Las violaciones a los Derechos Humanos y prácticas como el extractivismo, el tráfico de armas y drogas y el feminicidio ocasionan un impacto que afecta la salud mental de las personas y de los colectivos, rompe el tejido social y causa miedo, incertidumbre y despojo material y espiritual.
A esta conclusión llegaron organizaciones civiles de México y Latinoamérica que trabajan con mujeres, víctimas de tortura, pueblos indígenas, periodistas y defensores de Derechos Humanos, que participaron en el foro “El enfoque psicosocial en América Latina: retos y perspectivas”, realizado el 29 y 30 de junio en la Ciudad de México.
La directora de la organización Aluna, acompañamiento psicosocial, Clemencia Correa, señaló que hasta ahora no hay un registro, como tal, que detalle el impacto de las violaciones en las personas, pero destacó que varias organizaciones están documentando esta problemática que afecta la salud física y emocional.
A pesar de que no existe un informe nacional y unificado, la defensora destacó que no hay una víctima que no tenga efectos psicosociales, ya sea emocionales, físicos y personales e incluso consecuencias dentro de las organizaciones en su conjunto, como colectivos.
Correa señaló que, ante un asesinato, un caso de feminicidio o de tortura hay efectos de diferente orden, emocional, espiritual y físico, encontrados por organizaciones como Aluna, el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, el Comité Cerezo y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua.
Para estas organizaciones es necesario exponer que esta problemática no es un tema sólo de salud psiquiátrica o clínica sino un problema de salud estructural que debe ser atendido por el Estado, porque en la mayor parte de los casos son las instituciones quienes cometen los crímenes y provocan estas secuelas.
Organizaciones de Argentina, Colombia, Bolivia y Guatemala, entre otras, sostienen que una violación de esta naturaleza afecta en su conjunto a la sociedad porque causa sufrimiento y dolor. Y consideran que el Estado tiene el objetivo de causar este tipo de daño.
Expusieron que este daño a la salud psicosocial se agrava ante la impunidad y corrupción en los casos de violaciones a Derechos Humanos, y puede estar relacionado con enfermedades como diabetes, cáncer e infartos, con las relaciones en la familia de las víctimas y afectados que normalizan la violencia.
Ante este problema de salud emocional y física, las organizaciones llamaron al Estado mexicano y a los gobiernos de los países de la región a tomar nota y proponer políticas integrales de atención, así como evitar los crímenes que se gestan desde los agentes gubernamentales.
17/AGM/GG
junio 2017
Quiero que La Cumbia Feminazi sea himno a la paz: Renee Goust
Cantautora bicultural es como se define Renee Goust, autora, compositora e intérprete de la “Cumbia Feminazi”, canción que desde las primeras horas de su aparición en redes sociales se hizo viral.
Primero fue el video de la versión acústica que en un día completó más de 250 mil reproducciones, después vino el lyrics vídeo que de nueva cuenta puso la canción y el tema en lo público.
Residente de Brooklyn, Nueva York, Renee tiene raíces mexicanas, pues nació en Tucson, Arizona, pero sus padres siempre vivieron en Sonora, por lo que creció en ambas ciudades fronterizas Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.
Toda su vida se ha dedicado a tocar y estudiar música. Primero fue el piano, después la guitarra y le gusta escribir canciones.
Recién grabó su primer material de estudio, la “Cumbia Feminazi”, tema inspirado en el insulto que se ha dado en proferir a las mujeres, particularmente a las feministas que defienden sin condiciones los Derechos Humanos para todas y todos.
En entrevista, Renee nos compartió que su motivación para crearla fue justamente el término, ya que cuando lo leyó por primera vez supo de inmediato su significado violento contra las mujeres.
La joven compositora agregó que le molestó el contexto en el que se usa, así como la propia palabra feminazi que desvirtúa y pretende desprestigiar los objetivos del feminismo.
Desde pequeña se considera feminista, aunque no conocía exactamente la definición de ello. Sin embargo, sentía esa molestia que producen comentarios que tienen que ver con la diferenciación que hace la sociedad que limita a las mujeres porque son mujeres.
