Aprovechándose de su cargo y el poder sindical que lo amparan, Oscar Gustavo Ferral Sánchez, comisionado de Capacitación de la Sección 3 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), habría intentado abusar sexualmente de varias empleadas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante la denuncia de hechos, el STPRM ha optado por “proteger” al presunto agresor, ignorando los Derechos Humanos y sindicales de las trabajadoras afectadas.
El acoso sexual y agresiones que enfrentan las mujeres que laboran en Pemex en el sur del estado de Tamaulipas se hizo público luego de que tres trabajadoras reportaron lo sucedido ante su secretario general, Juan Silva Villanueva, quien en vez de iniciar una investigación y sancionar al presunto responsable, ocultó la información y trató de sobornarlas con trabajo y dinero, según dijeron las denunciantes.
Ante esa situación y la negligencia de su representante sindical, las afectadas interpusieron una denuncia penal en la Agencia Primera del Ministerio Público, bajo el folio 93652015, lo cual les ha costado su empleo, además de represalias a sus familiares –también trabajadores de Pemex– e incluso amenazas de muerte.
HOSTIGAMIENTO
De acuerdo con las trabajadoras, desde 2013 han soportado el acoso sexual y las agresiones verbales y físicas de parte del comisionado de Capacitación Oscar Gustavo Ferral Sánchez, quien se ampara en que es un colaborador cercano al líder sindical Juan Silva Villanueva para quedar impune.
En su relato, las mujeres señalaron que el presunto agresor se presenta constantemente en estado de ebriedad en sus áreas de trabajo, y aprovechando su jerarquía sindical les ofrece “trabajo a cambio de sexo”.
Las afectadas, que se desempeñaban como trabajadoras eventuales y al no contar con una certeza laboral, dijeron que soportaron esa situación evitando los horarios en que Ferral Sánchez acudía a sus puestos de trabajo, pero las agresiones físicas y verbales fueron agravándose, ya que –según sus testimonios– el comisionado de Capacitación, en estado de ebriedad, llegaba a bajarse los pantalones y calzoncillos delante de ellas, e intentaba violarlas.
De acuerdo con la denuncia, en una ocasión Gustavo Ferral, junto con otro trabajador, encerró a una de ellas hostigándola para que tuviera relaciones sexuales con él, ante lo cual la empleada se negó, y ante la advertencia de la joven de que gritaría auxilio, la dejaron salir.
INTENTOS DE SOBORNO
Las empleadas narraron que Juan Silva Villanueva, al enterarse de los hechos, no sólo los ignoró, sino que llegó a ofrecerles trabajo y dinero para que guardaran silencio y retiraran la demanda penal, pero ante la negativa de las trabajadoras, el líder les ha impedido la entrada a la sede sindical, mientras que sus familiares que laboran en Pemex también han sido hostigados.
Las denunciantes abundaron que se han infringido las normas sindicales, ya que establecen que un trabajador con una denuncia penal no puede ostentar un cargo en el sindicato.
Es así que –advirtieron– hasta la fecha Gustavo Ferral Sánchez sigue laborando sin sanción alguna, acosando a más mujeres que por temor a perder su empleo y ante la visible complicidad y corrupción en el STPRM en el sur de Tamaulipas, prefieren guardar silencio y soportar el acoso sexual de parte de este sujeto.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas.
16/SDT/RMB
febrero 2016
A un año de su construcción, sigue sin operar Centro de Justicia
Defensoras de mujeres en el Istmo de Tehuantepec exhortaron a la Fiscalía de Justicia del estado de Oaxaca habilitar el Centro de Justicia para las Mujeres que sufren violencia, ante el aumento de casos y la inoperancia de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos por razón de género, que se ubica en Santo Domingo Tehuantepec.
Puntualizaron que no sólo se trata de abrir un espacio para atender a las mujeres víctimas de violencia, sino que se cuente con un modelo idóneo y funcional para atenderlas, es decir que el personal sea especializado y tenga la experiencia necesaria.
En marzo de 2015, el fiscal del estado de Oaxaca, Joaquín Carrillo, colocó la primera piedra de este Centro de Justicia en Juchitán y anunció su apertura para el mes de junio de ese año, sin embargo a la fecha sigue cerrado, por lo que las mujeres exhortaron a que no se convierta en un “elefante blanco” más.
