Cuando llegó el momento, la sobrecargo jubilada Ana Cecilia Bertrand de la Torre se interpuso a la Policía Federal (PF), a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y hasta a sus compañeros pilotos para defender su derecho a manifestarse hoy, que se cumplen cinco años desde que Mexicana de Aviación cerró operaciones.
Al frente de una manifestación de cientos de personas al interior del AICM, Cecilia (con megáfono en mano y un letrero con la palabra “Justicia”) estaba lista desde antes de las 11 de la mañana para gritar al gobierno y a la sociedad la infamia en la que vive desde el 28 de agosto de 2010, que la aerolínea –con 95 años de servicio– dejó de volar y se suspendieron el pago de las pensiones de cientos de sobrecargos jubiladas, pues Gastón Azcárraga –entonces dueño de la empresa y ahora prófugo– la llevó a la quiebra.
No obstante, el grupo varonil de pilotos de la aerolínea que también se manifestaron en el AICM pretendieron ponerse al frente de la marcha y arrebatarle a Cecilia la oportunidad de que la causa de las y los jubilados –que por su edad no lograron conseguir otro trabajo para sostener sus gastos y se les suspendió hasta el seguro médico– abanderara la protesta.
“Dos años viviendo aquí (…) nadie me va a decir qué hacer; yo he tenido los huevos para defender esto”, le dijo la sobrecargo jubilada de 53 años de edad a un piloto veterano para impedir que la quitara del frente.
Y es que “nosotros hemos vivido en un plantón en el aeropuerto por más de dos años y (quien está) primero en tiempo, (está) primero en derecho”, remató la mujer en entrevista para esta agencia.
Es cierto, ya que luego de ser engañadas por el gobierno federal que les firmó una minuta para garantizar que reactivaría sus pensiones pero sólo les pagó un mes, Cecilia Bertrand y Rogelio Martínez (ambos sobrecargos jubilados) decidieron dejar sus entidades natales para plantarse el 1 de julio de 2013 con dos casas de campaña y dos mantas en el que fuera el módulo de la extinta aerolínea en el AICM.
La mañana de hoy, los contingentes (repletos de mujeres con ropa azul marino y verde que en otros años portaban con orgullo por ser el uniforme de la aerolínea más grande y longeva del país) avanzaron a las 11 y media de la mañana desde la primera puerta del AICM hasta el último salón de la Terminal 1.
La seguridad de aeropuerto rodeaba a las y los manifestantes que formaban filas y filas de jubiladas con pancartas largas que tenían el nombre de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), la cual fundaron las y los sobrecargos jubilados tras darse cuenta de que el gobierno federal dejó de fondear desde 2010 el Fideicomiso que se había formado, para reponer los ahorros con los que pretendían vivir durante su vejez.
La marcha se paró frente al módulo de las aerolíneas Interjet y Volaris. Cecilia levantó el megáfono y denunció que ambas usan ilegalmente las rutas y los “slots” (itinerarios) de Mexicana, por lo que deben pagar una indemnización a las y los trabajadores de la extinta empresa.
En la retaguardia de la protesta iban integrantes de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores y de sindicatos del personal en activo. No obstante, Cecilia siempre se mantuvo al frente, gritando secamente y levantando la cara frente al montón de pasajeros nacionales y extranjeros que fotografiaban y comentaban la manifestación.
Su fuerza en cada grito ronco escondió que lleva varios meses enferma de los riñones y los pulmones porque el aire y la suciedad del aeropuerto –donde incluso hay ratas– ya desgastó su salud.
Desde que vive en el plantón tiene que bañarse en un edificio frente al AICM, donde le dan permiso, y sobrevive de las monedas que le dejan las y los pasajeros en las cajas de zapatos que rodean a las casas de campaña.
En el frenesí de la marcha, Cecilia no pudo frenarse cuando llegó a la última puerta de la Terminal 1. Le pasó como en 2013, que junto con su compañero Rogelio se le ocurrió el plantón porque tras una huelga de hambre y una protesta sin ropa, el gobierno los ignoró.
“La inquietud que teníamos por dentro no nos permitía quedarnos callados; la dignidad no te permite callarte, porque si tu sindicato no te apoya, si te da la espalda, si no hay quien alce la voz por ti, la tienes que alzar por ti misma; no puedes permitir una injusticia, que te pisoteen de esa manera”, relató la sobrecargo.
