julio 2016
En medio de protestas de grupos conservadores y de defensoras del derecho a decidir sobre la maternidad, el Congreso de Veracruz aprobó en segunda vuelta la reforma al artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
En la última sesión de la Legislatura, con 34 votos a favor, una abstención y nueve votos en contra quedó aprobada la reforma que el pasado 21 de enero presentó el gobernador Javier Duarte, cuando el Congreso la aprobó en primera vuelta.
En la primera votación en enero, la reforma se aprobó con 38 votos a favor y seis en contra, en esta segunda vuelta los votos en contra aumentaron a nueve pero no fueron suficientes para echar el pacto de la iglesia católica con los legisladores, iniciativa que era impulsada desde hace seis años.
Con esto Veracruz se convierte en la entidad número 17 en criminalizar el aborto ya que los diputados cumplieron el pacto que hicieron en mayo pasado con el arzobispo de la ciudad de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quien informó que los diputados se comprometieron a avalar la propuesta legislativa una vez que pasaran las elecciones del 5 de juicio.
Durante el debate que duró aproximadamente dos horas, las diputadas Mónica Robles, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Ana María Condado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron datos de la situación de las mujeres y niñas del estado de Veracruz.
La diputada Robles citó resultados de investigaciones de organizaciones e instituciones de salud y dijo que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en embarazos en adolescentes, quienes en su mayoría fueron víctimas de violación y otros delitos sexuales.
La entidad, dijo la legisladora, también ocupan el tercer lugar de muertes maternas provocadas por la falta de atención, control y servicios de salud efectivos durante el embarazo.
Al hablar en tribuna indicó que hay un aproximado de 73 mujeres que se practican un aborto de manera insegura, al no contar con el derecho de realizarlo en instituciones sanitarias confiables.
Es por ello que manifestó su rechazo a la iniciativa y señaló que reformar el artículo cuarto de la de la Constitución Política del estado podría aumentar el número de denuncias y procesos judiciales contra mujeres; aunque cabe decir que en Veracruz el aborto se castiga con reeducación y no con cárcel.
La diputada Robles también mencionó que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado un incremento de denuncias contra mujeres por aborto. Desde 1992 al 2007 hubo 62.5 denuncias y del 2009 al 2011 aumentó a 226.3 a nivel nacional.
Por su lado la perredista Ana María Condado dijo que el estado tiene que proteger la vida de las niñas y mujeres, ya que son ellas quienes deberían tener el derecho a decidir y tener una vida libre violencia, ya que el número de desapariciones y el feminicidio en Veracruz va en aumento.
Debido a que en el Congreso había una amplia presencia de grupos conservadores, las diputadas que defendían el derecho a la maternidad libre y voluntaria, dijeron que no se podía anteponer ninguna ideología ni postura religiosa al respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
En respuesta, legisladores como Jesús Vázquez del PVEM, Rafael Bringas y María Belem Fernández del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Hugo Fernández del Partido Acción Nacional (PAN) –quienes se definieron como católicos y padres de familia– dijeron que ninguna ideología debe obstaculizar el “derecho a la vida”.
Mientras las y los diputadas discutían las implicaciones de la reforma, en el recito estaban presentes monjas e integrantes de agrupaciones conservadoras, pero también activistas de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, quienes gritaron al final de la sesión la consigna: “Seguimos en la lucha”
Finalmente el artículo cuarto de la Constitución Política de Veracruz queda de la siguiente manera: “El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes”.
Una vez que la reforma fue aprobada será enviada a los 212 ayuntamientos del estado para que sea ratificada y aprobada de forma definitiva.
16/GVV/AGM/
Aumentar penas por aborto en El Salvador afectaría a niñas
Sara García, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras Derechos Humanos, afirmó que aumentar las penas por aborto en El Salvador criminalizaría aún más a las niñas y es que en el país se han registrado mil 444 niñas de 10 a 12 años embarazadas como resultado de una violación sexual durante 2016.
En entrevista con Cimacnoticias, durante el Diálogo Regional Intercambio de Buenas Prácticas Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres que se realizó en esta ciudad, la activista dijo que las niñas serían las más afectadas en caso de que se aumente las penas por el delito de aborto.
Esto lo dijo porque el pasado 11 de julio, el diputado Ricardo Velásquez Parker del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó ante la Asamblea Parlamentaria de El Salvador, una iniciativa para reformar el Código Penal de ese país para aumentar la pena de aborto que actualmente es de dos a ocho años de prisión para que sea de 30 o 50 años.
