La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) publicó su informe “La presencia de las mujeres en el sector cinematográfico”, correspondiente a 2015.
Entre sus conclusiones destaca que la reproducción de los roles de género en el cine ha crecido en los recientes 10 años: hay 7 por ciento más de trabajadoras en vestuario, maquillaje y peluquería (82 por ciento), y se ha elevado en 11 puntos porcentuales el número de empleados en sonido y efectos especiales (92 por ciento).
En cuanto a la llamada “segregación vertical”, el estudio demuestra el difícil acceso para las mujeres a los grupos directivos.
El trabajo, realizado por la especialista Sara Cuenca, se presentó en la tercera edición del CIMA Mentoring. Con base en sus resultados, es absolutamente necesario hablar sobre la representatividad de las mujeres en el mundo del cine, ya que la estructura laboral que lo conforma está ampliamente masculinizada.
La investigación busca conocer con exactitud el papel que ocupan las mujeres en la industria cinematográfica a través de los siguientes parámetros: analizar la representatividad femenina en los puestos de mayor responsabilidad, y el reconocimiento público a los trabajos en los que ellas han ocupado los cargos de directora y/o guionista.
La muestra del estudio son 143 largometrajes, por lo que no es un análisis sobre todas las películas estrenadas en el año, pero sí sobre la mayoría de ellas.
En las producciones participaron mil 876 personas, encabezando las especialidades de mayor responsabilidad, de las cuales 493 son mujeres y mil 383 son hombres. Es decir, ellas representan 26 por ciento de los puestos más importantes, frente a 74 por ciento que ocupan los hombres.
Los cargos con mayor feminización son maquillaje y peluquería, y diseño de vestuario, alcanzando 75 y 92 por ciento, respectivamente.
El resto de porcentajes los encontraríamos por debajo de la mitad, lo que muestra que sólo dos de las 12 categorías superan esa marca porcentual.
Con una media de 44 por ciento de mujeres está el puesto de dirección artística, y con 43 por ciento el de dirección de producción. Al descender los porcentajes encontramos los puestos de montaje (25 por ciento); producción y producción ejecutiva (24 por ciento); dirección (19 por ciento); guión (12 por ciento), o efectos especiales (11 por ciento).
En el caso de la animación, se analizaron cinco películas. La presencia de las mujeres en este género es reducida, pese a que el número de largometrajes de animación también lo sea. Los resultados develan que en este género la presencia femenina es de 8 por ciento respecto del total; es decir, sólo seis de los 72 cargos destinados a la elaboración de películas de animación fueron ocupados por mujeres.
En definitiva, ellas se ven afectadas tanto por la segregación laboral “horizontal” como “vertical”. La “segregación vertical” se refleja en la dificultad de acceso a los grupos directivos. La “segregación horizontal” se manifiesta de manera acentuada en la alta representatividad de las mujeres en los cargos relativos a maquillaje, peluquería y diseño de vestuario, mientras que ellos tienen los cargos técnicos, como sonido o efectos especiales.
Por otra parte y pese a que el porcentaje de representatividad de las mujeres es significativamente menor al de los hombres en las categorías de dirección y guión, el reconocimiento a los trabajos dirigidos y escritos por las mujeres es porcentualmente algo más elevado que el reconocimiento atribuido a los hombres en las mismas categorías.
Como explica la autora del estudio, “sólo cabe continuar y desarrollar medidas que apoyen los valores de igualdad entre los sexos, como el acceso de las mujeres a la diversidad de funciones necesarias en la creación fílmica en su más alta categoría”.
Las medidas, acciones y cambios que acontezcan en la estructura laboral del ámbito cultural adquieren especial importancia por ser este sector un agente activo de transmisión cultural. Si la estructura en la que se sustenta el mundo del cine es ampliamente masculinizada, podría pasar que se perpetúen valores que no ayudan a terminar con el sexismo y la visión androcéntrica.
Por una parte, no se recogen ni atienden necesidades y el discurso de más de la mitad de la población; por otro, no favorece el cambio de valores ni pautas culturales.
Es por ello que CIMA trabaja por cambios a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Igualdad de oportunidades centradas en favorecer el acceso de las mujeres profesionales del mundo del cine y el audiovisual a puestos directivos y de responsabilidad.
CIMA pone especial énfasis en que haya más personajes femeninos protagonistas en los productos audiovisuales, y defiende que éstas representen modelos de mujeres activas, responsables y cuya actuación no quede supeditada al papel de los hombres protagonistas, así como la no complacencia ante la violencia machista.
16/RED/RMB
marzo 2016
Hace un mes la Secretaría de Gobernación decidió “acelerar los cambios hacia la igualdad” y “desmontar aquellas prácticas que nos alejan de la igualdad”. Los compromisos asumidos no son cualquier cosa y no pueden quedarse sólo en palabras; las acciones contundentes tienen que sellar lo firmado el pasado 22 de febrero y la justicia para Dafne Fernández es una gran oportunidad.
Pisar el acelerador es más que necesario, sobre todo cuando desde hace una década contamos con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que busca precisamente acelerar los cambios hacia la igualdad. ¿Cómo? Marcando los lineamientos y mecanismos institucionales para lograr la igualdad sustantiva en lo público y lo privado.
