acceso efectivo a la justicia es condición para que sean posibles tanto la reparación como la no repetición de los crímenes, que son tres derechos de las víctimas, reconocidos por todos los tratados internacionales.
HUELLA INDELEBLE
El recuerdo queda como huella permanente en la memoria del cuerpo –la sangre y las lágrimas están ahí–, y sigue aún hoy dañándonos y condicionando también la vida sexual de muchas de nosotras.
El dolor y el daño han sido tan grandes que durante más de 30 años no hemos podido decírselo a nadie, ni a la familia, ni al compañero de vida ni a la psicóloga.
Los efectos traumáticos perduran en el tiempo y recién ahora y en el grupo –quizá por los vínculos de afecto y de cuidado que se dan entre nosotras, eso tan fuerte que nos une a pesar de las diferencias políticas, generacionales y de vidas tan distintas– hemos podido ponerlo en palabras, recordando y reviviendo el horror con la voz quebrada y llanto en los ojos.
En este largo y doloroso proceso de denuncia y de reparación, escuchamos relatos de los más crueles, inimaginables y escalofriantes actos de violencia sexual contra mujeres presas: violencia sexual después de la tortura, cuando no se podía ni caminar ni tenerse en pie; a mujeres delante de sus compañeros, para castigarlos y humillarlos a los dos; a mujeres embarazadas, particularmente vulnerables, a quienes hicieron perder el producto; abortos obligados a las que dejaron embarazadas (no sabemos cuántos niños nacieron de las violaciones, ni lo terrible que pudo ser la vida de ellos y la de sus madres, en esa situación que ilustra tan bien el film “Sarajevo, mi amor”).
Partos en cautiverio de madres atadas y hostigadas; niños nacidos muertos, cuyos cuerpos nunca vieron sus madres ni fueron entregados a la familia, que plantean la interrogante de cuál fue su paradero, y muchos casos de simulacro de torturas y de violencia sexual a los hijos de las víctimas (a Angélica le hacían oír gritos y llantos de niños, diciéndole que eran sus hijos).
DEGRADACIÓN
Castigos de género por habernos salido del modelo de mujer, esposa, madre y ama de casa, y habernos metido en “cosas de hombres”, lo cual los enfurecía y más se ensañaban.
Modos de degradarnos y de destruirnos como mujeres y como personas, y de hacernos sentir “cosas” en sus manos, que podían hacer lo que querían con nosotras, que eran impunes y todopoderosos.
Esos castigos, desde que los sufrimos y hasta ahora, nos han generado dificultades en nuestra vida sexual, pesadillas, ansiedad y angustia, problemas gástricos e intestinales, etcétera.
Una compañera, de sólo pensar en denunciar la violencia sexual sufrida, empezó a tener hemorragias intestinales y desistió. Otras dos, de sólo oír el relato espeluznante de una compañera violada por varios y de las formas más degradantes, tienen problema ahora en la relación sexual con sus parejas.
Otra no puede todavía tener relaciones con su marido en las posiciones en que la forzaron a tenerlas con ellos.
Hay que hablar del tema, ponerlo sobre el tapete, que la sociedad lo conozca y lo repudie. El silencio conspira contra nosotras y a favor del criminal.
Es hora de no naturalizar más la violencia sexual (“era una fija que si nos agarraban nos iban a hacer de todo”; “bien sabíamos en lo que nos metíamos”; “los hombres pueden hacer cualquier cosa con el cuerpo de la mujer sin que se los condene”), ni minimizarla considerándola un delito “menor” con el paso del tiempo o al compararla con los “infiernos” de la tortura.
ROMPER EL SILENCIO
La violencia sexual es un crimen silenciado e invisibilizado por la humillación, la vergüenza, la culpa y el miedo a la estigmatización.
Sabemos de la estigmatización en países lejanos, pero también se da en nuestros países, a veces asociada a la revictimización y al destierro emocional. A la humillación y vergüenza que siente la mujer por lo que sufrió, se le suma la culpa –que desde Eva nos persigue a las mujeres–, y el dolor de sentirse juzgada o rechazada por su propia familia.
Una compañera sentía mucha culpa por no haberse resistido a la violación, pero no había ninguna posibilidad de resistencia frente a la fuerza bruta, en un cuerpo debilitado por el ayuno y la tortura de días, semanas, meses.
Además, habría significado más tortura, más violencia sexual, el traslado a otro cuartel para recomenzar la tortura, y/o la desaparición y la muerte, cuando no la tortura a los hijos.