Celia Mendoza Reyes, coordinadora regional de la Fundación Restauración Nacional en el Istmo de Tehuantepec, dijo que han sido testigos de al menos 15 casos que no han podido ser atendidos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer en la región.
“A esas 15 mujeres no las pudieron atender en la fiscalía debido a la falta de médico, solo hay una psicóloga que no se da abasto con las denuncias, además de la lentitud con que llevan los casos; es triste saber que la violencia aumenta y el feminicidio también; van 500 casos en todo Oaxaca de 2012 a la fecha”, declaró.
Por su parte, Beleguii López Blas, defensora de la organización 8 de Marzo, dijo que la violencia va en aumento, y agregó que en su agrupación atendieron a un total de 2 mil 500 mujeres víctimas de violencia en 2015. Precisó que en el refugio actualmente hay 10 mujeres y al menos 30 niñas y niños.
“En lo que va de 2016, es decir en 55 días, hemos atendido a 50 mujeres víctimas de violencia, lo que va en aumento; por eso consideramos que el Centro de Justicia sería un buen lugar, pero lo más importante es que la gente que ahí labore sea sensible y consciente ante esta problemática en Oaxaca”, sostuvo.
Advirtió que la violencia no se ha detenido, y que al contrario va en aumento, por lo que los Centros de Justicia y fiscalías deben ser funcionales y operativos, además de incluir traductoras de lenguas indígenas para el bien social de las mujeres de Oaxaca.
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Todos los años vemos en marzo la llegada de una primavera aderezada con el desconcertante desfile de imágenes, regalos y atmósferas sonoras donde se proclama el triunfo indiscutible de “la mujer” en el mundo: ¡Feliz 8 de Marzo! Las mujeres ya tienen hasta su día. ¿Qué más quieren? Dales a todas las empleadas una rosa roja y una paleta de corazón. Joder, es el triunfo del matriarcado.
En 1857, un movimiento de mujeres obreras de la industria textil de Nueva York saldría a las calles a denunciar las condiciones laborales violentas a las que se les obligaba.
Años más tarde, en 1908, otra vez las mujeres obreras organizadas se hicieron oír, y aunque aún se debate sobre los hechos exactos ocurridos el 8 de marzo de 1908, se reconoce la muerte de 129 trabajadoras en el incendio de la textilera Cotton (probablemente inducido por el dueño de la fábrica), donde estaban resguardadas después de ser reprimidas brutalmente por la policía.
En 1910, como parte de los acuerdos del Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Dinamarca, y gracias a la propuesta de Clara Zetkin, se estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Es decir que no, queridos detractores del 8 de Marzo, no es cierto que las mujeres “tenemos” un día, como si la institucionalización de una fecha conmemorativa nos otorgara la posibilidad de poseer el tiempo.
No es cierto que esta conmemoración sea una muestra de la “superioridad femenina” que tanto alegan, como si por un día conmemorativo del despojo y de la violencia se pudiese desmontar toda una estructura armada con instituciones que la legitiman.
No es cierto que exista el matriarcado aunque usted, machista de la alta modernidad, le tenga mucho miedo a su mamá o a su abuela, y sobre todo sépalo desde ya: no es cierto que los hombres sufran violencia de género porque no se les conmemora a ellos el 8 de Marzo.
Lo que sí nos recuerda esta fecha es el empuje de las mujeres trabajadoras en los derechos laborales, que lograron reivindicaciones que durante décadas han beneficiado a un extenso grupo de personas.
Ha sido gracias a estas coyunturas y, sobre todo, a las luchas que se han dado desde diversos lugares en nuestra América, que muchas personas podemos acceder aún a ciertos derechos laborales (sí, también ha beneficiado a los hombres y sí, también a la gente que cree que es de clase media y que trabaja en puestos gerenciales en oficinas bonitas).
Claro que estos logros no aplican para toda la población, y eso se puede notar en todas las formas de esclavitud de la alta modernidad de las cuales México es crisol. Violencias imbricadas, sectores avasallados por una intersección de opresiones de clase, raza y género, lugares que el proyecto eurocéntrico de modernidad nunca supo alcanzar si no era para explotarlos.