Una de las acciones, que mandata la ley, es “adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Lograr la igualdad implica garantizar a las mujeres violentadas protección y justicia, no dejar ni un resquicio por el cual los agresores gocen de impunidad.
Es la oportunidad para demostrar que las palabras no se las lleva el viento y que lo firmado en febrero realmente es una acción de gobierno y de Estado, que no se queda en las paredes de Bucareli, sino que llegan hasta Veracruz, por ejemplo.
El caso de Dafne Fernández es la oportunidad de mostrar que ese acelerador inicia ya, y que los violadores de la joven reciben el castigo que marca la ley. Es garantizarle a ella y su familia un acceso a la justicia digno, sin revictimización.
Es necesario ser intolerante hacia la impunidad, sobre todo cuando la evidencia de la mala aplicación de la justicia es brutal. Veracruz, por desgracia, es el ejemplo de la mala aplicación de la justicia, de la impunidad y la colusión de autoridades con la delincuencia.
Dafne escribió en Facebook que había tocado fondo, que había decidido romper el silencio para defenderse ante los ataques sexistas que ha recibido, culpabilizándola por lo ocurrido.
No hay medios pasos en éste ni en ningún caso de violencia contra las mujeres, la acción debe darse y remover, si es necesario, a todo funcionario que obstaculice la justicia para Dafne. A las víctimas no se les responsabiliza, se les protege.
Eliminar toda justificación de la violencia contra las mujeres es necesario para que el acelerador anunciado funcione.
Eliminar la tolerancia ante la violencia contra las mujeres debe abarcar los videos musicales que promueven, justifican y hacen apología de la violencia contra las mujeres, especialmente la música grupera. El ejemplo salta a la vista con el video de la canción “Fuiste mía”, de Gerardo Ortiz.
La autoridad responsable de aplicar la ley no puede conformarse con la condena social, ésa la realizamos la sociedad civil. La autoridad está obligada a sancionar cuando sea necesario, aplicar la ley y demostrar que las declaraciones hechas son respaldadas por un actuar coherente con lo dicho.
Construir la igualdad de género no debe quedar reducido a declaraciones ni la difusión en Twitter. Sin lugar a dudas implica la forma de pensar, de comunicar y sobre todo, para la autoridad, de actuar. Si no se actúa desde todas las instancias de gobierno, se corroborará que lo firmado y declarado el 22 de febrero son palabras que se las llevó el viento.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
16/LLH/RMB
“Escenario financiero” niega prestaciones a empleadas del hogar
En cinco años, el gobierno no ha conseguido que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incorpore, con acceso a todas las prestaciones de salud y económicas, a los 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar que laboran en el país (90 por ciento mujeres).
Este paso, que necesita una reforma a la Ley de Seguridad Social, agilizaría la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “congelado” en México pues aún no se garantiza trabajo digno con seguridad social para las empleadas de esta labor, quienes este miércoles 30 de marzo conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Desde 1997, con la reforma a la Ley de Seguridad Social, las autoridades determinaron que las trabajadoras del hogar se pueden incorporar voluntariamente al IMSS, al igual que las trabajadoras no asalariadas.
No obstante, esa modalidad es limitada porque, aunque les garantiza servicios básicos de salud, les niega el acceso a prestaciones económicas como vacaciones, aguinaldos y algunas licencias, y no es eficaz para lograr que todo el personal del hogar se afilie, ya que México ahora es uno de los países con la cobertura de protección social más baja para este gremio en el mundo, según datos de la OIT.
Al respecto, el director de Fomento de la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Rodrigo Alonso Cárdenas Gómez, explicó a Cimacnoticias que la Ley de Seguridad Social todavía prevé ese régimen de afiliación para las trabajadoras del hogar porque el IMSS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) todavía no crean el “escenario financiero”, que permita incorporar a la seguridad social a 2.3 millones de empleadas y empleados dedicados a esta labor.
Sin precisar montos, el funcionario observó que los obstáculos para que todas las trabajadoras tengan seguridad social son “económicos” por la “crisis” que atraviesa el IMSS, y por los gastos que generaría esta afiliación para las y los empleadores, un reto que se analiza en México al menos desde 2011, cuando la OIT aprobó el Convenio 189, que garantiza un trabajo digno y en igualdad de condiciones para las trabajadoras del hogar.
Cárdenas Gómez aseguró que la STyPS preparó en 2015 una “hoja de ruta” para la ratificación del Convenio 189, en la que se recomiendan reformas legales, entre ellas a las leyes Federal del Trabajo y de Seguridad Social, para que la incorporación de las trabajadoras del hogar al IMSS sea obligatoria y no voluntaria.
Sin embargo, hasta ahora no hay fecha para la ratificación del Convenio ni para ninguna de las reformas planteadas, principalmente por la falta de un “esquema financiero sostenible” que tienen que desarrollar la STyPS, el IMSS y la SHCP, aseguró el funcionario.
Cárdenas reconoció que a través del régimen voluntario son muy pocas las trabajadoras del hogar que actualmente acceden a la seguridad social, pues tan sólo abarca 2.2 por ciento de las mujeres que laboran en hogares a diario en todo el país.