Entonces Cecilia –que dedicó 23 años de su trabajo a Mexicana– salió hoy por las puertas de cristal del aeropuerto y paró el tránsito del estacionamiento. Corrió entre algunos coches que tuvieron que dejar de moverse en su presencia.
Tal vez sintió lo mismo que el día que puso el plantón. “En ese momento no conocíamos el camino exacto que teníamos que seguir pero buscamos la manera de hacernos ver y oír”.
Mientras esquivaba coches, Fausto Guerrero Díaz, presidente de la AJTEAM (en cuyo saco brillaba un avión de plata) se mantenía a su lado e incluso la apoyó a sostener el megáfono mientras ella levantaba las dos manos para que todas las personas leyeran en su manta la palabra “Justicia”.
El contingente la siguió en esa travesía, como a veces la sigue su hija de 26 años y su nieto de tres, que viajan desde Veracruz (estado natal de Cecilia) para dormir con ella en el plantón.
“Allá está mi familia, mi hija, mi nieto, mis vivos, mis muertos, mi casa y todo; sin embargo me trasladé para luchar por lo que es mío, porque yo no le podía decir a mi hija ‘me robaron y ya, a ver qué hacemos”.
Cecilia siguió avanzando por entre los coches que empezaron a desviarse por una reducida vía que quedó abierta al paso. Ahí se detuvo el contingente y empezó un mitin para exigir al gobierno federal que extradite a Gastón Azcárraga a México, para que repare los daños, que los bienes que sobreviven a Mexicana se adjudiquen a sus trabajadores, que se paguen sus pensiones de inmediato, y que el proyecto de crear un nuevo aeropuerto incluya al personal de Mexicana.
La furia le enrojeció los ojos verdes. Cecilia tomó el megáfono y les dijo a sus compañeras que no desistan, que la única lucha que muere es la que se abandona, que sigan junto a ella porque sólo así, manteniéndose unidas, van a lograr justicia.
La realidad es que ella misma ya quiere regresar a su vida normal: “Ha sido muy difícil no ver crecer a mi nieto, y me he perdido de muchas cosas muy importantes. Ya quiero cerrar este círculo para recuperar mi vida, pero no la puedo recuperar mientras esté pendiente esta situación”, se lamentó.
A la altura de la puerta seis de la Terminal 1 del AICM, la PF increpó al movimiento. Aun con tacones, Cecilia corrió para hacer frente a un alto mando y le explicó que respetaba su trabajo, pero lo que estaban pidiendo era justicia para las cientos de familias de personas de jubilados que lo perdieron todo.
Luego les dijo al grupo de hombres pilotos que le demostraran un mínimo de valor y que suspendieran el paso vehicular por completo; pero mientras ellos dudaban e intentaban negociar con la policía, ella cruzó los señalamientos viales, frenó a los coches y de nuevo extendió su manta.
Volvió a enfrentar a la PF y a decenas de uniformados. Incluso hizo que el director del AICM, Alejandro Arguido, saliera a pedirle que liberara las instalaciones del aeropuerto.
Y ella se negó hasta que la sociedad y el gobierno la escuchara. Se sentó por varios minutos frente a los uniformados, mientras las otras sobrecargos y pilotos la siguieron en un acto subversivo.
A una orilla, dos hombres cargaron en brazos a una sobrecargo jubilada que tomó el megáfono y entonó una canción sobre la historia de la quiebra de Mexicana. Las lágrimas de todo el personal mojaron sus mascadas verdes.
15/AJSE/RMB
agosto 2015
Exige CIDHM campaña en medios contra feminicidio en Morelos
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) exigió al gobierno morelense, encabezado por Graco Ramírez Garrido, un compromiso y responsabilidad real para implementar las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que fue declarada formalmente el pasado 10 de agosto por la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un comunicado de prensa, la organización independiente –que presentó en 2014 la solicitud de activación del mecanismo que finalmente derivó en la decisión federal– anunció que se mantendrá vigilante de todas y cada una de las acciones de seguimiento de las medidas de la AVG en Morelos.
Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, la Segob a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), declaró la procedencia de la AVG en Morelos y ordenó al gobierno local implementar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación para erradicar la violencia feminicida.
En ese contexto, la CIDHM informó que ayer se llevó a cabo una reunión –encabezada por el gobernador local– con representantes de los tres poderes de gobierno y organismos civiles de Derechos Humanos.
Durante la sesión, se presentaron las líneas de acción a desarrollar para cumplir con las medidas que se desprenden de la AVG, se estableció la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género, la coordinación con los 8 municipios y se presentó el presupuesto inicial para darles cumplimiento.
