La publicidad, llamado “el arte de enseñar a la gente a querer las cosas”, se ha convertido en el monstruo de las niñas, les ha creado necesidades que no corresponden a su edad cayendo en la hipersexualización (exaltación de la sexualidad) para convertirlas en mujeres adultas en cuerpos de menores de edad.
Los medios de comunicación, televisión, cine, revistas y carteles publicitarios están tergiversando la realidad de esta población, cambiando su forma de vestir.
Hasta hace poco se veía a las niñas lucir vestidos –algunos con encajes–, sandalias, zapatos bajos o tenis, overoles o shorts. Ahora usan ropa que la moda ha impuesto para las jóvenes, se maquillan y están pendientes de las novedades que les dicta la industria del vestir.
Esta invasión a su identidad convierte al mismo tiempo a las menores de edad en consumistas de productos de belleza, ya que anteriormente las empresas de belleza y moda no las tenían como “target” (consumidores específicos), y ahora la niñez de manera indirecta se ha convertido en consumidor personal, es decir, en cliente que accede a comprar productos para satisfacer sus necesidades.
Pero, ¿cuáles son esas necesidades que tiene ahora una niña cuando está en la etapa de la creatividad e imaginación, y el desarrollo motriz?
Las niñas se convierten en mujeres de mentiras o minimizadas a la orden del sistema patriarcal, en productos del mercado, y con ello inician problemas de autoestima, anorexia o bulimia. Además, son víctimas de otras víctimas del consumismo: sus propias madres o padres cuando las inscriben en concursos de belleza.
LO TRADICIONAL CONTRA LA MODA
Las nacidas antes del año 2000 tuvieron algo en común: ver programas de televisión y gozar de la libertad de vivir su infancia.
Ellas comparten cómo se vestían en esa etapa.
La violinista Gabriela Zepeda dijo que ella de niña se vestía como futbolista, con tenis, pantalones, playeras o shorts, ya que así podía sentirse cómoda y jugar.
“De bebé odiaba las mallas, sombreros y vestidos. Me acaloraban y lloraba –decía mi mamá–. Supongo que me acostumbré a andar cómoda, pero me dejaron ser (ríe). La verdad me gustan los vestidos. Me veo muy bien en cualquier estilo. Ahora los uso más… siempre fue una cuestión de comodidad”, abundó.
Asimismo, Gabriela señaló que actualmente las niñas están influenciadas por la moda, los programas de TV, la música, y se han convertido en seguidores de tendencias: “Las preparan a través de eso para tener una imagen falsa de lo que es ‘cool’. La apariencia vende. Mientras más corta la falda y maquillaje uses en la secundaria, serás la más guapa… muchas veces así es”.
La criminóloga Karina Montero recordó que en su infancia usaba vestidos y tobilleras. Además resaltó que hoy en día hay niñas que se visten como “señoritas”, y lo único que están haciendo es adelantarse a su adolescencia, ya que si se les permite que se vistan así, generará que adopten actitudes de una persona mayor.
Por su parte, la comunicadora Laura Landeros mencionó que actualmente existe una forma distinta de vestir a las niñas, sobre todo contar con ropa que las haga sentir más cómodas.
Sin embargo, acotó que eso no quiere decir que ya quieran ponerle tacones a las niñas o maquillarlas: “He visto mamás que llevan a sus niñas hasta con el cabello pintado, con mechas. Se debe dejar que las niñas sean eso: niñas. Claro, siempre está el ‘mamá, ¿puedo pintarme las uñas?’. Eso se puede, siempre y cuando entendiendo que son niñas y no adultas”.
REEDUCACIÓN A MADRES Y PADRES
Las mamás y los papás, al repetir los patrones culturales, necesitan reeducarse y analizar que el sistema global, capitalista y neoliberal ha determinado algunos patrones en la sociedad, como vestirse a la moda, comprar productos de franquicias, consumir productos de belleza, así como establecer qué es lo bonito y lo bello bajo estándares de la privación de ser mujeres.
Hacer un ejercicio de reaprender y desaprender lo que nos dicta la televisión es una obligación para quienes tienen bajo su cuidado o formación a niñas y niños. Ahora mismo es urgente romper con esos moldes y enseñar a las menores de edad bajo principios feministas, para ir sembrando la semilla que nos ayude a terminar con las enormes violencias que las mujeres vivimos actualmente.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Enheduanna.
