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Denuncia agresión sexual y a 5 meses de los hechos autoridades apenas inician investigación

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
justicia04cmdpdhorg

Ciudad de México.- El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en la región centro de Coahuila, –creado para garantizar en un sólo lugar servicios integrales a las víctimas de violencia–, omitió investigar por más de cinco meses una denuncia de abuso sexual. 

Fernanda (cuyo nombre completo se omite por protección a su identidad) relató en entrevista con Cimacnoticias que el pasado 21 de agosto fue abusada sexualmente por Carlos “NN”, un empresario gasolinero de Coahuila. La agresión ocurrió en el auto de ella, estacionado en un espacio público.

Como consta en oficios, al día siguiente de la agresión, la joven denunció formalmente los hechos ante el Ministerio Público Especializado en Delitos contra Mujeres, adscrita al Centro de Justicia de Empoderamiento de la Mujer en la región centro de Coahuila. 

Fernanda fue atendida directamente por la titular del Centro, Deyanira Nájera, pero su denuncia fue firmada por la agente Karla Francheska Olvera Ríos sin que tuviera un número de expediente.

Luego de la denuncia, un médico legista revisó a Fernanda y constató el abuso sexual. La joven aportó otras pruebas, así como el nombre y todos los datos para que se identificara y aprehendiera al agresor. 

Estos Centros de Justicia empezaron a crearse desde 2010 en todo el país, y en 2015 en Coahuila para concentrar todos los servicios de atención que requiere una mujer que fue víctima de violencia (asesoría legal, denuncias, atención psicológica, servicios de salud, albergue, etc) y evitar que sea ella quien tenga que ir de un lugar a otro buscando estas atenciones. 

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la joven, nadie en el Centro le ofreció apoyo psicológico. Este tipo de acompañamientos los tuvo que buscar por su cuenta.  Al día siguiente, Fernanda llamó a Nájera para revisar lo que seguía en el proceso judicial que había iniciado. La funcionaria le dijo que debía presentar a sus testigos, pero que esperara una nueva llamada del Centro. 

Esa llamada nunca sucedió y nadie en el Centro dio seguimiento a su caso ni para la atención médica o psicológica. Por ello, al cierre de un evento público, Fernanda -que ejerce como comunicadora– buscó y preguntó directamente a la titular de ese Centro sobre su caso. La funcionaria le respondió que el caso ya había avanzado a la etapa de mediación, la cual consiste en alcanzar un acuerdo con el agresor. 

La mediación es contraria a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que exige evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima.

Fernanda rechazó la mediación y pidió ir a una audiencia directa, pero de nuevo la funcionaria se comprometió a llamarla después sin que lo cumpliera. Desgastada por la falta de avances, la joven abandonó el proceso legal durante varios meses, hasta que una reportera decidió el pasado 27 de enero de 2020 revelar en los medios de comunicación estos hechos. 

Luego de esta denuncia pública, que sucedió el pasado 29 de enero de 2020 (cinco meses después de la agresión), la joven recibió una llamada del Centro en la que le dijeron que “les urgía el nombre de sus testigos”. 

Ese día, relató la joven, también la contactó la diputada federal Melba Neria Farías Zambrano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, para decirle que solicitó al Centro el expediente pero que desde que se hizo la denuncia nunca se procedió y que, por lo tanto, no existía número de expediente ni carpeta de investigación. 

Fue hasta el 28 de enero de 2020 cuando se generó el número de expediente 1341/19 por la denuncia de abuso sexual que presentó Fernanda varios meses atrás. Personal del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres informó a la joven que este 30 de enero ya se solicitó la primera audiencia, pero que no encuentran el certificado médico que comprueba la agresión. 

Durante 2019, el estado de Coahuila registró un total de 559 carpetas de investigación iniciadas por abuso sexual. Esta entidad ocupó en 2019 el lugar número siete en todo el país en la lista de llamadas al 911 por incidentes de abuso sexual, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos en Torreón, Coahuila, que realizó en 2017 ONU Mujeres y el gobierno del estado, una causa estructural de la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos en Coahuila es la impunidad. 

“Esta se conjuga con la desprotección de las víctimas, la resistencia y el temor de las mujeres a denunciar y la revictimización y el desconocimiento de las mujeres de su derecho a vivir una vida libre de violencia, lo que incluye transitar de manera libre y segura”, reveló el informe.

Aunque Fernanda inició la denuncia hace 5 meses, las autoridades apenas harán las primeras diligencias de investigación, por lo que el caso continúa en la impunidad.

20/AJSE/LGL

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