Igualmente –asegura la CIDHM– se presentó el “programa estatal Integra-Mujer-Morelos”, el cual pretende establecer medidas puntuales en los polígonos de riesgo identificados en la entidad, las investigaciones de los casos de feminicidio por la Fiscalía, y acciones transversales.
En la sesión, la Comisión Independiente planteó, entre otras acciones, implementar el establecimiento de la Unidad de Género y Derechos humanos en el Tribunal Superior de Justicia y en la Fiscalía General de Morelos, la creación de un semáforo de cumplimiento de las medidas.
Solicitaron también que se lleve a cabo una amplia campaña a través de los medios de comunicación, públicos y privados para dar el mensaje claro de que el feminicidio debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad.
“De tal manera que exigimos responsabilidad y no omisión ni simulación a las autoridades y la creación de conciencia entre toda la sociedad para combatir, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos” puntualiza la organización.
15/AZM/LGL
En 8 meses, cerca de 200 agresiones a periodistas y defensores
En lo que va de 2015, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha contabilizado 98 agravios en contra de 60 activistas y 79 más en contra de periodistas, sin embargo no precisa datos por sexo.
Durante el conversatorio “Hacia la construcción de una protección integral con perspectiva de género para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) de Oaxaca”, el coordinador del programa global de protección a periodistas de la organización Artículo 19, Ricardo González, dijo que 49 periodistas y 60 defensores han enfrentado algún tipo de agresión, y advirtió que existe un riesgo de que se duplique el número de personas que van a enfrentar un patrón de violencia.
“Tenemos que trabajar más en la prevención y evaluación de riesgos antes de que lleguen las agresiones”, resaltó durante su participación e hizo ver la urgente necesidad de crear políticas públicas en estos rubros.
Tienen que hacerse políticas públicas instrumentadas por personas con visión y compromiso, tanto con las víctimas y la defensa de los DH; es gravísimo tener policías con visiones militaristas tratando de dar protección, reflexionó González, para quien la peor política de protección es aquella que no existe: “Tenemos que fortalecerla porque lamentablemente las situaciones de violencia y exclusión se están incrementando”.
Además de los asesinatos, las amenazas, la difamación, la vigilancia a domicilios y el hostigamiento son las agresiones que enfrentan las y los defensores, ante lo cual Jesica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, dijo que el actuar del Estado “se está quedando corto en cuanto a la protección”.
Y agregó: “Tenemos preocupación porque los derechos que están poniendo en mayor riesgo a las defensoras es la defensa de la tierra y el territorio, los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de las mujeres”.
Asimismo lamentó que Oaxaca ocupe los primeros lugares en agresiones a periodistas y defensoras, e hizo notar que a falta de sanciones la impunidad genera la permisibilidad de más delitos de este tipo, porque “el mensaje que se da es que se permiten este tipo de agresiones porque quienes las cometen no están en la cárcel”.
Marco Leyva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se refirió a los riesgos que las y los defensores enfrentan en las comunidades de Oaxaca, donde se vive “lo más rudo y violento de este sistema”: cacicazgos políticos y económicos, crimen organizado y grupos armados irregulares.
Para Clara Morales, directora de Ojo de Agua, es en el ámbito comunitario donde existe el reto mayor de garantizar el ejercicio de las garantías de periodistas y defensores, ya que muchas veces en las localidades las personas juegan un doble papel como comunicadores y defensores.
Fue el fiscal especial para la Protección de Periodistas de la DDHPO, quien con cifras detalló la situación de violencia en Oaxaca: 98 agravios contra 60 defensoras y defensores; 10 casos en específico en contra de colectivos u organizaciones, y nueve asesinatos que “no han sido casos escandalosos porque suceden generalmente en el ámbito rural y no se les identifica como defensores”.
El conteo en los primeros ocho meses de este año en materia de libertad de expresión son 79 agravios en contra de 49 periodistas, cuatro de ellos asesinados.
15/NAD/RMB
Amplían estadía en México de grupo especial sobre Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió prorrogar por dos meses más la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, a fin de que el Estado, las familias y las organizaciones civiles presenten observaciones a su informe final.
La CIDH emitió hoy un comunicado para informar su decisión de prorrogar por dos meses más la estadía de las y los integrantes del GIEI, quienes fueron designados por el mecanismo interamericano en el contexto del acuerdo que firmó en noviembre de 2014 con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El GIEI inició formalmente actividades el pasado 2 de marzo y debía concluir el próximo 2 de septiembre, según lo estipulado en el Acuerdo de Asistencia Técnica, por lo que este 6 de septiembre deberá presentar su Informe Final de Actividades.
