Telón de silencio en probable masacre de migrantes

Grupos civiles que defienden los Derechos Humanos alertaron sobre una posible masacre de personas migrantes en el municipio fronterizo de Caborca, en el norteño estado de Sonora, de la que sobrevivieron al menos 13 personas, entre ellas mujeres y menores de edad.
 
No obstante, las organizaciones –entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que representa legalmente a las familias de los 74 migrantes asesinados en 2010 en Tamaulipas– aseguran que se aprovechó la jornada electoral del pasado 7 de junio para generar “opacidad” en la información y las investigaciones judiciales.
 
El pasado 4 de junio, la Procuraduría de Justicia de Sonora (PJE) emitió un comunicado para informar sobre el “rescate” de 15 personas (sin detallar sexo), 13 de ellas migrantes, en un rancho ubicado al poniente del municipio de Caborca, que se encuentra en el límite con Estados Unidos.
 
La PJE informó que 11 de las personas rescatadas provenían de Guatemala y El Salvador, y que pretendían emigrar hacia EU, para lo cual se trasladaban en varios vehículos que fueron interceptados por personas armadas.
 
Tras el operativo de rescate se encontraron tres personas sin vida, entre ellos una mujer (con impactos de bala), y dos vehículos calcinados. La PJE omitió la nacionalidad de los cuerpos encontrados.
 
En el operativo de rescate participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía municipal, estatal y federal.
 
Según el comunicado, las personas migrantes fueron trasladadas al Ministerio Público, donde presentaron una denuncia por homicidio, y luego “quedaron a disposición de las autoridades migratorias”. Durante y después de la jornada electoral, las autoridades judiciales y migratorias no informaron al respecto.
 
OPACIDAD
 
Samuel Kenny, responsable de incidencia de la FJEDD, detalló a Cimacnoticias que esta información da todos los indicios sobre una nueva masacre de personas migrantes a manos de grupos del crimen organizado; sin embargo, los datos aún son muy escuetos, advirtió.
 
Kenny criticó que durante los primeros cuatros días después de los hechos –sustanciales para la investigación– haya habido tanta “opacidad” sobre el caso, y que se aprovechara la jornada electoral para hacer pasar el tema como “desapercibido”.
 
Pese a que la Fundación ha buscado información del caso desde el pasado 3 de junio, al día de hoy no tienen más informes por parte de la PJE ni mucho menos de los medios locales de comunicación. El único dato extra es que entre las personas rescatadas había mujeres y personas menores de edad.
 
El activista llamó al Estado mexicano a que saque a la luz toda la información que demuestre una posible masacre de personas migrantes, lo que dejaría al descubierto que no ha habido acciones para prevenir estos ataques en zonas que están ampliamente identificadas como paso de personas migrantes, donde opera el crimen organizado y prevalecen altos índices de violencia.
 
A la par de esta opacidad, la organización civil –con el respaldo de muchas otras que defienden los derechos de la población migrante– criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no haya reaccionado de manera urgente”.
 
De acuerdo con Kenny, la FJEDD envió al menos dos solicitudes a la CNDH para que de manera urgente iniciara una investigación y solicitara a las autoridades que informen sobre los detalles de este operativo.
 
También pidieron que emita urgentemente medidas cautelares para que se investiguen los hechos, y se determine la identidad y nacionalidad de las víctimas.
 
Las organizaciones civiles demandaron que la CNDH entre en contacto directo con las víctimas para que vigile el respeto integral a sus Derechos Humanos reconocidos por organismos internacionales.
 
Esto quiere decir que no sean deportadas, no se les envíe a una estación migratoria, reciban una visa humanitaria, den su testimonio y se les garantice el respeto al debido proceso.
 
Además, las niñas y niños migrantes que fueron “rescatados” deben ser trasladados a una estancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no a las estaciones migratorias.
 
No obstante, fue hasta este martes 9 de junio que la CNDH informó a la opinión pública que investiga con autoridades federales y estatales “desde el momento mismo en que conoció los hechos por informaciones periodísticas” (aunque no precisó fecha) por la probable ejecución de tres personas migrantes, en las inmediaciones del cerro La Mesa, en Caborca, Sonora.
 
La CNDH confirmó que las 13 personas sobrevivientes fueron llevadas a una estación migratoria en Hermosillo, capital del estado, pero la dependencia sólo solicitó medidas cautelares al comisionado del INM para que se les brinde atención médica y psicológica, asistencia consular y se les informe sobre sus derechos.
 
Cuatro días después de que ocurrieron los hechos, la CNDH solicitó medidas cautelares a la PJE para que garantice la correcta preservación de los tres restos mortales conforme a exigencias científicas y los protocolos internacionales.
 
La Comisión dijo que dará seguimiento a la investigación “hasta el regreso de las personas migrantes a sus respectivos países”. Aunque esta agencia buscó precisar los datos, ni la CNDH ni el INM en Sonora respondieron al llamado.
 
LA MASACRE SE REPITE
 
Samuel Kenny detalló su preocupación porque el órgano encargado de vigilar el respeto a los DH esté repitiendo los mismos patrones de negligencia que permitieron la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, así como la de los 49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en 2011.
 
Der acuerdo con el activista, este nuevo caso se parece a las otras masacres –las cuales siguen impunes– por la falta de información durante los primeros días después de que ocurrieron los hechos.
 
El experto en desaparición forzada, tortura, arraigo, feminicidio y otras violaciones a DH también dijo que las organizaciones civiles ya habían conocido diversas historias sobre violaciones a DH contra migrantes en la región donde se ubica el municipio de Caborca, zona de tránsito migrante que conecta con Arizona, EU.
 
A esto se suma el conocimiento de las autoridades sobre criminales que operan en la región, sin que la PJE pueda identificar el grupo criminal al que pertenecen.
 
Por su parte, la Fundación ya está en contacto con la Red de Madres Centroamericanas en Busca de sus Familiares, para intentar identificar a las personas asesinadas y las desaparecidas.
 
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