Por ello siempre alzó la voz en contra, expresando que no era justo y preguntándose: ¿Por qué? Al escuchar el término feminazi, se percató de que cada vez era más popular, sobre todo entre personas preparadas académicamente.
Tristeza, ira, impotencia son algunos de los sentimientos que le provocó el insulto. No podía concebir que justamente la gente más preparada fuera la que denostara a las mujeres, por el hecho de que defienden sus derechos o que simplemente buscan la igualdad.
“Es algo muy primitivo, establecer las diferencias entre roles de género e imposición de dominación, para decir que la mujer es menos”, reflexiona.
Es una diferencia creada a partir de la fuerza física, reforzada en la religión, en la crianza, en donde por cierto, tenemos la virgen o la prostituta.
Lo vemos también en cómo se educa a las niñas y a los niños. Cuando te casas, pasas a ser “de”, te conviertes en una propiedad de alguien más, te hace sentir que tienen derecho sobre tu vida, sobre tu cuerpo, etc.
Una de las razones por las que Renee Goust decidió escribir la Cumbia Feminazi es para contrarrestar la música que en la actualidad es popular y que le parece sumamente violenta.
Los géneros reaggaeton o el corrido parecerían que entre más agresivos, más populares, opinó. Todos esos mensajes se ha permitido que se propaguen y han agarrado vuelo, como fuego que ha incendiado todo, lamenta.
Todo ello basado en la fuerza física, por eso dice: “Quien camina con miedo por las calles soy yo”, en la letra de su canción.
En tanto se normaliza el uso de los insultos para dirigirse a las mujeres, se eleva el nivel de riesgo, comenta. Al igual que las letras de las canciones que se tocan en los bares, que se cantan y bailan por las y los jóvenes.
Es muy grave y le entristece que se permita, bajo la premisa de la libertad de expresión, se disemine la violencia de género, comenta Renee.
Cuenta con varias canciones de su autoría, pero es la primera vez que realiza una producción completa con músicos profesionales y grabado en estudio.
Temas de amor, de desamor, temas sociales como migración o la paz en el mundo, son algunas de sus expresiones como creadora. Estudió guitarra en Hermosillo, Canto en Guadalajara, y su producción incluye una larga lista.
A pesar de que ha recibido insultos y amenazas por su canción, la Cumbia Feminazi, la acogida ha sido abrumadoramente positiva, sobre todo por muchas mujeres que lo han tomado como himno.
Le agrada que la gente se apasione y que su canción genere un debate. Es difícil cambiar una mentalidad, sobre todo si está permeada por el machismo, expone. Pero si genera reflexión, ella se siente bien que tanta gente esté retomando el mensaje.
Tanto la versión acústica como el “lyrics video”, se han hecho virales en redes sociales, cada uno en su momento. Subió la canción en Youtube, y después la puso a la venta en Spotify, I tunes, Amazon, Apple music, y todos los servicios de música en Internet, con muy buen recibimiento.
Ya cuenta con varias invitaciones a realizar giras con su música. Por ejemplo el Ministerio del Interior de Uruguay la invitó a cantar en ese país. En la Ciudad de México, por parte de Las reinas chulas, para que se presente en El Vicio, centro artístico de cabaret.
Las alrededor de un millón de veces que se ha reproducido y compartido en Facebook -cifra que crece cada día-, hacen que Renee Goust confíe en que pronto La Cumbia Feminazi se convierta en un himno a la paz.
17/SNE/GG
Se fortalecerán alianzas para despenalización del aborto en AL
Organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Amnistía Internacional, el encuentro-debate sobre el aborto en la agenda legislativa desbordó la sala del Congreso, donde se realizó el martes pasado.
