El comisionado de Seguridad Ciudadana del Estado de México (CES Edomex), Eduardo Valiente Hernández, no regresará la protección a la defensora de derechos de las mujeres, Carmen Zamora Villedas, hasta que el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas defina que es “acompañamiento”, porque es un término “muy subjetivo y amplio”.
Sin embargo, en la reunión que tuvieron el 25 de mayo, Valiente, encargado de ejecutar las medidas de seguridad, se comprometió a investigar a los funcionarios que ordenaron retirar las medidas de seguridad, tiempo en el cual ella estará sin protección, por lo cual le ofreció “traslado por parte de su personal” para ejercer su trabajo de defensoría y acompañamiento.
Ante la respuesta, Carmen se negó a aceptar el traslado y recordó que “no son medidas que la Comisión de Seguridad tenga que ofrecer”, es –dijo- “un mandato que deben seguir de acuerdo con lo establecido por la Junta de Gobierno”. Con ello, esperarán a la resolución final del Mecanismo.
La protección le fue otorgada a Carmen luego de que el Mecanismo de Protección determinó, en febrero pasado, que se encuentra en extremo peligro, no solo como defensora del Edomex, sino también porque sobrevivió a un intento de feminicidio y su agresor, Claudio Alarcón, fue puesto en libertad en noviembre pasado.
La protección a la defensora consiste en: números de seguridad, un botón de pánico, rondines en su domicilio y traslado en unidades policías para ejercer con seguridad su profesión.
El traslado en unidades policíacas le fue retirado por la CES Edomex en abril, pues de acuerdo con la orden con número 202LG0000/DGAJ/04449/2017, en las unidades iban otras personas. Carmen demostró a través del registro que lleva de monitoreo, que se trataban de víctima de violencia de género que acompaña bajo la organización que encabeza.
En respuesta, el 2 mayo el Mecanismo de Protección remitió a la defensora el acuerdo al que llegó la Junta de Gobierno ante las manifestaciones emitidas por la CES Edomex, del cual esta agencia tiene copia, donde ordena que “la medida de protección consistente en acompañamiento siga vigente “hasta que la misma institución tenga el parte de la defensora”, pruebas que ella ya entregó.
SIN RESULTADOS
Sin dar motivos, esta reunión fue convocada por el mismo
Comisionado, también acudió de la CES Edomex; el director general de Inteligencia e Investigación para la Prevención, Ulises Armando Ramírez Frausto; la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros; y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local; Ana Margarita Romero Bolaños.
Estas autoridades, dijo Zamora, no emitieron comentarios, sólo fungieron como observadoras y al final de la junta todos ofrecieron sus datos para que la defensora, en caso de necesitar alguna ayuda, se comunicara con ellos, y para hablar sobre la apelación que ingresó el 9 de mayo con el fin de que se revise su caso y vuelva a ser reaprendido su agresor, ya que esto en la reunión no se discutió.
CONTINÚAN AGRESIONES
Con ello, Carmen calificó esta reunión como un asunto casi “diplomático” donde le pareció que las instituciones que tenían que velar por sus derechos, “la estaban juzgando”. Además, manifestó su preocupación por la seguridad de su familia, ya que las agresiones en su contra continúan; el 24 de mayo uno de los agresores de las víctimas que acompaña la persiguió y hostigó mientras realizaba actividades dentro de las instalaciones del DIF Ecatepec.
INSTITUCIONES EN EDOMEX CONTRA DEFENSORAS
Carmen aseguró que su trabajo como defensora de mexiquenses que como ella, han vivido algún tipo de violencia de género es fundamental, “Nosotras hacemos el trabajo que no hacen las instituciones tanto de derechos humanos, fiscalías, comisiones de seguridad, les damos más protección a las víctimas” y agregó que estas mismas obstaculizan sus acciones.
“Las activista en el Estado de México trabajamos con nuestros recursos, con el apoyo de la sociedad, somos más vulneradas por las mismas instituciones, porque a nosotras no pueden evadirnos al exigir justicia”, declaró.
La Fundación Carmen Zamora da seguimiento legal a 13 casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, entre casos de feminicidio, violencia familiar y violencia sexual. El trabajo de la organización se da sobre todo en municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género (en 2015) como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Valle de Chalco.
17/RED
mayo 2017
Llama diputada a promover sanciones por violencia política de género
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018.
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.
Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
AVANZAN REFORMAS
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
17/AGM/GG
PGJDF da “fragmentos” de carpeta de investigación a familia de Lesvy
En medio de un total hermetismo y tras dos horas de reunión, los padres y el hermano de Belén Montserrat Cortés Santiago, confirmaron a Cimacnoticias que autoridades del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), les notificaron esta tarde, el hallazgo con vida de su hija, pero aún ignoran su ubicación ya que “por decisión de Belén” no se proporcionará su número telefónico ni su ubicación exacta, lo que respetaron por tratarse de una persona mayor de edad.
En punto de las 17:20 horas de esta tarde la mamá de Belén, la señora Leticia Santiago, y su papá, el señor Benito Cortés y su hermano César Cortés, entraron a las oficinas de CAPEA ubicadas en la colonia Doctores, donde se entrevistaron con Sagrario Contreras, en representación del director de Capea, José Antonio Ferrer Álvarez, quien se encontraba en un congreso, aunque en la constancia que les entregaron de la información, aparece el nombre de Martha Patricia Hernández Ortinez, ministerio público.
Por alrededor de dos horas permanecieron en el lugar. Al salir, el padre de Belén, Benito Cortés, dijo a esta agencia que de acuerdo con la información que les proporcionaron, encontraron a su hija en el estado de Hidalgo, y que les mostraron únicamente una foto de ella para comprobar que está viva y se encuentra bien.
“Es una buena noticia que esté bien”, dijo, y se retiraron inmediatamente del lugar.
Belén desapareció el pasado 29 de abril. El último reporte que su familia tuvo de ella fue al salir de su trabajo para dirigirse a su hogar. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), de Comunicación y Cultura, en el plantel San Lorenzo Tezonco.
Ayer por la mañana, estudiantes del plantel encabezados por su rector, Víctor Hugo Aboites Aguilar, marcharon de las instalaciones de la Universidad hacia la Procuraduría de Justicia capitalina para exigir que acelerara el proceso de búsqueda de la estudiante y le entregaron datos que recabaron ellos mismos en las brigadas de búsqueda que hicieron dos semanas antes.
Esta mañana durante una conferencia de prensa, el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, anunció el hallazgo con vida de Belén, pero no dio más información, “por respeto a su privacidad” argumentó.
En la reunión de esta tarde también estuvo presente por parte de la UACM, el abogado Rodolfo Jiménez Hernández, quien dijo a esta agencia que acompañará a la familia en caso de necesitarlo más adelante, pues afirmó que no asumió el cargo como representante legal de la familia.
17/MAE/LGL
El aumento de casos de feminicidio tiene múltiples causales, entre ellas, existe un vinculación directa con la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial y la presencia del crimen organizado, ubicado de manera concreta en Norte en el país, indica el informe, “Trata de personas en México” 2017.
El reporte hecho por la organización Hispanics in Philanthropy (HIP), a través de entrevistas a 70 organizaciones, realizó una radiografía sobre las rutas y situaciones de trata de personas en México, donde explica que “existe una feminización en el tema de trata de personas el cual está encasillado en la explotación sexual por los numerosos casos de violencias y feminicidio”.
HIP es una red transnacional de donantes comprometidos a fortalecer el liderazgo, la voz y la equidad de las comunidades latinas en todo el Continente americano. Reúne a donantes, organizaciones civiles, investigadoras para estudiar diversas realidades.
La investigación sostiene que en la región Norte, se ubica como foco rojo de trata de mujeres con fines de explotación sexual, los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada en Baja California.
Asimismo, en Chihuahua y Ciudad Juárez se mantiene un fenómeno ya denunciado por organizaciones civiles y madres de víctimas de feminicidio en 1993; la relación entre la desaparición de mujeres para fines de explotación sexual y el feminicidio, como el término de este círculo de violencia contra las mujeres.
Lo mismo sucede en Nuevo León y Coahuila, reporta la organización. La situación se torna compleja en esta zona, al contar con la presencia de crimen organizado, cruces migratorios, y rutas férreas.
Los testimonios de agrupaciones, indica el documento, hablan de la falta de preparación de las autoridades gubernamentales en esta zona para identificar si una desaparición puede tener relación con una situación de trata o bien, la burocracia y corrupción dentro del sistema se opone como un elemento para realizar acciones efectivas de búsqueda y acceso a la justicia.
