Ciudad de México. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Salazar Martínez, propuso expedir una ley para que la Fiscalía General de Justicia de la capital cree un registro de personas sentenciadas por delitos sexuales.
En la sesión de este martes 19, el legislador presentó la iniciativa para crear la «Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad de México» a fin de que todas las autoridades y la sociedad conozcan el paradero de aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales.
La propuesta es que la Fiscalía local se encargue de organizar el registro, una base de datos que incluirá información de personas con sentencia condenatoria firme por delitos sexuales y que radiquen en la capital. A este registro sólo podrán acceder Ministerios Públicos y la policía.
La iniciativa de ley también dice que las personas que estén catalogadas como ofensoras sexuales deberán informar anualmente cuál es su domicilio; actualizar sus huellas y fotografía e informar cuáles son cuentas de correo electrónico y redes sociales. Esto a fin de prevenir posible reincidencia.
Salazar Martínez argumentó que, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, nueve mujeres son asesinadas cada día en México, y según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a la fecha han ocurrido 200 casos de feminicidio a nivel nacional. De enero a junio del 2019 van 470 casos.
En la Ciudad de México se tienen acumulados 206 casos de feminicidio en los últimos años, con más de 18 en el primer semestre de 2019.
En México, expuso el diputado ante el Congreso, existen actualmente más de 20 mil reos sentenciados y procesados por delitos sexuales, según una base de datos en desarrollo de Plataforma México. De ellos, 56.7 por ciento son primodelincuentes y 12.8 son reincidentes.
La medida de crear un registro pretende contribuir a la protección de mujeres, niñas y niños, de delitos sexuales. Salazar Martínez informó que en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Guatemala, Canadá, España y otros ya existe un registro de ofensores sexuales.
Cabe mencionar que, en julio pasado, la defensora de Derechos Humanos, Yndira Sandoval Sánchez, aseguró que estaba redactando una propuesta de reforma constitucional para que los hombres que deseen ocupar un cargo legislativo o de gobierno comprueben no ser deudor alimenticio, acosador sexual o agresor de mujeres. La propuesta ciudadana, también incluía crear una base de datos de agresores sexuales.
También el pasado 28 de agosto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, entre ellas enviar una propuesta de ley al Congreso para crear un banco de ADN, la cual fue presentada el pasado 24 de septiembre.
El Banco de ADN tiene como finalidad proporcionar información para el esclarecimiento de investigaciones vinculadas a secuestro, delitos de violación, estupro y feminicidio, e identificar a los agresores y proceder a su detención y sanción.
La propuesta del diputado priista se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención Especial a Víctimas.
19/AGM/LGL
