Organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos, como IM-Defensoras, y Ofraneh (Organización Fraternal Negra Hondureña) condenaron el asesinato de la presidenta del Patronato de Masca, Mirna Teresa Suazo Martínez, acontecido el domingo 8 de septiembre en la comunidad Garifuna del mismo nombre.
Ofraneh relató en un comunicado publicado en su página de internet, que dos hombres no identificados se acercaron en motocicleta al restaurante del que era propietaria la defensora, y dispararon armas de fuego contra ella.
La comunidad Garifuna de Masca está situada en la costa norteña de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala y contiguo al valle del Cuyamel. De acuerdo con Ofraneh, forma parte de la zona de influencia de una de las supuestas ciudades modelo, “situación que ha disparado las presiones territoriales a lo largo de la costa Garifuna.”
Cabe mencionar que el gobierno hondureño creó en 2013 las “zonas de empleo y desarrollo económico”, o ciudades modelo, supuestamente con jurisdicciones independientes, con sus propias leyes, tribunales y policía, las cuales atraerían capital para crear puestos de trabajo y aliviar la pobreza.
Hasta ahora, los planes se han mantenido vagos y nadie sabe cómo avanzan, pero organizaciones civiles han advertido que las personas hondureñas viviendo dentro de las demarcaciones de estas zonas podrían perder algunos derechos. De la misma manera, las ciudades modelo podrían tomar tierra para expandir y desalojar a personas que no tienen o perdieron el título de sus terrenos.
De acuerdo a Ofraneh, la comunidad de Masca ha rechazado en diversas ocasiones la construcción de dos plantas hidroeléctricas en el río del mismo nombre, “las que han sido incluidas en el Fondo de Carbono de Naciones Unidas, sin haber efectuado consulta previa, libre e informada con la comunidad.”
La organización denunció que en el transcurso de la semana han acontecido “una serie de inusuales asesinatos en las comunidades Garífunas, las que hasta la fecha han sido islas de paz en ese mar de violencia llamado Honduras.” También en semanas recientes, aumentaron las amenazas en contra de defensoras del territorio y de la comunidad afro de Honduras.
Vallecito, una comunidad situada en el interior, al nororiente del país, reportó la presencia de grupos de hombres fuertemente armados, que atemorizaron a la población y que desde el mes de julio cortaron en diversas ocasiones los alambres de seguridad que protegen los límites de Vallecito y que el pasado 2 de agosto incluso llegaron a disparar contra habitantes de la comunidad.
La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, quien cuenta con Medidas Cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sufrido durante el 2019 diversos actos de intimidación y acoso, por parte de funcionarios públicos, como detenciones arbitrarias por parte de fuerzas militares y policiacas, criminalización y acoso judicial.
El lunes 9 de septiembre, la policía en Tegucigalpa disparó con armas de fuego y lanzó gases lacrimógenos contra una manifestación de personas defensoras de medio ambiente que se oponían contra la construcción de un proyecto habitacional en el parque nacional “La Tigra”. Hubo varias personas heridas, entre ellas una periodista que cubría los eventos.
La comunidad garífuna adjudica el agravamiento de la situación en su región a su oposición a la explotación turística, al monocultivo de palma africana y al narcotráfico, al mismo tiempo que busca construir una vida alternativa a través del cultivo del coco y de otros productos de autoconsumo.
Buena parte de los homicidios, resaltó el comunicado de Ofraneh, “están relacionados con la tenencia de la tierra”, además, “rencillas entre el crimen organizado” habrían resultado en asesinatos. La organización hizo un llamado a las autoridades de efectuar una “investigación de rigor” en el caso Mirna Suazo Martínez y “lograr la aplicación de justicia.”
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