Entendiendo que no abordaremos todas las tramas y urdimbres de este complejo telar, reduciré mi columna de esta semana a señalar algo muy sencillo, que seguramente usted ya tiene claro en su cotidianidad: a pesar de que el 8 de Marzo nos recuerda el trabajo de millones de mujeres por superar los condicionamientos sociales de desventaja y opresión, los logros cristalizados, las violencias normalizadas y los despojos aún vigentes, no hay todavía una idea clara sobre lo que implica la conmemoración de un 8 de Marzo obrero, feminista y transformador.
Lo que tenemos a la mano es, por el contrario, una evasiva de nuestros derechos, una luna de miel al estilo de los maridos golpeadores, pero esta vez en las calles, en las oficinas, en las escuelas, en los medios masivos de comunicación y vaya, hasta en algunos institutos de las Mujeres que generan y alimentan esa proclama caprichosa y sexista de “feminazi stole my ice cream”.
Y es que si bien el backlash antifeminista ha estado presente como reacción constante a la vocación liberadora de los feminismos, en el presente las redes sociales nos han ayudado a documentar una serie de violencias que enfrentan las feministas por el hecho de serlo.
La misoginia combinada con represión, justo como en las luchas obreras señaladas anteriormente, nos recuerda todo lo que falta por construir, los espacios que aún debemos recuperar, y la seguridad y cuidado colectivos que aún nos quedan por procurarnos entre mujeres.
La ola antifeminista, como respuesta a los movimientos profundos de carácter práctico y estratégico que han provocado millones de mujeres en el mundo, nos recuerda todo el trabajo que tenemos por delante, todos los despojos que aún intentan vulnerarnos.
La reaccionaria actitud del entorno ante los derechos alcanzados nos recuerda también que estamos haciendo que la estructura patriarcal se incomode desde hace siglos.
Así, vemos el backlash primaveral en las reacciones de los altos funcionarios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) denunciados por las trabajadoras por acoso sexual y laboral.
En un grupo de personajes que laboran como funcionarios compartiendo fotos de defensoras de los DH honestas y trabajadoras como Dianne Padilla, acusándolas de “enseñar demasiado” en sus fotos, después de que ella desenmascaró una serie de violencias laborales e institucionales en Chiapas.
Es la dinámica de la policía de género, ejercida por los trabajadores de un edificio cuando violentan los derechos de las compañeras trans, impidiéndoles el uso de los sanitarios de mujeres.
Es el compañero del salón de clases haciendo bromas de mal gusto sobre la identidad de género de otras personas. Es, como explica la defensora de DH Jessica Marjane Durán Franco, una CDMX con leyes impecables, pero que no logra resolver la violencia de género en el tejido social.
Vivir este backlash primaveral es saber que mientras el feminicidio se establece como norma abusiva de convivencia, mujeres como la maestra Sandra Aurora González Sánchez de la Unicach tienen que defender su puesto de trabajo de represalias inverosímiles en pleno 2016.
Que mientras se declara que seis mujeres fueron asesinadas por su condición de género estando embarazadas, casi todas las compañeras que se posicionan en contra del feminicidio tienen en sus bandejas de correo electrónico amenazas de muerte y violación.
Es saber que mientras denunciamos con la cara apretada de dolor que no queremos perder a una sola de nuestras hermanas, aparecen cientos de mensajes en las redes sociales con hashtag como #LegalicenLaViolacion y #ViolaUnaLesbiana.
Backlash primaveral es esta estructura, acostumbrada a hacernos objetos, rascándose incómoda porque decidimos decir basta.
Así que no, de ninguna manera aceptaremos una dinámica en la que el patriarcado encuentra su fase de luna de miel en el ciclo de la violencia cada 8 de Marzo, llenándonos de rosas rojas, pero negándonos los derechos.
Vamos a seguir resistiendo, trabajando, como nos enseñaron las ancestras que hilaron fino todos los días y nos heredaron enseñanzas en el hacer cotidiano.
El backlash primaveral es catarsis coyuntural, pero los feminismos nos enseñan que la constancia, el cuidado colectivo, el amor rabioso y la transformación son tareas cotidianas y persistentes, y el 8 de Marzo no es para nosotras una coyuntura, sino un recordatorio de todo lo que aún tenemos por defender y construir.