Esto es así a pesar de que el diagnóstico “Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas”, elaborado en 2015 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría de Gobernación, demuestra que 72 por ciento de estas trabajadoras estarían dispuestas a aportar parte de su sueldo con tal de tener seguridad social.
Cárdenas explicó que la incorporación obligatoria de las trabajadoras no ha sido posible, a pesar de que el gobierno está haciendo “mucho” para ello, y una prueba –sostuvo– son los foros anuales sobre los derechos de este gremio.
Otro botón de muestra, agregó, son las múltiples reuniones entre autoridades del IMSS y la SHCP con empresarios –aún no con las trabajadoras–, para planear un esquema financiero y permitir la incorporación obligatoria de las trabajadoras al Seguro Social.
NULA COBERTURA CON RÉGIMEN VOLUNTARIO
El informe “Protección social del trabajo doméstico. Tendencias y Estadísticas”, de la OIT, publicado este mes de marzo, señala que México es uno de los países con la cobertura efectiva de seguridad social para estas trabajadoras más baja en el mundo, superado incluso por El Salvador, otra nación con régimen voluntario.
De acuerdo con la OIT, la modalidad de incorporación voluntaria, utilizado sobre todo por países centroamericanos y asiáticos, donde las condiciones laborales de este personal son muy precarias, resulta ineficaz para extender la protección social, ya que “recarga en la trabajadora la difícil tarea de convencer al empleador para inscribirse en el Seguro Social”.
El mecanismo internacional recordó que la seguridad social es un derecho que todas y todos los trabajadores deberían tener, y que los regímenes que establecen condiciones de acceso diferenciadas para las empleadas del hogar incurren en exclusión.
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16/AJSE/RMB
Con su tableta en la mano, siempre revisando correos, redes sociales, leyendo comentarios, escribiendo textos, a sus 73 años de edad la dominicana Magaly Pineda Tejada se interconectaba con el mundo sembrando las ideas feministas, convencida de que la igualdad de género no era un tema del pasado ni escapaba de los avances tecnológicos.
Su lucha en República Dominicana y América Latina y el Caribe trascendió desde antes de su muerte, acaecida hoy 29 de marzo, apenas una semana después de su cumpleaños.
En sus travesías por la región, la feminista visitó varias veces México. En 2015 estuvo en dos ocasiones: en agosto para participar en la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información (conocida como e-LAC), y en octubre para asistir a la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
A pesar de vivir con cáncer, en sus giras era una joven sonriente y aventurera que gustaba de relacionarse con las generaciones interesadas en sumergirse en el feminismo y, es que aun siendo una veterana del movimiento, en cada encuentro se le veía atenta a escuchar las dudas y propuestas de las jóvenes, y prestar atención a las ideas de los hombres.
En aquella reunión de e-LAC, en agosto pasado, en la que se planteaba una agenda digital hacia 2018, de manera previa Pineda Tejada se reunió con feministas incipientes en el uso de la tecnología comunicacional, y con expertas sin mayor conocimiento sobre igualdad.
Con ambos grupos trabajó y a los dos incitó a dialogar entre ellas y a interactuar con los varones y los líderes de la tecnología.
Acostumbrada a trabajar desde varios frentes, el año pasado restaba atención a los acuerdos de cooperación regional en materia digital, y al mismo tiempo estaba conectada y con su tableta seguía las discusiones de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se acordarían con miras a su cumplimiento en 2030.
Ningún tema le era ajeno: igual conversaba sobre los clubes de matemáticas para niñas que implementó en el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF) –a fin de estimular que más mujeres entraran al mundo de la tecnología–, que de la política de su país o de fenómenos como la migración haitiana a Dominicana.
Mujer del nuevo siglo fogueada en las luchas sociales y en el exilio en Puerto Rico, también fue precursora de los encuentros feministas regionales que han marcado agenda por los derechos de las mujeres.
En 1981, Magaly Pineda llegó a Bogotá, Colombia, para crear un espacio autónomo de las mujeres: el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe.
Ese año, ella tomó la palabra ante las asistentes y se convirtió en la portavoz de las dominicanas que propusieron que cada día 25 de noviembre se tomaran acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, en memoria del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, perpetrado por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.
Aquella protesta y reivindicación de las mujeres sería retomada en 1999 por la ONU, y proclamada oficialmente como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Ser maestra franca y coloquial, hizo que en octubre de 2015 en México –en medio de las discusiones de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo– las mujeres se dieran espacio para rendirle un homenaje por su trayectoria militante feminista, de izquierda y de resistencia.
Aun con este reconocimiento de sus compañeras de lucha e incluso de organismos internacionales, en una charla con Cimacnoticias Magaly Pineda recordaba cómo la gente la veía plantarse en cada foro y hacía expresión de enfado por sus insistentes discursos a favor de la igualdad de género.
Esa tenacidad la convirtió en una de las precursoras del feminismo latinoamericano, y en impulsora de demandas como el derecho al aborto y a una vida sin violencia. En décadas recientes, Pineda Tejada recorrió el mundo asegurando que las mujeres no podían quedar fuera de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación.
La pasión por esta nueva veta de conocimiento la convirtió en pocos años en una experta de la sociedad de la información, creyente de la gobernanza e internet, y en una de las ciberactivistas empeñadas en cerrar la brecha digital de género para que más mujeres conocieran la tecnología, se apropiaran y beneficiaran de ella.
