Ciudad de México. La Sala I del Tribunal de Sentencia con Justificación Nacional de Honduras, dio a conocer hoy las sentencias contra los asesinos materiales de la defensora indígena Berta Cáceres Flores e intento de homicidio contra el defensor mexicano Gustavo Castro, ocurrido el 3 de marzo, 2016. Los siete hombres habían sido condenados hace más de un año, el 29 de noviembre, 2018, sin embargo, organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que lideró Cáceres, denunciaron en varias ocasiones el retraso en la sentencia escrita.
En la audiencia de hoy, la Sala dio a conocer la condena de 30 años y 6 meses, para Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de Desarrollos Energéticos (DESA), empresa que desarrollaba el proyecto de una presa en el Río Gualcarque al cual se oponían Cáceres y el Copinh, 30 años y 6 meses para Douglas Geovanny Bustillo, sargento retirado, 30 años para Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, y 50 años y 4 meses para los otros cuatro: Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Eriberto Rápalo Orellana, y Óscar Aroldo Torres Velásquez.
Organizaciones sociales siguieron la audiencia con mucha atención, porque mientras celebraron la condena de los siete autores materiales, destacaron que los presuntos autores intelectuales siguen en la impunidad. «La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales», escribieron las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al Copinh en un comunicado. «Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala», escribieron. La familia es una de las más influyentes en Honduras e invirtió millones de dólares en la empresa DESA.
Las hijas e hijo de Cáceres y el Copinh acusaron al Ministerio Público de Honduras de «poner excusas para procesar y requerir el sometimiento» de integrantes de la familia Atala, por lo tanto exigieron la instalación de una «misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres.»
La sentencia sería una «primera fisura el muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal del crimen», consecuencia de la «tenacidad de la lucha del Copinh, la familia y la solidaridad nacional y del mundo», y Cáceres seguiría siendo un «símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por la dictadura.»
El Ministerio Público hondureño, por su parte, elogió su rol en la investigación del caso y destacó que a la fecha suman nueve personas detenidas, el último capturado el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía acusado a título de Autor Intelectual del delito de Asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de DESA. Además, el MP escribió en su página web que «las diligencias investigativas continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres.»
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