Durante 2015, se registraron 203 casos de víctimas de trata de personas y explotación sexual, en 136 participó la delincuencia organizada (67 por ciento) y en 67 casos fue delincuencia común.
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del Informe Anual de Datos Estadísticos y Georreferenciados 2015 del Sistema de Alerta Roja (SAR) que es el sistema de auxilio a víctimas de trata de personas, por la representante legal de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe AC (CATWLAC por sus siglas en inglés), María Teresa Ulloa Ziáurriz.
El Sistema Alerta Roja, cumple en este 2016 su décimo aniversario como el Sistema de Auxilio a Víctimas de la CATWLAC. Desde 2006 ha podido rescatar y/o localizar aproximadamente a mil 406 personas.
La abogada explicó que con las acciones de combate al narcotráfico, la delincuencia organizada se ha diversificado, si antes sólo facilitaban el paso a la frontera para los tratantes de personas, ahora participan de lleno en este delito porque el gobierno federal no lo combate de igual manera como lo hace con el narcotráfico.
De acuerdo con el reporte, las formas o técnicas con las que opera para captar a las víctimas tanto la delincuencia organizada como la común, son “por la fuerza”, engaño, seducción y sustracción de las y los menores de edad.
Detalló que las víctimas niñas y mujeres representaron 186 de los 203 casos, el resto fueron niños y hombres. Respecto a las edades, las niñas tienen con edades de los 12 a 18 años representaron 75 casos, seguidas por las jóvenes de 19 a 35 años de edad con 44 casos. Mientras que en los casos de víctimas de sexo masculino, los niños de 1 a 5 años de edad representan 7 casos de un total de 17.
Por nivel educativo, es básico desde primaria a preparatoria, y provienen de familias en situación de pobreza y clase media. En sólo 2 por ciento de los casos las víctimas son indígenas.
La representante legal de la CATWLAC, María Teresa Ulloa enfatizó que la manera de operar del crimen organizado en la trata de personas es más violento porque después de captar a las víctimas y de explotarlas, terminan matándolas con violencia extrema.
En 6 casos las víctimas de trata también fueron víctimas de feminicidio. Las mujeres y niñas que fueron encontradas con vida fueron 36 y 139 aún se encuentran desaparecidas.
Los estados en los que se documentaron mayor número de casos de trata de personas y explotación sexual son Ciudad de México con 34 casos, Estado de México con 32, Zacatecas 18, Veracruz 17 y Quintana Roo con 10.
16/GVV/LGL
noviembre 2016
70 por ciento de mujeres con VIH son víctimas de violencia
Ciudad de México.- En México, 70 por ciento de las mujeres infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue víctima de violencia, informó la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (InmujeresDF), Teresa Incháustegui Romero.
A propósito del Día Mundial de la lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, la directora del InmujeresDF, señaló que las mujeres con VIH son más vulnerables debido a la falta de oportunidades, marginación, abandono y exclusión que viven.
Agregó que 70 por ciento de quienes contraen el virus, son infectadas por una pareja estable.
Alcaldesa de Reynosa denuncia violencia política
Ciudad Victoria, Tamps.- La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, denunció que representantes del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, operan en su contra, lo que significa un caso de violencia política contra la funcionaria.
Sin embargo, la alcaldesa declaró que pese a no presentar denuncias ya dejó asentado públicamente la condición de violencia política que vive de parte de las autoridades del gobierno de Tamaulipas. (Con información de Red Tamaulipas)
Iniciará periodo de audiencias en la CIDH
San José, CR.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participará en tres audiencias públicas del 159° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
Durante las audiencias se hablará sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos en Honduras; las violaciones de DH a mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua y la matanza de 111 personas privadas de libertad en Brasil.
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Panamá y se transmitirá en vivo a través de la página de la CIDH. Consulta el programa completo en https://www.cejil.org/es/cejil-participa-del-159deg-periodo-sesiones-cidh-panama
16/HZM/LGL
No criminalizar a mujeres en situación de prostitución y combatir la trata
Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres.
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”, toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
16/AGM/LGL
En México, sólo 2 de cada 15 mujeres sobrevivientes de Cáncer de Mama (CaMa) logran acceder a una reconstrucción mamaria, a pesar de que la cirugía forma parte del tratamiento integral.