REGIÓN CENTRO
En esta área geográfica que considera la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán e Hidalgo, la organización advierte que la dinámica de trata de personas se combina con actividades ilícitas, por ejemplo, en Puebla identificaron que las mujeres son intercambiadas entre grupos delictivos con fines de esclavitud sexual y laboral.
Para esta área se tiene ubicado de manera muy concreta las características de las víctimas que son mujeres: jóvenes de 16 a 22 años de edad –y en algunos casos se indica que niñas de 10 años- mujeres indígenas, y mujeres estudiantes de telesecundaria rural o bachilleratos urbanos.
Las organizaciones civiles consultadas refieren que entidades como Michoacán donde la delincuencia está articulada, una vez que llegan a localizar alguna mujer víctima de explotación sexual, ante el peligro y por su seguridad, la tienen que enviar a la Ciudad de México, lo mismo sucede en Tlaxcala.
La investigación arrojó que los tratantes en la zona Centro han diversificado sus modus operandi, más efectivos y menos visibles, esta situación se mezcla con el rechazo al tema por parte de las autoridades de gobierno, “no hay información o no se ha querido hablar del tema”, subraya el documento.
EL BAJÍO
El informe destacó que en la zona del Bajío –que comprende los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit- las organizaciones civiles presumen que el alto índice de mujeres adolescentes desaparecidas –en específico esta población- podría estar relacionado con la trata para fines de explotación sexual.
Sin embargo, el análisis del grupo de investigadores de HP, concluyó, que no existen cifras o elementos que avalen esta hipótesis, por lo que la desaparición de mujeres adolescentes creen, “puede responder a la ausencia de un núcleo familiar estable, pero también a las malas condiciones de seguridad en el estado, así como a un nivel alto de falta de oportunidades para estudiar y emplearse dignamente en algún sector regulado”, describen.
SUR
En el sur del territorio, HP observó que en las comunidades indígenas, los padres de familia con frecuencia ofertan y venden a sus hijas menores de edad y adolescentes, a quienes forzan a contraer matrimonio sin que las autoridades logren detectar la situación, “por la falta de lineamientos claros para hacerlo y porque justifican la acción como aspectos de usos y costumbres”.
Esta área conformada por Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, también se identifica como un punto de cruce migratorio, identificado como foco rojo para cooptar mujeres migrantes con fines de explotación sexual.
Sin embargo, a partir del rastreo que hizo el equipo de investigación se identificó que no existe protección ni atención para las víctimas. Y sólo lograron identificar en esta zona tres refugios especializados para atender a mujeres víctimas de trata.
17/RED
Visita a Refugio “con apego a derecho”, dice Presidente Municipal
El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, afirmó que la visita que en marzo pasado realizaron las funcionarias del Instituto Municipal de la Mujer y de la Secretaría de la Mujer a las instalaciones de un Refugio que atiende a mujeres víctimas de violencia, se realizó apegada a derecho y en cumplimiento a todos los protocolos que exige la operatividad de un espacio de esta naturaleza.
Esa fue la respuesta por escrito del alcalde a la denuncia pública que el 23 de mayo hizo la Red Nacional de Refugios, integrada por 43 organizaciones civiles, que señaló que la visita de las funcionarias evidenció el domicilio del Refugio al no cuidar los protocolos de seguridad y violar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
El conflicto por la visita que presuntamente violó la seguridad de mujeres violentadas que se encuentran en riesgo, tiene un fondo político. De acuerdo con medios locales, el 17 de mayo, en sesión de Cabildo, se anunció que el 3 de abril el Refugio fue entregado en comodato a una organización civil ligada al perredista Hugo Jarquín, lo que suscitó un conflicto entre el alcalde y la regidora del Partido del Trabajo, Bárbara García Chávez.
Los reportes de la prensa local indican que la regidora cuestionó la entrega de un inmueble destinado a la seguridad de las mujeres a un político por medio de la Red internacional de Grupos Organizados Mixteco que no tiene experiencia en este tema; mientras que el alcalde Hernández Fraguas aseguró que la entrega fue a una organización civil como lo sugirió la regidora.
Después de la denuncia pública que hizo la Red Nacional de Refugios por la violación a los protocolos de seguridad, el alcalde envió a Cimacnoticias una copia del oficio OPM/0329/2017 que el 19 de mayo envió a las regidoras y a la síndica municipal para invitarlas a visitar el Refugio y constatar su buen funcionamiento y en caso de encontrar irregularidades solicitar la revocación del comodato.
