Sin cifras sobre acoso y abuso sexual ni protocolos de atención, el gobierno federal pretende atender este delito que enfrentan las trabajadoras en los campos agrícolas y comunidades de esta región del estado de Baja California (BC).
El pasado 24 de abril, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, informó a las y los voceros del movimiento jornalero que están en demanda de mejores condiciones laborales, que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) iniciará inspecciones en todos los centros de trabajo para detectar casos de abuso sexual, los cuales serán turnados al Ministerio Público (MP).
Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo iniciarán estas inspecciones, cómo detectará el delito ni si desarrollará acciones específicas para prevenirlo, además evadió responder cualquier pregunta de los medios de comunicación.
Esta demanda de las jornaleras no es nueva, ya que según el procurador del Trabajo en la región, Gabriel Soria Cuevas, el acoso sexual es una de las violencias que más padecen las trabajadoras en los campos agrícolas.
Cuestionado sobre el número de denuncias recibidas por acoso y abuso sexual en los centros de trabajo al menos durante 2014, el funcionario sostuvo que no tiene registrado algún caso.
Soria Cuevas detalló que las mujeres no denuncian el acoso y el abuso sexual por vías penales ni ante la autoridad laboral del Valle por miedo a ser despedidas.
Sin embargo cuando las trabajadoras son cuestionadas al respecto, resulta que el acoso sexual es uno de los problemas que más enfrentan.
El funcionario dijo que a fin de atender esta demanda, luego del paro de labores de las jornaleras que inició en marzo pasado, la STyPS instaló un módulo afuera del Centro de Gobierno en San Quintín, para informar y acompañar hasta el MP a las mujeres que denuncien este flagelo.
No obstante, Cimacnoticias visitó todos los días, entre el 20 y 24 de abril y en diferentes horarios, el Centro de Gobierno sin encontrar una sola vez a la persona que atiende el módulo, una pequeña carpa blanca con una lona de la STyPS.
Antes de esta medida, explicó Soria, el Centro de Gobierno en la región no había llevado a cabo otra acción para prevenir el acoso sexual, pero aseguró que la Casa de la Mujer Indígena, una organización civil que atiende a la población femenina, se encargaba de informar a las trabajadoras sobre sus derechos.
Por su parte, la trabajadora social de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Quintín, Irene Herrera Verduzco, coincidió con el funcionario en que el abuso y el acoso sexual son problemáticas frecuentes que las mujeres no están denunciando.
“Yo lo sé porque conozco bien la situación de cada paciente y en la consulta sale que no les gusta cómo las tratan, las miran y otras cosas, pero aunque se les motiva a denunciar, ellas no lo hacen”, aseguró la trabajadora.
Por su parte, Amalia Margarita Cuevas, directora de la Casa de la Mujer Indígena, confirmó que no existen datos sobre esta forma de violencia que enfrentan las mujeres en los campos agrícolas y también en las comunidades donde ellas habitan.
La defensora detalló que la Procuraduría del Trabajo no cuenta con personal capacitado para atender esta problemática, y que el MP no actúa con sensibilidad y desde una perspectiva de género para atender a las víctimas.
Además, las mujeres enfrentan dificultades para detectar esta forma de violencia y desconocen las vías por las que pueden denunciar la agresión, dijo la experta.
El acoso sexual es tan frecuente en la zona que las trabajadoras adoptaron como parte de su vestimenta de trabajo una falda que va encima del pantalón de mezclilla; esta prenda la usan –según explicaron ellas mismas– para evitar que los “mayordomos” (capataces) y sus compañeros las miren cada vez que se agachan a cortar el producto agrícola.
Durante un recorrido por uno de los ranchos (que por seguridad de la trabajadora se omitirá el nombre), Cimacnoticias observó a un “mayordomo” que hacía bromas insistentes a la jornalera más joven del personal, una mixteca de 19 años de edad recién llegada a la región y quien advirtió que se sentía “incómoda” con la presencia y los comentarios de ese trabajador.
Tras visitar las colonias del Valle de San Quintín y platicar con algunas líderes comunitarias, esta agencia tuvo conocimiento sobre la situación de dos mujeres (de diferente colonia) que durante 2014 fueron abusadas sexualmente por su “mayordomo”.
Según el relato de las líderes (que prestaron ayuda a las víctimas), antes de enfrentar el abuso, las trabajadoras denunciaron sin éxito a sus patrones que estaban siendo hostigadas sexualmente por los capataces, quienes en respuesta se burlaron de la situación.
