Las candidatas a magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante, se pronunciaron a favor de que haya más mujeres en órganos electorales y expresaron su compromiso con la imparcialidad judicial.
Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres aspirantes expusieron sus opiniones sobre la paridad de género en candidaturas, la violencia política de género, los gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, las causales para anular una elección y las candidaturas independientes, entre otros temas.
En su presentación, Berenice García Huante, quien fuera secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, dijo que la paridad (igualdad) de género debe empezar por la casa, toda vez que, criticó, en el máximo organismo jurisdiccional electoral hay pocas mujeres en cargos de dirección.
“Si bien ya tenemos un acuerdo de carrera judicial donde se promueve la participación de las mujeres para integrar las ponencias y ser parte de secretarias de estudio y cuenta en la Sala Superior, lo cierto es que en los hechos hay muy pocas”, dijo frente a las y los senadores.
Para fomentar la participación femenina en este órgano la candidata propuso medidas como crear un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) para apoyar a las madres que trabajan en la Sala Superior ya que en un proceso electoral todos los días y horas son hábiles; y planteó crear una agenda para defender los derechos político- electorales de mujeres y personas con discapacidad.
Además agregó que los tomadores de decisiones pueden interpretar las leyes y los tratados internacionales para promover la paridad en la integración de autoridades electorales y acotó que las mujeres que participan en el actual proceso de elección para elegir a siete magistrados no están ahí por cubrir una cuota sino por su capacidad.
García Huante, quien tiene 14 años de experiencia en materia electoral, aseguró además que una forma de garantizar la protección de los derechos político-electorales es cumplir con el Protocolo para Atender la Violencia Política de Género contra las Mujeres y capacitar para que los juzgadores lo apliquen en sus sentencias.
La aspirante también se pronunció por mantener los sueldos de las y los magistrados, por retirar algunas prestaciones que son excesivas e innecesarias para desempeñar el cargo, hacer que el TEPJF sea un organismo más abierto y trasparente, y por tomar en cuenta resoluciones de organismos internacionales cuando estos hagan referencia a México.
“NO ME SIENTO DISCRIMINADA”
En su turno, la magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, María del Pilar Parra Parra, destacó la labor del Senado que en 2014 aprobó la reforma en materia político- electoral que elevó a rango constitucional la paridad de género, principio que la Sala Superior ha defendido.
Al ser cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre la resolución de la Sala Superior del TEPJF que determinó que luego de la muerte de Mónica Arriola Gordillo su curul en el Senado correspondía a Manuel Cárdenas Fonseca y no a una mujer, la candidata dijo desconocer el caso.
Parra Parra también habló sobre el proceso de selección donde de 20 mujeres que se inscribieron solo seis pasaron a la última etapa. Aunque para algunos legisladores fue un desatino agruparlas en dos ternas porque así se cerraba la posibilidad de elegir a más ciudadanas para ocupar uno de los siete cargos, la candidata dijo no sentirse discriminada.
“Con toda honradez le debo decir que no me siento discriminada, al contrario, me siento sumamente halagada, me siento sumamente reconocida”, dijo.
Respecto a la publicidad y propaganda encubierta, dijo que hay veces que por la actividad pública del personaje político éste tiene que difundir sus actividades y señaló que hay una línea muy tenue entre la publicidad de gobierno y la personal; y finalizó diciendo que ha sido cuestionada por sus decisiones judiciales pero prefiere olvidar los “periodicazos”.
CREAR UN MEDIADOR ELECTORAL
La titular de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, también se pronunció a favor de más mujeres en este organismo y consideró que en este proceso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de hacer la primera selección, se limitó al integrar a las seis mujeres en dos ternas.
Otálora Malassis, quien promovió la defensa de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, que fue obligada a pedir licencia al cargo y luego fue restituida en el cargo por una sentencia judicial, dijo que los organismos públicos también tienen responsabilidad para que más mujeres ocupen estos cargos.
La también magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, cuestionó por qué solo 20 mujeres se inscribieron en este proceso y aseguró que una forma de fomentar la participación femenina es implementar medidas como que cada ponencia (grupo de personas que trabaja con un magistrado o magistrada) sea integrada de manera paritaria.