La Norma Oficial Mexicana (NOM-041) modificada en 2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama, establece que los médicos deben ofrecer a las pacientes una opción del tratamiento que incluya la reconstrucción inmediata o retrasada en caso de mastectomía (la extirpación de la glándula mamaria o de una parte de ella).
En entrevista con Cimacnoticias, el jefe de servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Raymundo Pliego Blancas, señaló que las principales causas por las que no se llevan a cabo estas cirugías es la falta del servicio en instituciones de salud pública, el personal capacitado y los altos costos del procedimiento.
El especialista explicó que de las 500 mastectomías que se realizan en el Hospital General de México cada año, a la par apenas se practican 50 reconstrucciones mamarias, debido a que también atienden otros tipos de reconstrucciones oncológicas.
Respecto a los costos, la cirugía resulta poco accesible para las sobrevivientes de CaMa, pues su precio oscila entre los 100 mil y 150 mil pesos, en el caso del Hospital General de México las pacientes externas pagan con base en un estudio socioeconómico que les realiza la institución.
En caso de requerir una reconstrucción con implantes de silicona, ellas deben comprar las prótesis (un expansor para preparar el tejido y un implante fijo) los cuales cuestan alrededor de 17 mil pesos, agregó el cirujano.
Otro de los problemas que enfrenta el país para la cobertura de cirugías reconstructivas es la falta de personal especializado; al año en el país, egresan 50 cirujanos plásticos y 3 especializados en microcirugía (requisito para realizar reconstrucciones oncológicas); y el servicio de cirugía plástica y reconstructiva se encuentra muy limitado al sector privado pues el número de instituciones de salud pública que cuentan con este servicio es muy reducido.
Las pacientes que logran acceder a una reconstrucción de mama después de la mastectomía cuentan con una mejor calidad de vida, pues corrigen secuelas que deja la cirugía como es la postura y el balance corporal, así como la autoestima, señaló el médico.
Cabe mencionar que la mastectomía se realiza cuando el tumor es muy grande y afectó a otras partes del cuerpo, o bien, a mujeres cuyo riesgo genético de tener CaMa es muy alto. En el primer caso este procedimiento pudo ser evitado, sin embargo, siete de cada 10 mujeres llegan en una etapa avanzada de la enfermedad de acuerdo con la Secretaría de Salud (SS).
En 2014 ocurrieron 5 mil 598 defunciones por CaMa en el país, según datos de la Ss, lo que se traduce en una tasa de 16.48 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años de edad y más.
CAMPAÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA Y AVANCES EN LA LEY
Ante el limitado acceso a la reconstrucción de mama, el Hospital General de México inició en octubre de este año la primera macrocampaña de reconstrucción de mama, que benefició a 319 sobrevivientes de CaMa provenientes de 26 estados del país incluyendo la capital, informó Pliego Blancas.
En colaboración con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), el Seguro Popular y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), se realizaron durante 19 días, de manera gratuita, estas cirugías a mujeres entre 18 a 73 años, que no contaban con seguridad social.
El cirujano destacó que cada vez es más frecuente diagnosticar con CaMa a mujeres jóvenes, incluso de 18 años, por lo que sugirió realizar la autoexploración desde etapas tempranas del desarrollo de las mamas.
Informó que para que las mujeres accedieran a estas reconstrucciones se hizo una convocatoria nacional a través de la página oficial de la Ss. Las candidatas fueron evaluadas para dar prioridad a los casos de mayor urgencia. Las instituciones también se encargaron de cubrir el costo de las prótesis y el traslado de las familias provenientes de otros estados.
Para esta campaña se contó con la participación de 11 cirujanos plásticos, 50 residentes, 12 internos de pregrado, 22 enfermeras y 35 trabajadores administrativos.
Pliego Blancas dijo que es la primera campaña que se realiza en Latinoamérica con este alcance, lo cual coloca a México como modelo a seguir en reconstrucción mamaria.