Pero la culpa, la humillación y la vergüenza son sólo del violador, no nos confundamos. Por eso es oportuno mencionar también la imposibilidad de consentimiento. No puede haber un consentimiento voluntario y libre, no existe el consentimiento en esas condiciones de privación de libertad, de total indefensión y de peligro y amenaza permanentes de muerte. Sólo puede haber estrategias de supervivencia.
Ese descubrimiento le cambió la vida y la liberó a una compañera, que durante años vivió agobiada por la culpa. Para muchas, hablar de la violencia sexual sufrida y denunciarla, significó recuperar un pasado negado o bloqueado o suprimido por lo doloroso y traumático y, en el proceso, recuperar también la dignidad al ir sintiendo los efectos de la reparación.
Violada de mil formas aberrantes y torturada salvajemente durante meses, Mirta se sintió liberada cuando al fin pudo decirlo en el grupo, acompañada, con lágrimas compartidas: “Ya no me siento sucia, ahora me puedo morir tranquila”. Y murió de cáncer al poco tiempo.
Compartir relatos opera como una suerte de catarsis. Si no se habla, no se sana. Después de denunciar ante el juez, muchas de nosotras sentimos un inmenso alivio de “tarea cumplida”, de “poder al fin dormir en paz”.
LA GENITALIDAD Y EL PODER
Así como la genitalidad es el lugar del sufrimiento y de la vulnerabilidad de las mujeres, pero también el del amor, del placer y de la maravilla de dar vida, la genitalidad masculina es el símbolo del poder y de la dominación que física y culturalmente los hombres ejercen sobre las mujeres. Por eso centran ahí toda su virilidad, su autoestima y hasta su identidad, y su vida gira en torno a su buen funcionamiento.
En general la usan para su propio placer, rara vez para el amor y para el placer de otra persona. Pero cuando ejercen violencia sexual, lamentablemente hacen un tan mal uso de ella, un uso tan perverso que los envilece y degrada como seres humanos, y los rebaja a un nivel más bajo que las bestias.
Y llegan a extremos como lo que contó una compañera: las ponían desnudas en ronda y pasaban uno tras otro frotando con su pene erecto senos y genitales, como forma de tortura. Y eyaculaban sobre nuestros rostros.
Otra compañera aún guarda en su memoria olfativa el olor del semen en su cara. ¡Y se sentían los tales machos haciéndonos esas cosas! ¡Qué poco y qué mal querían a su miembro “fetiche”! ¡Y qué ignorantes de la belleza y perfección del cuerpo humano, que se atrevían a profanar, destrozar y mutilar!
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Creo que nadie lo definió mejor en tan pocas palabras como Mariano Azuela: Los de abajo, que supone intrínsecamente que hay un “los de arriba”. Y México es un país dividido, fracturado por esa idea del “otro” como alguien lejano, ajeno, diferente y en la construcción dual: opuesto, malo.
En las marchas que docentes de Oaxaca realizaron en años pasados se escucharon expresiones llenas de odio y rechazo, “indios” y “nacos” que afeaban la ciudad. Sí, los morenos, los que en consecuencia se les ve como al pobre, al que cuando entra a una tienda los vendedores voltean a mirar porque es el estereotipo de quien puede robar.
México es el país donde la gente tiene expresiones como “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y “hay que mejorar la raza”. Las filiaciones promedio en este país mestizo es “tez blanca” o “morena clara”.
El mismo México de José Vasconcelos, con su “raza cósmica”, el que aún no resuelve, como muchos países latinoamericanos, su yo dividido entre el origen indígena y el conquistador, el rubio, el de ojos y piel clara, con todo lo que significa.
El México que tiene altísimos indicadores de discriminación, criminalización de los pobres, de las personas indígenas, de la negación de muchas personas para asumirse de una etnia y ocultarlo borrando sus apellidos como ocurrió en la zona maya, en borrar la lengua para que no fueran discriminadas sus hijas e hijos.
El México en el que siempre hay una búsqueda por otro que no termina de ser y no se admite en su infinita diversidad. El México que discrimina a su gente de ascendencia negra, y en el que los muertos los siguen poniendo en masa los pobres, indígenas… los de abajo.
Y entonces volvemos al origen de todo lo que hoy atraviesa el país, de quiénes están ahí en las carreteras bloqueando caminos, campesinos, estudiantes criminalizados, indígenas que reclaman sus tierras arrasadas por megaproyectos, campesinos despojados, madres y padres a quienes no se ha hecho justicia por los asesinatos y violaciones de sus hijas.