16/KG/RMB
abril 2016
En 6 años desaparecen más de 100 menores de edad en Veracruz
De 2011 a la fecha han desaparecido en el estado de Veracruz 101 niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, la mitad del sexo femenino, lo que significa un problema grave pues podría estar vinculado a delitos como la trata de personas o el crimen organizado, alertó Xóchitl Meseguer, de la organización civil Odisea, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Veracruz.
En conferencia de prensa, Meseguer advirtió: “Algo está ocurriendo ahí; estamos ante una crisis que tiene que ver con mujeres adolescentes y no estamos dando la respuesta adecuada”.
Cuestionó que se deben revisar mecanismos como la Alerta Amber –ante desapariciones o extravíos de niñas, niños y adolescentes–, y el número de denuncias desagregadas por edad para hacer un diagnostico real de la situación.
Las cifras pertenecen al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, pero hay casos que no se denuncian por miedo o se da por hecho “que se fueron con el novio, o la autoridad no realizó el reporte correspondiente a la entidad nacional”.
Xóchitl Meseguer señaló que la visita de la brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas evidenció que muchos de los casos ni siquiera estaban reportados en los registros nacionales, lo que prende un “foco de alerta”. Explicó que el aumento en la desaparición de menores de edad puede tener vinculación con el crimen organizado y las redes de trata de personas.
“Al no haber una investigación exhaustiva de estos casos, cualquier hipótesis es posible; desde las que se van con el novio, hasta aquellas de que son ‘enganchadas’ por redes del crimen”, apuntó la activista.
Como ejemplo, puso el caso del estado de Zacatecas, donde hace tres años las autoridades descubrieron un rancho del cártel Nueva Generación que era para el entrenamiento en uso de armas para menores de edad. “Se detuvo a adolescentes hombres y mujeres que iban entrenados para enfrentarse con un cártel rival; los menores de edad eran de Veracruz”, precisó Meseguer.
Afirmó que esto es indicativo de que el crimen organizado secuestra a jóvenes para que sean “carne de cañón” en enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.
16/FM/RMB
Archivan caso Bety Cariño pese a órdenes de arresto pendientes
Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) tomaron las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en protesta porque mandó a “reserva” las dos averiguaciones del asesinato de los activistas y defensores de Derechos Humanos Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, quienes viajaban en una caravana humanitaria hacia San Juan Copala.
Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, se quejó que “la justicia a cuenta gotas no es justicia, entonces, no queremos parceladamente la justicia, y lo que demandamos es la detención de todos los culpables porque faltan nueve órdenes de aprehensión por ejecutar”.
El dirigente de MAIZ manifestó que al cumplirse seis años del asesinato de su esposa y de Jyri Jaakkola, sólo han sido detenidos Mauro Vásquez Ramírez, Rufino Juárez Hernández, Elías Cruz Merino y Faustino Vásquez Martínez, pero siguen pendientes nueve órdenes de aprehensión.
Lo preocupante, dijo Esparza Zárate, es que a seis años del doble crimen, durante una reunión con autoridades de la PGR se notificó ante el embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson, y Eeva Liisa Jaakkola y Turo Jaakkola, madre y hermano de Jyri, que desde el pasado 16 de marzo mandó a “reserva” las dos averiguaciones en contra de los integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) acusados de la emboscada y asesinato de los activistas.
“Es un tema que generó molestia porque quedó demostrado que la PGR no tuvo la capacidad en seis años para mostrar la responsabilidad, y lo que hace es quitarse la responsabilidad y dejar desprotegidos a los testigos del doble crimen, quienes han sido amenazados por ese grupo”, añadió.
El argumento que dieron las autoridades de la PGR es que el juez indicó que no había elementos para comprobar que había una responsabilidad porque no estaban las armas en posesión de la autoridad federal, mientras que el otro expediente menciona que tampoco se pudo acreditar la existencia y operación del grupo paramilitar, pese a que hay evidencias de cómo se moviliza la Ubisort, y que en el ataque fueron utilizadas armas de uso exclusivo del Ejército.
La realidad es que a seis años “no existe justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola, pues hasta este momento sólo son cuatro las personas detenidas y aún continúan libres nueve personas que se pasean libremente y hasta en oficinas de gobierno”, dijo Omar Esparza.