CAPITALINAS PODRÁN ACCEDER A CIRUGÍAS
Cabe mencionar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificó la Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama de la Ciudad de México. Con la adición de la fracción IX al artículo 3º de la ley, la Secretaría de Salud capitalina brindará a partir de 2017, de manera obligatoria, la reconstrucción mamaria gratuita a las capitalinas sin seguridad social, esto como parte de la rehabilitación para este padecimiento.
A pesar de la falta de recursos para brindar este tipo de cirugías, el cirujano Pliego consideró viable esta iniciativa, ya que era cuestión de “voluntad” por parte de las autoridades realizarlas.
16/HZM/LGL
La Sedem, que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
Más de una semana se ha cumplido desde que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró la Alerta de Violencia de Género para siete municipios de Chiapas. Desde ese día ni un pronunciamiento ha habido de parte de ninguno de los poderes de gobierno, principalmente del Ejecutivo del estado a quien le compete responder a la declaratoria.
El silencio del gobierno de Manuel Velasco Coello evidencia, por si alguien aún lo dudaba, la violencia estructural que sufrimos las chiapanecas, el estado en donde existen las peores condiciones de vida para las mujeres en el país: sin acceso a la salud, educación y otros servicios básicos.
A diferencia de otros estados en donde se ha dado la declaratoria, en Chiapas no se dio la alerta por el número de casos de feminicidio –que también son considerables- sino por la violencia estructural y sistemática que existe en contra de las mujeres y que nos coloca en una situación de riesgo.
Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de políticas públicas claras y efectivas en materia de impartición de justicia; de acceso a los servicios básicos y que las mujeres vivan libres de violencia, fue lo que hizo que el Sistema aprobara la declaratoria.
La Secretaría de Desarrollo del Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
Una de las recomendaciones de la declaratoria es fortalecer la dependencia, que desde que inició este gobierno, se ha mantenido en manos de una familia: León Villard.
La ahora diputada federal, Sasil de León Villard; Nancy López Ruíz, esposa de Yumaltik León Villard; Itzel de León Villard, han estado al frente de esta dependencia, que en teoría es de las que más recursos económicos recibe, pero en la práctica eso no se traduce en políticas públicas.
A la Sedem se le han destinado más fondos en los últimos 2 años, pero eso se debe a que por medio de ella se bajan los recursos, que son utilizados para el programa de apoyo a madres solteras jefas de familia, que lejos de ser una política de empoderamiento para las mujeres se ha convertido en una forma de coacción con fines partidistas.
Durante la administración de Manuel Velasco fueron disminuidos los servicios de las unidades y centros de atención a las mujeres en situación de violencia; las trabajadoras de estos centros han denunciado violencia laboral y hasta ahora no hay un solo programa que tenga seguimiento, que sea una política pública clara y efectiva a favor de las mujeres.
La falta de compromiso del gobernador Manuel Velasco con el real empoderamiento de las mujeres se ve, precisamente, en el sostener a la familia León Villard en la Sedem. La dependencia se convirtió para el gobernador en un espacio más para pagar un favor político.
Las personas que han dirigido la Sedem no tienen ni la formación, ni el compromiso con el tema para el que fueron elegidas.
En 2014 cuando era titular de la Sedem, Sasil de León, dijo que 156 muertes violentas de mujeres –que eran las que se tenían registradas en ese entonces-no ponía en riesgo la paz social en Chiapas por lo que no había necesidad de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.
Si la lectura que da el gobernador a la declaratoria en el apartado del fortalecimiento a la Sedem se traduce en el empoderamiento de una familia, la dependencia seguirá jugando en contra de las mujeres.
16/SS/LGL
Aunque reconocieron la necesidad de incorporar el término de violencia política a la legislación, aún no existe un dictamen para lograrlo, señalaron senadoras, quienes coincidieron en que la falta de una normativa en la materia ha impedido que quienes la han vivido accedan a la justicia.
Como parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre, se realizó en el senado un foro donde estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional Electoral (INE) y senadoras. Ahí, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum, dijo que es momento de eliminar la violencia política que se comete contra las mujeres que participan en política.
Hasta ahora la Comisión de Igualdad analiza un dictamen para reformar las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Partidos Políticos; y en Materia de Delitos Electorales para definir si la violencia política será un agravante o un delito autónomo y las características que definan quién comete el ilícito y quién es la persona agraviada.