*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
16/CHJ/RMB
25 estados, incluida la CDMX, aún con leyes que permiten el matrimonio infantil
Veinticinco estados del país, entre ellos la Ciudad de México, siguen sin modificar sus códigos civiles y sus leyes de infancia locales para impedir el matrimonio infantil.
Esto, pese a que detener el matrimonio infantil es un mandato federal desde 2014 y una exigencia constante de las organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres. Y a pesar también de que el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes puso como fecha límite el 30 de abril de 2016 para adecuar sus legislaciones locales a los estatutos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, aún tienen reglamentos que permiten matrimonios entre personas menores de 18 años de edad.
Estas entidades han incumplido el mandato específico, contenido en el Artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014, tras varias revisiones, para reformar sus normas civiles y otras disposiciones relacionadas.
De acuerdo con ONU Mujeres, en México una de cada 5 mujeres mexicanas entra en unión conyugal antes de los 18 años de edad. Explica el organismo internacional que el matrimonio infantil está fundado en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida.
Pocos avances contra el matrimonio infantil
Si bien la gran mayoría de las entidades ya publicaron una ley de infancia local, sólo seis estipularon en sus códigos civiles sin excepciones los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio, lo que podría impedir que niñas y adolescentes sean obligadas a unirse contra su voluntad o con personas adultas, e interrumpan sus estudios y desarrollo personal por una unión temprana.
El gobierno federal, por su parte, inició en diciembre de 2015 la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.
Y el pasado 18 de febrero de 2016, senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron un punto de acuerdo en el que llaman a las entidades faltantes a reformar sus códigos civiles para y demás disposiciones aplicables y erradicar el matrimonio infantil.
Estados permisivos
En Chiapas, por ejemplo, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se unieron antes de cumplir 15 y 18 años de edad es de 30.5 por ciento, uno de los más altos del país. La situación es peor para las mujeres indígenas de ese estado, de quienes 38 por ciento se unieron antes de cumplir la mayoría de edad.
Pese a este panorama, la ley de infancia chiapaneca –ya supuestamente homologada con la nacional- estableció que la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años, pero salvo en los casos en los que interceda una autoridad judicial.
Y su código civil establece que “para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años” y que según los casos, los jueces podrán conceder dispensa por causas “graves y justificadas”.
En el caso de Aguascalientes su ley local de infancia establece que cuando se modifique el código civil –que todavía permite las uniones de personas de edad con su consentimiento- se escriba supuestos o excepciones.
El Código Civil de la Ciudad de México también establece como considerando para el matrimonio entre personas menores de edad que ambos consientan la unión por escrito, a pesar de que su ley de infancia sí prohíbe las uniones de personas menores de 18 años de edad.
Otras entidades, como Jalisco, Michoacán y Morelos, incluso omitieron homologar en su ley de infancia el artículo que prohíbe el matrimonio infantil, por lo que no existe ningún mandato estatal para reformar próximamente sus códigos civiles que actualmente permiten el matrimonio de niñas, niños y adolescentes.
16/AJSE/GGQ
Defensoras binnizá enfrentan campaña de criminalización, advierten OSC y pueblos indios
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la seguridad e integridad de Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo, defensoras del pueblo binnizá, en Oaxaca, quienes enfrentan una campaña de criminalización, junto con otros defensores del Istmo de Tehuantepec, por proteger su derecho a la tierra y oponerse a proyectos nocivos para sus comunidades.
Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la Tierra y el Territorio, entre ellos binnizá e ikoots, señala que Oaxaca es la entidad donde se registra el mayor número de defensoras agredidas y que la campaña de criminalización y persecución contra las y los defensores ambientales del Istmo de Tehuantepec se agudizó a partir de la suspensión de los permisos administrativos para el proyecto Eólica en el sur de Juchitán.
En un comunicado, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, el Pueblo Indígena Binnizá del Istmo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, señalan que 38 por ciento de las defensoras agredidas desde 2014 defienden el derecho a la tierra y 46 por ciento viven en zonas rurales,
Carmen, Isabel y Sara, en riesgo
Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo se oponen a las empresas ejecutoras de los 24 parques eólicos existentes en la región, que prometen desarrollo, empleo, mejores tarifas de energía eléctrica y obras de infraestructura social, sin que esto se traduzca en realidades.
