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Presentan iniciativa para sancionar filtración de información e imágenes de víctimas

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. El viernes 14 de febrero, mientras decenas de mujeres organizaban protestas para manifestar su indignación por la publicación de fotografías y detalles del asesinato de Ingrid Escamilla, ocurrido en 9 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una iniciativa para castigar la filtración de información y de imágenes de víctimas. 

La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, entregó la propuesta a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera y a diputadas y diputados, quienes la próxima semana la presentarán en el pleno. La iniciativa es para reformar el capítulo de “Delitos en el ámbito de la procuración de justicia”, del Código Penal Capitalino.

El planteamiento de la Fiscalía capitalina es adicionar el Artículo 293 Quater al Código Penal para castigar a quienes filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, con agravantes, cuando se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un aparente delito, y cuando sea cometida por un servidor público de una institución de seguridad.


Esta iniciativa propone que, a quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida.

También se señala que si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.

Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad. En la propuesta advierte que cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las sanciones se incrementarán hasta en una mitad.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó a las y los diputados que esta iniciativa está hecha para castigar filtraciones, como la ocurrida con Ingrid. “Es una respuesta a un problema de nuestra institución y de las instituciones de seguridad”.

“El feminicidio de Ingrid nos conmociona, nos indigna, fue un crimen atroz que nos llena de tristeza y enojo. La publicación de imágenes de Ingrid ha sido un acto de irresponsabilidad, que ha causado un dolor a familiares y amigos, y a la sociedad entera. Es inadmisible y no podemos permitir su repetición”, indicó.

Como Fiscal General de Justicia dijo asumir su responsabilidad institucional. “Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y en el dolor que provocan es un acto de profunda irresponsabilidad”, por lo que les hizo un llamado a abstenerse de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violenta sus derechos y los de sus seres queridos.

Al respecto, la diputada Isabela Rosales Herrera, celebró la propuesta porque aseguró que es en beneficio de las víctimas, de su nombre, su imagen y la de su familia. La propuesta se dio después de la indignación por la filtración de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, las cuales se publicaron en periódicos de circulación local y nacional. 

La diputada recordó que no es la primera vez que se filtran datos, imágenes o videos que lesionan la dignidad de las personas. Otros casos conocidos son el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte en julio de 2015, cuando las autoridades dieron a la prensa datos sobre las víctimas y sus supuestas rutinas diarias, cuatro de ellas mujeres. 

También está el feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, donde personal de la entonces Procuraduría también filtró información. Estos casos dieron origen a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que llamó a respetar los derechos de las víctimas y resguardar la confidencialidad de las carpetas de investigación. 

20/AGM/LGL

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