Al respecto, las senadoras Gastélum y Angélica de la Peña Gómez, consideraron que es hora de tener una reforma en la materia, sin embargo, todavía se trabaja en el documento que se presentará al pleno del Senado. Cabe decir que en 2013 las y los senadores aprobaron tipificar esta violencia pero la Cámara de Diputados no ratificó la reforma.
La senadora De la Peña explicó que en 2007, cuando entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las diputadas que diseñaron esta norma no imaginaron la necesidad de incluir la figura de violencia política contra las mujeres porque en ese momento no existía un fenómeno de tal magnitud.
A decir de la legisladora cuando las mujeres accedieron a los poderes de decisión en todos los niveles y consiguieron ser diputadas, senadoras, magistradas o consejeras electorales, comenzaron a surgir situaciones de violencia para impedir su ascenso al poder y el ejercicio de sus cargos.
Por su parte la consejera electoral del INE, Beatriz Eugenia Galindo, explicó que esta instancia ha identificado actos discriminatorios contra candidatas pero aseguró que es necesario establecer sanciones específicas para estas conductas.
En su participación el titular de la Fiscalía Especialidad para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, dijo que a pesar de la paridad como principio constitucional, falta mucho por avanzar como visibilizar la participación de las mujeres en el espacio público sin violentarlas.
A su vez la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que después de muchos intentos la paridad en el registro de candidaturas ahora es una realidad lo que ha permitido más presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos locales, pero aún falta tipificar la violencia política de género.
16/AGM/LGL
CATWLAC presentará informe sobre Sistema Alerta Roja
Ciudad de México.- La Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), presentará mañana su Informe Anual de Datos Estadísticos y Georreferenciados 2015 del Sistema Alerta Roja (SAR).
También presentará los resultados del Proyecto, “Sistema Alerta Roja: Difusión, Promoción, Defensa y Representación Legal”. La cita será a las 12:00 hrs. (hora local) en el Hotel Casa Blanca, ubicado en La Fragua # 7, en la colonia Tabacalera.
Centro Prodh recibirá reconocimiento por 28 años de trayectoria a favor de DH
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) recibirá el “Reconocimiento al Compromiso con los demás 2016” que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
Con el galardón se reconocen 28 años de trayectoria y el compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos de colectivos y personas; así como por visibilizar y acompañar casos que han sido emblemáticos en México.
El centro Prodh litigó los casos de Inés y Valentina, indígenas tlapanecas violadas por militares, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como actualmente el caso de 11 sobrevivientes de tortura sexual en Atenco.
Frente Feminista Nacional convoca a Conversatorio
Ciudad de México.- Las integrantes del Frente Feminista Nacional (FFN) convocaron a un Conversatorio para reflexionar sobre los retos del feminismo, compartir experiencias y fortalecer el proceso de construcción del FFN.
El próximo 1 de diciembre de 16:30 a 20:30 horas, en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, las activistas se darán cita para reflexionar a partir de dos preguntas ¿Cuáles son los desafíos del feminismo en la Ciudad de México? y ¿cómo pueden articularlos frente a esos desafíos?
En el Conversatorio se hará un reconocimiento a Leonor Aída Concha, fundadora del FFN, por su trayectoria feminista.
Impulsarán Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses
Ciudad de México.- La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, firmaron un convenio de colaboración para la creación del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses”, el cual permitirá impulsar en condiciones de igualdad la vida política del estado.
Durante el evento, la Secretaria de la Mujer en la entidad, Gabriela Bernal Díaz, precisó que en los pasados comicios del 2015, de un total de dos mil 404 953 sufragios, más de la mitad fueron votos femeninos, lo que representa 52.4 por ciento de la población.
Refirió que como resultado de la elección, Guerrero cuenta con siete diputadas federales, 18 locales, 20 presidentas municipales, 63 sindicas y 261 regidoras.
16/CAR/LGL
En Bolivia, las autoridades no saben a cuántas mujeres está matando el machismo. A falta de datos oficiales, Raisa Valda, Ida Peñaranda y Marcelo Lazarte, crearon el proyecto “Cuántas Más”, que recopila cifras de feminicidio en el país andino.