Señalan que solo el uno por ciento de los recursos de inversión se queda en México para el pago de rentas y no representan beneficios para la población, pero sí para los posesionarios de las tierras y sindicatos de constructores.
En respuesta, mediante la campaña de difamación emprendida contra las defensoras y los opositores a estos proyectos se califica a la población en general y a las y los principales voceros de las organizaciones como “extorsionadores profesionales” y “culpables del rezago económico que vive la región”.
Y entre las agresiones que se cometen contra ellas y ellos están la vigilancia en sus centros de trabajo, las calumnias, insultos fuera de su domicilio, destrucción de parabrisas de sus automóviles y amenazas.
Las organizaciones y pueblos que denuncian el linchamiento mediático aclaran que no se oponen al desarrollo ni al progreso, pero exigen que se respete su autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Hacen también un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que se apliquen medidas que garanticen la integridad, seguridad y libre ejercicio de la defensoría de los Derechos Humanos; se investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra los pueblos.
16/ZSG/GGQ
ONG denuncian agresión a defensora chiapaneca Mercedes Osuna
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El Consejo Ciudadano de San Cristóbal de las Casas y organizaciones integrantes de la Campaña permanente contra la violencia y el feminicidio en Chiapas denunciaron que el pasado 16 de febrero fue agredida la activista y defensora de los Derechos Humanos, Mercedes Osuna.
En un comunicado, las organizaciones indicaron que Osuna, integrante del Consejo y quien por varios años estuvo en el círculo de seguridad civil del Subcomandante Galeano del EZLN, fue agredida en la tienda de artesanías “El Encuentro” alrededor de las 16:00 horas por Ricardo Padilla Castillo, director de Veritas Medios Global, quién le gritó, la jaló del cabello y le dio diversos golpes.
Las organizaciones exigieron castigo para el agresor e hicieron un llamado a la sociedad para denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Por temor a bombardeos a hospitales sirios, mujeres prefieren parir en casa
Siria.- Las organizaciones Humans Right Watch, Amnistía Internacional (AI) y Médicos Sin Fronteras (MSF) pidieron detener los ataques deliberados en contra hospitales por parte del ejército ruso-sirio, ya que desde el pasado 26 de enero han bombardeado los centros de salud, pese a que las partes en conflicto saben que estos ataques constituyen crímenes de guerra.
Según MSF, desde que los ataques a hospitales se han incrementado, las mujeres embarazadas prefieren parir en sus hogares e incluso en condiciones precarias, por temor a los ataques contra hospitales. Los últimos centros de salud atacados fueron el Hospital de Maarat y un hospital materno infantil en Azaz, ubicado al norte de Siria y bombardeado por fuerzas gubernamentales sirias, lo que causó la muerte de dos civiles.
Humans Right Watch, que realiza el seguimiento de los ataques contra profesionales de la salud e infraestructuras médicas en el conflicto en Siria, ya documentó 336 ataques contra los centros de salud, que han dejado 697 personas muertas.
En Perú, 90 por ciento de casos de trata de personas corresponden a mujeres
Lima, Perú.- De enero a la fecha, en Perú 90 por ciento de los casos de trata de personas registrados por la Dirección de Investigación de Trata de Personas (Dinitrap) y la Fiscalía Especializada, corresponden a mujeres y 60 por ciento a menores de edad.
En lo que va de 2016, Dinitrap rescató a una decena de menores de edad, víctimas de explotación sexual y laboral.
Apenas la semana pasada, rescataron a dos mujeres de 15 y 16 años, víctimas de explotación sexual con fines comerciales, en los locales nocturnos en Huachipa y San Juan de Lurigacho.
En 2015, el Ministerio Público de la Dinitrap reportó que la mayoría de las personas víctimas de explotación sexual y pornografía que fueron rescatadas son mujeres.
Y entre 2014 y 2015, se logró rescatar a 900 menores de edad, aunque el Ministerio recalca que el número de víctimas es incalculable.