No obstante, la CIDH decidió extender el tiempo de la GIEI en México dos meses más a fin de que reciba y procese los comentarios y las observaciones que el Estado, la sociedad civil y las víctimas presenten hasta el próximo 15 de septiembre sobre el Informe Final.
Según el comunicado, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, expresó que cree “que el informe será una contribución internacional significativa a los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano en la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, así como para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención de este grave crimen”.
Las actividades del GIEI en México fueron la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico de las líneas del Plan de Atención Integral a las Víctimas de desaparición forzada el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los cinco informes que hasta ahora ha rendido el Grupo de Expertos dejaron en descubierto la negativa del Estado mexicano para que se entreviste directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero; así como que las autoridades de justicia destruyeron los videos que captaron la agresión contra los normalistas y ocultaron la ropa de los estudiantes.
También informaron a los medios al inicio de sus trabajos que los estudiantes habían sido víctimas de desaparición forzada y tortura (graves violaciones a Derechos Humanos), y que la relación entre el gobierno federal y las familias de los estudiantes estaba “muy desgastada”, ya que la Procuraduría General de la República había dejado de informarles directamente los avances de las pesquisas.
Destaca que en la 15 Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, que se llevó a cabo este miércoles 26 de agosto en esta ciudad, las madres y los padres de los normalistas aseguraron que fueron ellos quienes solicitaron a la Secretaría de Gobernación la extensión del plazo del GIEI.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación no ha informado su posición oficial sobre si permitirá que se prolongue la estancia del Grupo de Expertas y Expertos; y de acuerdo con información difundida hoy, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, precisó que será hasta una semana después de que se presente el informe final cuando se tome una determinación.
Las y los integrantes del GIEI son Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
15/AJSE/RMB
Durante los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015) hubo más agresiones contra activistas que durante los últimos dos años de la gestión de Felipe Calderón (2011-2012), según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”.
De acuerdo con la documentación realizada por el Comité Cerezo México, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos en los que se violentó, amenazó o agredió a 47 organizaciones, 35 comunidades y 248 personas, de las cuales 78 son mujeres.
Esto indica que la violencia aumentó, ya que en los últimos dos años de Calderón Hinojosa se registraron 192 eventos, y en lo que va del gobierno priista se tiene conocimiento de 629.
Al presentar ayer el informe en el Centro Universitario Cultural, Alejandro Cerezo, coordinador de ACUDDEH, y Francisco Cerezo, coordinador del Comité, señalaron que en los tres últimos informes se encontró que la forma más utilizada para evitar el trabajo de las y los defensores de DH es el hostigamiento, es decir, cuando los perpetradores tienen acercamiento físico con sus víctimas a fin de “causar mayor impacto”.
Es por ello que las agrupaciones afirmaron que ahora existen “menos amenazas”, ya que la política de Estado (que involucra a todos los niveles de las autoridades) es “atacar y agredir” a las personas defensoras, lo que significa que las autoridades ejercen la represión política para acallar las exigencias sociales.
Entre los casos documentados están la represión a las y los jornaleros del Valle de San Quintín, por parte de elementos de seguridad del estado de Baja California, luego de que en marzo pasado las y los campesinos realizaran diversas protestas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.
También se registró la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada el 26 en septiembre de 2014, así como el posterior hostigamiento a sus familias y simpatizantes que exigen su presentación con vida.
Un caso más fue la presunta violación sexual cometida por policías a por lo menos tres maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, quienes fueron violentadas por exigir el aumento de sueldos y plazas para personal docente.
Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que la labor de las y los defensores es clave para la construcción de la “verdadera democracia”, porque ellos colaboran en las trasformaciones sociales.
Ante las agresiones físicas contra activistas, el defensor criticó que se use una estrategia de “terror” para reprimir la organización y la protesta social, estrategia que, alertó, el Estado gradualmente va perfeccionando.
“La represión, el acoso y el uso del terror es una práctica desgraciadamente generalizada en México”, remarcó al señalar que esto se da en todas las entidades del país para limitar o anular grupos disidentes, tal como sucedió en los años 70 durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, cuando se cometieron detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones.
Asimismo, Concha Malo destacó la “poca o nula” respuesta del sistema de justicia para detener los ataques a las y los defensores, porque aseguró que ello evidencia que las instituciones “se quedan cortas” para hacer efectivo el derecho a la justicia, los derechos de las víctimas y reparar el daño.