En entrevista para LADO B, Raisa Valda, becaria de la Escuela de Datos, explicó que el proyecto nació inicialmente como un reportaje periodístico, pero fue creciendo hasta convertirse en un producto autónomo.
– Raisa Valda (RV): “Cuántas Más” nació como un reportaje periodístico dentro de la plataforma digital La Pública, pero al ver la acogida y el impacto que generó a un año de la promulgación de la Ley 348, el equipo decidió darle vida propia y encausarlo para darle continuidad y darle mayor amplitud al proyecto.
-Lado B (LB): ¿Cómo es la situación de la violencia de género en Bolivia?
-RV: En Bolivia la situación es terrible en sentido de que a la fecha se han contabilizado 86 casos de feminicidio y el nivel de violencia de cada uno de estos es terrible. Entendemos que las cifras oficiales que reporta la policía en muchos casos no coinciden con las que recopilan otras organizaciones feministas, de mujeres o de defensa de derechos de mujeres, pero justamente ante ese vacío nace la iniciativa” Cuántas Más”, para poder no solamente llenar los datos que faltan -que son altamente necesarios- sino para poder darle un rostro, una imagen a esos datos, poder darles cara.
“Cuántas Más” trabaja con datos abiertos; es decir, comparte la información para que cualquier persona pueda utilizarla.
Hay otras iniciativas a partir de Organizaciones No Gubernamentales, colectivos feministas, colectivos de apoyo y de defensa a los Derechos de las mujeres, pero tenemos entendido que no abren sus datos, entonces justamente la idea de “Cuántas Más” es que se pueda generar una base de datos abierta que pueda ser útil a cualquier persona que quiera hacer un estudio, una investigación o un análisis.
-LB: ¿Cómo es la interacción con el gobierno y autoridades?
-RV: Sabemos que desde este año está en funcionamiento la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de la información en Bolivia, que tiene como objetivo a empezar a generar espacios para la discusión de gobierno abierto, de gobierno electrónico y también de liberación de datos.
Todavía está en una fase inicial pero confiamos en la buena disposición de sus actores para que puedan colaborar en la parte de apertura de datos en lo relacionado a temas de género.
El panorama a noviembre de 2016 en cuanto a violencia de género específicamente de feminicidio en Bolivia es lamentable. En los últimos datos que hemos podido revisar en nuestras bases de datos encontramos que 44 por ciento de los feminicidas están en un rango de edad de 21 a 30 años. Lo mismo pasa con las víctimas, el rango está entre los 21 y 30 años. También hemos encontrado por ejemplo que en 79 por ciento de los casos el feminicida era pareja o tenía algún nivel de relación emocional con la víctima ya sea el esposo, el novio, el conviviente.
Son elementos que nos llamaron la atención sobremanera porque consideramos que hay mucho trabajo pendiente por hacer. Si bien tenemos la Ley 348 que se supone está para que pueda brindar apoyo y protección a las mujeres, en los hechos lo cierto es que no es tan efectiva porque muchos de los casos no tienen sentencia, pese a que la Ley debe tratar estos temas de manera expedita.
-LB: ¿Qué sigue con el proyecto?
-RV: Empezamos a desarrollar mucha comunicación orientada a redes sociales y hemos tenido gran acogida en ese sentido. Algunos colectivos, algunas organizaciones se han acercado a nosotros con sus casos para que podamos darle más eco, para que podamos profundizar los perfiles de cada víctima. En ese sentido también ha surgido un siguiente brazo de “Cuántas Más”, que es la serie de talleres “Juntas somos más fuertes” que básicamente lo que busca es generar mejores capacidades digitales para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan temas de género, ya sea redes sociales, comunicación social, trabajo con datos, escritura para web… puede abarcar mucho, desde lo más simple hasta lo más complejo tratando de cubrir el tema de la brecha digital.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
16/AAM/LGL
La iniciativa para modificar la Constitución que podría permitir contar con armas de fuego para repeler un ataque en negocios y automóviles, no ha sido del todo respaldada por la ciudadanía.
Es más, como muchas otras, no ha sido suficientemente discutida y analizada por el grueso de la población que parecería ser “beneficiada” con la medida.