En el documento, Hernández Fraguas informó a las funcionarias que la visita se realizaría en compañía de la directora del Instituto Municipal de la Mujer y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cumpliendo los protocolos de discreción y seguridad, y verificar que la asociación cumplía con los requisitos para hacerse cargo del lugar y ratificar el contrato de comodato.
El alcalde Hernández Fraguas también envió a este medio una carta con su posición sobre esta inspección, donde puntualiza que la visita a las instalaciones “se realizó apegada a derecho y en cumplimiento a todos los protocolos que exige la operatividad de un espacio de esta naturaleza” y con fundamento en el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer.
“En este tenor, aclaramos que el único objetivo de verificar las condiciones en las que se encontraba el inmueble donde se localiza el refugio, fue para observar de forma directa el buen trato a las usuarias del referido servicio, considerando las especiales circunstancias que rodean a una mujer que ha vivido una situación de violencia, que por lo mismo requieren se proporcione una atención con calidez y calidad; asimismo, se observaron los protocolos, normas estatales, federales e internacionales que amparan la protección de las mujeres”, señaló el alcalde.
Hernández Fraguas “reiteró su compromiso con las mujeres” y señaló “que los refugios son y deben ser espacios donde se respeten sus derechos” por lo que dijo que “la politización de un tema tan delicado en efecto en nada abona”.
A propósito de este pronunciamiento, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, en entrevista con Cimacnoticias, insistió en que sí se violaron los protocolos de seguridad cuando las funcionarias fueron a un Refugio sin avisarle a las personas que lo operan y al llevar medios de comunicación y un fotógrafo, quienes después difundieron imágenes del lugar poniendo en riesgo la privacidad de las mujeres y la de sus hijas e hijos.
De acuerdo con información confidencial que recibió la Red y después de revisar el reporte de los medios locales, las personas que estaban en el Refugio no sabían de la visita pero destacó que en caso de que se cumplieran las medidas de seguridad debe existir un oficio donde el ayuntamiento avise al personal del lugar que van a asistir.
Afirmó que ninguna autoridad puede presentarse a un lugar confidencial sin avisar previamente, así sea con un par de horas de anticipación.
Figueroa Morales, también mencionó que hasta julio de 2016 el Refugio fue parte de la Red, sin embargo, dejó de serlo porque no ratificó los compromisos de tener lineamientos éticos y de aplicar el Modelo de Atención Integral a Mujeres. Por tanto y desde entonces, no tiene relación con la administración del inmueble y desconoce si la organización encargada de operarlo tiene experiencia en el tema.
Por otra parte señaló que ella tuvo conocimiento que desde abril del 2017 el Refugio cerró sus puertas, tema sobre el cual no se pronunció el funcionario. La defensora destacó que la Red no tiene interés en entrar en polémicas partidistas ni en posicionarse a favor o en contra de quienes operan el lugar, pero señaló que en este caso, es primordial poner en el centro la seguridad de las mujeres víctimas.
17/AGM/LGL
A unas horas de que el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza anunciara en conferencia de prensa que Belén Montserrat Cortés Santiago, joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fue encontrada la madrugada de hoy con vida, la familia de la joven no ha sido notificada, se enteró a través de los medios de comunicación.
Así lo señaló en entrevista con Cimacnoticias, César Cortés Santiago, hermano de Belén, quien organizó junto con su otro hermano las brigadas de búsqueda que aportaron como pruebas ayer a la Procuraduría capitalina. De acuerdo con el hermano de la joven, “se enteraron porque los compañeros de clase de Belén les empezaron a llamar para preguntarles si ya sabían la noticia”.
“Desde entonces hemos tratado de localizar a autoridades de la Procuraduría, porque no hemos tenido contacto directo con ellos desde la desaparición de Belén”.
César Cortés explicó a esta agencia que únicamente tenían comunicación con el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) y la Policía de Investigación, misma que inició una semana después de la desaparición, cuando la familia denunció la desaparición.
Belén Montserrat, de 19 años de edad y estudiante de Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, después de que avisó a su familia que había salido de trabajar y se iría a casa.
"Yo difiero con lo que dijo el Procurador hoy porque las autoridades que llevan el caso no nos ha notificado nada, únicamente citaron hoy a mi mamá a las 5 de la tarde, pero le dijeron que era para revisar la carpeta de investigación, pero en ningún momento le notificaron que la encontraron y que está viva y bien”, insistió.