El pasado 21 de abril fue detenido Mauro Vásquez Ramírez en el estado de Sinaloa. La detención la realizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Oaxaca, en cumplimiento a la orden de aprehensión sustentada en el expediente penal 257/2012 del Juzgado de Garantías de Huajuapan de León, por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía, premeditación y ventaja.
El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala a llevar víveres y medicamentos a la comunidad triqui fue emboscada por un grupo armado, ataque donde falleció la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jiry Jaakkola.
16/PM/RMB
Golpean a mujeres y niñas por defender su derecho a decidir
Uagadugú, Burkina Faso.- Amnistía Internacional (AI) publicó el informe “Coaccionadas y privadas de derechos: matrimonios forzados y obstáculos a la contracepción en Burkina Faso”, en el que revela que muchas mujeres y niñas son amenazadas o golpeadas cuando intentan decidir libremente sobre el matrimonio o la maternidad.
AI inició en 2015 la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, para que las niñas y mujeres de este país del occidente africano pudieran decidir respecto a su sexualidad. Además le exige al gobierno de Burkina Faso prohibir el matrimonio antes de los 18 años de edad, y dar métodos anticonceptivos gratuitos a las adolescentes.
Presentan libro sobre la historia de Lucha Castro
Ciudad de México.- Front Line Defenders y Verso Book publicaron el libro “La Lucha: la historia de Lucha Castro y los Derechos Humanos en México”, el que recopilan las historias de las defensoras de Derechos Humanos (DH) al norte de México.
“Este libro evidencia los riesgos y adversidades que defensoras y defensores de DH en todo el mundo tienen que enfrentar para promover los derechos de los demás. La valentía, persistencia y esperanza que estas defensoras de los derechos de la mujer muestran día a día conforman estas historias de heroínas de la vida real”, destacó el director de campañas de Front Line Defenders, Adam Shapiro.
16/PMG/RMB
La Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria es una organización que impulsa un proyecto piloto que logró disminuir a casi 0 por ciento los nuevos casos de VIH en recién nacidos, en los estados de Veracruz y Chiapas.
En el proyecto fueron invitadas a participar 96 mujeres embarazadas con VIH, quienes gracias al proyecto evitaron que las y los recién nacidos adquirieran el virus durante la gestación, el parto y el periodo de lactancia.
La estrategia es asesorada por el Ministerio de Salud de Cuba, único país certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la transmisión materno-infantil del VIH.
Hasta ahora 93 mujeres han parido a sus bebés sin haberles transmitido el virus, lo que se confirmó con pruebas de laboratorio que resultaron negativos. A las y los menores de edad se les dio de alta al cumplir 18 meses y no presentar VIH.
Asimismo, 95 por ciento de las mujeres embarazadas reciben medicamentos antirretrovirales y los bebés son alimentados únicamente con sustitutos de la leche materna.
El programa también brinda a las mujeres con VIH apoyo económico, psicológico y asistencia social, además de seguir todas las medidas de prevención implementadas por la OMS.
La Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria declaró que son “alentadores” los resultados del proyecto en México, país donde nacieron alrededor de 3 mil 500 bebés con VIH en 2015.
México es la única nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en no alcanzar la meta mundial de eliminar los nuevos casos de VIH en recién nacidos durante 2015.
Según cifras oficiales, cada año más de mil 500 mexicanas con VIH presentan embarazos, pero en su mayoría desconocen que tienen el virus.
Por ello, la Fundación llamó a las mujeres gestantes y a sus parejas a realizarse la prueba del VIH antes y durante el embarazo, ya que de esta manera se puede prevenir que el producto adquiera el virus.
16/PMG/RMB
La primera presidenta de este país sudamericano, Dilma Rousseff, ahora amenazada de inhabilitación por el Parlamento, frustró las esperanzas de que una mujer al frente del gobierno promovería un empoderamiento de la población femenina, especialmente en la política.
Eso y la discriminación por su protagonismo en un mundo netamente masculino, como lo es la política brasileña, no son determinantes de su eventual destitución, pero sí contribuyeron al deterioro de su gestión, iniciada en 2011 y renovada por la reelección en 2014.
“Las explosiones nerviosas de la presidenta”, fue el titular del artículo con el que la revista Isto É describió las supuestas reacciones de una mujer “histérica” ante la cercanía de que el Senado la someta a juicio político, lo que derivaría en su destitución definitiva dentro de seis meses.