El Senador panista Jorge Luis Preciado, presentó al pleno del Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución para permitir que en México las personas civiles puedan portar armas de fuego supuestamente para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios.
Para algunas organizaciones de mujeres la modificación nos obliga a poner la discusión en lo público pues sabemos que en los diversos tipos de feminicidio, alrededor de 35 por ciento de éstos involucraron un acto violento justo con arma de fuego que privó de la vida a alguna o varias mujeres.
En tiempos de guerra el contexto armado es una oportunidad para que más mujeres desarmadas pierdan la vida ya sea por quedar en medio del fuego, o porque los hombres con los que conviven portan armas y éstas son utilizadas para ultimarlas en privado o en público.
Por ejemplo en Sonora, en el periodo de 2011 a lo que va de 2016, hay un promedio de 35 por ciento de mujeres que fueron acribilladas, les dispararon mientras dormían, las agredieron con un arma por venganza en su casa o en la calle, o el esposo o ex esposo le disparó con el fin de “castigarla” cuando ella le planteó la separación conyugal.
La Ley vigente desde el 11 de enero de 1972 prohíbe la portación y posesión de armas en el Artículo 8. “No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley”.
Las que sí se pueden poseer son: pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y .38" Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
Revólveres en calibres no superiores al .38" Especial, quedando exceptuado el calibre .357" Magnum.
Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm.), dice la legislación.
El catálogo de armas permitidas contempla las que pueden ser autorizadas para uso de deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia. Éstas son las siguientes: pistolas, revólveres y rifles calibre .22", de fuego circular. Pistolas de calibre .38" con fines de tiro olímpico o de competencia.
Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm.). Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.
Hay más: rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7.62 mm. y fusiles Garand calibre .30".
Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
Pues bien, la reforma impulsada por el legislador, nunca menciona que las mujeres podrían correr todavía más riesgo pues cualquiera de las armas descritas podría terminar con su vida en un episodio de violencia familiar, o en un contexto de violencia generalizada por cobrar alguna deuda con el hijo, el hermano o el esposo.
El asunto no es menor si consideramos que en el país, pero particularmente en Sonora, el arma de fuego y los balazos como acto violento que puede ir sólo o acompañado por golpes, asfixia, ahorcamiento a la víctima, es la forma predilecta y de mayor incidencia para privar a las mujeres de la vida.
Mucho se argumenta que el robo tiene desquiciada a la población en general y a las autoridades que responsabilizando al Nuevo Sistema de Justicia Penal, no han podido dar una salida satisfactoria para controlar ese delito.
No obstante, desde las organizaciones que documentamos feminicidio en México, advertimos que la reforma podría acarrear mayor riesgo para las mujeres y niñas, y más ventaja para los agresores.
Esto es porque siendo la mayoría hombres quienes portan las armas de fuego, incluso de alto poder, la iniciativa, igual que su autor y quienes la avalan, deben pasar el lente de género antes de obnubilarse con una posible solución que ni siquiera está garantizada.
Las mujeres son asesinadas con arma de fuego -incluso AK-44-, hasta en 51 por ciento, como ocurrió en Sonora en 2014, año que motivó la solicitud de Alerta de Género en el municipio de Cajeme.
Los gobiernos deben tomar en cuenta que no sólo las víctimas de robo podrían usarlas y deben manifestarse. Los feminicidas las prefieren, no les demos más permisos.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
16/SNE/LGL
En esas extrañas contradicciones discursivas tan comunes en México, en el Senado de la República se discutió la advertencia de un senador que anunció que presentaría una propuesta para modificar la Ley General de Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que cualquier persona pueda tener acceso a armas, justo en el país donde una tercera parte de los casos de feminicidio se cometen en el hogar con armas de fuego –sin permiso- y que son utilizadas contra las mujeres.
El informe Global de la Violencia 2015, señala que de las 360 mil mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, en todo el mundo, “más de la mitad perdieron sus vidas en uno de los 25 países con las más altas tasas de feminicidio, entre los cuales se encuentra México, con indicadores de 3 a 6 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes.”
La definición de feminicidio no ha sido la más pulcra en México y muchas veces se insiste en esconderlo como Defunciones de Mujeres con Presunción de Homicidios (DMPH) término que se utiliza en el informe más reciente elaborado por ONU Mujeres para el análisis de los últimos años de asesinatos de mujeres en México.