Su esfuerzo mereció que CIPAF, organización que fundó en 1980, fuera reconocida en 2014 con el Premio para la Igualdad de Género y Tecnología, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ONU-Mujeres.
Líder feminista, socióloga, profesora e investigadora, centró sus últimos trabajos en el tema de mujeres y ciencia, y la creación del modelo de E-Chicas y clubes Supermática, para que desde edades tempranas niñas y adolescentes se interesaran por la tecnología y fueran las líderes del futuro.
Sus nietos –contó a esta agencia– estaban atentos a las nuevas aplicaciones de los celulares, pero ella siempre sorprendía con alguna novedad tecnológica pues estaba al pendiente de todo lo que presentaban los desarrolladores, como los “google glass” o aplicaciones de ubicación. Hasta se daba el lujo de comprar en e-bay, y es que –decía– ser abuela no le impedía seguir aprendiendo.
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Darán curso sobre escritoras latinoamericanas
Ciudad de México.- Lucía Melgar Palacios, investigadora sobre literatura y estudios de género, y coordinadora para América Latina de la revista feminista digital Con la A, impartirá el curso “Constricción y libertad: escritoras latinoamericanas”, en el Museo Memoria y Tolerancia en esta capital.
El curso se impartirá todos los miércoles de abril próximo, de 12:00 a 14:00 horas. Para más información, escribir a [email protected]
Doctorado Honoris Causa a Alicia Bárcena, titular de Cepal
Santiago, Chile.- La Universidad de La Habana, Cuba, le otorgó a la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Económicas.
Durante la ceremonia, Bárcena dijo que el título honorífico “reconoce el papel de cientos de mujeres y hombres que trabajan cada día por el desarrollo en derechos, justicia e igualdad de América Latina y el Caribe desde la Cepal”, organismo que dirige desde 2008.
Invitan a participar en concurso de investigación feminista
Madrid, Esp.- El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza, en España, convocó a estudiantes universitarios de cualquier carrera en el país ibérico a participar en el XIX Premio Siem de Investigación Feminista “Concepción Gimeno de Flaquer”.
El tema de los trabajos de investigación originales e inéditos será libre siempre y cuando sean desde una perspectiva feminista. Las investigaciones se recibirán antes del próximo 30 de septiembre. Más información en http://wzar.unizar.es/siem/premio.html.
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Cuando fracasó el intento de la única mujer que se propuso encabezar la Organización de las Naciones Unidas en 2006, un diplomático asiático ejemplificó la situación con una cita bíblica: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una mujer sea secretaria general de la ONU”.
Pero como bromeó una caricatura del diario New Yorker no relacionada con ese hecho: “Quizá necesitemos agujas más grandes o camellos más pequeños”.
La candidata en cuestión, Vaira Vike-Freiberga, ex presidenta de Letonia (1999-2007), nunca llegó al piso 38 de la secretaría general de la ONU, donde tiene su oficina el jefe del foro mundial.
Sus competidores entonces eran todos hombres: el secretario general adjunto Shashi Tharoor, de la India; el ex canciller de Afganistán, Ashraf Ghani; el embajador de Jordania, el príncipe Zeid Raad al-Hussein; el viceprimer ministro de Tailandia, Surakiart Sathirathai, y el secretario general adjunto Jayantha Dhanapala, de Sri Lanka.
El sexto candidato, el entonces canciller de Corea del Sur, Ban Ki-moon, terminó siendo el elegido para ocupar el cargo de secretario general, que asumió en enero de 2007.
Durante la mayor parte de sus 70 años de existencia, la ONU se ha caracterizado por el predominio masculino, característico de la cultura política. El ambiente parece cambiar, aunque las apariencias suelen resultar engañosas en las cuestiones políticas del foro mundial.
Pero si la actual campaña para que una mujer encabece la secretaría general toma impulso, quizá todavía sea posible que, a fines de este año, la ONU haga historia en un mundo en que la población femenina representa casi la mitad de sus 7 mil millones de habitantes.
Por primera vez en la historia del mecanismo, el presidente de la Asamblea General, de 193 miembros, el danés Mogens Lykketoft, dijo que está comprometido con un “proceso abierto y transparente” en la elección y designación del próximo o próxima secretaria general.
Todos los países miembros recibieron una invitación para enviar sus candidaturas al presidente de la Asamblea General, así como al del Consejo de Seguridad.
En la tercera semana de marzo se habían presentado siete, cuatro hombres y tres mujeres: Srgjan Kerim, de Macedonia; Vesna Pusić, de Croacia; Igor Lukšić, de Montenegro; Danilo Türk, de Eslovenia; Irina Bokova, de Bulgaria; Natalia Gherman, de Moldavia, y Antonio Guterres, de Portugal.
“Creo que finalmente llegó el momento de tener una secretaria general”, sentenció Jessica Neuwirth, una de las fundadoras y presidenta honoraria de Igualdad Ya, en diálogo con IPS.
“Ban Ki-moon declaró que le gustaría que una mujer lo sucediera; algunos países miembros apoyan formalmente la idea de que es hora de tener una secretaria general. Si bien siempre hubo mujeres calificadas para la tarea, ahora hay unas cuantas que, de hecho, están haciendo campaña”, acotó.