La candidata expuso que de 16 secretarios instructores en la Sala Superior, sólo 4 eran mujeres, de las cuales tres lograron ser magistradas, lo que significa que fomentar su integración en estos cargos y su profesionalización genera condiciones para ocupen altos puestos.
Agregó que otra medida es crear un Centro de convivencia en el Tribunal Electoral como se hizo en la Sala Regional para que las mujeres puedan llevar a sus hijos, en particular cuando hay procesos electorales donde las sesiones se amplían.
Además Otálora Malassis, expuso que en la actualidad hay una judicialización de la vida política, es decir, que cada vez más las diferencias dentro de los partidos se llevan a los tribunales lo que es un signo de confianza en las instituciones pero también una señal de que una excesiva regulación fomenta la cultura de la desconfianza.
En este escenario y de cara a las elecciones de 2018 donde se elegirán gobernadores, se renovarán las Cámaras del Congreso de la Unión y habrá elección presidencial, previó que la carga de trabajo será mayor por lo que propuso crear una figura del “mediador electoral”.
Destacó que este mediador se encargaría de dirimir los conflictos que se dan dentro de los partidos políticos y que ahora llegan a los tribunales a través de juicios para la protección de derechos político- electorales, la tarea de este nuevo mecanismo sería facilitar el diálogo y la conciliación para evitar la judicialización de los procesos.
La Comisión de Justicia continúa con las comparecencias, toda vez que aún falta conocer dos ternas más para que se realice un dictamen que se mande al pleno, donde las y los senadores elegirán a los próximos siete integrantes de la Sala Superior que deberán comenzar funciones en noviembre próximo.
16/AGM/LGL
septiembre 2016
Chile impulsa políticas contra el VPH
Santiago, Chile.- Con el fin de prevenir las 600 muertes anuales de chilenas por cáncer de cuello uterino, el gobierno de Chile inició un programa de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a estudiantes de 9 a 13 años de edad, de escuelas públicas y privadas.
Aunque el VPH afecta principalmente a mujeres entre 35 y 55 años de edad, el riesgo de infección es mayor en adolescentes. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicar la vacuna en edades tempranas. La campaña titulada “Juntos por ellas” pretende que todas las niñas del país estén vacunadas a finales del año 2017. (Con información de UNICEF).
Presentarán libro sobre realidades y falacias en torno al aborto
Ciudad de México.- El Museo de la Mujer invita a la presentación del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos” de las autoras Susana Lerner, Agnès Guillaume y Lucía Melgar, el jueves 29 de septiembre a las 17:00 horas.
El libro pretende cuestionar los argumentos que buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se contará con la participación de las y los investigadores Martha Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Arturo Sotelo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Lourdes Enríquez, de la Federación Mexicana de Universitarias.
La cita es en República de Bolivia #17, Col. Centro, Ciudad de México. Entrada Libre.
EPAT pone a la venta pintura “Símbolos de Poder en el Tajín Chico”
Teocelo, Ver.- La Asociación civil Educación y Protección Animal de Teocelo “El Buen Vivir” (EPAT) puso a la venta al público la pintura “Símbolos de Poder en el Tajín Chico” del pintor español y defensor cultural y del medio ambiente, fallecido hace un año Miguel Ángel Quijada Soto, con el fin de recaudar fondos para la asociación.
La obra del también investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, tiene un formato de 90.50 cm por 60 cm. La venta al público es de 25 mil pesos. Más información escribirle a Beatriz Mora al correo electrónico [email protected]
UNAM desarrolla servicio virtual para víctimas de violencia
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha el “Programa para el bienestar emocional de víctimas y testigos de violencia postrauma apoyada en tecnologías de e-salud” con el fin de intervenir en las secuelas de personas violentadas.
La directora del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (LEVC) de la UNAM, Georgina Cárdenas López, señaló que la violencia es una problemática que aqueja el país y 70 por ciento de la población no es resiliente (adaptación a eventos traumáticos), por lo cual es necesario brindarles atención.