El encuentro fue convocado para tratar el panorama del aborto en la región y por qué en Argentina no se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo; el rol de las organizaciones y los números que revelan un grito urgente: #AbortoLegalYA. Esta es la crónica:
El auditorio está lleno, tanto que traen sillas de otras salas para que se sienten las mujeres que están paradas. No alcanza: siguen llegando, el auditorio desborda para escuchar este encuentro debate: “Es la violencia de género, que se extiende en toda la región, la que sigue siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas”, dice Erika Guevara Rosas, directora Ejecutiva de la Oficina Regional para las Américas en Amnistía Internacional, en la conferencia inaugural.
Sigue: “Los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en manos de terceros, sino que sus legislaciones, sus políticas públicas y prácticas están causando daños y sufrimiento a millones de mujeres y niñas en toda la región, constituyendo una de las más graves formas de violencia estructural”.
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
Erika anuncia la fortificación de alianzas con movimientos de mujeres para apoyar la lucha por la despenalización del aborto en toda la región y traza un mapa de la situación:
Más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina o El Caribe, tasa que se mantiene sin cambios desde los años 80.
El 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y El Caribe viven en países donde el aborto está severamente restringido por la ley o, en muchos casos, penalizado totalmente y bajo cualquier circunstancia.
En el año 2016, al menos el 10 por ciento de todas las muertes maternas en la región se debieron a abortos clandestinos e inseguros.
El Salvador es uno de los países en el mundo donde las muertes maternas no han disminuido, sino que se han incrementado desde el 2013.
En Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde los años 80.
Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas el año pasado por complicaciones de aborto inseguro en toda la región.
Se calcula que alrededor de 2 mil mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
Agrega Erika Guevara: “Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres perpetradas por terceros, sin embargo hoy en día son los propios Estados de la región los que promueven y facilitan un ambiente regresivo de Derechos Humanos para las mujeres y las niñas, y su causa más próxima es la existencia de leyes, políticas públicas o practicas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos”.
La situación, alarmante, tiene de la vereda de enfrente la organización y lucha. Erika rescata la experiencia de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como un “hito importantísimo en las formas de organización de las mujeres por la demanda de sus derechos” y concluye: “El Estado no sólo debe aprender de la fuerza de este movimiento, sino asegurarse de que sus demandas se conviertan en políticas claras”.
PROYECTO EN ARGENTINA
En Argentina, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentó por sexta vez el 30 de junio de 2016. El recorrido legislativo que debe hacer para convertirse en ley empieza por la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, quien en diálogo con lavaca se manifestó a favor, pero aún no trató el proyecto.
Desde el panel de debate que comenzó con Susana Chiaroti, miembro del Comité de Expertas en violencia contra la mujer (OEA), se recalcó la necesidad del tratamiento urgente del proyecto. Edurne Cárdenas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue la encargada de continuar con el debate, planteando a cinco años del caso FAL los avances y obstáculos de la implementación del fallo.
Mario Sebastiani, director de obstetricia del Hospital Italiano fue contundente: “No se puede permitir decir que hay salud pública en un país donde el aborto está penalizado. Es inadmisible que cuando estoy en la función pública lleve mis creencias en vez de poner en marcha políticas públicas que beneficien a la población. Quitémosle a los que tienen cargos públicos la inmoralidad de traer acá sus creencias”.
La encargada de cerrar el panel fue Ruth Zurbrigen, quien explicó el trabajo de Socorristas en Red, que en los últimos tres años acompañaron en su decisión de abortar a 7 mil 958 mujeres.
*Este artículo fue retomado del portal lavaca.org
17/RED/GG
PGJDF entrega oficio que exonera a Itzel; Inmujeres-DF “ofrece apoyo”
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó ayer el oficio en donde hace constar que no perseguirá por homicidio a Itzel, de 15 años de edad, quien hirió de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, cuando este la violó e intentó asesinarla el pasado primero de junio, informó la defensoría.
La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, remitió a Cimacnoticias dicho documento que especifica que no procederá penalmente contra Itzel. La familia y la defensoría obtuvieron también una copia de la carpeta de investigación, como lo habían solicitado y era su derecho.