Y hay coincidencias notables: pobres, indígenas, gente de abajo y los normalistas sólo son la gota que llena un vaso lleno de 85 mil muertos por la guerra contra el narco, de las 25 mil personas desaparecidas, de las mujeres asesinadas a diario, de todos y cada uno de los crímenes de Estado que nos llenaron de miedo como sociedad en los últimos 50 años.
En este sumario de tragedias en las que el ejecutor por un lado es el narco, el Ejército, la policía, la omisión del Estado, enfrente ahí poniendo las muertas y los muertos en masa están “los de abajo” con muchísima constancia y persistencia, recordándonos, haciéndonos pensar en las políticas de exterminio que se vivieron en diferentes países latinoamericanos a finales del siglo XIX, con el “blanqueamiento” y la “europeización”. Realmente es tan descabellado verlo así, ¿es lejano?
En esta reflexión el concepto que retoman otros análisis periodísticos vuelve a cobrar vigencia: el genocidio. Podemos empezar por asumir que hay un factor común en las víctimas en un país de más de 100 millones de personas. De una masa aturdida por la televisora que reproduce modelos de belleza blanca plagados de atributos de bondad.
Qué tienen en común los 43 con las otras personas desaparecidas en medio de la “guerra contra el narco”. ¿Qué tienen en común las mujeres desaparecidas? ¿Qué tienen en común las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez por años?
¿Qué tienen en común las mujeres asesinadas en el Estado de México? ¿Qué tienen en común las mujeres violadas por elementos del Ejército en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y muchos otros estados donde estos hechos no son denunciados?
Qué tienen en común los 300 desaparecidos en Coahuila, y seguiríamos con la pregunta de qué tenían en común los jóvenes asesinados en una “fiesta” en Chihuahua, qué une a los indígenas de la sierra Tarahumara con los yaquis de Sonora, qué hay en común en esos pueblos de Atenco, Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa.
Hay una coyuntura que no podemos dejar pasar, que podemos o no atrevernos a mirar, a reflexionar o simplemente dejar pasar y hacer como si no estuviera pasando.
Incluso hacer como que no leemos esos análisis periodísticos –escasos– en los que se atreven a mirar la correlación y encontrar la política de extermino como en otros países contra ciertos grupos para la “limpieza étnica”, a escuchar lo dicho por Baltasar Garzón, ex juez español que declaró en Guanajuato que “Tlatlaya e Iguala son crímenes de lesa humanidad… el genocidio no está lejos en México”. Esto es, el genocidio latente.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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¿Qué es lo más grave de la violencia contra las mujeres?, me preguntan. ¿Qué no disminuye? ¿Qué cada vez atestiguamos mayor crueldad? ¿Qué la impunidad es la regla? No creo, contesté. Todo eso es grave. Pero, en mi opinión no es lo más grave.
Veamos: ¿sabemos cuántas mujeres son asesinadas en México? ¿Cuántas han desaparecido? Las especialistas en el tema sí saben. Las activistas sí saben. ¿Pero el grueso de la sociedad? ¡No tiene idea! ¡No las cuenta! Literalmente.
Y eso es lo más grave: la inconmensurable legitimación de la violencia contra las mujeres. Para muestra unos botones.
¿Cuántas mujeres debieron desaparecer para que Ciudad Juárez fuera foco de atención gubernamental? ¿10? ¿20? ¿40? ¡No! Centenas de mujeres desaparecidas y otras tantas asesinadas para que se mirara el asunto “con preocupación”.
¿Cuántas deben desaparecer o aparecer asesinadas en el Estado México o en cualquier otra entidad del país? ¿Hay alguna muestra de indignación nacional?
Recuerdo bien las cartas que como periodista recibí cuando escribí respecto a Ciudad Juárez. Me decían que dejara de hacer eco de mentiras, de chismes, porque en Juárez no-pa-sa-ba-na-da, y que, en todo caso, se trataba de mujeres que andaban en malas compañías, que se lo habían buscado.
¿Una mujer se busca que la violen, la asesinen y la tiren a la basura?
Otro botón. En una fiesta de bienvenida a jóvenes en la Universidad de Aguascalientes, a la que acudían estudiantes y docentes, drogan y violan tumultuariamente a una joven.
¿Qué dijo su rector cuando se enteró de los hechos? Que había que averiguar bien si ella no había tenido culpa, antes de señalar a los alumnos y maestros de su universidad. Palabras más, palabras menos.