La intervención se da sin costo con dos herramientas; la psicoterapia vía Internet, una plataforma en línea atendida por 20 terapeutas de la universidad, y montajes de realidad virtual, que es la recreación controlada de eventos violentos para reducir niveles de ansiedad.
16/HZM/LGL
Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 2 años, implican dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.
¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
16/LLH/LGL
El aborto fue la quinta causa de muerte materna en México en el 2015 al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años de edad, informó la abogada y activista de la organización Ipas México, Julia Escalante de Haro.
En entrevista telefónica, la coordinadora de Política y Abogacía de Ipas México-organización especializada en derechos sexuales y reproductivos- dijo que los códigos penales del país no deben controlar el cuerpo de las mujeres, puesto que deben garantizar sus derechos reproductivos y el cuidado de la salud.
Explicó que Ipas México monitorea la información de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General del Sistema de Información y detectaron que en el año 2015, los abortos fueron la quinta causa de muerte materna, lo que indica que las mujeres deben tener acceso al “aborto seguro” en las instituciones de salud para reducir riesgos y proteger sus vidas.
A propósito del 28 de septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Solís, recordó que a partir de la aprobación de la causal de aborto “por voluntad de las mujeres hasta la semana 12 de gestación” del Código Penal de la Ciudad de México, efectuada el 24 de abril del 2007, se inició una serie de reformas a los códigos penales de diferentes estados del país con el objetivo de proteger la vida desde el momento de la “fecundación-concepción”.
Lo anterior, enfatizó, pone en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres, su salud y también su libertad, porque se criminaliza a quienes tienen abortos espontáneos acusándolas de homicidio por grado de parentesco o por aborto.
Silvia Solís, mencionó que pese a que el aborto está permitido bajo diversas causales en México, prevalece la criminalización en algunos estados como Guanajuato o Puebla.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), registra puntualmente las causales por las cuales se permite el aborto en el país: Michoacán y Yucatán son los únicos estados que contemplan las “causas económicas” de las mujeres; por salud de las mujeres en 14 entidades; inseminación artificial no consentida en13 entidades federativas y por alteraciones genéticas o congénitas graves del producto la reconocen 16 estados y solamente en la Ciudad de México se admite la causal por voluntad de la mujer hasta la semana 12 de gestación.
16/GVV/LGL
En México, donde cada día son asesinadas 6 mujeres y niñas, según información de ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres; el video documental puede ser un medio para visibilizar y sensibilizar en temáticas como la violencia de género.
Por ello, organizaciones como Semillas (México) y los Fondos Lunaria (Colombia); Alquimia (Chile); Centroamericano de Mujeres de Mujeres (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá); de Mujeres del Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay); Apthapi Jopueti (Bolivia), ELAS (Brasil); Frida y de Acción Urgente para América Latina y el Caribe; impulsan el concurso de video documental “Cortemos con la Violencia”.
Dirigido a mujeres jóvenes (18 a 30 años) de América Latina, tiene como objetivo denunciar y prevenir las distintas violencias de género a través del formato audiovisual, como una herramienta que llegue directamente a la gente y la sensibilice en el tema.
En entrevista con Cimacnoticias, la cineasta mexicana, Lucía Gajá Ferrer, quien será una de las jurados del concurso audiovisual “Cortemos la Violencia” que se realizará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, señaló la importancia de trabajar estos contenidos en el cine, ya que es un medio por el cual se puede trabajar.
“Para mí el trabajo del cine es fundamental porque hace contacto directo con la sociedad, y creo que así puede apoyar al cambio y brindar reflexiones importantes, señaló”.
Lucía Gajá Ferrer es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM), e imparte clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Su obra cinematográfica se encuentra enfocada en la demanda de problemáticas sociales, entre ellas la violencia de género.
Su trabajo le ha valido el reconocimiento de diversos premios como el Ariel al mejor Cortometraje Documental, además mejor documental realizado por una mujer, y mejor largometraje documental, por el Festival de Cine de Morelia.
