El sistema judicial guatemalteco debe garantizar la celeridad del juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, para así otorgar justicia a las víctimas de violencia sexual y genocidio, la cual se ha visto obstaculizada por las medidas dilatorias presentadas por la defensa del militar retirado.
Organizaciones internacionales por los Derechos Humanos (DH) lamentaron que el reinicio del juicio contra el ex mandatario de facto y su jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se hubiera detenido por “argucias” legales de la defensa, pues con ello se entorpece el acceso a la justicia que por años ha demandado la etnia ixil.
El pasado 5 de enero se celebró la audiencia para reiniciar el proceso contra los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad en perjuicio del pueblo ixil.
Sin embargo, el juicio quedó suspendido después de que el Tribunal de Mayor Riesgo B aceptó la “recusación” (impugnación hacia una jueza o juez) presentada por la defensa de Ríos Montt contra la presidenta del tribunal, Jeannette Valdés.
En un pronunciamiento, la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés); el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); la Plataforma Internacional Contra la Impunidad; la Fundación para el Debido Proceso, y la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos, expresaron su preocupación ante la respuesta del aparato de justicia “ante la nueva práctica dilatoria de la defensa de los militares”.
La solicitud de recusación –explicaron las organizaciones– se basó en que la jueza Valdés escribió en 2004 una tesis sobre el genocidio como tipo penal para obtener su grado de maestría, lo que, según los miembros del Tribunal, significaría que la impartidora de justicia no sería imparcial en el caso.
En ese sentido, las organizaciones consideraron “repudiable e inconsistente con la ley” la recusación de la jueza, pues su tesis no está basada en este caso en concreto, y agregaron que “su especialización sobre el tipo penal justamente significaría que cuenta con las capacidades profesionales para realizar un análisis ajustado al derecho (…); aceptar el argumento significaría que los jueces especializados estarían inhibidos de conocer casos vinculados con su área de conocimiento, lo cual sería absurdo”.
Por otra parte –agregaron–, el recurso fue presentado fuera de los plazos legales. “No debe olvidarse que los crímenes que se juzgan en Guatemala, por su extrema gravedad, constituyen una afrenta no sólo para las víctimas o para la sociedad guatemalteca, sino para toda la humanidad”, sentenciaron las organizaciones, que también mostraron su preocupación por la posibilidad de la aplicación de una amnistía que inhibiría la realización del proceso.
En tanto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llamó a la defensa de Ríos Montt a comportarse “a la altura de la gravedad de los hechos y a que, a diferencia del juicio anterior, no conviertan este juicio en una acumulación de acciones dilatorias con el fin de postergar la sentencia y tratar de crear vicios de procedimiento”.
La FIDH –integrada por 178 organizaciones de (DH)– solicitó que se respete el debido proceso, el derecho de las víctimas a un juicio justo, se garantice la seguridad de las y los jueces, fiscales y testigos en el proceso, y que se integre el nuevo tribunal con la mayor celeridad posible para continuar el juicio.
Demandó al sistema judicial guatemalteco que “no sea cómplice de las medidas dilatorias que posterguen el inicio y continuidad del juicio”.
El general retirado debe enfrentar un nuevo proceso a raíz de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la sentencia de 80 años de prisión que en mayo de 2013 la jueza Yassmín Barrios emitió al encontrarlo responsable de ordenar 17 matanzas entre 1982 y 1983, en las que perdieron la vida mil 771 indígenas ixiles, y cientos de mujeres fueron violadas sexualmente.
15/AZM/RMB