Ataques machistas en la prensa, redes sociales y calcomanías pegadas en vehículos “ayudaron a desgastar su imagen y representatividad política”, acusó Joluzia Batista, asesora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, entrevistada por IPS sobre el componente de género en la crisis institucional por la que atraviesa el gigante sudamericano.
“Hay un sesgo de misoginia en parte del discurso en contra del gobierno de Rousseff, especialmente del segmento religioso sectario”, que tiene líderes en el Congreso Nacional, señaló Sonia Correa, codirectora del Observatorio de Sexualidad y Política.
Los ataques sexistas que enfrentan las mujeres en la vida política no parten sólo de sus adversarios, “ocurren también dentro de los partidos”, advirtió Fátima Pacheco Jordão, experta en análisis de opinión pública.
“DESASTRE” EN DERECHOS REPRODUCTIVOS
En el gobierno, Dilma Rousseff “nombró muchas ministras, difundiendo la idea de que las mujeres también pueden ejercer el poder”, y reforzó el combate a la violencia de género, perfeccionando la legislación, recordó.
Pero respecto a los derechos reproductivos “fue un desastre, sofocó el debate sobre la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, la planificación familiar y el aborto”, ignorando compromisos asumidos por Brasil en las conferencias de la ONU de los años 90, lamentó Jordão. “En el balance de su gobierno, quedó un déficit en políticas públicas para mujeres”, acentuó.
“Como primera presidenta de Brasil tuvo un impacto simbólico importante en América Latina, pero confirmó que una mujer en el poder no asegura políticas progresistas ni compromiso con la igualdad de género”, sentenció en tanto Correa.
Su discurso contra la violencia y la pobreza “no fue acompañado de un esfuerzo para alterar las relaciones de género. No avanzó en la oferta de guarderías ni en derechos sexuales y reproductivos, precondiciones para una participación plena de las mujeres en la esfera pública”, sostuvo.
Mientras, Brasil presenta una escasa presencia femenina en su Parlamento y en la política en general. Es de sólo 10 por ciento en la Cámara de Diputados, que decidió el pasado 17 de abril abrir un proceso de destitución de Rousseff. Ahora previsiblemente ratificará la medida el Senado, que en ese caso será el órgano que realice el juicio político a la mandataria y decidirá su inhabilitación o no.
De las 51 diputadas, 29 votaron a favor del proceso, es decir 56.9 por ciento, una proporción insuficiente para aprobar el juicio. Pero de los 513 diputados y diputadas, los opositores alcanzaron 71.5 por ciento de los votos, superando el 66.7 por ciento necesario para aprobar el segundo juicio a un presidente en la historia de Brasil.
El primer proceso de destitución tuvo lugar en 1992 contra el ex presidente Fernando Collor, electo en 1989.
Para trabar o incluso retroceder en demandas feministas, como la despenalización del aborto, fueron decisivos los compromisos firmados por Rousseff con las diferentes iglesias, especialmente con las nuevas sectas evangélicas, en las que predomina un “dogmatismo religioso”, según Sonia Correa.
Los evangélicos cuentan con una gran bancada en el Congreso Nacional, que comprende al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de fuerte actuación en iniciativas legislativas que restringen los derechos femeninos, y en el proceso de inhabilitación de Rousseff.
Las restricciones al aborto que pretenden imponer esos religiosos, como la exigencia de comprobación médica de estupro para que se permita la interrupción legal del embarazo, “son sólo un pretexto para impulsar un proyecto político” de ampliación del poder de las iglesias, evaluó Correa.
“Fue un gran error estratégico (del gobierno) alargar el campo de alianzas políticas a esas religiones, además de no democratizar las comunicaciones sociales”, opinó Joluzia Batista, destacando que los evangélicos controlan numerosas emisoras de radio y televisión.
El discurso conservador ganó fuerza y misoginia en la Cámara de Diputados, cuando Marco Feliciano, de confesión evangélica, presidió la Comisión de Derechos Humanos, observó.
RIESGO DE RETROCESOS
El temor de las feministas es que la posible destitución de Rousseff favorezca nuevos retrocesos en los derechos de las mujeres, especialmente en salud reproductiva y en política.