Pintarán mantas en Colima por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa
Colima, México.- Integrantes del Movimiento Colima de Ayotzinapa convocó para mañana viernes 26 de febrero a una jornada de pinta de mantas, al cumplirse 17 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero.
La actividad se realizará en el Jardín Libertad, en el Zócalo de la ciudad de Colima, a las 18:00 horas, con el fin de reiterar la exigencia de la aparición con vida de los normalistas, que se conozca la verdad del caso, se haga justicia y no se repita otra situación de este tipo. (Con información de Diario Avanzada).
16/PMGyGMV/GGQ
En 2015, 650 casos de explotación sexual de mujeres en España
El Informe “Balance 2015 de prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España”, emitido por el Ministerio del Interior, revela que en el año 2015 detectaron 133 mujeres víctimas de trata sexual, en su mayoría rumanas, españolas y nigerianas, mientras que la cifra de las que fueron víctimas de explotación sexual es alarmante: 650 mujeres fueron explotadas sexualmente.
Los perfiles predominantes de las víctimas de trata por explotación sexual son mujeres de nacionalidad rumana, seguidas de españolas y nigerianas, de edades comprendidas entre 28 y 32 años y situación de estancia regular en el país.
El informe, que forma parte del plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, señala que en 2015 hubo 152 detenciones por trata sexual y 319 por explotación sexual. En el caso de la trata, la mayoría de los detenidos son de nacionalidad rumana, española y nigeriana, mientras los detenidos por explotación sexual de mujeres proceden principalmente de España y Rumania.
Se ha detectado que los clubes de alterne son los lugares donde las mujeres tienen mayor riesgo de ser víctimas. Así lo han revelado 74 por ciento de las inspecciones realizadas en 2015. Según las más de 3 mil inspecciones administrativas llevadas a cabo, 13 mil 879 mujeres correr el riesgo de ser víctimas de esos delitos.
Trata y explotación laboral
Los datos del Informe también reflejan la trata y explotación en el ámbito laboral. En cuanto a la explotación, de acuerdo con las inspecciones, el sector agrícola ocupa el 28 por ciento del total de las personas identificadas. En los casos por trata con personas, se detectaron 134 personas afectadas y un total de 676 personas víctimas de la explotación laboral.
Las mujeres víctimas de la explotación laboral tienden a ser más jóvenes, con edades entre los 23 y 27 años, la mayoría procedentes de Rumanía. Y en el caso de los hombres, su edad oscila entre los 38 y 42 años y proceden mayormente de Portugal.
En 2015 hubo un total de 79 detenidos por practicar la trata de personas con fines de explotación laboral, y 267 arrestados por llevarla a cabo.
En el ámbito legislativo, los datos obtenidos reflejan posibles aspectos para una futura reforma del Código Penal y sirven para reforzar el Estatuto de la víctima e implantar otras reformas legales que permitan erradicar la trata y explotación de seres humanos.
16/RED/GGQ
En Quito, exposición sobre las sujeciones del cuerpo y la violencia contra mujeres
La Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, capital ecuatoriana, es sede hasta el próximo 10 de marzo de la exposición “Cuando las otras somos todas. Violencias contra las mujeres, luchas y resilencias”, que reúne diversas manifestaciones para visibilizar diferentes formas de discriminación machista.
Esta muestra, la primera de ese tipo que se realiza en una institución académica, presenta más de 40 obras de artistas nacionales e internacionales, de acuerdo con la página web de Wambra radio.
Perfomance, teatro, danza, fotografía, pintura, instalación y literatura, entre otras, destacan como manifestaciones presentes en la expo, pensada como espacio de intercambio para denotar las formas discriminatorias en que se asume muchas veces las sexualidades diversas y la cotidianidad de las mujeres.
Un ejemplo de las obras son los tres cuadros de Ñusta Juliana Vega, artista cuencana, titulados “Archiveros de abuso”, dedicados al tema del feminicidio y titulados así porque, según su autora, el desconocimiento de las leyes provoca que muchos de estos casos queden archivados, de acuerdo con una entrevista publicada en el diario El Mercurio.
Según la página web de la Andina, la muestra es organizada por el Colectivo Guerrilla Clitoriana, conformada por cursantes de la Maestría en Estudios de la Cultura con mención en Género y Artes Visuales de esta institución.