Ha trabajado durante 8 años en temas de violencia de género. Su última obra titulada “Batallas íntimas” (2016), muestra cinco casos de mujeres de distintos países (México, Finlandia, India, España y Estados Unidos) que han sido víctimas de violencia en la familia.
“Algo que se trata en la película (Batallas íntimas) es cómo se supone que la familia es un lugar seguro y se transforma en un entorno de violencia. Me tenía que preguntar sobre el amor, cómo el amor podría transformarse en violencia, y si eso era amor, o qué entendíamos por amor y así empecé a desarrollar el tema”, comentó la cineasta.
La temática también se reflejó en su primer largometraje documental “Mi vida dentro” (2006), donde expone la historia de Rosa Olvera, una migrante mexicana acusada del homicidio de un niño en Estados Unidos.
Debido a las injusticias, constante violencia y discriminación que padeció la protagonista (Rosa) mostradas en la película, logró llamar la atención de la Comisión de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Ecatepec, de donde Rosa Olvera era proveniente.
Con este ejemplo, Lucía Gajá nos habló de la capacidad del video, como un medio que puede sensibilizar y visibilizar temáticas de violencia de género.
La cineasta invitó a las jóvenes a participar en el concurso y a sentirse libres de expresar lo que sientan y colaborar en proyectos como “Cortemos con la Violencia”.
“No hay que cansarnos de estos temas que siguen siendo parte de los problemas sociales fundamentales que permean nuestra sociedad, y al hablar de ello podemos contribuir al trabajo que realizan distintas organizaciones, colectivos, y la gente que está inmersa en estos problemas”, agregó.
La convocatoria está dirigida a mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) que realicen videos orientados a la sensibilización, prevención y toma de acción ante los diferentes tipos de violencias de género, en cualquiera de sus manifestaciones: la educación y sensibilización para su prevención, la visibilización de iniciativas que promueven su erradicación, entre otras. El corto audiovisual puede ser de ficción o documental.
Los videos deberán tener por eje central a mujeres jóvenes quienes junto a distintas personas de su comunidad (familia, amistades, trabajo, escuela, etc.) actúan para detener, erradicar y transformar las distintas manifestaciones de violencias de género que enfrentan cotidianamente las mujeres jóvenes, en los diferentes ámbitos de sus vidas.
Tendrán especial consideración para las integrantes del jurado aquellas obras que muestren a través de sus contenidos el rechazo a las diferentes formas de violencia de género y su relación con la construcción de paz. Además se valorará especialmente los trabajos que muestran la necesidad de que la sociedad se comprometa totalmente en la erradicación de la violencia de género.
El última día para enviar los trabajos es el 15 de octubre de 2016, para conocer la convocatoria completa ir a: cortemoslaviolencia.org
16/HZM/LGL
El amor homosexual no es una invención de la modernidad, como han dicho grupos conservadores que quieren imponer la heterosexualidad como una norma. El amor diverso no es anormal como vociferan algunos religiosos desde sus púlpitos con dedo flamígero. El amor es uno sin importar la orientación sexual ni la expresión de género de quienes se aman.
El amor entre hombres o entre mujeres se ha documentado desde tiempos inmemoriales en las diferentes culturas. Las diversas expresiones de la sexualidad humana, a las que hoy tendemos a etiquetar, siempre han existido, aunque es lamentable decir que los guardianes de “la moral y las buenas costumbres” han reprimido la diversidad amorosa y se han obsesionado con imponer la norma heterosexual, violando los derechos de las personas disidentes sexuales al amor y a construir proyectos de vida conjuntos.
Pero no siempre el amor lésbico u homosexual ha sido mal visto por las sociedades. De hecho, en diferentes momentos de la humanidad se han respetado las relaciones amorosas diferentes a las heterosexuales. De ahí que pensar que el amor romántico sólo puede ser entre un hombre y una mujer, es limitar la posibilidad expresiva y amorosa de nuestra especie.
En ese sentido, es importante entender el amor entre personas, no con base en los roles de género binarios impuestos por la cultura heteronormativa, sino a partir de los sublimes sentimientos que emergen de las personas. Es decir, entender que “el amor no tiene sexo”, como rezaba una consigna del activismo lésbico-gay de los 70, que expresaba en su justa dimensión el sublime sentimiento de amar y ser amada como persona.