Pero Fátima Pacheco Jordão relativiza el riesgo. El fracaso de la primera presidenta “no se debió al hecho de ser mujer o a factores relacionados, y el futuro dependerá de los movimientos sociales que ganan más importancia ante la crisis y la esterilización de los partidos”, dijo.
Correa, por su parte, prevé algún aprovechamiento político e ideológico por los conservadores, “enemigos de la participación política de las mujeres”, aunque tengan sus líderes femeninas. Pero su gran temor es una “regresión” de la presencia femenina en el mercado de trabajo.
El demógrafo Eustáquio Diniz Alves, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas, constató la reversión de la tendencia desde 2013. Por más de 60 años a partir de 1950, “las mujeres constituyeron la fuerza renovadora del mercado de trabajo brasileño”, destacó.
La población económicamente activa femenina se multiplicó 16 veces de 1950 a 2010, mientras que la masculina creció 3.6 veces. Además las mujeres estudiaron más que los hombres, alcanzando escolaridad más elevada.
Pero los datos de empleo, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en las seis principales regiones metropolitanas de la nación sudamericana indican que la crisis económica afectó gravemente a las mujeres.
Su tasa de ocupación aumentó de 40 por ciento en 2003 a 48 por ciento en 2012, representando 7.9 millones y 11.2 millones de mujeres ocupadas, respectivamente. A partir de entonces se invierte la tendencia. En enero de 2016, la tasa volvió a 43 por ciento y eran 10.6 millones las mujeres empleadas.
“La caída empezó antes de la recesión económica” a partir de 2014, apuntó Alves. Ello porque mujeres y jóvenes son los primeros despedidos al desacelerar la actividad.
Esa regresión es muy grave porque “sólo una buena colocación en el mercado de trabajo proporciona autonomía y empoderamiento a las mujeres que ya presentan mayor escolaridad”, explicó. Es “raro que ocurra cuando una mujer preside el país”, acotó.
Además significa que se desaprovecha el llamado “bono demográfico”, la mayor proporción de personas en edad activa que de niñas, niños y personas adultas mayores. “Desarrollarse y obtener el bienestar social exige aprovechar ese bono, como lo han hecho todos los países desarrollados”, alertó Alves.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
16/MO/RMB
Se han agotado todas las formas de protesta contra el feminicidio
Feministas del estado de Chihuahua criticaron la reacción del alcalde de esta ciudad, Javier Garfio Pacheco, quien sostuvo que mujeres organizadas “vandalizaron” la estatua del revolucionario Francisco Villa, como parte de la protesta el pasado domingo contra las violencias machistas.
Y es que al tomar como punto de partida de la marcha por la “Primavera Violeta” o #24A, a la estatua de Francisco Villa, un grupo de mujeres feministas resignificaron el espacio y escribieron con gis en el templete del monumento la frase “La revolución será feminista o no será”.
Ante ello, Garfio Pacheco declaró que si bien la sociedad tiene derecho a manifestarse, se puede hacer de “otras formas”, sin “vandalizar”.
La respuesta del presidente municipal causó indignación entre las organizaciones civiles que participaron en la marcha.
“Con un bote de pintura, chorros de agua a presión para borrar el gis y unas cuantas horas de trabajo se borran las pintas; sin embargo, todos las instancias dedicadas a protegernos de manera local, nacional e internacional no han despertado la voluntad política para que desde los gobiernos se haga lo conducente para que dejen de matarnos, no nos han bastado ni han sido suficientes”, dijeron activistas.
“Lamentamos la opinión del edil porque intenta polarizar la opinión sobre una movilización histórica para generar un clima de animadversión contra las que salimos a protestar. Dice que hay otras formas de protestar y le preguntamos ¿cuáles son? Porque las hemos agotado todas y el feminicidio sigue en aumento y la brutalidad con que se mata a las mujeres también”, abundaron.
Chihuahua es un estado tristemente célebre a nivel mundial por el feminicidio y las desapariciones de mujeres, lo que ya le valió una condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Asimismo, es una entidad con nula seguridad para las defensoras humanitarias, como la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue ultimada en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando protestaba por la inacción de la autoridad ante el asesinato de su hija.
En el colmo, la violencia de género parece estar clavada de manera institucional en el estado, pues la justicia no se aplica con perspectiva de género y frecuentemente se obstaculiza, según han denunciado familiares de desaparecidas y la propia presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña.
