Ciudad de México.- Los avatares de la laicidad en México ante el embate de líderes religiosos con ambiciones políticas han encontrado en el presidente de la República a un impulsor de los valores religiosos en el espacio público. Desde 2018, se mina la separación entre iglesias y Estado a través un discurso que enarbola “valores”, referencias a la “moral” y alusiones a ideas religiosas que deberían quedar fuera del ámbito político. No se trata, como en sexenios anteriores, sólo de iglesias que violan la ley y buscan orientar el voto o condenan el derecho a decidir de las mujeres, ni de gobernadores o alcaldes que encomiendan “su” territorio al corazón de Jesús o a la Virgen. Se trata ahora de un presidente que se ha convertido en “actor central en el regreso de la religión a la vida pública en México”, que se atribuye y le atribuye al Estado la tarea de formar y difundir una moral, de la mano de iglesias evangélicas, sin importarle violar, entre otros, los artículos 3, 24 y 40 de la Constitución Política.
Así lo sugieren Roberto Blancarte y Bernardo Barranco, especialistas en laicidad y religión, en “AMLO y la religión. El Estado laico bajo amenaza”, libro que destaca por la claridad y mesura con que exponen los riesgos de la “irrupción” religiosa para la laicidad del Estado y la convivencia social en un mundo en que el uso político de la religión ha favorecido el ascenso de líderes autoritarios y contribuye a la polarización en sociedades diversas.
Blancarte, por ejemplo, inscribe el discurso moralista de AMLO dentro de un programa populista que conlleva la idea de “pacificar” al país mediante el impulso de valores morales, con apoyo de las iglesias, lo que resulta contradictorio puesto que éstas mismas forman parte de la “crisis de valores” y son responsables del “quebranto ético” ( y de su propia crisis de autoridad, como muestran los casos de corrupción o pederastia en el Vaticano o la Luz del mundo, por ejemplo). Con apego a la defensa de la laicidad, cuyos principios son el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía de la política y de la sociedad civil frente a la religión, y la no discriminación (79-80), Blancarte aclara que el Estado laico es “imparcial”, no neutro ante la religión, por lo que el discurso religioso en la política no puede justificarse como respeto hacia todas las religiones o creencias. Al Estado no le corresponde ocuparse de la moral, ni imponer creencias individuales, así sea en la búsqueda de la “felicidad” o del “Reino de la Justicia”.
Por su parte, centrado en las acciones de las iglesias evangélicas que han ganado terreno con AMLO, Barranco se detiene en la trayectoria del “político evangélico” Hugo Flores y del “evangélico político” Arturo Farela, cuyos afanes muy terrenales coinciden con los desvelos por la moral pública que el presidente pretende encauzar a través de una Constitución moral y de la Cartilla moral, distribuida por integrantes de Cofraternice. Barranco advierte, una vez más, el peligro que significan las ambiciones políticas de las iglesias evangélicas que buscan acceder a los medios masivos para difundir su ideología, conservadora y contraria a las libertades de las mujeres y de la diversidad, más allá de los espacios que ya ocupan (gracias a la negligencia oficial) en la barra nocturna de TV, TV por cable y radio. En este sentido, sus reflexiones acerca de la pretendida reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas, que ampliaría la difusión religiosa a través de lo que es un bien público y hasta podría dar voto pasivo al clero, son lectura imprescindible, sobre todo en un año en que la SCJN examinará casos relacionados con la objeción de conciencia y la despenalización del aborto.
Si el presidente, que a ratos se asume predicador, bajo pretexto de “moralizar” la vida pública, da a ciertas iglesias privilegios que otras también exigirán, no estará respetando la libertad religiosa sino abriendo la puerta a la discordia. La separación del Estado y de las iglesias debe por ello fortalecerse.
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