Lo anterior contrasta con la declaración hecha por el Procurador Ríos Garza, quien esta mañana en conferencia de prensa anunció que “el día de hoy en la madrugada Capea a través de la Policía de Investigación, localizó a Belén Montserrat Cortés Santiago, mayor de edad”.
“Ella se encuentra bien, no fue víctima de delito, decidió ausentarse voluntariamente de su domicilio y las personas de su confianza tenían conocimiento de ello, y en respeto de su privacidad nos reservamos mayor información”, fue lo único que dijo el funcionario.
César Cortés, agregó que ya se comunicaron con el rector de la UACM Vicente Hugo Aboites Aguilar, quien dijo desconocer lo expuesto por la Procuraduría, porque tampoco “les han comunicado nada"
Y sobre el anuncio hecho hace unas horas insistió, "no está confirmada por nosotros la aparición, el Procurador menciona que mi hermana apareció en la madrugada ¿por qué si ya son casi las 15:00 horas no se nos ha dicho nada?”
17/MAE/LGL
Formación obligatoria en género de todos los operadores de justicia
Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, apuesta por la educación transformativa, una herramienta de “ida y vuelta”, en el sentido de que produce cambios en quien imparte y en quien recibe la formación.
Esa es la experiencia que la asociación está teniendo en Lanzarote y por la que ha sido invitada a participar en una conferencia internacional que tendrá lugar en Bruselas el 12 de junio, centrada en la utilización de los Convenios Colectivos para erradicar la violencia contra las mujeres en el trabajo y en el hogar.
“La clave para acabar con los estereotipos y prejuicios machistas que contaminan la justicia y toda la sociedad es la formación obligatoria de todos los operadores que intervienen en la lucha contra la violencia de género y desde luego, de las generaciones más jóvenes”.
Si bien convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado español y la propia Ley Integral de violencia de género contemplan la formación obligatoria de todas las personas que intervienen en un proceso de violencia de género, en nuestro país esto no se lleva a cabo correctamente.
Esta carencia, tiene importantes consecuencias. El porcentaje de mujeres que denunciaron y que a pesar de ello no fueron protegidas adecuadamente y acabaron siendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas roza la mitad de los asesinatos por violencia machista en España. En lo que llevamos de año, 37 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. De ellas, solo 18 se reconocen oficialmente en el marco de la ley. De las 18, la mitad había denunciado.
“Se producen errores y descoordinación entre los distintos estamentos que intervienen en el proceso” -asegura la jueza- algo que atribuye a la “ausencia de coordinación en la formación”, lo que implicaría una dotación económica. “Lo cómodo y fácil es sostener una formación superficial y una visión fragmentada de los agentes que forman parte del proceso”.
Poyatos asegura que “no hay voluntad política” y un claro ejemplo es la poca partida presupuestaria destinada a la prevención y lucha contra la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.
La actuación de juezas y jueces sigue siendo cuestionada. Sus errores pueden tener consecuencias gravísimas en la vida de las mujeres. Pero “no solo es una cuestión de jueces y juezas”, asegura Poyatos, “son muchos los operadores que comparten responsabilidad”.
“Si la acción de un juez es arbitraria e injusta se pueden ejercer acciones contra el juez que hace mal su trabajo, quejas, recursos por vía legal que pueden llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero también es importante reclamar responsabilidad estatal en la protección de las víctimas”, explica Gloria.
La presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España, insiste en que la formación tiene que ser transversal y no por categorías, porque “este es un mal que se persigue entre todos y todas”. “Hay que educar en igualdad si queremos un mundo libre de violencia”, concluyen.
17/GL/LGL
“Quien no conoce su historia, está condenada a repetir sus errores”, Paul Preston
México vive hoy uno de los momentos más complejos en su historia, en la que cíclicamente se repiten eventos que parecía que ya habíamos vivido: hallazgos de fosas clandestinas, casos de feminicidio y homicidios a la alza, delitos que se cometen por esa violencia horizontal derivada de las condiciones que prevalecen en el país, además de la vertical, por omisiones o acciones de instituciones y sus representantes. Pese a ese antecedente, hoy escribimos la historia que mañana nos avergonzará.
