Políticas de Trump afectan derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/08/2019
Las nuevas restricciones de financiamiento impuestas por el gobierno de Donald Trump han obligado al proveedor internacional de servicios de salud y aborto para mujeres Planned Parenthood (PPH) a retirarse de un programa federal que proporciona 260 millones de dólares al año para atender a mujeres estadounidenses de bajos ingresos y afrocescendientes
La semana pasada la administración de Donald Trump aprobó una reforma que prohíbe a los prestadores de salud inscritos en el programa federal de planificación familiar (más comúnmente conocido como “Título X”) dar a los pacientes referencias para médicos que realizan el servicio de aborto en Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, PPH denunció las acciones de la administración de Trump y anunció que se retiraba voluntariamente del programa “Título X” por medio del cual recibía 60 millones de dólares y que buscaría fondos en otros lugares.
“Esta regla de mordaza inmoral es mala para las mujeres, las familias y la salud pública. El programa Título X fue diseñado para hacer que los servicios de atención de la salud reproductiva sean accesibles para aquellas personas que ya tienen dificultades para obtener la atención médica que necesitan. Ahora, a millones de personas, especialmente a las mujeres de color y con bajos ingresos, a quienes se les niega este derecho fundamental”, dijo el reverendo Vincent Lachina, un ministro bautista que sirve en las Juntas de Defensa del Clero de la Federación de Planificación Familiar de América, según medios locales.
PPH es una organización internacional con operaciones en México y es parte de la alianza de organizaciones mexicanas que promueven la salud sexual y reproductiva como Mexfam, que brinda servicios de planificación familiar. En Quintana Roo, por ejemplo, las operaciones de PPH en son para aumentar el acceso a los servicios de salud y reducir el estigma en torno al aborto, entre otras actividades.
La agrupación internacional también denuncian la detención de niños migrantes en la frontera México-Estados Unidos y otras violaciones a los Derechos Humanos.
Según representantes de PPH America, los cambios de financiamiento que se enfrentan en los Estados Unidos no afectarán directamente el panorama de financiamiento de sus operaciones en México. Sin embargo, la duda sembrada en Estados Unidos sobre PPH es más prominente y puede afectar la imagén pública de la organización.
DEBATE EN TORNO AL ABORTO
La postura del presidente Trump es representativa del debate actual del aborto en los Estados Unidos. Las controversias por este tema son constantes entre los llamados “defensores de la vida” y los republicanos.
Otra muestra de las posturas en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad se observó en agosto, cuando el representante republicano de Iowa, Steve King, dijo ante un grupo de conservadores que “muchas personas no estarían vivas hoy si no fuera por violación o el incesto”. “No es culpa del bebé el pecado del padre o la madre”, dijo King al portal Registro de Des Moines después de una conferencia con simpatizantes.
El aborto fue legalizado en todo el país en 1973 con el caso resuelto por la Corte Suprema «Roe v. Wade», donde la justicia concluyó que una mujer podía elegir si continuaba o no con el embarazo y que no se podía restringir este derecho. Desde entonces las personas antiaborto han estado promoviendo medidas enérgicas contra las leyes “pro-choice”, frase que representa la elección libre de las mujeres para obtener un aborto legal y seguro.
En relación a este tema, el ciclo legislativo 2018-2019 fue uno de los más perjudiciales para los estadounidenses “pro-choice.” Muchos estados se vieron obligados a cerrar sus clínicas de aborto o les fueron retirados fondos importantes de financiamiento.
Según Naral Pro-Choice America, una de las principales organizaciones de acceso al aborto de los Estados Unidos, 17 estados han aprobado reformas a su legislación para restringir el aborto. Si bien los estados no podían prohibir rotundamente la interrupción del embarzo por los argumentos del caso “Roe v. Wade” de la Corte Suprema, muchos encontraron lagunas legales que les permitieron restringir el acceso físico a este servicio o categorizar la atención del aborto como perjudicial para la salud de las mujeres.
En esta andanada contra la interrupción del embarazo, en muchos estados hay «centros de embarazo en crisis», lugares que se ubican muy cerca de las clínicas donde se realizan abortos. Allí hay personal que se encagra de llevar a los centros, con engaños, a las mujeres que quieren abortar, darles información sobre sus “opciones de atención de salud reproductiva” y así impedir que accedan a la atención del aborto.
ALTA MORTALIDAD MATERNA
Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas entre los países desarrollados, una situación que de acuerdo con las opiniones de expertos se debe a las políticas de salud en contra de los derechos de las mujeres en edad reproductiva.
Un informe del Centro para el Control de Enfermedades informó que 18 mujeres mueren por cada cien mil nacimientos en este país, pero en otros países desarrollados como Suecia, esa tasa es tan baja como 4 por cada cien mil.
Las mujeres afroamericanas se ven desproporcionadamente más afectadas porque en esta población la cifra es de hasta 40 muertes por cada cien mil personas nacidas. Según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad materna en México es de 38 por cada cien mil nacidos vivos. Esa tasa ha ido disminuyendo constantemente en las últimas décadas
Otro problema en este tema es que en los estados progresistas de Estados Unidos, donde existen clínicas de aborto, éstas tienden a favorecer a quienes tienen dinero. Por ejemplo, no hay muchas clinicas rurales, lo que deja fuera del servicio a la gente afrodescendiente y a aquellas sin recursos económicos suficientes para pagar la atención médica.
El hecho de que durante el año pasado las leyes contra el aborto en las regiones de Estados Unidos se hayan vuelto cada vez más extremas y con restriciones de acceso no significa que la tendencia legislativa sea consistente con el sentir de la población en general que, en su mayoría, apoya el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Según una encuesta realizada por PBS NewsHour, NPR y Marist, en junio de este año solo 33 por ciento de las y los estadounidenses apoyaba las leyes antiaborto o “de los latidos del corazón» que muchos estados han implementado en un esfuerzo por detener los abortos cuando las mujeres tienen 6 u 8 semanas de gestación, periodo en el que es posible que las mujeres ni siquiera sepan que están embarazadas.
Después del reciente debate presidencial en los Estados Unidos, que se realizó en julio pasado, la opinión pública criticó a los moderadores y a los candidatos por no discutir la salud de las mujeres con mayor detalle. Aunque seis de las y los candidatos democráticos son mujeres y a pesar de que en el debate se dedicó más de media hora al tema de atención médica, los servicios de aborto fueron ignorados y se evitó hablar de la salud de las mujeres.
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