“En lo que respecta a la rotación regional, más que cualquier región, creo que es el turno de que las mujeres estén representadas y podría y debería haber cierta flexibilidad para garantizar que una mujer pueda ocupar el cargo”, opinó.
Neuwirth también es fundadora y directora de Donor Direct Action, derivada de Igualdad Ya, creada para reunir fondos para las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Además, aclaró que su organización lanzó su primera campaña para que una mujer esté al frente de la secretaría general tras la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.
La Plataforma de Acción de Beijing reclamó el desarrollo de “mecanismos para designar candidatas a ocupar cargos altos en la ONU”, y se propuso la meta de lograr “la igualdad de género, en especial en el ámbito profesional y cargos superiores, para el año 2000”, recordó Neuwirth.
“Todavía esperamos que se implemente ese compromiso, 16 años después de la fecha límite prevista de 2000. Quizá si empezamos desde arriba lo consigamos”, acotó.
Por su parte, Charlotte Bunch, directora fundadora del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres, además de profesora distinguida de la estadounidense Universidad Rutgers, dijo a IPS: “Estamos más cerca que nunca de tener una mujer al frente de la secretaría general. Hay numerosas mujeres muy calificadas y de varias regiones cuyos nombres se propusieron formalmente o se discutieron públicamente, y esperamos que todas reciban una seria consideración”.
Pero es de fundamental importancia quién es la mujer que se elige, pues una mala elección puede predisponerla al fracaso, acotó. “Su género debe ser un elemento fuerte, pero no su principal calificación”, subrayó.
La visión de la candidata sobre el futuro de la ONU en estos atribulados tiempos y su capacidad de comunicación y de llevar adelante la parte organizativa, así como su compromiso probado con los principios históricos del foro mundial en materia de Derechos Humanos, desarrollo e igualdad de género, son fundamentales, precisó Bunch, una de las figuras principales de la campaña para crear ONU-Mujeres.
En el marco del proceso de transparencia, el presidente de la Asamblea General comenzará una serie de diálogos informales con las y los candidatos entre el 12 y 14 de abril próximo.
Las entrevistas darán a las y los candidatos una plataforma para presentar su candidatura, y será una oportunidad para que los 193 Estados miembros les hagan todas las preguntas que crean convenientes. Cada uno dispondrá de dos horas para la presentación.
En el ámbito de la sociedad civil, hay una campaña mundial encabezada por varias organizaciones llamada “1 for 7 billion” (“1 para 7 mil millones”), que reclama un proceso abierto de selección, el “que hasta ahora estuvo envuelto en un manto de secreto”.
Las agrupaciones cuestionan la “forma deplorable en que un puñado de países poderosos (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad) han elegido al secretario general a puertas cerradas”.
El año pasado, la embajadora de Colombia, María Emma Mejía, hizo circular una carta de apoyo para que una mujer ocupe el cargo de secretaria general, que reunió al inicio la firma de 44 representaciones. Pero entre ellas no había ninguna de las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad, que siempre tienen la última palabra en lo que respecta a la designación del secretario.
De hecho, Rusia ya declaró que el cargo lo ocupará la persona más competente, independientemente de su sexo. Pero sí aboga por que la persona sea originaria de Europa oriental, con el argumento de respetar la rotación geográfica, pues los anteriores ocho secretarios generales procedieron de Europa occidental (tres), de Asia (dos), de África (dos) y de América Latina (uno).
Una periodista estadounidense que trabajó en la sede de la ONU, pero no quiso publicar su nombre, dijo a IPS: “Mi instinto me dice que la opción de una mujer puede resultar muy acotada, pues no hay candidatas obvias, y veo que últimamente que EU ha criticado mucho la gestión del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
“No creo que Washington esté muy concentrado en esto con el pandemonio que son las elecciones primarias (de EU). Y la designación por parte de Rusia de una mujer de Moldavia parece más una picardía que otra cosa”, opinó. Además, acotó, a la ex secretaria general adjunta Angela Kane le gustaría integrar la lista de candidatas, pero no ha logrado el apoyo de su país, Alemania.
Los antecesores del actual secretario general fueron: Kofi Annan (Ghana); Boutros Boutros-Ghali (Egipto); Javier Pérez de Cuellar (Perú); Kurt Waldheim (Austria); U.Thant (Birmania, ahora Myanmar); Dag Hammarskjöld (Suecia), y Trygve Lie (Noruega).
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
16/TD/RMB
Excluyen partidos a mujeres de postulación a gubernatura
Las mujeres no están presentes en la elección por la gubernatura del estado de Tamaulipas, luego de que este domingo 27 de marzo cerró el registro de candidaturas ante el Instituto Electoral de la entidad.
Y es que serán sólo ocho hombres quienes estarán en la competencia para encabezar el Ejecutivo estatal, de cara a los comicios del próximo 5 de junio.
Las mujeres militantes participaron en las elecciones internas de los partidos políticos para alcanzar la candidatura por la gubernatura, como en el caso del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI). La diputada federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente se quedó en el camino hacia la postulación.
También en el opositor Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldesa de la fronteriza ciudad de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, estuvo muy cerca de ganar la candidatura.