En la sala José Joaquín Olmedo, del mencionado centro de estudios, se reúnen además piezas de Esperanza Maldonado, Alex Schlenker, Isadora Parra, Inés Castro, Carolina Bertheau, Vale Chávez, María Mercedes Barahona, Angélica Torres y Fernando Ortiz entre otros.
Destacan también las propuestas de los colectivos Géneros Diversos, Palaminga, Plataforma Justicia para Vanessa, y Colectivo C.H.O.L.O.
La convocatoria para participar en esta muestra se realizó mediante redes sociales, como alternativa para llegar a las más diversas propuestas artísticas y no limitar de ninguna forma su inclusión en esta propuesta.
“Cuando las otras somos todas. Violencias contra las mujeres, luchas y resilencias” es una puerta abierta a un arte diverso, pero también una denuncia a las sujeciones del cuerpo, las subjetividades y las formas de violencia que viven las mujeres a diario, no solo en Ecuador.
16/KE/GGQ
Demandan Alerta de Violencia de Género para Oaxaca
Ante el aumento de la violencia contra las mujeres, que se traduce en 20 casos de feminicidio en lo que va del año, integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad demandaron a los gobiernos estatal y federal que se decrete la Alerta de Violencia de Género para Oaxaca, con el fin de que se focalicen acciones y recursos públicos para contener esta situación.
En el marco del Día Naranja, Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio Oaxaca, señaló que la cifra de feminicidio no sólo se ha duplicado en relación con el año pasado, cuando se registraron ocho casos de mujeres asesinadas, sino que la violencia se ha exacerbado.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado.
“Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley de Acceso)”.
Gran parte de las mujeres asesinadas en lo que va del año fueron atacadas con arma de fuego, como en el caso más reciente, el de una mujer comerciante, de 38 años, quien este miércoles fue baleada en la región de la Costa.
El análisis realizado por Consorcio Oaxaca “nos da la idea de que hay una violencia sistemática contra las mujeres y las niñas que no se ha podido parar y esta es una señal clara de la necesidad de instaurar la Alerta de Género que prevé la ley”, expresó Hernández Cárdenas.
La solicitud fue dada a conocer durante el Día Naranja, una acción para fomentar la toma de consciencia sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, la cual se realiza el 25 de cada mes.
El recuento realizado por las organizaciones de la sociedad civil documenta 445 casos de feminicidio en el actual sexenio, mientras que las cifras oficiales contabilizan 560.
16/CLV/GGQ
Reforma a Constitución de Veracruz puede usarse para criminalizar ILE
La modificación al Artículo 4 de la Constitución, con el fin de defender la vida desde el momento de la concepción, puede provocar que se criminalice a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, advirtió el integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Daniel Zapico.
En reunión con diputados locales, Zapico –quien estuvo acompañado por Tom Haeck, visitador de Derechos Humanos de Naciones Unidas- consideró que ante estos cambios es necesario que las autoridades favorezcan un ambiente en el que se garanticen los derechos humanos tanto de hombres como mujeres.
“Es importante que el compromiso de las autoridades, en este caso del estado de Veracruz, sea crear un ambiente en el cual todas las mujeres puedan tener acceso a sus derechos, y vemos que esta reforma, lejos de contribuir a eso, contribuye a lo contrario y es una reforma que podríamos entender que es “regresiva”, dijo Daniel Zapico.
La diputada Mónica Robles Barajas, acompañada de los diputados Eduardo Robles, Marco del Ángel y Francisco Garduza, hizo énfasis en la importancia de priorizar los derechos de las mujeres antes que los del embrión. Y esto implica brindar todos los servicios médicos competentes a la mujer embarazada, lo cual no ocurre en la entidad ni en el país.
Proteger al embrión, dijo, no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre una maternidad libre y voluntaria”. Además, “proteger el embrión significa asegurar que una mujer embarazada tendrá atención en el sistema de salud adecuada, una alimentación adecuada”
Tras escuchar las opiniones de las y los legisladores, Tom Haeck y Daniel Zapico les manifestaron su disposición para brindarles información y aclararles cualquier duda sobre el tema, con respeto siempre a la autonomía del Congreso del estado.
16/IO/GGQ