Ante esta posibilidad, es importante decir que el amor es un Derecho Humano, y como tal, éste debe ser respetado en todas sus expresiones que se den entre personas que se amen.
Limitar el amor no sólo es una injusticia que trastoca el desarrollo afectivo, psicológico y social de las personas, también lo hace a nivel colectivo, incluso, forzando a las y los diversos, a entrar en arreglos familiares o matrimoniales heterosexuales que impactan negativamente en la vida de otras u otros.
En esta lógica, el derecho a elegir a quien amar y con quien formar un proyecto de vida, conformar un nuevo núcleo familiar, con hijos o hijas biológicos, adoptados o concebidos mediante técnicas modernas de reproducción asistida, no debe tomarse a la ligera, pues el amor es un Derecho Humano fundamental, ligado a las libertades de las personas y su derecho a decidir.
El México del siglo XXI no necesita volver a tiempos oscuros del control de los cuerpos y los placeres, el de las buenas costumbres morales y pésimas prácticas represivas encubiertas de una doble moral.
El México que queremos construir debe estar fundado en el respeto de las libertades de las personas a amar a quien quieran amar, a construir familia con quienes lo deseen. El México actual, democrático y libre, debe garantizar todos los derechos para todas las familias y para todas las personas que quieran amar, sin importar orientaciones sexuales: el amor es un Derecho Humano al que todas las personas debemos tener acceso.
El Estado, alejado de los dogmas religiosos, debe garantizar el derecho de las personas a vivir libres de discriminación por su orientación sexual y entablar sus relaciones de parentesco con quienes quieran, sean heterosexuales u homosexuales. En un Estado democrático y laico, se deben garantizar todos los derechos para todas las personas y todas las familias.
* Secretario Nacional de Diversidad Sexual del PRD @senadisexprd / @antoniomedina41
16/AMT/LGL
Autoridades de Oxchuc y Chenalhó desacatan fallo del TEPJF
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc.
En el contexto del “Foro Democracia Paritaria”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa dio la conferencia sobre “Mujeres indígenas y violencia política de género” donde expuso los casos ocurridos en Chiapas, de mujeres alcaldesas que fueron removidas de los cargos para los que fueron electas en 2015.
Dijo que las sentencias no han podido ser notificadas a quienes están ejerciendo indebidamente el cargo, y que hasta ahora ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni Seguridad Pública, han informado qué medidas adoptaron para cumplir con la sentencia.
El TEPJF resolvió el 17 de agosto restituir en su cargo de alcaldesa del municipio de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez y el 30 de agosto resolvió de forma similar a favor de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez.
La magistrada expuso que en los casos de Oxchuc y Chenalhó el TEPJF inició acciones nunca antes tomadas por un Tribunal Electoral, como órdenes de protección, y que los juzgadores deben tener responsabilidad para que se cumplan las sentencias sin que se ponga en riesgo a nadie.
Señaló que como autoridad jurisdiccional, el Tribunal cumplió con su obligación constitucional, y ahora es tarea de las autoridades locales trabajar intensamente en la implementación de las sentencias.
Destacó la importancia de la ejecución de las sentencias sobre Oxchuc y Chenalhó para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rosa Pérez y María Gloría Sánchez.
“Queremos presidentas municipales, síndicas, regidoras ejerciendo sus cargos en un contexto libre de violencia y discriminación”, dijo Alanís Figueroa.
El Foro “Democracia Paritaria” fue organizado por el IEPC, con el objetivo de elaborar un paquete de reformas legislativas que garanticen la no violencia política contra las mujeres, e igualdad de oportunidades; y es el primero de 8 foros titulados “Diálogos para fortalecer el marco constitucional y legal del proceso electoral en Chiapas 2017-2018”.
El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, llamó a las mujeres a no rendirse en su lucha por la igualdad de género y les garantizó que en las consejeras y consejeros electorales tienen un aliado, porque como funcionarios electorales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos político- electorales de todas y todos los ciudadanos.