De acuerdo con García, el 30 por ciento de los partos en el país centroamericano durante el 2015, fueron de niñas de 10 y 14 años. Además 25 mil niñas estuvieron embarazadas “sin tener el desarrollo físico, psíquico ni emocional para afrontarlo”.
Esta información ha sido difundida por diferentes asociaciones civiles que promueven los Derechos Humanos y de las mujeres, como la Alianza por la Salud Sexual y Salud Reproductiva, la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyally y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida.
Sara García explicó que en la actualidad la pena de aborto es de dos a ocho años de prisión y con esa sanción ya hay casos documentados de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, quienes han sido sentenciadas a cumplir una pena por aborto y homicidio agravado, cuando muchas de ellas tuvieron emergencias obstétricas.
La activista alertó que se repetirían casos como el de María Teresa Rivera quien cumplió casi 5 años de prisión de una condena de 40 años luego de ser sentenciada por el delito de homicidio agravado.
En este caso la mujer fue liberada en mayo pasado después de que el juez Martín Rogel Zepeda reconociera que no había suficientes elementos que probaran la comisión de delito y admitiera que la condena fue un “error judicial”, aunque podría pisar nuevamente la cárcel luego de que un fiscal apelara su libertad.
La activista dijo que en la actualidad 25 mujeres están en la cárcel acusadas de haber tenido un aborto y de homicidio agravado, por lo aprobar un aumento de la penalidad sería “violencia institucional” al violar los Derechos Humanos de las mujeres.
García indicó que considerar el aborto como un delito provoca la persecución contra las mujeres que solicitan atención de emergencias de salud ya que en vez de ser atendidas son cuestionadas, acusadas y sometidas a procesos judiciales por delitos que no cometieron.
Ante ello las organizaciones a favor de las mujeres hicieron un llamado enérgico a diputadas y diputados para que legislen a favor de los derechos de las mujeres y prevengan futuros casos de violencia sexual contra niñas, mujeres y adolescentes.
16/GVV/AGM
Analizan acción de inconstitucionalidad por reforma antiaborto
Luego de que esta tarde el Congreso de Veracruz aprobara por mayoría la reforma al artículo cuarto de la Constitución local para proteger la vida desde el momento de la concepción, activistas y académicas dijeron que no descartan buscar la forma de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Previo a la aprobación de la reforma –presentada por el gobernador Javier Duarte en enero pasado y aprobada hoy en El Congreso en segunda vuelta–, Monserrat Díaz, integrante del Colectivo Feminista de Xalapa, y Estela Casados González, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, aseguraron que existen elementos legales suficientes para echarla abajo.
De acuerdo con las activistas la modificación para “proteger la vida, desde la concepción” es violatoria de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y criminaliza a aquellas que viven un aborto, incluso cuando es espontáneo, es decir, por causas naturales.
Antes de conocer la votación final Monserrat Díaz explicó que los integrantes de la Legislatura que están en contra de la reforma pueden promover una acción de inconstitucionalidad y además de que recordó que en el estado hay una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado, donde se argumentó la posible modificación constitucional.
Cabe recordar que luego de que la iniciativa fuera aprobada en primera vuelta, en enero pasado, el 5 de abril el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; las organizaciones Equifonía; Xochiquetzal; Colectivo Akelarre; y Las Libres, presentaron una solicitud de AVG ante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres.
En este sentido, la abogada del Colectivo Feminista de Xalapa, Montserrat Díaz, señaló que las autoridades federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tienen posibilidad de frenar la reforma, puesto que viola los DH de las mujeres, por lo que llamó a que así lo hagan.
Y es que además consideró que esta iniciativa pone en entredicho el principio básico de que los derechos no pueden ir hacia atrás, sino que deben ser progresivos.
Por su parte, Estela Casados insistió en que esta es una situación gravísima para las mujeres y puso como ejemplo que en otras entidades, donde se tienen este tipo de reformas, muchas mujeres han pasado años encarceladas a consecuencia de sufrir abortos espontáneos. Aunque cabe decir que en Veracruz el aborto no se castiga con cárcel sino con tratamiento psicológico.