Si bien estas mujeres (una de ellas madre de dos menores de edad) sí acudieron al MP a denunciar el abuso, sólo uno de los agresores fue detenido (por un día) y el otro quedó en libertad. Posterior a la denuncia, las trabajadoras fueron hostigadas por sus agresores en sus viviendas a fin de intimidarlas y hacerlas desistir de las demandas.
En ambos casos, las mujeres se vieron obligadas a abandonar su comunidad, también cambiaron de centro de trabajo agrícola y no continuaron con el proceso penal.
15/AJSE/RMB
abril 2015
La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Salud (Ss) a prevenir a la población sobre los riesgos de utilizar la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) como método de planificación familiar, crear campañas de prevención para la osteoporosis, y poner en marcha más y mejores campañas entre la población sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cérvico uterino (CaCu).
Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica 10 dictámenes con punto de acuerdo en materia de salubridad; en varios de ellos se solicitó a la Ss emprender más acciones para garantizar la salud de las mexicanas.
En uno de los dictámenes se pidió a la Ss y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) una campaña informativa y acciones de orientación y capacitación a la población, sobre los riesgos de usar la PAE como método anticonceptivo regular.
La Cámara baja precisó que en 2012 la PAE se colocó como el método más suministrado en México, con un registro de 6.8 millones de unidades comercializadas, lo que representa 42 por ciento del mercado de anticonceptivos hormonales, mientras que los orales de bajas dosis hormonales registraron ventas por cinco millones de unidades.
Argumentó que la PAE no evita las infecciones de transmisión sexual (ITS) y que entre la población que la consume hay “poca claridad” sobre los efectos adversos que puede provocar, por lo que la mejor manera de combatir los riesgos es con asesoría a las usuarias e información más clara sobre su consumo, riesgos y contradicciones.
Se avaló también el dictamen que pide a la Ss llevar a cabo acciones y crear mecanismos que ayuden a la población a mitigar los costos generados por la osteoporosis, enfermedad que afecta a una de cada 12 mujeres mayores de 50 años de edad.
De esta forma, se pidió a la dependencia que realice estudios destinados a conocer las principales causas de fracturas y los modelos económicos que ayuden a determinar los efectos directos e indirectos de los tratamientos; capacite a médicos y enfermeros para que brinden una atención oportuna a las y los pacientes, y difunda campañas en las que se informe y eduque a la población acerca de la osteoporosis.
Con lo aprobado, se solicitó al sector salud poner en marcha más y mejores campañas de prevención, prioritariamente entre las mujeres, sobre VPH y CaCu; así como que incremente la cantidad de vacunas contra estos padecimientos en los Centros de Salud, y ponga en marcha campañas móviles de vacunación contra estos virus en las zonas más marginadas del país.
Otro dictamen pide a la Ss que promueva, instaure y vigile que en los establecimientos públicos de salud se realicen las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer CaCu, y a las mujeres diagnosticadas en etapas avanzadas.
15/AZM/RMB
A tres años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz y asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio, la investigación y castigo a los responsables del crimen siguen pendientes.
Jorge Carrasco, reportero de Proceso y quien está encargado del seguimiento periodístico del caso, explicó que la investigación sigue abierta y señaló que la resolución no es un asunto de “confianza” en las autoridades veracruzanas.
“No hemos dejado de dar a conocer la circunstancia de lo que ocurrió, la manera en que se han hecho las investigaciones; la investigación a vista de todos es algo que está pendiente”, declaró en una mesa de debate entre periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.
Recordó que la línea que siguió la Procuraduría de Justicia de Veracruz fue de “robo calificado”, y a partir de ahí detuvo a Jorge Antonio Hernández Silva, quien fue condenado a 38 años y dos meses de prisión, mientras que un segundo responsable está prófugo.
El reportero precisó que Hernández Silva alega tortura, por lo que presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se avale su dicho en el sentido de que hubo violaciones al debido proceso y tortura para inculparse.
Además, Carrasco explicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, hizo su propia investigación y entre sus hallazgos fundamentales encontró que en la escena del crimen no aparece ninguna huella dactilar, ni tampoco información genética del detenido. Es decir, el acusado está encarcelado con base en su testimonio.
El asesinato de la periodista sigue impune pese a una condena que aún no está firme, por lo que el reportero señaló que a diferencia de otros casos de colegas que han sido víctimas, en Proceso la determinación fue estar presente en las diligencias que realizan las autoridades.