En el Partido del Trabajo (PT) se mencionó como posible aspirante a la matamorense y cantante Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, pero tampoco logró la postulación.
La semana pasada registraron sus candidaturas Abdies Pineda Morín, Baltazar Hinojosa Ochoa y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por Encuentro Social, PRI y PAN, respectivamente.
El domingo se registraron Gustavo Cárdenas Gutiérrez, por Movimiento Ciudadano; Jorge Valdés Vargas (Partido de la Revolución Democrática); Héctor Martín Garza González (Movimiento Regeneración Nacional); el independiente Francisco Chavira Martínez, y Armando Vera (PT).
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De la misma forma como la violencia se caracteriza por ciclos que se repiten entre el ejercicio del control y el castigo hacia las mujeres, así en la sociedad la violencia de género se presenta con características similares en las que la violencia familiar es el espacio para el sometimiento a través de las relaciones de pareja, y que van en incremento hasta culminar con la violencia feminicida.
En el feminicidio, forma extrema y más brutal, intervienen otros factores que favorecen estos contextos de discriminación al desanimar la denuncia de la violencia con la desigualdad institucionalizada de género, y que se presenta con la discriminación que funciona como una sólida base para propiciar, facilitar y contribuir a la violencia contra las mujeres.
El feminicidio es el resultado de un continuum de violencia contra las mujeres, en el que las omisiones del Estado son una parte fundamental, aunque en algunos casos pueden ser acciones directas o con la anuencia de los agentes del Estado al no intervenir en forma efectiva, responsable y con apego a procedimientos claros.
De tal forma que la violencia institucional opera como un elemento activo cuando el proceder de los operadores de justicia es en sentido contrario a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, facilitando contextos de violencia familiar y de pareja, calificando los delitos desde una óptica permisiva y discrecional.
Sin embargo, es la omisión la más común de las contribuciones de la violencia institucional al agravamiento del contexto de violencia de género en el ámbito familiar y ejercido por la pareja, lo que contribuye en forma activa para facilitar los casos de feminicidio.
Desde la negativa a la emisión de las órdenes de protección, las medidas cautelares en los casos de separación por violencia, o en la nula respuesta efectiva a los llamados al número de emergencia para brindar auxilio, han constituido en reiterados casos (en San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche, y otros estados donde se han documentado) causa de que la falta de protección derivó en feminicidio.
La peor parte de esta violencia ejercida sobre mujeres que buscaron algún auxilio, solicitaron una orden de protección o intentaron recibir algún tipo de ayuda a los números de emergencia que no resultó efectiva, es que los agresores terminaron por cometer el delito de feminicidio.
Hay casos graves que derivaron en observar a las corporaciones policiacas para su mejor comprensión e incorporación en los criterios, de considerar los bienes jurídicos tutelados que respaldan las intervenciones para abrir o romper puertas e intervenir en espacios privados cuando hay un llamado de auxilio de una mujer víctima –o a solicitud de vecinos–, por el riesgo inminente sobre la vida.
(Así se pudieron evitar casos de feminicidio. Hay uno que ocurrió en 2010, en Ciudad del Carmen, Campeche, donde una niña de nueve años fue violada y asesinada por un familiar, y afuera estaba la policía que no intervino “porque no tenía autorización”, hasta que se dejaron de escuchar los gritos de la menor, y fue cuando intervinieron para perseguir al ya consumado feminicida).
Otros casos así se han documentado: llamadas a la policía municipal o corporaciones estatales, que no saben o no poseen los procedimientos claros de una instancia que disponga además de Protocolos de Actuación Policial en casos de violencia de género, para saber que sus actuaciones o las medidas de protección no constituyen actos de molestia contra los agresores, sino actos de garantía de protección a la vida de las víctimas.
Hay otras formas activas o de permisividad de los operadores de justicia, que con su actitud favorecen la comisión de delitos contra las mujeres, tales como la falta de protección, y que considere y reconozca que una mujer víctima de violencia de género no puede ser llevada a conciliación o mecanismos abreviados, simplemente porque no está en condiciones de igualdad frente a su agresor. (Un caso en Sinaloa ocurrió en 2015 cuando una mujer atada y golpeada en un parque fue llevada a conciliar).
Ya lo ha promovido el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará; lo dicen la Ley General de Acceso y el Código Penal, pero como no se incluye específicamente los procedimientos abreviados, se insiste en ofrecer este recurso a mujeres que al ser colocadas frente a sus agresores simplemente sucumben por la indefensión aprendida.
Si establecemos que hay dos grandes tipos de feminicidio, uno de ellos de tipo íntimo en el que la víctima estuvo expuesta a un continuum de violencia en la que en distintos momentos pudo intervenir el Estado a través de agentes, y el ejercido por desconocidos en espacios públicos.
Una gran parte de los primeros podrían prevenirse con intervenciones activas, oportunas y responsables de los agentes del Estado para romper la cadena de la violencia de género contra las mujeres, acabando así con el contexto de violencia feminicida con participación del Estado.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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Como un grito desesperado pidiendo ayuda a la sociedad mexicana, calificó Javier Fernández Gómez su exigencia de justicia ante la –ya confesa– violación tumultuaria de su hija Dafne, ocurrida en 2015, por parte de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, Veracruz, quienes tienen nombres y apellidos: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso, y Gerardo Rodríguez Acosta.