No obstante la defensora de los derechos femeninos recordó que incluso en Veracruz, una voceadora llegó a solicitar atención médica de urgencia a consecuencia de un sangrado, por lo que hasta ese momento supo que estaba sufriendo un aborto, motivo por el cual el personal de la Cruz Roja la denunció y tuvo que pasar cerca de un año encarcelada, a pesar de que no existía un delito.
Mientras en el Congreso se esperaba la discusión de la reforma, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara advirtió que protege la vida desde la concepción, es lesivo para los derechos de las mujeres y atenta contra los resolutivos y sentencias de tribunales nacionales e internacionales.
A propósito de la aprobación de esta reforma en segunda vuelta en el Congreso Local, la rectora envió un comunicado donde señaló que el aborto es un tema de salud y de seguridad pública.
“Veracruz es el cuarto estado en nuestro país con mayor número de muertes por abortos clandestinos, con los más elevados índices de mortalidad materna y de embarazo en adolescentes”, dijo,
La rectora afirmó que las y los universitarias lamentan la aprobación de esta reforma porque representa un claro retroceso en materia de equidad de género.
A los rechazos se sumó la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, Edda Arrez Rebolledo que calificó de “innecesaria” la reforma y lamentó la actitud de los legisladores de analizar la propuesta, a pesar de que la ONU les recomendó garantizar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En entrevista Arrez Rebolledo dijo que la paz sólo se logra cuando las mujeres tienen una vida digna y cuando hay un paquete de reformas legislativas que aseguran su salud, educación sexual, laica y libre de dogmas y la prevención de los embarazos no deseados o a edades tempranas.
Cabe decir que la SCJN podría pronunciarse sobre el aborto luego de que una joven veracruzana fue criminalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por tener un aborto por lo cual presentó un amparo alegando la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal de Veracruz, que definen el delito de aborto y lo castigan con reeducación.
16/IO/BG/BA
En las elecciones del 2015 en Chiapas la paridad electoral obligó a todos los partidos políticos a integrar a mujeres en las planillas de candidaturas a los ayuntamientos; todos lo hicieron y algunas ganaron, pero en la práctica ellas no cobran sueldo ni ejercen el puesto.
Según cifras de la Red por la Paridad Efectiva (Repare) en las pasadas elecciones fueron electas 797 regidoras y 562 regidores en los 122 municipios de Chiapas. Sin embargo este número se ha invertido, ahora son más varones que mujeres debido a que muchas de ellas renunciaron a su cargo en el primer año de gestión y fueron suplidas por hombres.
En Oxchuc, Chanal, Chenalhó y Tila las alcaldesas renunciaron o fueron obligadas a renunciar. En Chamula, Malpaso, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas, por citar algunos casos documentados, las presidentas municipales o mujeres integrantes de los ayuntamientos no están ejerciendo el cargo, sus puestos sólo están en el papel.
EL CASO CHAMULA
El pasado fin de semana en plena plaza de Chamula. Narciso Lunes Hernández fue asesinado junto al presidente municipal, Domingo López Hernández. Todos los medios de comunicación dieron por hecho que Narciso Lunes Hernández era el síndico municipal porque en la práctica así era, aunque su hija, Cristina Lunes Shilon fue quien resultó electa.
Por usos y costumbres las mujeres en Chamula, como otros municipios indígenas, no pueden ejercer cargos en el gobierno. Las regidoras que integran el ayuntamiento tampoco están en funciones. Ninguna de ellas lo ha denunciado.
De acuerdo al portal de transparencia del ayuntamiento de Chamula la síndica municipal gana 45 mil 540 pesos mensuales, un sueldo –que en teoría– es más alto que el del propio alcalde. De ese recurso Cristina no ha cobrado un peso. Narciso Lunes Hernández, su padre, es quien ejercía el puesto y cobraba el salario.
Tras el asesinato la noche de este miércoles 27 de julio fue nombrado el presidente municipal de Chamula así como dos regidores. No hubo necesidad de cambiar al síndico porque se supone que Cristina Lunes Shilon tiene ese cargo y ella sigue en el puesto, aunque sólo sea en el papel.
OBLIGADAS A RENUNCIAR
En Chanal y Tila las presidentas municipales nunca pudieron despachar en su oficina. A seis meses de haber tomado posesión, ambas renunciaron a su cargo y en su puesto quedaron los síndicos municipales. En los dos municipios los hombres fueron los candidatos hasta que los partidos fueron obligados a postular mujeres para cumplir con la paridad en candidaturas.