“Pareciera que estamos condenadas y condenados a padecer esta impunidad y corrupción que se ha instalado como un cáncer en las instituciones de gobierno”, lamentó a la vez que llamó a conocer el panorama para exigir acciones de parte de las autoridades.
15/AGM/RMB
En siete años (de 2008 a 2014) en esta ciudad –que cuenta con un amplio marco legal para proteger a las capitalinas ante cualquier tipo de violencia– desaparecieron más de 6 mil 500 mujeres.
Los datos se desprenden del informe “Negación, cosificación y sacrificio en el delito de trata de personas”, elaborado por el Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM).
El reporte señala que uno de los delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual –en el que la mayoría de las víctimas son mujeres– es la desaparición, pues es una forma de “raptar” a las víctimas.
Por ello, el Observatorio contra la Trata de Personas y el CAM presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitudes de información a fin de conocer la gravedad del problema.
A partir de 2012 –se conoció mediante el recurso de transparencia– en el DF se reportaron más de mil mujeres desaparecidas por año, cifra que aumentó con respecto a las registradas en años previos.
Para 2008, el número de reportes por desapariciones de mujeres fue de 986; para 2009 se registraron 523 casos; mientras que para 2012 la cifra aumentó a mil 136 reportes. En 2013 y 2014 los casos sumaron mil 321 y mil 246, respectivamente.
Es decir, el total de casos reportados de 2008 a 2014 es de 6 mil 543 mujeres.
La desaparición no es la única forma de violencia que enfrentan las capitalinas, pues según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) –del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, 51.93 por ciento de las mujeres del DF han vivido algún tipo de violencia en su última relación de pareja.
Es de recordar que el Distrito Federal fue una de las primeras entidades del país en contar con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificar el delito de feminicidio, y crear un protocolo de actuación pericial, judicial y ministerial para la investigación del delito de este delito.
De julio de 2011 a mayo de 2015 se abrieron 199 carpetas de investigación por casos de feminicidio, según datos de la PGJDF brindados mediante el recurso de transparencia.
La cifra de casos de feminicidio registrados por la PGJDF (199) contrasta con el número de defunciones accidentales y violentas de mujeres, muchas de las cuales podrían tener características de feminicidio, ha señalado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF). Según el Inegi, de 2011 a 2013 un total de 2 mil 590 mujeres murieron a causa de lesiones en la Ciudad de México.
15/AZM/RMB
Visibilizan cómo violencia afecta a infancia en Ciudad Juárez
La violencia que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua –y que se materializa en feminicidio, desaparición de mujeres, desplazamiento forzado y una alta tasa de homicidios–, además de mermar la vida de la comunidad, deja una profunda huella en las niñas y niños que ahí viven y que ven limitado su desarrollo ante la inacción oficial para proteger los derechos de la infancia.
Ririki Intervención Social –grupo civil que defiende los derechos de la niñez– se dio a la tarea de visibilizar la forma en que el contexto de violencia y precariedad económica en la urbe fronteriza afecta la vida de las y los menores de edad. Por ello publicó el libro “Paso a Pasito… Espacios seguros para la primera infancia en Ciudad Juárez”.
Presentada esta semana, la publicación –coordinada por Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de Ririki– rescata mediante el trabajo de periodistas las voces de madres de familia (muchas de ellas jefas de hogar o trabajadoras de la maquila), cuidadores, promotores juveniles comunitarios, y de niñas y niños.
Desde 1993, Ciudad Juárez –se asienta en el libro– se colocó en la mira internacional por la impunidad e inacción de las autoridades para detener el feminicidio.
Situación que se abonaba a la crisis económica de una localidad que, entre otros problemas, producía infancias en soledad, un espacio urbano poco amigable para las y los niños, y violencias sociales que impactaban en la vida y en la calle, por lo que los primeros años de vida de miles de menores de edad no se daba en las mejores condiciones.
En 2007 la Fundación Bernand van Leer (organización donante holandesa que busca mejorar las oportunidades para niñas y niños de hasta ocho años de edad) exploró la posibilidad de apoyar estrategias de intervención en la primera infancia, por lo que un año después comenzaron a crearse espacios seguros para la niñez juarense.
En 2008 se disparó el crimen en las calles de Ciudad Juárez al registrarse mil 644 muertes violentas, cifra muy superior a la registrada el año anterior (350).