El Informe Global, señala que los países con las más altas tasas de feminicidio tienden a registrar las menores proporciones de homicidios relacionados con la violencia conyugal. El documento señala: “en estos países, la proporción de mujeres asesinadas fuera de la esfera privada (en oposición a la ‘esfera íntima’) es mayor que en otros lugares”.
Sostiene que “el análisis de los datos también demuestra que la proporción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a otros mecanismos) es mayor en áreas que registran altas tasas de homicidios perpetrados con armas de fuego”.
Estamos hablando de los casos de feminicidio que ocurren en el día a día en México. Al menos 2 ó 3 de los 7 asesinatos de mujeres por razones de género que ocurren en el país, se cometen con armas de fuego.
En algunos estados como es el caso de Sinaloa, este año se han cometido 55 homicidios de mujeres, al menos 33 fueron con armas de fuego, el año pasado la cifra fue de 48 homicidios de mujeres, 27 se cometieron con armas de fuego. Éste es el panorama donde el uso de armas se ha generalizado entre la población.
Generalmente el feminicidio va acompañado de escenarios de mucha violencia. Suegras, tías o hermanas de las víctimas a las que también se les dispara y que resultan heridas o algunas veces, forman parte de la lista de feminicidio con armas que no necesariamente eran de uso legal. (Apenas terminaba de escribir el artículo y me enteraba que una mujer y su hija recibieron una ráfaga disparada por la pareja de la joven en Sonora).
Por esa razón, una de las preguntas básicas para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres es preguntarles si su pareja conoce o tiene experiencia en el uso de armas, y por supuesto si tiene a su alcance algún arma de la que podría hacer uso en un momento en el que ella decida abandonar el hogar.
Muchos de los casos de feminicidio también tienen un elemento de violencia más: son cometidos frente a los hijos de las víctimas y de los propios agresores, hablamos de familias que son truncadas por la violencia feminicida causada por la misoginia y el desprecio por la vida de las mujeres, eventos en los que por supuesto la disponibilidad de armas facilita la comisión de estos hechos.
Pero también hablamos de mujeres que son asaltadas en espacios públicos, amagadas con armas de fuego y obligadas a ser pasivas en un acto de violencia sexual, que cuando van a denunciar, si el operador de justicia no tiene perspectiva de género preguntará y argumentará ¿por qué no hubo resistencia física que pruebe que realmente se trató de una violación?
El argumento del legislador- a quien no haremos propaganda- es de varias vertientes. Una de ellas menciona el “beneficio para las mujeres”. El senador sostiene que “en 1966, cuando en Orlando, Florida, se aprobó el acceso de las mujeres a los campos de tiro, se registró la disminución de agresiones en su contra; durante los próximos 10 años Orlando fue la ciudad con menos violaciones y con menos ataques a mujeres.”
Definitivamente no estamos hablando de los mismos escenarios que en México, en donde una mujer por dispararle a su pareja –incluso en defensa propia– puede ser encarcelada hasta por 25 años (Caso Reyna Gómez Solórzano). Y por supuesto no tiene el derecho a defenderse de su violador, porque el juez podría encontrar que cometió “exceso de defensa propia”.
No estamos inventando, recordamos casos ocurridos en México en los últimos años y sabemos que hay muchas mujeres encarceladas por defenderse con un cuchillo con el que el mismo compañero-esposo, intentó asesinarla.
No estamos para legalizar armas en un país en el que la justicia por propia mano no es un acto de justicia sino el reflejo de la impunidad. El riesgo de que todos los que deciden hacer justicia por su propia mano se conviertan en agresores de otras personas está ahí, y si nos dicen que eran mujeres, nadie dudará de ello, pero las mujeres podrían ser encarceladas aún si utilizan una cacerola contra su agresor.
La contradicción discursiva es precisamente que se promueva el uso de armas en un país que aún no puede garantizar que las que entregan a los policías sean para la protección ciudadana, y que muchos de los casos de feminicidio se cometan con armas de uso legal e ilegal. Otra es la mirada que debemos tener cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y las armas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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