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En todo momento autoridades son omisas en casos de feminicidio

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) llamó a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) a no persistir en la pasividad y romper las inercias estructurales que perpetúan la violencia contra las mujeres.

Así lo expresó la presidenta de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Hernández, quien la mañana de este 26 de septiembre presentó el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México y emitió las Recomendaciones 06, 07, 08 y 09 de 2019, todas por casos de violencia contra las mujeres.

Presentación del informe sobre violencias de género | Cortesía CDHCDMX

Tanto en las recomendaciones como en el informe, el organismo defensor identificó las acciones y omisiones de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en casos de acoso y hostigamiento sexual, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio.

Por ejemplo, el organismo indicó que la PGJ filtra 30 por ciento de las quejas que llegan a la CDHCDMX por feminicidio; en cuatro de cada 10 casos omiten hacer una investigación, y en el resto (seis de cada 10 casos) hay negligencia; es decir, no hay un sólo momento donde no haya omisiones.

Las cuatro Recomendaciones concentran un total de 131 víctimas directas y 44 víctimas indirectas, dentro de las cuales se encuentran 19 niñas y adolescentes y, de acuerdo con la ombudsperson, los hechos documentados no aislados, prueban el contexto de violencia de género sistemática y de discriminación estructural contra las mujeres.  

Recomendación 6/2019: Por los delitos de acoso y hostigamiento sexual en ámbitos laborales y educativos. Se revisaron 21 expedientes de queja, donde se encontraron 28 víctimas directas y 6 víctimas indirectas.   

Recomendación 7/ 2019 : Por falta de debida diligencia alrededor de casos de violencia familiar. Se revisaron 20 expedientes, donde se encontraron 30 víctimas directas, 6 víctimas indirectas. Se documentó maltrato a quienes fueron a denunciar y la falta de investigación del contexto y ausencia de un enfoque de género.

Recomendación 8/2019: Por delitos de violencia sexual. Se revisaron 18 expedientes, donde se encontraron 17 víctimas directas, 5 víctimas indirectas. Se documentaron patrones de maltrato y descrédito de la palabra de las víctimas, mal manejo de pruebas periciales y negación de la justicia.   

Recomendación 9/2019: Por falta de investigación y filtración de información en casos de posible feminicidio. Se revisaron 20 expedientes de queja, donde se encontraron 17 víctimas directas y 5 víctimas indirectas. Se documentó filtración de información, violencia institucional a familiares y falta de análisis sobre sucesos previos para esclarecer si se trató de un feminicidio.

El organismo comenzó la investigación de casos de violencia de género en mayo pasado después de emitir la Recomendación 1/2018 por la falta de debida diligencia en la investigación del asesinato de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada sin vida cerca del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo de 2017.

Hace dos años, la PGJDF filtró información del caso a los medios de comunicación y en redes sociales publicó información personal de la víctima y supuestas adicciones para luego reforzar la hipótesis de que Lesvy se suicidó enredando a su cuello el cable de teléfono de una caseta pública. Esto desató criticas de agrupaciones y colectivas feministas.

Tras la revisión, el organismo emitió cuatro instrumentos recomendatorios y un informe en el que hace un recuento de patrones y prácticas de las autoridades en casos donde debe investigar y esclarecer violencia ejercida contra las mujeres.

Al hacer un recuento de las leyes nacionales y locales a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y de las resoluciones de organismos internacionales, la presidenta de la CDHCDMX se preguntó: ¿Qué es entonces lo que hace falta para que las mujeres accedan a una Vida Libre de Violencia sexual, feminicida, psicológica, económica, patrimonial, tanto en los espacios privados como en los públicos?

En noviembre de este 2019, recordó, se cumple una década de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero”, sobre tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez y a la fecha las autoridades son incapaces de realizar un análisis de contexto que permita atender a las víctimas. En 10 años, la debida diligencia sigue sin cobrar sentido en la práctica.

“Las diferentes caras de la violencia de género hacia las mujeres siguen manifestándose, y muestra de ello son las Recomendaciones que hoy estamos presentando y que ejemplifican la violencia cotidiana hacia las mujeres con, incluso, un impacto letal”.

Al hablar del informe, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la violencia contra las mujeres no es una problemática nueva ni coyuntural; tampoco es obra de unas cuantas personas, sino que deriva de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

Explicó que, por medio de este informe, se observa que las prácticas discriminatorias y violentas que enfrentan las mujeres; la falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de los casos, contribuyen a que la violencia institucional y su negligencia omisa mantengan la impunidad.

La ombusdperson aseguró que se identificaron 25 formas en las que los Derechos Humanos de las víctimas fueron vulnerados por actos u omisiones de las autoridades de procuración de justicia y se constató, además, que cada caso registra más de una práctica de violencia institucional.

Entre las prácticas identificadas por la CDHCDMX están:

  • Omisión para investigar con la debida diligencia
  • Negativa de ordenar medidas de protección a las víctimas en los casos más urgentes
  • Falta de perspectiva de género en la calificación de los delitos
  • Negativa para determinar una forma de terminación de la investigación que garantice los derechos de las víctimas
  • Inacción de la autoridad administrativa responsable para investigar y sancionar actos de hostigamiento
  • Violencia contra mujeres policías por compañeros o superiores.
  • Negativa, restricción u obstaculización para iniciar investigación
  • Peritajes realizados de manera negligente o incorrecta
  • Falta de aplicación de los protocolos de feminicidio
  • Negativa de brindar asesoría jurídica victimal con afectación directa al proceso judicial.

Ramírez Hernández aseguró que los resultados son alarmantes y sostienen con cifras los reclamos sociales. Aseguró que en 30 por ciento de los casos de feminicidio existe filtración de información. En cuatro de cada 10 casos, se acredita la absoluta omisión de investigar con diligencia; sin embargo, en el resto de ellos la debida diligencia es negligente.

Por ejemplo, otro caso filtrado por la PGJ fue el del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, donde fueron asesinadas Alejandra Negrete Áviles, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. O bien, la filtración de un caso de violación sexual, cometido por policías capitalinos en la alcaldía de Azcapotzalco, el pasado 3 de agosto.

En los casos que requerían la activación de medidas urgentes de protección, según dijo, porque la consecuencia de no brindarlas podía ser letal, sólo se proporcionaron en dos de cada 10 casos.

“Existe un serio problema en los órganos procuradores de justicia, respecto de las atenciones encaminadas a la garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares, pues dichas acciones no se llevan a cabo de manera diligente e inmediata, y comprometen la seguridad y los derechos de las víctimas”.

La defensora dijo que es necesario fortalecer la atención inicial, asistencia jurídica, atención psicológica, medidas de protección, las fiscalías desconcentradas y coordinaciones territoriales, las fiscalías para la atención especializada, policía de investigación, peritos y procedimientos y sanciones.

La presidenta de la CDHDCDMX dijo que este Informe debe servir para hacer un reconocimiento a las luchas de las mujeres, organizaciones y colectivas que han impulsado transformaciones en la defensa de los derechos de las mujeres, y en contra de las violencias de género.

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