Entre 2009 y 2011 la violencia alcanzó su punto máximo: la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes pasó de 23.5 en 2007 a 274.2 en 2010, y se calcula un éxodo de más de 100 mil juarenses, el abandono de un número similar de viviendas, y una cifra significativa de grandes empresas y negocios cerrados.
Ese clima de violencia se acrecentó con la presencia de ocho mil soldados y miles de adultos sin empleo, contexto que derivó en miles de niñas y niños “encerrados, en orfandad y con hambre”, según las historias divulgadas en “Paso a Pasito…”.
Al rescatar las voces de niñas y niños de cuatro a ocho años de edad fue posible documentar cómo lo que estaba pasando en Juárez afectaba severamente su vida.
“En las colonias se detectaban problemas de retraso y retroceso en el desarrollo, en términos de control de esfínteres, psicomotriz y lenguaje, además de niñas y niños de apenas cinco años presentando cuadros de angustia y estrés”, se lee en el documento.
En Juárez viven casi 200 mil niñas y niños menores de cinco años; 40 mil 356 sólo cuentan con la figura materna, es decir 20.9 por ciento viven en hogares donde se perciben menos de dos salarios mínimos, mientras que 119 mil 870 viven en condiciones de hacinamiento, lo que representa el 60 por ciento. Son datos que se lee en un texto de la reportera Hérika Martínez Prado.
“A pesar de las evidencias científicas, económicas y sociales sobre la importancia de los primeros cinco años de vida de los seres humanos, la inversión (en su atención) es insuficiente y hay una ausencia de políticas públicas integrales”, escribió la coordinadora general de Ririki.
Abundó que la atención a la primera infancia es una agenda pendiente para Ciudad Juárez, “pero también para la mayoría de las ciudades donde persiste una deuda enorme en la garantía de los derechos de la primera infancia”.
15/AZM/RMB
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó que en el asesinato de Nadia Vera Pérez, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, perpetrado el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en esta ciudad, no “exonera ni responsabiliza” a ninguna persona en torno a estos hechos, ya que la autoridad responsable de la investigación es la que debe determinar la autoría de los crímenes.
En respuesta a la nota publicada por Cimacnoticias este miércoles 26 de agosto, titulada “Sin investigar, CNDH exonera a autoridades en caso Narvarte”, ayer el organismo emitió un comunicado para aclarar que “expresar de manera previa que un servidor público participó en los mismos, sin tener elementos suficientes para hacer un señalamiento de esa naturaleza, no sólo atenta contra el debido proceso, sino que también puede afectar el resultado de la investigación”.
En la nota publicada por esta agencia, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante del Colectivo Justicia Pro Persona, informó que respecto al llamado caso Narvarte la CNDH abrió una “queja ordinaria” y no por graves violaciones a Derechos Humanos, como lo pidieron activistas el pasado 6 de agosto, toda vez que en una reunión privada funcionarios de la Comisión consideraron que “no había indicios” de la participación de autoridades en los asesinatos.
En esa misma nota periodística, el defensor Sergio Méndez señaló que tal postura de la CNDH apuntaría a tratar de evitar cualquier línea de investigación por la eventual participación del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en la masacre en la que murieron cuatro mujeres y un periodista.
En su comunicado, la CNDH replicó que da seguimiento a la investigación del caso Narvarte, en coadyuvancia con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez afirmó que desde que tuvo conocimiento de los hechos entró en comunicación con la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), autoridad responsable de la investigación, para conocer el estado de la indagatoria.
También confirmó que conoció la queja presentada por los integrantes del Colectivo Justicia Pro Persona, y que ha solicitado información a diversas autoridades para allegarse de los datos que compartirá con la CDHDF.
La CNDH además señaló que ya hizo un llamado a la PGJDF para que en la indagatoria se agoten todas las líneas de investigación con perspectiva de género sobre el homicidio de las cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez.
Por separado, el abogado Sergio Méndez Silva reiteró en redes sociales sus declaraciones, acotando que no mencionó la palabra “exonerar”. Escribió: “(…) si la CNDH no presumiera la posible intervención de agentes estatales en el caso, no habría admitido la queja”.
15/AGM/RMB
Los filtradores no son ningún grupo musical ni el título de alguna serie policiaca, es una práctica institucionalizada para desviar la atención de aquello que no quiere ser explicado.
Quienes se dedican a filtrar información suelen seguir instrucciones, y valiéndose de información privilegiada distribuyen información confidencial, previamente seleccionada para cumplir con la intención; el siguiente paso es seleccionar a quien se la van a filtrar. Ambas decisiones responden a un interés ajeno al periodismo y su responsabilidad social.