En el caso del municipio de Chanal, la presidenta municipal, Olga Gómez López, presentó ante el Congreso local una petición para separarse del cargo, misma que fue aceptada y los diputados nombraron como nuevo alcalde a Javier Velasco Bautista, esposo de la presidenta municipal, quien se desempeñaba como síndico.
En Tila sucedió algo similar, la alcaldesa Fabiola Vázquez Ortiz dejó el cargo y el Congreso local nombró como nuevo presidente municipal a Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, quien se desempeñaba como síndico.
La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Chiapas señala que no puede haber parientes hasta en tercer grado como integrantes de la misma planilla en una candidatura para los ayuntamientos pero en estos casos nadie impugnó así que las y los familiares se postularon y ganaron sin problemas.
“Tila y Chanal son un ejemplo claro de las artimañas que usaron los partidos políticos para simular el cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género. Las esposas de quienes fueron los candidatos les sustituyeron en las planillas electorales y después de haber ganado las elecciones, pidieron licencia indefinida”, declaró Elva Narcia, integrante de la Repare.
“Lo que está por investigarse también es por qué se permitió que los esposos de las candidatas ocuparan un puesto prominente en el Cabildo y por qué si la Constitución local prohíbe el traspaso de poder entre cónyuges, parejas de facto y familiares hasta en tercer grado, se les permitió ascender tras las licencia de las alcaldesas”, dijo.
En Oxchuc y Chenalho no dejaron gobernar a las presidentas municipales. En ambos municipios mujeres indígenas ganaron las elecciones pero ninguna pudo ejercer sus funciones ante las constantes manifestaciones de la población y aunque ellas no querían renunciar, fueron obligadas a hacerlo.
María Gloria Sánchez, ex alcaldesa de Oxchuc nunca pudo tomar posesión del cargo debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa toda vez que diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
Esta sería la segunda vez que María Gloria asumiría la presidencia municipal. Su esposo, Norberto Sántiz López gobernó dos veces el municipio y juntos llevaban casi 15 años de cacicazgo en el lugar.
En Chenalhó no todo está dicho. En mayo pasado Rosa Pérez Pérez dejó su cargo como alcaldesa porque el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Eduardo Ramírez y el coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Penagos, fueron secuestrados por habitantes que pedían la renuncia de la presidenta municipal.
Una vez que ella renunció los legisladores nombraron como nuevo alcalde a Miguel Sántiz Álvarez. De acuerdo con la ex presidenta municipal el nuevo funcionario le pidió dinero y contratos de obras pero cuando ella se negó él decidió encabezar las protestas en su contra hasta destituirla.
Ahora el caso está en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a que la ex alcaldesa presentó una impugnación por el nombramiento de su sucesor, por lo que el organismo podría restituir sus derechos próximamente. Cabe decir que a ella le han ofrecido ocupar otro puesto en el gobierno de Chiapas a cambio de dejar el litigio, pero se ha negado aceptar la propuesta.
VIOLENCIA EN TODAS LAS REGIONES
En Oxchuc, a las regidoras plurinominales Alicia Sántiz Gómez, Mercedes Gómez Sánchez y Sara Sántíz López no se les ha permitido tomar posesión. En Tecpatán, las regidoras María Bertha Castellanos, María Rosario Pérez Flores, Rosbita Mireya Mancilla Juárez y Patricia Santos han denunciados que no se les convoca a las sesiones de Cabildo y que les han retenido sus sueldos.
En Amatenango del Valle, el esposo de la síndica Margarita González López, usurpó el cargo, y aunque ella firma los documentos y acude a las reuniones en la capital del estado, es él, Domingo Díaz Cruz, quien ejerce las funciones de la sindicatura y cobra la mitad del sueldo según ha denunciado la Repare.
Elva Narcia asegura que la violencia política en contra de las mujeres no es privativa de los municipios indígenas y que hay caso en todas las regiones del estado.
Para evitar que continúen estos casos de violencia política en contra de las mujeres es necesario una mayor y más sólida formación política por parte de las mujeres para que puedan identificar con claridad cuando son víctimas de ese tipo de actos; señaló la activista.
Por parte del Legislativo, dijo, es urgente que se unifiquen criterios y se apruebe la iniciativa de ley sobre violencia política por razones de género, y es que esta violencia es reflejo de las condiciones de desigualdad de género y de la necesidad de crear políticas públicas eficientes que ayuden a que todas las personas tengan las mismas oportunidades y se les garantice todos sus derechos.