En su participación la académica y doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flavia Freidemberg, expuso que en México, únicamente 12 por ciento de alcaldías son ocupadas por mujeres.
Señaló que la violencia política contra las mujeres siempre ha existido, pero con la paridad de género como rango constitucional, es que se han visibilizado más los casos de este tipo de violencia.
“Chiapas es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respetan las candidaturas en el registro, por eso este foro es ideal para trabajar en el tema pues lo que urge es tipificar en una ley cuáles son los actos de acoso y violencia de género. Estaría muy bien que Chiapas tuviera una ley al respecto y con los trabajos de hoy se desarrollará una propuesta para conocer las vías de denuncia y sus sanciones”, expresó Freidemberg.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal la maestra Dania Paola Ravel Cuevas; la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles; y la doctora Inés Castro Apreza, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coincidieron en que debe promoverse el liderazgo femenino desde el ámbito local y que se elaboren nuevas normas que garanticen que las mujeres que participan en política no serán violentadas.
También señalaron la necesidad de tipificar la violencia política como un delito para que bajo ninguna circunstancia exista violencia de género.
16/IM/LGL
“En mi pueblo hay mucha biodiversidad, mucha agua, muchos ríos, están las plantas, bosques, montañas… y están también todos esos planes de muerte de las empresas transnacionales”, dice con ironía Aura Lolita Chávez Ixcaquic, indígena k’iche’ que lleva más de 15 años defendiendo la tierra y territorio de sus ancestras guatemaltecas.
Mujer siempre sonriente es enérgica al afirmar: “Han llegado sin consultar a los pueblos, han llegado en contubernio con el gobierno de Guatemala que se ha convertido en un trabajador pleno de las empresas de diferentes potencias. En los territorios hemos dicho no: aquí no entra la minería y no es no, y ese no, se respeta”.
Siguiendo la estrategia de ambientalistas como la peruana Máxima Acuña o la hondureña Berta Cáceres –asesinada en marzo de 2016–Lolita lleva su voz a foros internacionales para hablar sobre los riesgos de la devastación ambiental. Su participación más reciente fue en el XIII Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) que se realizó de 8 al 11 de septiembre pasados en Brasil.
Durante este encuentro, la lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, dijo en entrevista con Cimacnoticias que en el departamento de El Quiché, en Guatemala, se han hecho consultas comunitarias donde miles de personas han participado para frenar a las empresas de minería, hidroeléctricas, de monocultivos, y petróleo, que se quieren instaurar para aprovecharse de sus territorios.
“Con toda alegría y con toda fuerza le puedo decir que hay empresas que planificaron en nuestros territorios pero no han logrado entrar pero eso es lo que el Estado de Guatemala ve como un atentado”.
Y es que esta mujer, madre y maestra, ha sido acosada judicialmente para dejar de pregonar su defensa por el territorio, además las amenazas hicieron que en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas de protección a su favor.
“Es una de las demandas que me tiene, que yo atento contra la seguridad nacional, obviamente porque ellos ofrecen el falso desarrollo, un desarrollo que no existe, que se ha comprobado, se ha visto que es falso porque no genera nada; más bien genera múltiples opresiones. Entonces nos oponemos ante todas esas opresiones pero también a los patriarcados que vivimos, los que vienen de occidente y los de ahí mismo”, dice.
Madre y maestra, su trabajo ha hecho que la llamen “loca, guerrillera y bruja”. “Me han puesto un montón de títulos por luchar, decir la verdad, exigir la justicia. He sido muy atacada, tengo muchas demandas en mi contra, se ha dicho que yo soy un atentado contra la constitución política de Guatemala, que soy un atentado contra la seguridad nacional, tipifican mi caso como terrorista”.
A Lolita, como la comunidad la conoce, le dicen “bruja” porque además de defender a la tierra también la venera, promueve las ceremonias con velas y las limpias; y es que para los indígenas del Abya Yala –como le nombran al continente Americano para no reivindicar la cultura impuesta por los conquistadores– los rituales son para expresar la armonía con la vida.