16/LC/RMB
La Secretaría de Salud (Ss) informó a la Cámara de Diputados que se ha incrementado la difusión de la obligación de las instituciones de salud de atender las emergencias obstétricas, y que desde 2011 existe la línea 01 800 MATERNA (01 800 6283762) y el número celular 5527048063, para atender estas urgencias.
En un documento enviado a la Cámara baja, la Ss respondió a un punto de acuerdo aprobado el pasado 8 de marzo en el recinto de San Lázaro, para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) crear un número de atención gratuito y nacional para orientar y atender a las mujeres con alguna emergencia obstétrica.
En aquella ocasión, la Cámara de Diputados exhortó al titular del Ejecutivo federal para que instruyera a la Segob a crear de manera inmediata el número de atención 01 800, y difundir este tema entre la población en general y el personal de salud pública en todo el país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año en el mundo entre 15 y 20 por ciento de los embarazos puede complicarse aun sin causa aparente, derivando en una emergencia obstétrica.
Al respecto, la Ss recordó que desde el 11 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 64 Bis 1 de la Ley General de Salud (LGS), para que cualquier prestador de servicios de salud brinde atención médica a las mujeres embarazadas que presenten alguna complicación.
De acuerdo con la reforma, las mujeres gestantes que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, deben ser recibidas en las unidades con capacidad de atención, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de salud.
Por otra parte, la subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Ss reportó que se ha incrementado la difusión del Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Atención a la Emergencia Obstétrica, con el apoyo de las 32 secretarías estatales de salud.
En lo referente a la línea telefónica, desde 2011 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva opera la línea 01 800 MATERNA (01 800 6283762) y el número celular 5527048063, mismos que funcionan las 24 horas de los 365 días del año.
En tanto, el pasado 7 de abril se publicó en el DOF la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 sobre la promoción de la salud materna de las mexicanas durante el embarazo, parto y puerperio, la cual incluye la obligación de atender a las mujeres con calidad y respetando sus Derechos Humanos.
Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una minuta del Senado que adiciona un párrafo al artículo 70 de la LGS, para que autoridades federales y estatales impulsen la educación sexual y la planificación familiar entre la población adolescente.
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México en 2009, se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual antes de unirse o casarse, a una edad promedio de 18 años.
También se observó que del total de las mexicanas que tuvieron su primera relación sexual entre los 15 y 19 años, sólo 38.5 por ciento utilizaron algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual.
16/AGM/RMB
Para 2013 se tenían registradas 156 muertes violentas de mujeres, pero para el gobierno del estado de Chiapas esto no fue suficiente para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
La secretaria estatal de Empoderamiento de la Mujer, Sasil de León Villard, dijo que ese número no ponía en riesgo la estabilidad y la paz social en la entidad, por lo que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas.
Hasta este año se han registrado en el estado 230 muertes violentas de mujeres, 60 por ciento son casos de feminicidio, según cifras del Colectivo de Mujeres (Colem) que ha llevado un registro desde 2012.
“Las muertes violentas de mujeres que se han dado en Chiapas después del 25 de noviembre de 2013 son responsabilidad del gobierno por negarse a declarar la Alerta de Género”, consideró Martha Figueroa Mier, quien interpuso un amparo en contra del procedimiento para negar la declaratoria de AVG en Chiapas.
La justicia federal falló a favor de las activistas y a finales de 2014 una comisión visitó el estado para investigar la situación en la que viven las mujeres y así valorar la pertinencia de la AVG, pero hasta ahora no hay respuesta.
En Chiapas, desde enero pasado hasta el 24 de abril se tiene un registro de 39 muertes violentas de mujeres; 26 de estos casos podrían tipificarse como feminicidio. El número es mucho mayor al de 2015; por las mismas fechas se tenía un registro de 29 decesos. En este 2016, el municipio con más muertes violentas de mujeres es Tuxtla Gutiérrez, la capital estatal.
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
A diferencia de otros estados, las organizaciones civiles que solicitaron la AVG para Chiapas no argumentaron el número de casos de feminicidio o las muertes violentas, sino la violencia estructural contra las mujeres en la entidad.
“En Chiapas existe una violencia estructural que genera violencia feminicida. Es el estado con mayor número de muertes maternas por la violencia obstétrica, con mayores casos de embarazos en adolescentes que se traducen en abuso sexual a niñas y adolescentes. No existen los mecanismos necesarios para que la mujer violentada acceda al sistema de justicia”, señaló Martha Figueroa.