¿De qué puede ser culpable esta joven? ¿De ir a una fiesta? ¿De beber? En México, una víctima de violación siempre será considerada culpable de inicio: ¿Cómo iba vestida? ¿Por dónde caminaba? ¿Iba sola?
Otro botón. En Tapachula, Chiapas, un ex legislador dijo en la radio que las leyes como las mujeres estaban para violarlas.
¿Algún escándalo nacional? ¿Alguna consecuencia política?
Lo grave, lo más grave de la violencia contra las mujeres es que nuestra sociedad considera que es “normal”; la autoriza, la avala, la legitima. La violencia contra las mujeres en México es más aceptada que el racismo, que la agresión contra los animales.
Y eso explica que, en promedio, seis mujeres sean asesinadas cada día, y que, según la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cada año desaparezcan más de 2 mil.
La crisis de México no comenzó con 43 estudiantes desaparecidos. Comenzó cuando decenas de mujeres desaparecían, y ni contarlas por cientos provocó la indignación nacional.
Mientras la violencia contra la mitad de la población sea aceptada, tolerada y justificada, nuestro país no tendrá remedio.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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La violencia obstétrica es una forma de violencia institucional contra las mujeres que comprende toda acción u omisión por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el parto, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado y/o discriminatorio, vulnerando sus derechos a la autonomía y libertad reproductiva, así como al consentimiento informado.
Actualmente, la legislación federal en México no reconoce expresamente este tipo de violencia de género, y sólo cuatro estados cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es importante que las leyes nacionales y estatales proscriban la violencia obstétrica, para que la práctica se visibilice en el país como una violación a los Derechos Humanos de las mujeres
La violencia obstétrica constituye una violación al derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de la violencia obstétrica, las mujeres con VIH en México enfrentan importantes barreras para ejercer sus derechos reproductivos, que van desde la omisión en la oferta de métodos anticonceptivos diferentes al condón masculino, la falta de información sobre cómo embarazarse de manera segura para la pareja que no vive con VIH y para el producto, la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud materna, así como una atención deficiente en prestación de los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como la fragmentación de los servicios y problemas de desabasto de pruebas rápidas durante el embarazo y el parto, así como de antirretrovirales para ser usados durante el parto cuando el diagnóstico se realiza en ese momento.
Las principales violaciones a los derechos reproductivos que se han documentado en nuestro país se centran en:
a) El derecho a la no discriminación en los servicios de salud, especialmente los de salud sexual y reproductiva.
b) El derecho a la información y al consentimiento informado para aceptar intervenciones médicas.
c) El derecho a decidir el número y el espaciamiento de las y los hijos.
Es preocupante que entre los prestadores de los servicios de salud existen serios cuestionamientos sobre el derecho a decidir sobre la maternidad de las mujeres que viven con VIH. Estas percepciones y actitudes están sin duda relacionadas con la falta de capacitación en VIH del personal de salud, y en la normatividad referente al VIH.
Entre el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013, como parte de un esfuerzo de Balance A.C. y otras organizaciones de la sociedad civil, se entrevistaron a 91 mujeres mexicanas con VIH para identificar violaciones a sus derechos reproductivos.
Encontramos que se niega o retrasa la cesárea, que es una de las acciones clave para evitar la transmisión del virus al producto cuando la mujer no tiene la carga viral estable, debido a que el personal de salud encargado de la cirugía se niega a atender mujeres con VIH.
Existieron además casos de esterilización involuntaria. En ocho de estos casos, hubo esterilización bajo coerción pues se obtuvo el consentimiento de manera viciada (se les dijo que no tenían otra alternativa o “no estaban para negarse”), y en uno de ellos fue bajo los efectos de la anestesia.
En uno de estos casos hubo esterilización forzada, pues se realizó el procedimiento sin consentimiento alguno durante la cesárea. A partir de la conclusión de las entrevistas, se han documentado cuatro casos adicionales de esterilización involuntaria en México.
La esterilización involuntaria a mujeres con VIH es común en el sistema de salud pública en México, donde la coerción para esterilizarse es una práctica generalizada e incluso se reportan casos de esterilización forzada.
La esterilización se da de manera involuntaria bajo dos modalidades: esterilización bajo coerción y esterilización forzada.
La esterilización bajo coerción ocurre cuando el consentimiento de la persona no se da de manera libre e informada. La esterilización forzada ocurre cuando la persona es esterilizada sin su conocimiento, y no se le brinda la oportunidad de dar su consentimiento.