16/SDLS/AGM
Hillary Clinton tiene las agallas para romper techo de cristal: Michelle Obama
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, afirmó que la única persona calificada para ocupar la Presidencia de su país es la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Ocho años después de la Convención Nacional del partido Demócrata (DCN, por sus siglas en inglés) que se realizó en Denver, donde Michelle Obama apoyó a su esposo, el entonces senador de Illinois, Barack Obama, la primera dama estadunidense nuevamente tomó el estrado para patrocinar a Hillary Clinton y urgir a los demócratas que se unan a ella.
Esta vez lo hizo durante la Convención Nacional del partido Demócrata llevada a cabo en la ciudad de Filadelfia el pasado 25 de julio, donde anunció: “Yo estoy aquí esta noche porque en esta elección sólo hay una persona que confío pueda con esa responsabilidad, sólo una persona que creo que es realmente calificada para ser presidenta de los Estados Unidos, y es nuestra amiga Hillary Clinton”.
El emotivo discurso fue difundido ampliamente en las redes sociales y elogiado por varios medios de comunicación –desde la revista Vogue hasta la cadena de noticias CNN– quienes indicaron que el mensaje de la primera dama pasará a la historia y podría volverse en “el az bajo la manga” de Hillary Clinton, ya que la candidata ha estado en el ojo de la polémica últimamente, debido a una serie de correos filtrados por la organización WikiLeaks, que supuestamente revelan que el partido de izquierda había planeado el sabotaje de su rival, el senador de Vermont Bernie Sanders.
“¿Este mes de noviembre cuando vayamos a las urnas, qué es lo que estaremos decidiendo? No demócrata o republicano, no la izquierda o derecha”, señaló. “No. Esta elección y cada elección es acerca de quién tendrá el poder de formar a nuestros hijos durante los próximos 4 u 8 años de su vida”.
Michelle Obama recordó que es madre “de dos hermosas mujeres jóvenes negras”, quienes gracias al liderazgo de Clinton, dan por sentado la posibilidad de tener una mujer presidenta.
“Hillary entiende que ser presidenta se trata de una cosa y sólo una cosa: se trata de dejar algo mejor para nuestros hijos”, dijo.
“Yo confío en Hillary para dirigir este país, porque he visto su dedicación, de toda la vida, a la niñez de nuestro país, no sólo con su propia hija, a quien ha criado a la perfección, por cada niño que necesita un campeón, los niños que toman el camino más largo a la escuela para evitar las pandillas, los niños que se preguntan cómo es que van a pagar por la Universidad, los niños cuyos padres no hablan una palabra de inglés, pero sueñan con una mejor vida, los niños que acuden a nosotros para determinar lo que pueden ser”.
La esposa del presidente Obama indicó también que Hillary Clinton ha pasado décadas trabajando en defensa de la niñez con discapacidad, así como la salud y el cuidado infantil de calidad, y alabó su liderazgo en la lucha que las mujeres han emprendido contra la desigualdad.
“Las líderes como Hillary Clinton tienen las agallas y la gracia para hacer una grieta más al techo de cristal que cada vez es más alto y más duro, levantándonos a todas nosotras junto con ella, hasta que finalmente se rompa”, dijo.
Sin nombrar a Donald Trump, Michelle Obama apuntó contra la campaña del candidato republicano, quien usa la frase “Haz de Estados Unidos un gran país de nuevo”.
“No dejen que nadie les diga que este no es un gran país, que de alguna manera tenemos que hacer que sea un gran país de nuevo”, dijo. “Porque ahora mismo es el mejor país del mundo”.
16/CAR/LGL
Titular de FEPADE urge a tipificar ya violencia política de género
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, informó que las denuncias por violencia política de género aumentaron más del doble en sólo un año, al pasar de 38 averiguaciones previas en 2015 a 103 en las elecciones de 2016.
En entrevista con Cimacnoticias, luego de participar este 19 de julio en un coloquio en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el fiscal dijo que es necesario tipificar la violencia política de género para que esta institución pueda proteger de mejor manera los derechos político-electorales de las ciudadanas y de las candidatas.
Debido a que en la legislación mexicana no existe el delito de violencia política de género, el fiscal explicó que para investigar estos casos la FEPADE se basa en los tipos penales que establecen la Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde mayo de 2014.
El artículo 7 fracción 4 de esta ley, establece el delito de obstaculizar o interferir en el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; y la fracción 16, el de causar temor o intimidación en el electorado.