El crimen contra la menor de edad ocurrió el primero de junio en la colonia Atlántida, delegación Coyoacán, cuando el agresor la sometió con un cuchillo mientras ella se dirigía a la parada de transporte público, a unos pasos del metro Tasqueña. La violó en la vía pública, y en defensa propia, para evitar que la asesinara, Itzel lo hirió con mismo cuchillo con el que la atacó.
La PGJDF ordenó crear un grupo especializado para investigar el caso, pero no por la violación, sino por “homicidio doloso” contra la menor de edad. Sin embargo, ante demanda pública de la familia y la organización civil, resolvió semanas después que no proseguirá con la investigación y “dejaba libre de toda responsabilidad” a Itzel.
En el oficio que dieron a la familia y la defensoría, se identifica al agresor como Miguel Ángel Pérez Alvarado o “Fernando”. De acuerdo con lo que explicó la abogada, en la investigación se señala que la Procuraduría constató que se trata del mismo sujeto, por los tatuajes que tenía y nadie reclamó el cuerpo.
INMUJERES DF OFRECE APOYO
Por otra parte, la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Incháustegui Romero, se comunicó ayer con la abogada para reafirmar a la familia el compromiso de la institución por darles asesoría jurídica y psicológica, informó Salas Ramírez.
Prometió canalizarlas a las instancias y programas sociales que necesiten, luego de que denunciaron que en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales, Itzel fue violentada por una de las psicólogas y no recibió el anticonceptivo de emergencia en las primeras horas, hasta que su padre lo compró.
MÁS CASOS COMO ITZEL
“¿Cuántas víctimas de violencia sexual no están pasando por estos procesos de violencia institucional?”, cuestionó la abogada. Esta realidad, dijo, se observa todos los días en las Agencias de Delitos Sexuales, como lo constató la madre de Itzel. “Niñas de 5 años esperando en el pasillo para que sean atendidas por gente de la Fiscalía… es que no podemos permitir que eso pase”, exigió la abogada.
El caso de Itzel volvió a destapar las negligencias con las que trabajan las agencias y su incapacidad para proteger a las víctimas de esta violencia. “No te van a brindar protección, no te van a brindar seguridad del camino a tu casa. Entonces, ¿para qué están? parece que no están para procurar justicia a las mujeres”, dijo contundente Micheel Salas.
LO QUE DEJÓ RODOLFO RÍOS
La abogada refirió que la desatención a víctimas de delitos sexuales fue lo que dejó la administración del Procurador de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, quien renunció a su cargo el pasado 24 de junio.
“Es producto de la administración de Rodolfo Ríos, estas áreas tan importantes y fundamentales para uno de los delitos que se cometen con mayor regularidad en la Ciudad de México: no tienen elementos para funcionar, esto resulta ser un despropósito y viola la ley”, declaró.
La abogada del Gadh, aseguró que estas agencias especializadas cuentan con todos los elementos para funcionar: protocolos de atención, lineamientos de la propia Procuraduría, sentencias internacionales. Todo un proyecto, dijo, impulsado desde la perspectiva de género, que hoy la misma institución ignora: “es terrible pensar que no están respetando los propios lineamientos que los rigen”.
Además, esta vez tuvo que actuar distinto la PGJDF, afirmó la abogada, porque ya había aceptado la redacción 6/2016 de la Comisión de Derechos Humanos local por el caso Yakiri Rubio, quien por matar a uno de agresores que la violó en 2013, fue encarcelada más de un año.
“Fue característico de la administración de Rodolfo, aceptar las recomendaciones pero en realidad no hacer nada por cumplirlas”, dijo la especialista.
AUTORIDADES SIN CAPACIDAD
Y no sólo es negar los derechos de las víctimas, agregó Salas, es también la falta de capacitación de las personas que están a cargo de estas instancias. Por ejemplo, antes de ocupar la dirección de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Alicia Rosas Rubí fue titular de investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó la abogada.
La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López, se desempeñó antes en la Secretaría de Finanzas, por ello Salas denunció que “claramente no tiene por qué estar ahí, es una parte fallida en la administración”.