“No tanto como quisiéramos”, reconoció, y es que Jorge Carrasco, como encargado de dar seguimiento al caso, sufrió amenazas en abril de 2013, lo que hizo que, por seguridad, mantenga reservas al respecto. “No se trata de sacrificarse”, aclaró.
15/AGM/RMB
Debido a que los procesos electorales en Nuevo León, Sonora y Estado de México ya están muy avanzados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que respetará el registro de candidaturas aunque no se cumpla el 50 por ciento de mujeres como abanderadas a una presidencia municipal.
En la sesión de este miércoles, los magistrados de la Sala Superior confirmaron las candidaturas de los partidos políticos en estas tres entidades, pero señalaron que la paridad de género “horizontal” y “vertical” en ayuntamientos se deberá respetar en los próximos comicios.
Con el argumento de garantizar la certeza y legalidad de los procesos electorales, así como el derecho de los partidos a la autoorganización, el TEPJF determinó que si bien se reconoce el derecho de las mujeres a participar políticamente en condiciones de igualdad, la paridad debe cumplirse “cuando jurídicamente es posible”.
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa no estuvo de acuerdo con la resolución de la mayoría al señalar que si bien se reconocía el derecho de las mujeres a impugnar normas y actos de la autoridad y de los partidos, y se sentaba jurisprudencia sobre el tema de paridad, a las mujeres que impugnaron se les decía que no podrían participar porque el criterio aplicaría hasta las próximas elecciones.
En contraste, el magistrado Salvador Nava Gomar afirmó que en la integración de las planillas para los cargos municipales no se advertían violaciones a los Derechos Humanos, ya que si bien se han establecido medidas afirmativas para garantizar la paridad de género, éstas no son un derecho en sí mismas.
No obstante, con esta resolución, se acordó que a partir de ahora en próximos procesos deberá haber 50 por ciento de mujeres como abanderadas para ser alcaldesas. Cabe decir que los partidos ya están en campañas rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio, cuando el Estado de México renovará 125 ayuntamientos; Nuevo León (NL), 51, y Sonora, 72.
Sobre el debate del TEPJF, María Elena Chapa, una de las mujeres que presentó el recurso jurídico en el caso de NL, aseguró que a pesar de todo, el “gran logro” fue sentar jurisprudencia porque eso significa que las ciudadanas que presentaron estos juicios son las últimas que dieron una batalla jurídica, pues la paridad se cumplirá paras las próximas candidatas.
“A partir de ayer, cualquier contienda ya va a contar con la mitad de presidencias municipales (para las mujeres)”, dijo. Además declaró que no se puede olvidar que en cinco de las 17 entidades con elecciones (Morelos, Baja California, Tabasco, Querétaro y Guerrero) hay candidatas a presidentas municipales porque allí sí se ganaron la impugnación”.
En tanto, Leticia Burgos Ochoa, una de las impulsoras del recurso jurídico en el caso de Sonora, apuntó que la resolución representa un retroceso para los derechos femeninos, en particular porque en ese estado la paridad estaba en la Constitución local desde antes de de la reforma político-electoral de 2014, y pese a ello las agrupaciones políticas no cumplen la norma.
“De lo que se trataba era de avanzar un trecho más en la paridad de género a nivel de las presidencias municipales, donde más atraso tenemos”, detalló al lamentar la decisión de los magistrados, porque desde su punto de vista es “vergonzoso y negligente” que dijeran que era una demanda legítima, pero que no aplicaría porque “ya no estaban en tiempo”.
A su vez, Bertha Rentería Rodríguez, quien interpuso el juicio en el Edomex, consideró que por lo menos se demostró que las mujeres se pueden organizar y unir para defender sus derechos, como ocurrió en su entidad, donde cuatro ciudadanas impugnaron el acuerdo de la autoridad electoral que avaló el incumplimiento de la norma.
No obstante, lamentó que por acuerdos partidistas internos se negara el derecho de participar a aquellas mexiquenses que aspiran a una candidatura, como fue su caso, aunque destacó que no se puede soslayar que en siguientes procesos habrá un precedente.
Sobre esta discusión, Martha Tagle, integrante de la Red Mujeres en Plural y una de quienes previamente se reunió con los magistrados para exponer argumentos a favor de la paridad en ayuntamientos, señaló que a final de cuentas las luchas de las mujeres no son fáciles, y que si bien la resolución no fue el esperado, sí sienta un precedente jurídico.
