Dan, por fin, certeza legal a protección de periodistas y activistas

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF, a fin de brindar seguridad a las personas de ambos gremios que estén en riesgo o sean víctimas de violencia por ejercer su labor informativa o de defensa de las garantías fundamentales. 
 
Con 29 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, el pleno de la ALDF expidió la ley por la cual se da certeza jurídica al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF –creado en 2012–, y que además establece un fondo económico –aún por definir– para el funcionamiento de la instancia como parte del presupuesto de egresos capitalino.
 
Durante la sesión ayer del segundo periodo extraordinario de sesiones, el diputado local por el PRD Manuel Granados presentó el dictamen, y dijo que ante la necesidad de dar seguridad a estos gremios en riego, se expidió esta norma que permitirá cumplir la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión.
 
El legislador señaló que la ley permitirá tener medidas para identificar factores de riesgo para activistas y periodistas, y además explicó que responde a las demandas de grupos civiles y al Programa de Derechos Humanos (DH) del Distrito Federal.  
 
En contraste, la diputada independiente Polimnia Romana leyó una carta escrita por periodistas que cubren la fuente, en la que criticaron que la legislación aprobada, en vez de proteger a las y los comunicadores, fortalecía a las instituciones acusadas de “represión”, como la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF).
 
De acuerdo con la exposición del gremio, en esa ley –que calificaron de “general y vaga”– se confunde el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la información, a periodistas con defensores, además de ser “paternalista”, y si bien acotaron que “se agradece la atención”, señalaron que estos derechos se deberían garantizar a toda la ciudadanía. 
 
Ante estas observaciones, el diputado Manuel Granados destacó que se tomaron en cuenta las opiniones de las y los reporteros que cubren la ALDF, por ejemplo en la definición de periodista.
 
De acuerdo con el dictamen aprobado, con la nueva ley se deberán garantizar los derechos, la libertad y seguridad de las personas defensoras de DH y periodistas en riesgo por ejercer su actividad; y a las personas desplazadas de sus estados se les deberá garantizar una vida digna para que continúen su labor en el DF.
 
Asimismo, una vez que se publique la ley y entre en vigor, el Mecanismo de Protección que, se creó en 2012 por un acuerdo del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se convertirá en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.
 
MECANISMO FALLIDO
 
En 2012 Ebrard firmó un acuerdo con los titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, de la PGJDF, y del Tribunal Superior de Justicia del DF, así como con la Comisión de Derechos Humanos capitalina, para implementar el Mecanismo ante las múltiples agresiones a periodistas registradas por grupos civiles.
 
En el Mecanismo participaron activistas, pero ante la falta de condiciones para su funcionamiento, el 14 de mayo de 2014 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociadas por los Justo (Jass), Propuesta Cívica, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC-Mx), y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), anunciaron su renuncia a la instancia.
 
Las organizaciones denunciaron la falta de una política integral para garantizar, respetar y promover el derecho a defender los DH y a ejercer el periodismo, así como la falta de un marco legal que diera certeza a las obligaciones de las autoridades.
 
Ante la inconformidad, los grupos civiles iniciaron un diálogo con autoridades del Gobierno del Distrito Federal y legisladores locales, para crear una ley que garantizara atención integral adecuada y con perspectiva de género a aquellas personas en riesgo por sus labores periodísticas o de activismo.
 
De acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, de 2002 a 2013 se registraron y documentaron 184 casos de violencia contra mujeres periodistas y 11 asesinatos de comunicadoras. Las entidades federativas con más hechos violentos fueron el DF, con 40 casos (26 por ciento); Oaxaca, con 22 (14 por ciento); y Veracruz, con 20 casos (13 por ciento).
 
Además el Estado mexicano ha recibido diversas recomendaciones sobre libertad de expresión, entre ellas del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la OEA, y del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
Con una estructura similar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que opera a nivel federal, su símil local establecerá responsabilidades a los entes públicos del DF para implementar y operar medidas de prevención, protección, acciones urgentes, y medidas de “carácter social”.
 
15/AGM/RMB