Ante las negligencias que hubo en el caso de Itzel, la defensoría presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, por lo que esperan está tenga respuesta para sancionar a las personas que intervinieron en el proceso.
17/HZM/GG
Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”
Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de “violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la ley.
El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018.
Sin embargo, fue hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley, cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.
REVERSA
Ese mismo día, el miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término.
De acuerdo con la nota, la ley debe decir que “violencia política” es “toda acción, omisión o conducta ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales…”.
Asimismo la definición correcta, que no aparece en el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la ley vigente.
¿CON “ACLARACIÓN” SE CAMBIA LA LEY?
Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”.
El asambleísta también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.
Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo el concepto de violencia política”, recalcó.
El perredista subrayó que aún con la nota aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.
¿ACLARACIÓN DESAPARECE CONCEPTO?
Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política”.
Pero ese día las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.
ACCIÓN INCONSTITUCIÓNAL
Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México.
El Articulo, Apartado D, numeral 2 de la Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución”.
Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo local.
En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y no una fe de erratas.
17/AGM/GG
Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
17/AC/GG
IEMS desconoce a trabajadoras, pero le “ofrece” empleo en outsourcing
Autoridades capitalinas y del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) se niegan a reconocer la relación laboral de 59 trabajadoras de intendencia despedidas desde enero de 2016. Bajo el argumento de “dar solución” al despido, ofrecieron empleo sólo a 27 de las mujeres a través de una empresa privada, por “outsourcing”, y con las mismas condiciones laborales precarias que tenían.
Ayer, trabajadoras del IEMS, su abogado y un representante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México, fueron citados en las oficinas del Instituto con el argumento de que la directora Dinorah Pizano Osorio dialogaría con ellas y “daría una salida al problema”. Sin embargo, el acto fue una conferencia de prensa en donde Pizano Osorio negó la relación laboral con las mujeres e informó que la subcontratista Tecno Limpieza Delta, S.A. de C.V. ofrecerá trabajo a las mujeres despedidas.
En la conferencia, en la que se negó el acceso a varias de las trabajadoras, el representante de Tecno Limpieza, Osvaldo Sánchez, anunció que las trabajadoras podrían acercarse a cualquier dependencia del IEMS para comenzar a laborar y que incluso podrían hacerlo antes del 1 de julio. De aceptar, afirmó, mantendrían las mismas condiciones en las que se desempeñaban.
Las condiciones son “un salario precario –mil 250 pesos quincenales– , sin prestaciones ni acceso a seguro médico: así se labora en los planteles”, expuso a Cimacnoticias la vocera de las mujeres, Guadalupe Carrasco Carrasco, quienes desde enero de 2016 mantienen un plantón afuera de la preparatoria del IEMS en Iztapalapa.
La vocera recalcó: “Las empresas de subcontratación no nos dan un trabajo digno porque son fantasmas, más que una solución es una burla. Lo vemos como un acto de tinte político con el que Dinorah Pizano busca lavarse la manos y desprestigiar nuestra lucha”.
De las 59 mujeres despedidas, al menos 22 iniciaron desde febrero de 2016 una demanda colectiva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para que el IEMS reconozca la relación laboral con ellas ya que fueron despedidas argumentando que el contrato laboral de todas ellas había sido firmado con la empresa ROCMAN S.A. de C.V. En la demanda piden el acceso a derechos laborales y ser recontratadas por el Instituto.
Tecno Limpieza es actualmente la empresa que desde 2016 ofrece servicios de limpieza al IEMS y lo hace en otras instituciones educativas. «Sabemos que ni siquiera les han querido dar vacaciones a los trabajadores de intendencia, ¿dónde está el trabajo digno que la señora promueve?», cuestionó al respecto Guadalupe Carrasco.
“No hubo un diálogo con la directora, lo evadió y dijo que la medida se tomó para defender nuestros derechos como trabajadoras, pero que cualquier plática en cuanto a relaciones laborales la discutiéramos con el representante de la empresa presente en la conferencia”, denunció Carrasco.