En el caso de las mujeres con VIH, estas prácticas parten de la discriminación sistemática en contra de las mujeres con VIH y se basan en dos creencias erróneas por parte del personal médico: que las mujeres con VIH no deben tener hijas e hijos, pues transmitirán el virus a su descendencia, o que necesariamente morirán a causa del padecimiento, cuando de hecho actualmente, con los cuidados adecuados, la probabilidad de transmitir el virus al feto es de menos de 2 por ciento.
El hecho de que las mujeres con VIH necesiten del tratamiento antirretroviral de manera constante y que les toque el mismo médico durante largos periodos de tiempo, aunado a que la atención del recién nacido de una mujer con VIH requiere un nivel de atención especializado, hace que sean objeto de presiones que incluyen aceptar las esterilizaciones, y llegan al extremo de ser amenazadas para quitar las denuncias que presentan si quieren continuar con la atención médica.
Es fundamental desarrollar un proceso de capacitación y actualización continua que permita que todo el personal de salud se sensibilice y actualice sobre los avances científicos en torno a la atención y tratamiento del VIH, en la normatividad relacionada con el virus, y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH.
Asimismo, la normatividad de salud sexual y reproductiva debe incluir la atención de las necesidades específicas de las mujeres con VIH, y la de VIH las de salud reproductiva.
*Directora de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Sin duda y a pesar de la relación tirante que existe entre los medios de comunicación y la población, éstos siguen siendo la vía por la cual la gente se informa cada día a lo largo y ancho del mundo. Cómo se informa y qué se informa a través del periodismo es un tema fundamental en cuanto a democracia se refiere.
En un hecho inédito desde las esferas más altas del poder, el pasado 20 de noviembre, Bolivia puso el ejemplo de lo que sí se puede hacer cuando hay verdaderamente voluntad para hacerlo.
En un acto respetuoso y abierto, gobierno, sociedad civil, dueños, directivos y editores de medios de comunicación, dialogaron sobre la importancia de informar sobre la violencia contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Detrás de esta acción hay una Ley y un mandato que obliga. La ley 348 como se le conoce y cuyo nombre es Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia promulgada en Bolivia el 9 de marzo del año 2013 y cuyo reglamento, que se publicó el 14 de octubre de este año, establece obligaciones para el Ministerio de Comunicación del gobierno y medios de comunicación.
Así, el gobierno boliviano representado por la Ministra de Comunicación, Amanda Ávila, busca cumplir con el mandato de ley, en conjunto con la organización Iniciativas de Paz, quienes promueven el uso de un protocolo para la cobertura informativa en cuanto a la violencia contra las mujeres se refiere.
El proceso iniciado hace dos meses concluirá el próximo 5 de diciembre, lapso en el cual los medios harán sus observaciones al protocolo, para terminar con la firma de un compromiso para aplicarlo en su acción informativa diaria.
En 2007 México se puso a la cabeza mundial al promulgar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí, también se incluyen medidas para eliminar coberturas informativas que alienten o justifiquen la violencia contra las mujeres. Sin embargo, lejos está una acción semejante a la boliviana y esto se debe por la relación de conveniencias mutuas que conservan gobiernos y empresarios de comunicación.
Qué resultará de este proceso que lleva el gobierno de Evo Morales está aún por verse, lo que sí creo es que es un paso. Un buen paso que se da para ir transformando ideas erróneas que culpabilizan a las mujeres por las agresiones que viven y justifican el machismo de los hombres.
Es una acción concreta que busca detener la violencia contra las mujeres. Están claros que no es lo único, que paralelo a ello se tendrá que robustecer el sistema de justicia; para que se aplique la ley se tendrá que lograr la seguridad de las mujeres que denuncian a sus agresores y por supuesto eliminar la desigualdad.
Hacer algo es mucho más que no hacer nada, o peor aún, simular que se hace. En México las cifras siguen mostrando el incumplimiento de la ley que garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
Recordemos que en días pasados el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dio a conocer que en los últimos dos años ha registrado cuatro mil casos de feminicidio en sólo 14 entidades federativas, entidades donde se encuentra tipificado el delito como tal, pero donde sólo 613 casos han sido investigados como tal.
¿Cuándo veremos al Secretario de Gobernación, a las organizaciones que promueven el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y los dueños de medios de comunicación sentados en la mesa dialogando sobre su responsabilidad para con la sociedad y en especial con las mujeres para eliminar mensajes misóginos y sexistas de sus informativos y programas?
Esa es la pregunta que me queda después de ser testiga de este diálogo en Bolivia. Ojalá que la acción boliviana se copie en nuestra nación y se deje de simular para empezar a actuar.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC, twitter @lagunes28
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