Se ha vuelto una trágica costumbre saber de gritos desesperados clamando por justicia debido a la más diversa gama de atrocidades ocurridas en prácticamente todo el territorio nacional, contra mujeres, niñas y adolescentes, donde el común denominador es la impunidad que tiene tras de sí la colusión entre las y los integrantes de la élite política (que en muchos casos se ostentan como gobernantes) para exentarse a sí mismos del cumplimiento de la ley.
Como parte activa de la sociedad civil organizada que defiende los derechos de las mujeres y las niñas, hemos insistido en que la trata con fines de explotación sexual –que ocupa el segundo lugar entre los negocios ilícitos más redituables a nivel mundial– es una de las formas de violencia extrema que no pocas veces termina en feminicidio.
Los delitos relacionados con la trata de mujeres y niñas no surgen de la nada.
Para que esto sea posible, a lo largo de la historia ha tenido que permitirse y/o legitimarse una serie de prácticas que degradan la dignidad de las mujeres a partir de las instituciones (gobierno, religiones, sistema educativo y económico, medios de comunicación), y luego reproducirse en los entornos inmediatos como la familia o la comunidad, lo que conocemos como patriarcado.
Es así que, cuando responsabilizamos al patriarcado de la violencia sexual, familiar o comunitaria, la trata, la explotación o el feminicidio, estamos alertando contra todas las prácticas que autorizan que las mujeres, las niñas y las adolescentes sean vistas y tratadas como seres de ínfima categoría, a quienes no se les reconoce un “NO” como respuesta.
Tal contexto se agrava cuando el llamado “contrato social” ha perdido valor o simplemente ya no existe en un país como México, porque de un lado escuchamos discursos oficiales a favor de aplicar “todo el peso de la ley”, y del otro vemos una realidad en la que el hecho de denunciar resulta muchas veces más riesgoso que quedarse calladas.
Por varias semanas Dafne no quiso denunciar hasta que su hermana la convenció de que los hechos no podían ser ignorados, mientras que su padre, una persona como usted o como yo, sin el mínimo interés en la política y con cero conocimientos jurídicos, tuvo que salir a exigir justicia, ya que, una vez concluido el plazo legal, la autoridad, concretamente la Fiscalía del estado de Veracruz, no asumió la obligación legal de ponerse del lado de la víctima para castigar a sus cuatro violadores.
¿Qué obtienen a cambio las personas que deciden denunciar? Como ya es costumbre en este país, y para pintar una raya más al deleznable gobierno de Veracruz, a cargo Javier Duarte, la víctima y su familia han sido señaladas, difamadas y amenazadas, sin importar que existan todos los elementos probatorios de la culpabilidad de los cuatro delincuentes.
¿Cómo no pensar que en este país reina la flagrante impunidad para quienes pertenecen al intocable sector de políticos, empresarios y gobernantes, e incluso empresarios ligados con los más altos círculos del poder? ¿Estamos o no ante un sistema que protege violadores, feminicidas, tratantes y proxenetas?
Desgraciadamente, el caso de Dafne resultará emblemático entre los de su tipo y servirá de triste referencia para quienes deseen ejemplificar cómo operan las redes de corrupción en este país.
No debemos pasar por alto lo que es sabido en Veracruz y que incluso fue confirmado ayer durante la marcha que encabezó María Elena Bretón de la Cruz, abuelita de Dafne: “Los Porkys de Costa de Oro”, presuntamente forman parte de una banda criminal integrada por juniors, la mayoría hijos de funcionarios o empresarios, y la protección de este perfil de delincuentes es el modus operandi de la Fiscalía veracruzana, al menos desde los tiempos del ex gobernador Fidel Herrera.
Como aquel caso de Gabriela Benítez Ybarra, desaparecida en Xalapa y localizada meses después con señas de ataque sexual y sin vida. Era novia de un ahijado del entonces gobernador Herrera. Otro caso emblemático que hasta ahora sigue en total impunidad.
Desde este espacio reconocemos el valor de las autoridades del Colegio Rougier, al que pertenecen la víctima y sus atacantes, por haber alzado la voz, y por supuesto condenamos la impunidad que hasta el día de hoy prevalece en el caso de “Los Porkys”.
No permitamos que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, el Código Penal estatal, y los tratados internacionales en la materia sean letra muerta.
Exigimos justicia para Dafne y cárcel para sus violadores.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
16/TUZ/RMB
Recién se eligió el comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo en el estado de Sonora.
El esfuerzo por mantener la convocatoria oculta por parte de la Comisión legislativa de Régimen Interno y Concertación Política, responsable de darle curso a la misma, no fue suficiente para que por lo menos 18 personas enviáramos nuestra postulación para conformar el comité.
Para quienes tenemos experiencia de años en el monitoreo de políticas públicas, monitoreo legislativo, y aplicación de la justicia, es relevante contar con un canal institucional de comunicación para hacer llegar a los tres poderes del estado nuestras conclusiones basadas en técnicas de investigación académicas que, por cierto, ya han logrado impulsar cambios.