El riesgo para quienes hacen periodismo valiéndose de las filtraciones es que queda atrapado en el juego de los intereses de otros, también puede ser una decisión de ser el fiel guardián de las filtraciones. En cualquier caso ambas pagan mal a la ciudadanía en su derecho a la información y para el periodismo en su independencia del poder.
Si hay un área que tiene como sistema las filtraciones, por desgracia, es la procuración de justicia. Una y otra vez solemos encontrar declaraciones ministeriales publicadas en los medios de comunicación.
Los filtradores son seductores, hablan al oído a reporteros y periodistas para darles “exclusivas” o para hacerles llegar “información valiosa” sobre X o Z asunto. Los filtradores manipulan la información para crear realidades que suelen beneficiar a ciertos intereses.
La manipulación no quiere decir necesariamente que falsean información, no, la manipulación quiere decir que sesgan la información para hacerla coincidir con un discurso convincente, el discurso que ellos quieren colocar.
El asesinato de la defensora Nadia Vera Pérez, de Mile Virginia Martín, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se ha convertido en un espectáculo morboso basado en la culpabilización de las víctimas explotando la presencia de una mujer de una nacionalidad y de una actividad.
Las únicas filtraciones que ha hecho el personal de la Procuraduría, que hay que decir es responsabilidad del procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, tiene que ver con las víctimas. Por qué, es la pregunta que está detrás de cada filtración sobre la vida de las víctimas.
Ante las filtraciones sobre las víctimas lo que queda opacado, silenciado, es la línea que va hacia el poder, hacia el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hacia el atentado a la libertad de expresión y el derecho a defender los Derechos Humanos. Estas líneas han quedado en silencio por las filtraciones y la acción nada transparente de las autoridades de la Procuraduría capitalina y del Gobierno del Distrito Federal.
Por eso hay que sospechar de lo que hasta hoy se ha dicho de las víctimas, no porque no sea real, sino porque nada de ello ha explicado por qué los mataron y quién los mató.
Esas son las verdaderas preguntas que no se están respondiendo y que están quedando a un lado ante la repetición una y otra vez de la vida de las víctimas.
Ninguna filtración es inocente, ni es independiente de las estructuras del poder; hasta hoy todos quienes trabajan en la investigación, empezando por el procurador capitalino, son sospechoso de las filtraciones hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, siempre hay la posibilidad de despedir a un secretario de actas a quien se le podrá demostrar que gana dinero filtrando expedientes a la prensa sin que sus jefes supieran de ello.
Pero no fue un secretario de actas el que dio las declaraciones ministeriales a algunos periodistas que han publicado las filtraciones, seguramente su “fuente” es de más arriba.
Así ha sido la práctica no sólo en el caso de la Narvarte, sino con Yakiri, las víctimas del bar Heaven y otros más.
La justicia no depende de las acciones mediáticas; la justicia depende de una verdadera investigación que responda lo que hasta hoy no se sabe: por qué mataron a Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y a Rubén Espinosa Becerril, y quién los mató, con pruebas que sean absolutamente irrefutables.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
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El aumento del precio del dólar en México –que en su cotización al cierre de hoy se vendió en 17 pesos con 15 centavos– podría afectar dentro de uno a cinco años los costos de la canasta básica, lo que pondría en crisis el gasto de los hogares del país, de los que una cuarta parte están encabezados por mujeres que ganan menos de 200 pesos diarios.
Desde el pasado jueves 20 de agosto, los principales bancos del país registraron un aumento histórico en el precio del dólar, pasando de 16 a más de 17 pesos en sólo un día, según la información del Banco de México (Banxico).
Los dos días siguientes la cotización de la divisa estadounidense siguió en incremento hasta alcanzar casi los 18 pesos, y los recientes tres días registró una disminución de entre sólo cinco y 10 centavos por día.
No obstante, en realidad la devaluación del peso ha ido en aumento desde el inicio de este año, con lo que suma una depreciación total de 17.30 por ciento en comparación con el mes de enero.
REPERCUSIÓN
La economista y demógrafa Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a Cimacnoticias que el aumento en el tipo cambiario es consecuencia de la desaceleración de la economía en China (una de las mayores potencias mundiales), que en 2015 registró un crecimiento económico de sólo 6 por ciento.