En este contexto Nieto Castillo expuso que durante la pasada elección de junio de 2016 se presentaron tres tipos de violencia: la de grupos sociales que impidieron la instalación de casillas, la que ejercieron grupos de delincuencia organizada y la que tenía componentes de género.
En comparación con la elección de 2015, este año disminuyeron los incidentes violentos que impidieron la instalación de casillas o que provocaron la destrucción de paquetes electorales pero –dijo– aumentaron los actos de temor o intimidación a los electores.
El fiscal explicó que al no tener un tipo penal específico sobre violencia de género la FEPADE ha argumentado en sus investigaciones que cualquier acto de violencia o presión hacia las candidatas electas vulnera el sufragio del electorado ya que la ciudadanía las eligió como sus representantes y atacarlas a ellas es transgredir el voto.
Sin embargo, reconoció que esta línea argumentativa tiene que pasar por la valoración de los jueces quienes imponen las sanciones cuando consideran que se acreditó un delito.
Hasta ahora la FEPADE ha conseguido dos sentencias condenatorias por violencia de género; la primera contra las personas que en 2015 agredieron a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el distrito 7 en Oaxaca, Lorena Nava, quien fue violentada por mujeres que la golpearon y la desnudaron.
La segunda sentencia condenatoria fue contra un grupo de personas que destruyeron paquetes electorales en una casilla de Oaxaca, donde la presidenta de la mesa directiva era una mujer.
Además de estos casos hay otros que continúan en investigación como las agresiones contra la ex alcaldesa de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar; y los actos de intimidación contra la magistrada de San Luis Potosí Yolanda Pedroza Reyes, violentada por sus pares magistrados.
Por último Nieto Castillo señaló que es necesario una reforma a las leyes electorales para incluir el delito de violencia política de género y destacó que si bien ello no va a impedir que se cometan estos actos, sí manda el mensaje de que no se pueden permitir estas conductas en contra de las mujeres.
16/AGM/LGL
Aprueban Plan Nacional Contra Violencia de Género en Perú
Lima, Perú.- El gobierno peruano publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo 008-2016-MIMP en donde aprueba el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 -2021.
Su aplicación será en todos los niveles de gobierno y en los distintos sectores y entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Los gobiernos regionales y locales alinearán sus políticas al Plan Nacional y recibirán apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
AI impartirá taller en el Museo Memoria y Tolerancia sobre tortura sexual
Ciudad de México.- Integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI) México, impartirán en el Museo Memoria y Tolerancia, el taller “Alto a la Tortura sexual de mujeres en México”, todos los miércoles del mes de agosto en un horario de 16:00 a 18:00 horas.
Durante cinco sesiones se analizará la tortura y los malos tratos de las mujeres en México; la normatividad nacional e internacional y obligaciones de los Estados y los principales resultados del informe “Sobrevivir a la Muerte. Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México”.
Para inscripciones ir a: http://www.myt.org.mx/museo/centro-educativo/talleres/2016/agosto/alto-a-la-tortura-sexual-de-mujeres-en-mexico-amnistia/
Registra Tegucigalpa 559 denuncias por violencia en primer trimestre de este año
Honduras, Tegucigalpa.- De acuerdo con la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público en Honduras, durante el primer trimestre del año se recibieron 559 denuncias en Tegucigalpa por violencia en el hogar, informó el portal de noticias Proceso Digital.
La vocera del Ministerio Público, Lorena Cálix, dijo que en 425 de los casos, los agresores cumplieron con medidas de seguridad sugeridas por el Ministerio Público durante los procesos judiciales.
Finalmente, señaló que la mayoría de las denuncias correspondieron a agresiones físicas y psicológicas.
16/GMV/LGL
Acumula PGR reparaciones de daño a favor de indígenas otomíes
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño a Teresa González Cornelio, indígena otomí que en 2006 fue encarcelada por el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación.
A casi 10 años de que Teresa fuera detenida y encarcelada, el TFJFyA ordenó a la dependencia difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa, informó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Con esta resolución la PGR está obligada a reconocer que acusó falsamente a Teresa, tal como lo hizo con las indígenas Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, acusadas por el mismo delito. De las tres mujeres, Jacinta fue la primera en ser liberada y después en solicitar la reparación del daño.