Quedaban tres días para que venciera el plazo, cuando al escuchar en una entrevista radiofónica al entonces presidente de la 61 Legislatura, Luis Serrato Castell, decidí participar como aspirante.
La motivación surgió cuando el diputado aseveró a una muy buena reportera, quien entre otras cosas le preguntó sobre el próximo cierre de la convocatoria, y a lo que respondió el legislador que sólo dos personas se habían registrado para formar parte del comité ciudadano.
Eso llamó poderosamente mi atención, pues en años pasados un colega de él, de su mismo partido, siendo presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) no estaba integrado, pues cuando lanzaron la convocatoria nadie se postuló y lo declararon desierto.
Mi asombro no pudo ser mayor en su momento, ya que ése es uno de los consejos más importantes para intercambio de diagnósticos, así como propuestas de políticas públicas y legislativas para atender la violencia intrafamiliar, situación que en Sonora deriva en 60 por ciento de casos de feminicidio.
Sin embargo, así como sucedió con el recién nombrado comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo, en su momento tampoco se había hecho pública la convocatoria para la integración del CEPAVI, por lo que evidentemente quienes pudiésemos interesarnos en formar parte, no lo hicimos.
Por ello al conocer tres días antes del vencimiento de la convocatoria 2015 del comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo, nos dimos a la tarea de rastrear el documento para conocer los requisitos y perfiles solicitados.
Nada más difícil, pues con sorpresa vimos que un llamado a la ciudadanía que debería ser objeto de máxima publicidad, no se encontraba en ningún rincón de la página web del Congreso del estado.
Tampoco aparecía en su historial de notas informativas, ni era posible encontrarla en internet, en medios de comunicación –en los que tal vez se publicó en algún momento–, redes sociales o cualquier otro medio accesible a la población en general, como sería obligatorio, puesto que la pretensión era formar un órgano ciudadano.
Lo más surrealista fue cuando pregunté por teléfono al Congreso, directo a sus diversos departamentos: recepción, comunicación social, oficialía de partes, y nadie estaba enterado de la convocatoria.
Fuimos personalmente para que nos dieran un ejemplar impreso de la convocatoria, y nadie la conocía. Eso era el realismo mágico a la sonorense. Aquello que debería aparecer a la primera búsqueda, como agua al abrir una llave, se había convertido en el misterio más bien escondido.
Al no contar con la convocatoria vigente, nos guiamos por la convocatoria de 2010, primera que se acordó, publicó y aparece todavía en internet. Aun así, no había tiempo para conseguir todos los documentos.
El día del vencimiento, señalado en las bases como “hasta el sexagésimo día natural a partir de la misma…”, entregamos –una compañera activista de Redefine y yo– la solicitud en formato libre, pues no conocíamos los requisitos formales a cubrir. Identificación y currículum fueron los documentos que la acompañaban.
A partir de ese momento, la expectativa era algún tipo de comunicación tendiente a confirmar que formábamos parte de la contienda. Pero como si no existiéramos, nada sucedió. Días después por la prensa supimos que éramos 18 personas quienes aspirábamos a formar parte y pudimos leer los nombres.
Durante la espera nada se supo, hasta que un día se publicó en medios quiénes habían sido electos. Nunca recibimos –como no ha sucedido a la fecha– alguna notificación. Ninguna señal de que somos personas y que nos tratan como tales.
La falta de transparencia y el oscurantismo siguieron. La aparente selección previa de los integrantes al enviarles la invitación directa, y después “elegirlos” de entre todos los aspirantes da mucho que pensar.
No se explica que no se incluya a una académica integrante de Sonora Ciudadana que presentó su solicitud, organización que si bien formó parte del anterior comité, no le quita su calidad de especialista en monitoreo de políticas públicas y reformas legislativas, y por ello es más que necesario que forme parte de él.
Tampoco se explica que se desperdicie la experiencia que algunas personas y organizaciones hemos desarrollado por años como parte del trabajo de observatorios ciudadanos.
No se entiende por qué siempre los consejos de convocatoria “abierta” o no se nombran, o son nombrados en forma dudosa, y las reglas nunca quedan claras.
Con bases como “…al menos cinco”, en lugar de precisar cuántas personas formarán parte. Con plazos fijados en días hábiles, sin precisar la fecha exacta del límite. Parecería que se busca la confusión, pero sobre todo desalentar la participación. No son específicos en cuál será el método para la elección.
Hay evasivas, pero lo más grave es que permanecen fuera del alcance de quienes cuentan con el perfil deseable, al no darle la máxima publicidad, ni siquiera en la página del Congreso del estado, plataforma que obligadamente debería contenerla.
El comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo no deja más que dudas y se convierte en una instancia más que debemos vigilar desde la ciudadanía.
Se habla de “al menos cinco integrantes”. Si no es limitativo, ¿por qué no se incluyó a perfiles ciudadanos con experiencia en monitoreo de políticas públicas y desarrollo legislativo?
¿Por qué no se notificó a las y los participantes de los avances en el proceso de selección? ¿Por qué no se dice claramente el método para elegir? ¿Quiénes los eligieron y con base en qué? ¿Por qué seguimos siendo los mismos si los nuevos tiempos ya no lo son?
Twitter: @mujersonora
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
16/SNE/RMB