El abogado del caso, Porfirio Martínez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que la maniobra del IEMS y autoridades refleja el “trato indignante” hacia las trabajadoras y aseguró: “Es lamentable que una institución tan importante de educación se muestre como representante de una empresa privada, eso representa la simulación por resolver las exigencias”.
Porfirio Martínez explicó que de aceptar los puestos de trabajo con la empresa intermediaria significaría ignorar los derechos laborales que les corresponde a las trabajadoras tales como la inscripción al Seguro Social, gratificaciones por los servicios que prestan, el derecho a pensiones por antigüedad y accidentes laborales y el acceso a una cuenta para el retiro.
El abogado precisó que la oferta de empleos con la subcontratista «violenta el derecho constitucional de los trabajadores de mantener una relación laboral, cierta, material y verdadera».
EL MISMO OFRECIMIENTO
Desde que las mujeres iniciaron la demanda laboral ante la Junta Local el IEMS les ha ofrecido ser contratadas de nuevo a través de las empresas intermediarias como Joad Limpieza y Servicios S.A de C.V. y ahora Tecno Limpieza. Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó: “Nosotras exigimos un trabajo digno, el reconocimiento por parte del a IEMS, por años trabajamos para el Instituto, no con subcontratistas”.
El caso en la Junta continúa suspendido por falta de voluntad de las y los funcionarios de la misma aún cuando, de acuerdo con el abogado del caso, la Ley Federal de Trabajo establece que una vez admitidas las pruebas, la instancia tiene la obligación de desahogarlas en un plazo no mayor de 30 días hábiles “por lo que “quien está incumpliendo, lo que dispone la ley es precisamente el órgano jurisdiccional encargado de hacer cumplirla”, afirmó.
A la conferencia también asistió el subdirector de Planeación y Desarrollo de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno capitalina, David Vera Jiménez.
DEMANDAN SOLUCIÓN
Luego del anuncio hecho por la directora del IEMS las trabajadoras, su abogado y el Comité Cerezo se pronunciaron y exigieron a las autoridades capitalinas y de la instancia educativa, mediante un comunicado, “actuar con seriedad”, reconocer la relación laboral con las trabajadoras despedidas injustificadamente, recontratarlas con base y “restituir los salarios caídos”.
También pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que emita la recomendación de la queja 15/D7799 que presentaron y que se encuentra en la Quinta Visitaduría desde el 23 de diciembre de 2015. Y a la JLCyA no retrasar más la solución a la demanda.
Cimacnoticias contactó a la dirección general del IEMS, pero no obtuvo respuesta.
17/MMAE/GG
“Lamentable y tardía” exculpación que hizo PGJDF por Itzel: defensoría
La representación legal de Itzel, la niña de 15 años de edad víctima de violación e intento de asesinato, calificó de “lamentable” y “tardía” la respuesta de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), ya que informó, un mes después del crimen, que no procedería contra la menor de edad acusada de defenderse y herir de muerte a su agresor, Miguel Ángel Pérez Alvarado.
La representante legal de la niña y su familia Karla Micheel Salas Ramírez, afirma que esto sucedió después de que la familia de Itzel y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), al que pertenece la abogada, exigió públicamente a la PGJDF terminar con la persecución por homicidio contra la menor de edad. La Procuraduría resolvió, en un comunicado de prensa, que la víctima quedaba libre de la responsabilidad porque “actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
“La Procuraduría lo hizo después de que el caso se hizo público (el este 27 de junio). Era una investigación que tuvo que concluir las primeras horas del 2 de junio, lo cual resulta lamentable”, denunció Salas, abogada especialista en violencia de género.
Itzel fue víctima de violación en la vía pública cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. El crimen ocurrió en la noche del 1 de junio, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo cuando se dirigía a la terminal del transporte público.
La violó sexualmente por dos horas sin que ella fuera auxiliada por las personas que presenciaron el hecho, hasta que, en defensa propia, forcejeó con él para evitar que la asesinara, lo que ocasionó la muerte del agresor y que después la PGJDF conformara un grupo especial para investigarla por “homicidio doloso”.