En el estado no existen políticas públicas claras y efectivas que ayuden a eliminar la violencia estructural en contra de las mujeres, y por el contrario se han eliminado algunas acciones afirmativas que en algo estaban ayudando, apuntó.
Y es que las unidades de atención contra la violencia hacia la mujer, que eran 22 antes de iniciar la actual administración, este año fueran cerradas en su totalidad. La propia Sasil de León Villard –cuando era diputada federal– firmó los cheques de finiquito de las mujeres que ahí trabajaban.
El hecho de que no exista una titular de la Secretaría del Empoderamiento de la Mujer y sólo una encargada de despacho ha impedido que desde hace un año sesione el Consejo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es el encargado de delinear las políticas públicas en la materia.
Los consejos municipales tampoco han sesionado a excepción de Tuxtla Gutiérrez, que es el único que hizo su sesión pública.
“(La AVG) es como una alerta meteorológica. ¿Qué se hace cuando sabes que va haber una tormenta? Pues se emite una alerta. Eso ayuda a que las personas no mueran porque logras sacar a las personas de sus casas, ponerlos en refugios, tener un lugar seguro”, expresó Figueroa Mier.
Abundó que una AVG está lejos de ser algo perjudicial para un gobierno o un estado, es todo lo contrario, es lo que ayuda a restablecer la paz y el tejido social. Evita asesinatos de mujeres, violencia hacia ellas. Su implementación es la mejor manera de señalar que está comprometido con la eliminación de la violencia contra la mitad de la población.
La AVG también permitiría generar acciones y políticas públicas para las familias que han tenido casos de feminicidio. Se estima que en Chiapas hay unos 200 niños y niñas en orfandad o abandono debido a que su madre fue asesinada por el padre, familiar o algún conocido.
El pasado 24 de abril, como parte de la movilización nacional “Primavera Violeta” contra las violencias machistas, en cuatro municipios del estado cientos de mujeres y hombres salieron a las calles para exigir al gobernador Manuel Velasco Coello que implemente la AVG en Chiapas.
16/SDLS/RMB
Desinterés de personal judicial en capacitaciones de género
En los ministerios públicos (MP) se revictimiza a las mujeres violentadas porque hacen falta recursos para ofrecer capacitación al personal, y porque los mismos empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran desinterés en el tema, acusó la académica del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) Rosío Córdova.
Señaló que en los MP hay “un problema muy serio” porque se revictimiza a las mujeres violadas sexualmente; les preguntan una y otra vez como ocurrió el daño; las revisan médicos legistas sin preparación, y es por eso que la víctima prefiere no denunciar.
Pero además los agentes del MP culpabilizan a las mujeres de haber sufrido una violación, al decirles que estaban “en un lugar equivocado a altas horas de la noche”, o por cómo iban vestidas.
“Pareciera que los ministerios públicos no tienen que buscar al culpable, sino que culpabilizan a las propias víctimas; siempre ponen la responsabilidad en las mujeres como si la conducta o el atuendo que llevan, o el estar fuera de espacios de protección, es como si ellas estuvieran provocando el delito; eso es difícil porque los ministerios públicos culpan a la propia víctima”, recalcó.
La investigadora participó el pasado domingo en la movilización nacional #24A contra las violencias machistas, la cual se llevó a cabo en diversas ciudades de 27 estados del país.
Rosío Córdova consideró que las autoridades no aplican de manera adecuada la Norma Oficial Mexicana 046, sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, a pesar de que los protocolos son muy claros. Insistió en que no hay una ruta crítica para que las mujeres puedan denunciar.
“Uno de los grandes problemas de las capacitaciones (al personal judicial) es que podemos impartirlas a miles y miles de empleados del servicio público, y a muchas instituciones y dependencias, pero qué ocurre, no se comprueba que esas capacitaciones realmente estén funcionando”, observó.
Córdova señaló que en las capacitaciones sobre igualdad de género y Derechos Humanos, los auditorios se llenan con mujeres y hombres de diferentes dependencias del gobierno del estado y de la FGE, pero las y los académicos se enfrentan a que “están con el celular, papando moscas, entran y salen. Yo he sido capacitadora, sé de lo que hablo”, criticó.
16/VH/RMB