A cada lugar donde se presenta la también integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario, repite la frase “Yo soy tú y tú eres yo”, una enseñanza de sus ancestras.
“Es dar y recibir, es la reciprocidad y lo decimos con la madre tierra, con las plantas, con el aire, con las montañas, con el agua que tiene espíritu también y con el fuego, con todas la representación de vida, en la red de la vida, y eso es por lo que luchamos, no pensar en individualismos ni en acumulaciones, ni en capitalismo neoliberal que viene a destruir sino más bien pensar que la madre tierra es parte de nosotras y nosotras parte de ella y que podemos fortalecernos juntas”, asegura.
Durante su participación en el foro de AWID Lolita habló del futuro con el que sueñan las mujeres indígenas: “Es posible otros mundos feministas en donde los patriarcados no están, ni los patriarcados ancestrales, ni los occidentales, ni las empresas, donde es posible soñar que las empresas transnacionales como mineras,hidroeléctricas y monocultivo de petróleos y otras se fueron. Que no están”.
Para ella, las mujeres mayas k’iche’ hacen posible los sueños donde no existe la devastación ambiental y por eso trabajan para construir lo que sueñan. “Ese es nuestro sueño, y estamos encaminando hacia ahí y creemos que el agua es para la vida no es para las empresas, que la madre tierra también es vida y nos tejemos en la red de la vida, esos sueños que tenemos las mujeres indígenas”.
16/AGM/LGL
A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.
“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.
Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.
La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.
“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.
LA MARCHA
El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.
Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.
Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.
En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.
La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.
Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.
“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.
Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.
Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.
“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.
Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.
16/GVV/LGL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditó que agentes estatales cometieron graves actos de violencia física y psicológica en contra de once mujeres denunciantes de tortura sexual durante los operativos policiacos de Atenco, en el Estado de México, en 2006.
Por ello, y tras considerar que el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH para reparar el daño a las once sobrevivientes de tortura sexual, el pasado 17 de septiembre remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
A 10 días de que las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaran que el Estado mexicano pidió que el caso Atenco se enviara a la (CoIDH), finalmente la CIDH informó que el expediente será ventilado en el máximo tribunal regional porque no hay reparación del daño ni sanción judicial para los responsables.
En un comunicado de prensa la Comisión dijo que el expediente se remitió ante el tribunal interamericano porque el Estado mexicano no reparó el daño, no ha esclarecido los hechos en forma integral, no se ha identificado ni sancionado los distintos grados de responsabilidad de funcionarios públicos, no se han abierto nuevas líneas de investigación ni se han tomado medidas legislativas ni administrativas para evitar que estos actos se repitan.
De acuerdo con la CIDH, la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin que se conocieran cuáles eran los presuntos delitos por lo que las mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
En los operativos ordenados por Peña Nieto el 3 y 4 de mayo de 2006, para “reestablecer el orden” por las protestas de floricultores que fueron desalojados del lugar donde vendían sus productos, fueron detenidas 47 mujeres, al menos 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron y más tarde once decidieron continuar con la búsqueda de justicia.
Ante la dilación en las investigaciones, en abril de 2008, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo solicitaron a la CIDH la revisión del caso.
ESTADO MEXICANO RESPONSABLE DE VIOLACIONES A DH
Finalmente este 17 de septiembre la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana y hoy informó que ya existe un Informe de fondo donde se exponen las responsabilidades del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de las recomendaciones, en particular de la obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
De acuerdo con la información del organismo, el Informe de fondo, explica que la CIDH recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de Derechos Humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.
Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.
Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. Cabe recordar que las sobrevivientes han señalado la responsabilidad del actual ministro Eduardo Medina Mora quien era secretario de Seguridad Pública federal; de Ardelio Vargas Fosado quien dirigía la Policía Federal Preventiva e incluso de Peña Nieto.
La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de Derechos Humanos como las cometidas en este caso.
La Comisión Interamericana dijo que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, ya que tras evaluar el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.
“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, recordó el organismo.
En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado mexicano informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe.
Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.
En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen y tomó en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.
16/AGM/LGL