De acuerdo con la abogada, la defensoría y los familiares de Itzel mañana tendrán la notificación formal de que la carpeta de investigación por homicidio se cerró, ya que después del comunicado que la Procuraduría local dio a los medios, la autoridad los contactó para concretar la cita, informó en entrevista a Cimacnoticias.
FALTA SANCIONAR A SERVIDORES
Si bien la investigación se cerró con la muerte del agresor y el pronunciamiento de la PGJDF, el caso continuará, aseveró Micheel Salas, ya que aún se tienen que deslindar responsabilidades y castigar a aquellos servidores públicos que se negaron a brindarle atención inmediata a Itzel.
Tal como lo denunció su familia: no se le dieron anticonceptivos de emergencia en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de la Procuraduría, el padre de la niña tuvo que comprarlos, fue revictimizada en los servicios de atención psicológica y la denuncia se levantó después de 48 horas.
Por estas negligencias ya se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo, por las amenazas y hostigamientos que ha sufrido la familia y la víctima, por parte del personal de la Procuraduría y familiares del agresor, este órgano emitió medidas de protección para ellos, informó Salas.
“En principio que se vayan y sean sancionadas la directora de la Fiscalía de Delitos Sexual, Alicia Rosas Rubí, y la directora del Centro de Terapia y Apoyo a Víctima de Delitos Sexuales (CTA)”, concretó Micheel Salas.
OTRAS VÍCTIMAS
Karla Micheel Salas, integrante del Gadh, añadió que mañana, al tener acceso a la carpeta de investigación, podrán conocer si Miguel Ángel Pérez cuenta con antecedentes penales por violencia sexual u otro delito, pues le dijo a Itzel que había herido anteriormente a alguien y no era la primera vez que atacaba a una mujer
17/HZM/GG
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas
Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan. Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
EL ABORTO
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
AGENDA COMÚN
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
17/GL/GG
Segregación de género laboral aumentó un tercio en 20 años: OIT
En 2017, la tasa de mujeres en el empleo remunerado en el mundo es casi 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres y no se espera que aumente en 2018, señala un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio de la OIT, titulado «Perspectivas Sociales y Empleo en el Mundo: Tendencias del Empleo Femenino 2017», dice que las brechas de género son uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día en el mundo.
La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se centra en los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. El organismo también promueve los derechos laborales, para fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.
Para combatir esta brecha de género, el director general de la OIT, Guy Ryder, ha lanzado la Iniciativa del Centenario de la OIT sobre las mujeres en el trabajo. Esta iniciativa identificará medidas innovadoras que podrían traer nuevas perspectivas del trabajo de la OIT sobre igualdad de género antes y después del centenario del organismo en 2019. Este estudio es parte de la iniciativa.
Uno de los problemas más grande para las mujeres que desean conseguir un trabajo es la segregación de género. Educación, salud y trabajo social se registran como las áreas con las concentraciones más altas de mujeres. Esto se debe a la segregación de género que ha aumentado en un tercio durante las últimas dos décadas.
“Las mujeres que desean mejorar su situación en el mercado de trabajo no lo logran debido a las normas sociales y a una serie de restricciones socioeconómicas”, dice el estudio.
Aparte de que muchos empleadores tienen una preferencia hacia los hombres, el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, el estado civil y la falta de transporte son las restricciones socioeconómicas más comunes para las mujeres.
El estudio añade que factores como la discriminación y el nivel de educación afectan a las mujeres, no importa la profesión ni el sector en el que trabajan. Esto demuestra que las normas sociales tienen un impacto directo en las diferencias de género en el empleo.
Para hacer que el lugar de trabajo sea un sitio más inclusivo para las mujeres, el estudio dice que tendremos que combatir la discriminación dentro y fuera del lugar donde se labora.
Esto se puede hacer promoviendo la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, desafiando las normas sociales y adoptando legislación enfocada en prevenir y eliminar la discriminación.
17/EA/GG