A fin de estimular las exportaciones de materias primas, China decidió devaluar el yuan (su moneda nacional); sin embargo, esto no impidió que la inversión de capital extranjero huyera a economías más estables, en concreto a Estados Unidos, cuyo banco central (la Reserva Federal) anunció la posibilidad de aumentar la tasa de inversiones, lo que incentivó que inversionistas en México también empezaran a irse al país vecino.
A decir de la investigadora, en general la economía mexicana padece de un “clima de desconfianza” para los inversionistas extranjeros, quienes tienen expectativas de un crecimiento débil, consideran que no hay reglas claras en licitaciones de obras públicas, perciben corrupción e inseguridad, y además se quejan de una falta de certeza jurídica en las inversiones, lo que está propiciando una devaluación paulatina.
A la par, esta misma desconfianza la enfrentan las y los consumidores internos, quienes retrasan o modifican sus gastos. “Una disminución del gasto en consumo contrae la demanda y afecta el crecimiento de la economía”, expresó Isalia Nava.
A esta volatilidad en el mercado financiero se suma el desplome de los precios internacionales del petróleo (que está por debajo de los 40 dólares –686 pesos mexicanos– por barril), ya que su disminución se traduce en una menor entrada de dólares, lo que también aumenta el tipo de cambio.
La experta en economía de las mujeres precisó que si bien la inflación (aumento generalizado del costo de los productos) se mantiene por debajo del 10 por ciento desde hace 10 años, esta depreciación del peso podría tener algunos efectos a mediano y largo plazo (entre uno y cinco años) en la economía de las mexicanas.
Esto porque cuando se incrementa el dólar generalmente el poder adquisitivo de la moneda mexicana disminuye, lo que aumenta el costo de algunos productos de la canasta básica y, en consecuencia, aumenta la inflación.
“Actualmente Banxico mantiene un control sobre la inflación, pero si se registrara un aumento en los precios de los productos habría una afectación para toda la población, con mayor incidencia para la población femenina debido a los roles tradicionales de género”, expresó Nava Bolaños.
Esto quiere decir que las mujeres –quienes actualmente dedican más tiempo al trabajo en los hogares que los varones– se verían obligadas a buscar alternativas para garantizar el consumo familiar (pues cuatro de cada 10 hogares en México son encabezados por mujeres), tales como la redistribución y reducción del gasto.
Además, es posible que los bienes y servicios que ya no se puedan pagar, como las comidas en restaurantes, ahora tendrán que ser elaborados por las propias trabajadoras –que ganan en promedio de dos a tres salarios mínimos–, lo que incrementará su carga de trabajo en el ámbito familiar.
La experta consideró que es complejo plantear una medida para que el gobierno mexicano evite un aumento en la inflación; pero detalló la importancia de garantizar que el incremento de los bienes y servicios importados no se traspase al público consumidor y lo asuman las empresas; y asegurar así que no se presenten incrementos de precios en la canasta básica en productos sin alguna relación con el precio del dólar.
AÑEJA CRISIS EN LOS HOGARES
Si bien actualmente esta volatilidad en el mercado no ha aumentado la inflación y el gobierno federal asegura que protegerá el ingreso de los hogares, la crisis económica que estalló en México a fines de 1994 –momento conocido como “el error de diciembre”, cuando el peso sufrió una devaluación de 80 por ciento y hubo una fuga de capitales que sumó mil 599 millones de dólares– dejó ver fatídicas consecuencias un año después y con grandes desventajas para las mujeres.
De acuerdo con investigaciones de esa década, en 1995 México cayó al lugar número 40 de una lista de 44 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los niveles de bienestar de la población.
Lo anterior como consecuencia de que el Producto Interno Bruto (PIB) fue de -6.9 por ciento, se registró una inflación de 51.97 por ciento, 2.3 millones de personas estaban desempleadas, de 15 mil a 20 mil negocios quebraron, las tasas de interés aumentaron al 120 por ciento y el salario mínimo tuvo una pérdida de 20 por ciento, entre otros desplomes importantes para la economía, según el “Balance económico de 1995 y perspectivas para 1996”, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
El Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 también analizó entonces que a pesar de que desde 1990 se registró una participación de las mujeres en el ámbito laboral de 19.6 por ciento, ellas resistieron más la insuficiencia de fuentes de empleos bien remunerados, estables y productivos.
Como estrategias de sobrevivencia familiar en épocas de crisis, los hogares más pobres tuvieron que sustituir bienes y servicios que antes compraban en el mercado por artículos de producción doméstica para contrarrestar la caída de los salarios y las mujeres prolongaron sus jornadas de trabajo.
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