Es de recordar que en mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA, quien un año antes ordenó otorgar la reparación del daño a Jacinta. Dicha sentencia ya fue notificada a la PGR por lo que tiene un plazo de 4 meses para que sea cumplida.
En el caso de Teresa, permaneció privada ilegalmente de su libertad más de tres años, acusada por el presunto secuestro de seis policías, quienes en 2006 realizaban un supuesto operativo para decomisar mercancía en el tianguis del municipio de Amealco, Querétaro, cuando fueron plagiados.
Por esta acusación, el 9 de agosto de 2006 el juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, la condenó a 21 años de prisión y luego el 19 de febrero de 2010, el mismo juez confirmó la sentencia, sin embargo Alberta y Teresa interpusieron un amparo para inconformarse por la resolución.
Después de ser condenada injustamente, en febrero de 2010 Amnistía Internacional (AI) nombró a Teresa presa de conciencia y manifestó que se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social, por ser una mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
Luego de pasar casi 4 años en prisión, el 28 de abril de 2010 la indígena, junto con Alberta, fue liberada por una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver la apelación, consideró que no había elementos para probar su culpabilidad.
Después de obtener su libertad comenzó el camino para exigir la reparación del daño por parte de la PGR y en 2013 tuvo respuesta favorable por parte del TFJFyA pero la PGR no quedó conforme con la resolución por lo que interpuso un recurso que finalmente este mes fue resuelto.
Con la reciente resolución, sólo queda pendiente el caso de Alberta, quien además fue acusada de delitos contra la salud por supuestamente portar cocaína.
Alberta está a la espera de la petición que hizo para que se le repare el daño toda vez el recurso de revisión que interpuso la PGR, donde pide revocar la orden de reconocer su inocencia; se encuentra en análisis ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Tanto el Centro Prodh como AI, consideran que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas, se puede ganar un precedente fundamental para que la dependencia se responsabilice por los daños que genera el Ministerio Público cuando incurre en actividades irregulares.
16/AGM/LGL
A un día de su reclamo a Osorio Chong, hallan a su hija desaparecida
No bastó que María Guadalupe Vargas denunciara la desaparición de su hija Nayeli para que las autoridades la buscaran, fue necesario que burlara la seguridad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y se acercara a él, para lograr la localización de la joven.
Para que se activaran los mecanismos de búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR) María Guadalupe, tuvo que gritar, llorar y mostrar la fotografía de su hija frente al secretario y ante la mirada de decenas de mujeres, funcionarias y expertas en violencia de género.
Así lo hizo ayer durante el Diálogo Regional Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y nuevos retos en la erradicación de la violencia contra las mujeres que se realiza en Pachuca, Hidalgo, cuando se acercó a Osorio Chong para pedirle ayuda en la localización con vida de su hija de 29 años de edad.
Minutos después de su irrupción en el foro, el secretario y el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, se reunieron con ella, y horas más tarde elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, lograron la liberación, según un comunicado difundido hoy por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Así, con la exigencia de la madre, la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, fue remitida a la SEIDO, en el expediente NUC 12-2016-06917.
La joven, al parecer de profesión maestra, fue secuestrada la noche del 22 de julio frente a su domicilio en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo, según informó la SEIDO.
El acto de su madre hizo que todos los mecanismos de búsqueda actuaran y que Nayeli fuera localizada y liberada en una casa ubicada en la colonia El Salado, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.
Pasaron siete días desde su retención -y a unas horas de que Osorio Chong dio instrucciones para actuar- para que se concretara una orden de cateo solicitada por el agente del Ministerio Público Federal en una carpeta de investigación radicada en la SEIDO.
Dicho cateo, informó la subprocuraduría, “fue ejecutado la mañana del 27 de julio de 2016 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, con lo cual se logró la liberación de la víctima.
La Procuraduría estatal, instancia que conoció la denuncia desde el primer momento, se coordinó con la PGR, y así se logró la detención de dos personas, cuya identidad, según dijeron las autoridades, se reserva por motivos legales.
La tarde de ayer la Procuraduría estatal informó en un comunicado que luego de que conoció de la denuncia de “desaparición”, de inmediato atendió a la familia y le dio seguimiento al caso.
Asimismo señaló que por instrucción del procurador de Justicia, Alejandro Straffon Ortiz, se proporcionó atención y orientación personal a la familia de la víctima, además de que informó que existían “indicios en el caso” que no podía revelar “para salvaguardar la integridad de la mujer”.
16/AGM/LGL