Explicó que aunque la paridad no aplicará en la elección de estas tres entidades, lo importante es que todos los magistrados entraron al fondo del asunto y debatieron el tema.
15/AGM/RMB
El gobierno mexicano no ha dudado en signar tratados y convenios internacionales para proteger los derechos de la infancia, y recientemente creó una ley considerada de “avanzada” en la materia, aunque para miles de niñas ese marco legal aún no se traduce en una vida plena, segura y equitativa.
La pobreza, segregación, falta de oportunidades de educación y los estereotipos de género (que colocan a las mujeres al frente del cuidado del hogar y la familia) –que se dan sobre todo en sectores rurales e indígenas– son condiciones que se entrelazan para obligar a las niñas a trabajar, incluso sin remuneración o prestaciones.
Organismos civiles de carácter nacional e internacional, así como especialistas en el tema, señalan que el trabajo infantil “constituye una violación de los derechos de niñas y niños, ya que impide su sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar”, y por tanto la posibilidad de tener mejores oportunidades para su futuro.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 la población infantil de 0 a 17 años de edad ascendió a 40.2 millones de personas (19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños). Alrededor de 10.5 millones tenían entre 0 y 4 años de edad.
De manera “lastimosa”, declaró la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mucha de la población infantil padece pobreza, ya que estudios recientes –retomados por el Consejo Nacional de Poblacion (Conapo)– indican que más de la mitad vive en condiciones de pobreza moderada o extrema, y sólo alrededor del 13 por ciento tiene un adecuado nivel de bienestar.
De acuerdo con el “Reporte Ejecutivo Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2010-2012”, de UNICEF, en 2012, 78.5 por ciento de la población indígena de 0 a 17 años estaba en situación de pobreza, y 33.4 por ciento en pobreza extrema.
Esta situación –según el boletín “Números y Género”, publicado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México– deriva en que muchas niñas asuman responsabilidades como aportar dinero a sus hogares, ver su propio sustento, y cumplir con tareas domésticas y de cuidados.
Del total de población de 5 a 17 años de edad que trabaja en México, 8.7 por ciento lo hace porque su hogar necesita de su aportación económica; 7.2 por ciento de las niñas lo hace por esta razón, y 9.4 de los niños tiene este motivo.
Al mismo tiempo, 21.7 por ciento de las niñas y 22.9 por ciento de los niños trabajan porque su hogar necesita de su ingreso; 26.7 de las menores de edad y 21.6 por ciento de los varones se emplean para pagar su escuela y sus propios gastos.
Para el PUEG, “el trabajo infantil atenta contra los derechos de las niñas y los niños, no obstante, también encontramos que hay discriminación hacia las mujeres”, ya que se les asigna principalmente las actividades que se realizan en el hogar como la limpieza, preparación de alimentos, o cuidado de otras personas.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2013 reveló que 8.6 por ciento de quienes tenían de 5 a 17 años de edad realizaban una actividad económica, es decir, formaban parte de la población ocupada.
Del total de niñas en ese rango de edad, 5.8 por ciento estaba trabajando; 40.8 por ciento tenía como principal ocupación las actividades elementales y de apoyo, y 33.3 por ciento se ocupaba como comerciantes, empleadas en ventas y agentes de ventas.
Una realidad que también deben enfrentar las niñas es la de abandonar sus estudios para dedicarse exclusivamente a los quehaceres domésticos sin remuneración alguna.
De acuerdo con los datos analizados por Edith Ortiz y Natalia Flores, académicas del PUEG, del total de población de 5 a 17 años en México, 4.8 por ciento se dedican de forma exclusiva a esas actividades, mientras que en los varones el indicador es de 1.9 por ciento.
“Esta asignación de tareas diferenciadas por género ocasiona que un mayor porcentaje de mujeres no tenga las mismas oportunidades de desarrollo en el ámbito público”, señalaron.
En cuanto al trabajo doméstico y otras actividades; 13.9 por ciento de las niñas de 5 a 17 años dedican más de 15 horas a la semana a este trabajo independientemente de si trabajan fuera de su hogar o estudian, lo cual no ocurre con los niños.