Quizá cobrar conciencia de esa dimensión nos ayude a documentar, a registrar desde otros ojos lo que hoy día estamos viviendo en México, para al menos, contribuir a los hechos que se investigarán en el futuro como el período en el que la violencia se convirtió en sinónimo de nuestro país.
Se trata de mirar objetivamente no sólo el número de personas que son víctimas de homicidios y feminicidio, sino a quienes están buscando justicia y no la encuentran, la falta de debida diligencia por parte de algunos y algunas instancias en la investigación y en los procesos que afectan así la posibilidad de acceder a la justicia.
Hablamos de los miles de desaparecidos que hoy día forman la lista que según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han contribuido a engrosar el número hasta fluctuar entre 25 y 30 mil personas de las que no se sabe su paradero, y de los que hay poca información para determinar con precisión su condición de “desaparecida”, ausente o ubicación no determinada, que al final se convierte en la retórica que rodea a las personas desaparecidas.
Paralelamente hablamos de hallazgos cada vez más constantes de fosas clandestinas en las que habría que adoptar medidas de protección a los restos para garantizar su identificación a través de estudios de ADN.
Hablamos de las personas migrantes de otros países que en medio del grave momento de violencia que se vive en México, ingresan al territorio nacional y nunca más se vuelve a saber de ellas y que son buscadas por sus familiares en sus lugares de origen, pero en el territorio mexicano en medio de la emergencia y la crisis de violencia derivada de la presencia del crimen organizado y las violaciones a los Derechos Humanos, se convierten en un montón de huesos del que nadie quiere saber nada.
Es la realidad de las y los periodistas asesinados, criminalizados, investigados, amenazados, desplazados y obligados a cambiar de lugar de residencia por el hostigamiento de grupos de poder locales.
Es lo que están viviendo quienes defienden los Derechos Humanos que son asesinadas por defender la tierra y los recursos naturales, pero la evasión suele ser el responsabilizar al crimen organizado y nadie sabe a ciencia cierta si se puede descartar la presencia de los corporativos internacionales que luchan por apropiarse de los recursos naturales en México en medio del caos y la impunidad.
El homicidio de un joven y el linchamiento público de un extranjero no hace de México un lugar de “salvajes”, las turbas se mueven en todo el mundo y se desplazan de un lugar a otro y responden al sentido más primitivo de la humanidad, pero lo que sí caracteriza a nuestro país es el hartazgo y la impunidad ante la falta de actuación por parte de las autoridades que tendrían que considerar los escenarios actuales en el territorio nacional.
Cada uno de estos eventos que hoy ocurren, que compartimos en redes, que hablamos y que socializamos, forman la historia de mañana, y lo que nos deberíamos preguntar es cómo estamos contribuyendo a que estos eventos que sin duda serán vistos como el período de violencia social con más víctimas en México, se documenten de manera responsable, honesta y humana, y de protección a las víctimas fundamentalmente.
Mucho tendríamos que aprender de la historia que México ha vivido, de los eventos que nos avergüenzan y nos llenan de indignación en el pasado y que hoy día podríamos estar repitiendo, ser parte, actores y actoras de lo que mañana será la historia de un país que se nos iba de las manos mientras perdíamos el tiempo en la selfie y en las discusiones estériles sin acción e intervención a favor de la población.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
17/AC/LGL
Víctimas de violencia sexual desconfían de autoridades y van a OSC: Laura Martínez
Las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a organizaciones civiles, que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un Estado que incumple.
En una de esos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó a Cimacnoticias que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a “la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables”. Por eso, llegan aquí, dijo, a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría”.
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante las Procuradurías de Justicia locales, en 2 casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de justicia para las víctimas, indicó Martínez.
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al MP a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de 8 horas, el máximo 12. “Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente”, indicó.
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias especializadas es fundamental, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
Pero esto no sucede, aseguró la especialista, “no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo”. Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. “Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia”, señaló Hernández.
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
“Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real”, y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
DESESTIMAN DECLARACIÓN
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque “es muy difícil que se levante bien la denuncia”, dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento, estigmas y sensibilización por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, “declaran cosas como ‘dejé que me bajaran los pantalones o el vestido” cuando se están dejando porque las están amenazando”.
“Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención”, declaró la especialista.
PRUEBAS
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los MP continua al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están especializadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está especializado “Al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados”.
La misma organización, ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, señaló la especialista.
Ante este contexto y un Estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, “sigue existiendo”.
“Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema”, concluyó Laura Martínez.
17/HZM/GG