Ciudad de México. Luego de que el gobierno federal difundiera con logos oficiales el decálogo para atender la violencia contra las mujeres que improvisó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, diversos grupos feministas y organizaciones de la sociedad civil le exigieron que genere mecanismos concretos que realmente pongan fin a este flagelo.
“Estoy en contra de la violencia”, “es una cobardía agredir a las mujeres” y “no a las agresiones hacia las mujeres” fueron algunos de los 10 puntos que López Obrador respondió a una reportera el pasado 14 de febrero para explicar qué acciones ha tomado para erradicar el feminicidio, un delito que –según estimaciones de las Naciones Unidas– cobra diariamente la vida de 10 mujeres.
Aunque ese decálogo fue sólo un dicho que no se sustenta en ninguna política oficial, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y otras instituciones de gobierno, lo hicieron circular en redes sociales con los logos oficiales de la administración.
En respuesta, un centenar de organizaciones civiles y defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, exigieron en un comunicado medidas concretas para erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellas: acceso a la justicia para las víctimas y sus familias; y priorizar la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres.
Las organizaciones, entre las que firmaron «Buscando Desaparecidos», «México Búscame» y «Católicas por el Derecho a Decidir», expresaron: “los feminicidios son la punta del iceberg del incumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de las mujeres que hemos denunciado desde la sociedad civil durante más de dos décadas con los feminicidios en Ciudad Juárez”.
También criticaron que la administración de López Obrador no ha demostrado que el feminicidio y otras violencias contra las mujeres sea un tema prioritario, ya que sólo se han hecho públicas dos políticas gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres: el Plan Emergente para garantizar la integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Mujeres y Hombres, pero ninguna ha sido publicada en el Documento Oficial de la Federación.
Otras organizaciones que se pronunciaron en contra fueron la colectiva la Asamblea Vecinal «Nos Queremos Vivas Neza», una organización vecinal de mujeres que se formó tras el asesinato y violación en un transporte público en 2017 de una niña de 11 años llamada Valeria, ocurrida en Nezahualcóyotl, Estado de México.
En su comunicado, la Asamblea enumeró con nombre, fecha y contexto al menos 21 casos de mujeres asesinadas en diferentes municipios del Estado de México ocurridos el mes y medio que va del 2020.
“Hoy en México somos muchas, diferentes, pero numerosas y coincidentes en que la violencia, la impunidad y la complicidad del Estado deben dejar de existir, no nos frenará el miedo, no se repetirá la historia ni los días en los que nosotras, las mujeres, nos replegábamos a los espacios “privados”, ahora las calles son nuestras (…) queremos decir que no nos vamos, que resistimos y que resistiremos junto a otras, porque esta historia también la escribimos todas las mujeres del país”, expresaron.
Otras instancias también se sumaron. Por ejemplo, mujeres organizadas de la universidad Iberoamericana emitieron un comunicado en el que enlistan siete acciones que podría implementar el gobierno federal para erradicar la violencia femincida. Por ejemplo: incorporar en el programa de educación primaria y secundaria, así como en libros de texto, el feminismo; crear una fiscalía especializada en feminicidio y violencia de género; y invertir en programas de concientización social sobre el origen y las consecuencias de la cultura machista.
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