Otra diferencia de género que se percibe entre la población infantil que trabaja es el nivel de ingresos, toda vez que mientras 31.9 por ciento de las niñas recibe un salario mínimo, 26.7 por ciento de varones recibe esta remuneración. En contraste, 6.5 por ciento de los niños reciben de dos a tres salarios mínimos y únicamente 3.3 por ciento de las niñas recibe esa cantidad.
Esta diferencia en el nivel de ingresos no está relacionada con el nivel educativo que tienen, ya que 38.9 por ciento de las niñas tiene por lo menos la secundaria completa, en comparación con 30.9 por ciento de los niños que alcanzaron ese nivel de estudios.
Para el PUEG es primordial erradicar las diferencias y estereotipos de género que crean desigualdades entre los sexos durante las primeras etapas de la vida, así como erradicar el trabajo infantil.
De acuerdo con UNICEF, en cualquier país el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, “ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes”.
Desde noviembre de 1989, México se comprometió a proteger y promover los derechos de niñas y niños a sobrevivir, aprender y crecer; a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a lograr que sus voces fueran escuchadas al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, con el que las niñas, los niños y la población adolescente sean reconocidos como sujetos de derechos, y no sólo como objetos de protección.
15/AZM/RMB
La Secretaría de Gobernación (Segob), además de detener la procedencia de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que se han solicitado para diversas entidades, bloqueó una reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) impulsada por grupos civiles para hacer operable la AVG.
Así lo denunció María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que integra 43 organizaciones civiles–, al informar que la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que no había sido consultada sobre una reforma a la LGAMVLV, que se planteó en la Cámara de Diputados, por lo que “impidió” que las y los legisladores debatieran el dictamen respectivo.
Al finalizar 2014, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género presentaron una iniciativa de reforma a esa legislación en diversas cuestiones, entre ellas la operatividad de la AVG.
La iniciativa proponía modificar el nombre de AVG a Alerta por Violencia contra las Mujeres, que igualmente procedería cuando exista violencia estructural en contra de las mujeres y niñas y por “agravio comparado” (cuando una legislación violenta derechos de las mujeres).
Se planteaba que las solicitudes serían analizadas por un grupo de trabajo interinstitucional (integrado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, una representante en México de ONU-Mujeres, otra del Poder Judicial de la Federación, una más de alguna universidad, la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), y un Comité de Expertas (elegidas por convocatoria pública).
Una vez admitida la solicitud, se turnaría inmediatamente al Comité de Expertas, que dispondría de 45 días naturales prorrogables por el mismo periodo y por una sola ocasión, para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe y sus recomendaciones.
Corresponderá a la Segob (en un plazo de 15 días hábiles improrrogables) declarar o negar la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la cual deberá fundar y motivar su resolución, considerando de manera integral el informe y las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas. (Cimacnoticias 11 de diciembre de 2014).
Sin embargo, el dictamen de reforma fue aprobado por la Comisión de Igualdad de Género, pero no llegó a ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
Es de mencionar que previo a que terminara el periodo ordinario de sesiones –último de la actual Legislatura federal–, el OCNF mandó una carta a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para pedirle que el dictamen fuera aprobado “como una forma de garantizar las obligaciones asumidas por el Estado mexicano al ratificar los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.
En la misiva el OCNF señaló que la LGAMVLV, si bien ha sido un paso más para la erradicación de la violencia de género, “ha sido insuficiente para hacer frente a la grave situación de violencia género, en particular, la feminicida”, y expuso que la iniciativa responde a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitidas al Estado mexicano en 2012.
A decir de María de la Luz Estrada, fue la misma Segob la que bloqueó que la iniciativa fuera discutida, pues se niega a que la AVG se vuelva realmente accesible. Recordó que no es la primera vez que las organizaciones son convocadas a trabajar en propuestas que finalmente no son retomadas por la dependencia federal, tal y como ocurrió en la reforma al Reglamento de la LGAMVLV.
El 29 de junio de 2012 –cuando ya se había negado la AVG en los estados de México, Guanajuato y Nuevo León–, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de Segob– instaló un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma al Reglamento creado en 2008, y con ello fortalecer y garantizar el funcionamiento para decretar y aplicar la AVG.
Por más de un año, mientras organismos internacionales reportaban que cada día morían seis mujeres como consecuencia de la violencia, se atoró la reforma al Reglamento.
El 25 de noviembre de 2013 finalmente se reformó el Reglamento de la LGAMVLV, pero especialistas, académicos y activistas denunciaron que muchas de las propuestas habían quedado fuera de esa normatividad, y aseguraron que el reglamento restringía aún más la AVG, dilata el proceso para su declaratoria y excluye del trámite a los grupos civiles.
