Nada le cuadra a PGJDF en indagación de caso Narvarte

La investigación que la  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realiza por el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, y por el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril –crímenes perpetrados el pasado 31 de julio en esta capital–, presenta graves inconsistencias.
 
Así lo expuso Karla Micheel Salas Ramírez, dirigente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y abogada coadyuvante del caso de la activista Nadia Vera, mediante un comunicado en el que expone las 10 inconsistencias de la PGJDF en el llamado caso Narvarte, que fueron detectadas a partir de la revisión de la averiguación previa y la causa penal FBJ/BJ-1/T2/04379/1507.
 
Salas denunció que la PGJDF ha filtrado información “sensible” con el objetivo de estigmatizar a las víctimas, “y crear en la opinión pública una supuesta historia de lo ocurrido, la cual se centra en que cinco personas fueron cruelmente torturadas y asesinadas, para robarles o bien por un problema de drogas”.
 
Sin embargo, hasta el momento las autoridades de justicia capitalinas no han logrado determinar el móvil de los crímenes.
 
La defensora expuso que aunque la PGJDF asegura que los responsables cometieron el crimen con la intención de robar a las víctimas, en el lugar de los hechos se dejaron objetos de valor, a lo que se suma que cuando los probables responsables huyeron del lugar, abandonaron uno de los objetos de mayor valor con el que contaba una de las víctimas: un automóvil Mustang.
 
Daniel Pacheco, señalado y procesado como uno de los autores de las ejecuciones, “hasta el momento no ha confesado ni haber robado, ni tampoco haber participado de alguna forma en la comisión de este crimen”, e incluso ha denunciado tortura por parte de policías de investigación de la PGJDF.
 
A pesar de que la Procuraduría se ha basado en la declaración del único detenido para reconstruir la historia, “deliberadamente ha omitido” señalar la presencia de un quinto hombre en el lugar de los hechos, a la hora que presuntamente se cometió el crimen, abundó Salas.
 
Aunque a decir del único detenido, Daniel Pacheco, ese supuesto quinto hombre permaneció en el lugar de los hechos, incluso después de que él (es decir, Pacheco) y los otros dos sujetos se retiraron del departamento.
 
Otra de las inconsistencias de las pesquisas es que aunque existe evidencia de que las ejecuciones se cometieron con saña, los tres victimarios que presuntamente cometieron el crimen “sin limpiarse ni cambiarse de ropa, abandonaron el lugar de los hechos, sin marcas o huellas de sangre”.
 
Finalmente señaló la abogada que el arma utilizada para ejecutar a las cinco víctimas fue una de uso exclusivo del Ejército (pistola 9 milímetros) con silenciador.
 
“Por las características de la herida que presentan las víctimas es posible determinar que el disparo fue realizado a algunos centímetros de distancia y con exactitud, lo cual evidencia que los victimarios conocen y saben manejar este tipo de armas”, añadió Salas Ramírez.
 
Tales características distan mucho del perfil que ha filtrado la PGJDF sobre los probables asesinos: un “viene-viene” (acomodador de automóviles en vía pública), un pulidor de carros y un malabarista que trabaja en las calles, enfatizó la defensora.
 
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