Desde que se reformó el Reglamento se ha solicitado la activación de la AVG en Guanajuato (por tercera ocasión), Morelos, Michoacán, Colima y Baja California, y si bien se han emitido recomendaciones a los gobiernos estatales, hasta ahora el mecanismo no se ha decretado.
15/AZM/RMB
Es necesario un Instituto Nacional de Pensiones (autónomo, universal y descentralizado) que modifique el régimen actual de pensiones en México, en el que 76 por ciento de las mujeres no cuentan con esta prestación después de los 60 años de edad.
Así lo propuso la economista feminista Carmen Ponce Meléndez, quien participó en la “Semana de la Seguridad Social”, al que convocó el Senado del 27 al 30 de abril.
La experta explicó que actualmente existe una “polarización” de pensiones según el sexo de la población, ya que 60 por ciento de las personas de más de 65 años de edad en México carece de una pensión, pero en el caso de las mujeres la cifra asciende a 76 por ciento.
Esta situación prevalece por las características del mercado laboral (como empleos temporales, por horas o parciales), en el que se insertan las mujeres por falta de políticas públicas adecuadas.
Ponce Meléndez explicó que ellas interrumpen constantemente su ciclo laboral por la maternidad o las cargas de trabajo no remunerado en sus hogares, lo que hace imposible que a los 65 años de edad cumplan con las mil 259 semanas de cotización que exige el actual régimen de pensiones.
Además, ese régimen promueve un acceso muy limitado de pensiones para la población femenina, toda vez que la tasa de reemplazo (porcentaje final del salario con el que se jubila) en México es de tan sólo 40 por ciento, criticó la experta.
Esto deriva en que una mujer que cotizó toda su vida con un salario de 6 mil pesos (que es el promedio nacional), durante su vejez podrá acceder como máximo a una jubilación de 2 mil 400 pesos.
La especialista criticó que a esto se suma que los empleadores registran a las y los trabajadores con un sueldo menor de lo que en realidad están percibiendo a fin de eludir el pago obrero-patronal, lo que al final resta prestaciones sociales.
Carmen Ponce afirmó que de seguir las condiciones laborales actuales para las mujeres (trabajo informal e inestable, de dos a cinco salarios mínimos, pago por hora y contratos a prueba o temporales), serán ellas quienes enfrenten principalmente la exclusión social, ya que –según las proyecciones de la economista– en un futuro sólo 16 de cada 100 trabajadoras podrán acceder a una pensión trabajando hasta 38 años.
Para disminuir esta segregación es necesario crear un sistema universal de pensiones que cuente con una mayor contribución cuota patronal y aumente el financiamiento público, sugirió la experta en representación de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Unión Nacional de Trabajadores.
Este sistema deberá estar integrado en un Instituto Nacional de Pensiones que tendría un pilar para las aportaciones de los trabajadores formales, otro para las y los trabajadores informales, y uno más para los ahorros en cuentas individuales como las Afores.
Este instituto deberá ser autónomo, descentralizado, con recursos propios, tener personalidad jurídica y contar con una junta de gobierno que garantice los principios de universalidad, no discriminación y enfoque de derechos y de género.
El nuevo esquema deberá cubrir riesgos de trabajo, derecho a guardería, vivienda, seguro de desempleo, retiro e invalidez.
Además, deberá promover un nuevo esquema de administración de pensiones que sea focalizado y que determine el aumento anual de la pensión de acuerdo con el costo de la canasta básica real.
La economista lamentó que en el caso de las pensiones no contributivas (apoyos públicos para las personas que no cotizaron en un sistema de pensiones formal), éstas no tengan mayor financiamiento público, por lo que actualmente son de 500 pesos.
Y advirtió que el recorte presupuestal de 2015 afectó directamente a los programas de apoyo para personas adultas mayores, los cuales subsanan la falta de una pensión jubilatoria para las miles de mujeres que no perciben remuneración por el trabajo de cuidado en sus hogares o las que se encuentran en la informalidad.
15/AJSE/RMB
Las periodistas afrontan inequidad, discriminación y bajos sueldos
En México el gremio periodístico se enfrenta a dificultades para ejercer la libertad de expresión, pero además a “relaciones laborales perversas” que se traducen en falta de contratos formales, simulación e incumplimiento de normas mínimas de prestaciones por parte de los dueños de los medios de comunicación.
El informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), señala que las problemáticas laborales de quienes ejercen el periodismo son las mismas que hace 20 años –cuando se realizó el primer sondeo–, e incluso han aumentado con el avance de las tecnologías de la información.
A través de una encuesta realizada a periodistas y medios de comunicación de todo el país, en el informe se advierte que las comunicadoras enfrentan importantes desigualdades y desventajas en su vida laboral, situaciones inequitativas que son determinantes en su desarrollo profesional, su salud física y emocional, su vida personal y familiar, y por supuesto en sus condiciones socioeconómicas.
El reporte revela que las desigualdades laborales provienen de las condiciones contractuales; falta en el acceso a la seguridad social; desigualdad en los ingresos; violencia en el ámbito laboral, así como la llamada triple jornada laboral producto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que deben hacer las comunicadoras.
Las tareas domésticas implican una sobrecarga de trabajo no remunerado que llevan tiempo y energía en detrimento de las personas y su empleo, además de que recaen fundamentalmente en las mujeres, convirtiéndose en un factor que acentúa la desigualdad de género.
Por otra parte, casi la mitad de las y los periodistas labora en más de un medio de comunicación: el 44.7 por ciento de las mujeres así lo hace; y de las periodistas encuestadas sólo 82 de ellas ocupan el puesto de dirección, es decir, sólo el 25.9 por ciento del total de los medios encuestados.
La encuesta evidencia que aunque la experiencia profesional es alta, las y los profesionales de los medios no generan derechos laborales debido a la alta rotación en los empleos: con frecuencia cambian de empresa o empleador, incluso en el proceso se convierten en “freelance”, es decir se independizan pero siguen en los medios.
Asimismo la brecha de género en los ingresos mantiene a las periodistas en la base de la pirámide económica; lo que muestra una tendencia muy similar a lo que sucede en el mercado laboral del país: a mayor ingreso laboral, menor participación femenina.
El salario promedio en todo el país es de 8 mil a 10 mil pesos mensuales, y 63.2 por ciento de las personas depende entre un 100 y un 80 por ciento de su salario generado en su principal centro de trabajo, mientras que sólo la cuarta parte (25 por ciento) recibe ingresos adicionales por conseguir publicidad para su medio.
Otro tema más es la carencia de seguridad social y prestaciones laborales, pues sólo 54.5 por ciento de la población encuestada cuenta con seguridad social; 26 por ciento de este porcentaje son mujeres y 28 por ciento hombres, y es que los “arreglos” laborales son discrecionales, sin reglamentos interiores, contratos por escrito o sindicalización.
El informe, que en breve estará disponible en la web, concluye que a ello se suma la falta de capacitación, de organizaciones gremiales que defiendan derechos laborales, la carencia de seguro médico, el trato desigual de la directiva de los medios para mujeres y hombres, ambientes de trabajo discriminatorios, y hostigamiento laboral.
15/AGM/RMB
El Estado mexicano actúa “dolosa y deliberadamente” al ocultar la gravedad de la violencia contra las mexicanas, sobre todo de las que viven en el Estado de México, lo que ha generado un clima de impunidad y negligencia que impide a las víctimas acceder a la justicia y fomenta que los casos sigan acumulándose.
Por al menos cinco años la sociedad civil ha denunciado tal realidad, y la respuesta ha sido la inacción y simulación de las autoridades locales y federales, por lo que grupos civiles, feministas, familias de las víctimas y académicas crearon un frente para exigir medidas concretas para detener la violencia.
Como ejemplo, destacaron, hace un año dependencias federales comenzaron una investigación sobre el feminicidio en el Edomex y a la fecha se desconocen los resultados.
Amnistía Internacional (AI), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones, lanzaron hoy un plan de acción contra la violencia feminicida en el país.
Como parte del plan, las organizaciones dieron un plazo de seis meses a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para que garantice una investigación con perspectiva de género y con personal capacitado del caso de feminicidio perpetrado contra la joven Mariana Lima Buendía, ultimada presuntamente por su pareja sentimental en 2010.
Asimismo, emplazaron a la Procuraduría mexiquense a que a más tardar en un mes diseñe un protocolo adecuado para investigar la violencia contra las mujeres, ya que el actual procedimiento “favorece las actuaciones negligentes” del personal judicial.
Como parte del frente, las organizaciones también exigieron una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que explique las razones por las que no se ha declarado la Alerta de Violencia de Género (AVG) –además del Edomex– en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas y Morelos, pese a la violencia feminicida prevaleciente en estas entidades.
Las y los activistas dijeron que en los meses de mayo, junio y julio se manifestarán frente a las embajadas de los países (entre ellos España y Noruega) que han llamado al Estado mexicano a detener el feminicidio.
Chacel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia en Política Pública de AI-México, sostuvo que “esta situación (el feminicidio de México) ya no es sólo de emergencia, ni de alerta, es una crisis que hay que frenar inmediatamente”.
Precisó que el OCNF ha documentado que en todo el país fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres entre 2012 y 2013, y que de estos casos sólo 613 fueron investigados como feminicidio; a la par que de las 104 mil 470 denuncias por violencia familiar, únicamente se emitieron 28 mil 776 órdenes de protección.
Esta situación de violencia de género “es aún más preocupante” en el Edomex, apuntó la representante de AI-México.
María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo que pese a la realidad lacerante el Estado mexicano ha asumido una actitud “irresponsable” al no garantizar la implementación de los mecanismos que ha diseñado para atender y prevenir la violencia contra las mujeres.
Acusó a la Secretaría de Gobernación –dependencia que encabeza el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– de detener las declaratorias de AVG que se han solicitado para el Edomex y otras entidades.
“Lo que ha hecho es ocultar o negar la información sobre la violencia contra las mujeres, pero es un tema que está ahí: a las mujeres las están matando y desapareciendo”, recalcó.
Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género, recordó que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que ordenó a la PGJEM volver a investigar el asesinato de Mariana Lima Buendía es primordial para reparar las malas actuaciones del personal judicial en casos de feminicidio.
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Urgen acabar “vacíos” en Mecanismo de Protección a Periodistas
Organizaciones civiles que dan seguimiento al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), urgieron que se nombre a la persona titular de esta instancia encargada de brindar seguridad a estos grupos en riesgo.
Luego del nombramiento de Roberto Campa Cifrián como subsecretario de Derechos Humanos (DH) de la Segob y ante las persistentes agresiones contra personas defensoras y periodistas, el Espacio OSC, que agrupa a organizaciones civiles que dan seguimiento al tema, demandó que se atiendan los “vacíos” en los que se encuentra el Mecanismo de Protección.
De acuerdo con esa red, muchos de los casos de agresiones no se han atendido según los protocolos establecidos y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas para que puedan continuar su labor de defensa y prevalezca la libertad de expresión.
Para el Espacio OSC –en el que participan Artículo 19, el Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras agrupaciones–, la ausencia durante dos meses de un coordinador nacional del Mecanismo de Protección ha agravado el riesgo para las y los beneficiarios.
Por ello, el Espacio OSC exigió a la Segob que se nombre a la brevedad al titular del Mecanismo, quien debe ser una persona con “notable sensibilidad y experiencia en DH y libertad de expresión”, y que busque eliminar los “diversos vacíos” con los que esta instancia ha venido funcionando.
Cabe recordar que en marzo de 2014 el titular de la Unidad de DH de la Segob, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, junto con cuatro funcionarios más, renunciaron a sus puestos dentro del Mecanismo de Protección al denunciar maltrato laboral y por desacuerdos en el plan de trabajo.
En abril del año pasado se nombró como titular de la Unidad de DH a Víctor Manuel Serrato Lozano, pero ahora el cargo está vacante luego de que Lía Limón dejó de fungir como subsecretaria de DH de la Segob el pasado 4 de marzo al buscar una candidatura como diputada federal plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México.
Por otro lado, aseguró el Espacio OSC, la designación de Roberto Campa Cifrián como subsecretario de DH, y por tanto como presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, preocupa debido a la falta de experiencia del funcionario en la materia, aunque las organizaciones civiles confiaron en encontrar espacios de diálogo con el funcionario.
En tanto, respecto a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en enero pasado, la Segob respondió que como parte del “fortalecimiento constante” del Mecanismo de Protección está en curso la segunda fase de un “direccionamiento estratégico”, en el que cuenta con el apoyo Freedom House, organización internacional de defensa de la libertad de expresión.
Asimismo, Segob informó que desde la creación del Mecanismo de Protección, en 2012, al 31 de diciembre de 2014 había 311 personas beneficiarias de medidas de protección en todo el país, y en lo que va de 2015 se tiene un total de 22 personas beneficiarias.
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