Chilpancingo.- Las palabras salen de su boca con la fuerza de un río, su voz es vigorosa y clara pero quienes no hablan Me’phaa solo alcanzan a entender un par de términos: «Lucrecia», «doctor», «cuñada» y mientras la mujer va hilando sus ideas, la gente que la escucha alcanza a entender que habla de cómo su cuñada Lucrecia murió el día que daba a luz en el hospital del municipio de Tlacoapa, en el estado de Guerrero.
Judith Galeano teje su testimonio, lo hace sin pausas y rápidamente. Cuando termina de hablar se sienta junto a las mujeres que, al igual que ella, estan en estrado y quieren ser escuchadas en el Tercer Tribunal de Mujeres «Telar de historias… de sueños y tragedias», un acto organizado este viernes 6 de marzo por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para mostrar las historias de las víctimas de violencia obstétrica, feminicidio y desaparición.
Cuando Judith se sienta, otra mujer, está de nombre Gisela Bautista, traduce el testimonio y termina de trenzar la historia. Ella cuenta que el 8 de diciembre del año pasado, cuando Lucrecia estaba a punto de parir, su cuñada y su esposo Pedro Galeano la llevaron al hospital, donde fue admitida. Desde que Lucrecia ingresó su familia no la volvió a ver. Ellos suplicaron pasar para acompañarla y saber qué pasaba, pero se les negó la entrada.
Judith y su hermano Pedro supieron de Lucrecia en la madrugada, cuando el personal médico les avisó que murió. Pedro, un hombre delgado y de piel morena, no está acostumbrado a hablar frente a un auditorio, ante el público, pero está vez quiere hacerlo; por eso cuando se decide a intervenir se pone de pie, junto a su hermana, y encorvado, fijando la mirada en el micrófono dice en Me’paa «Pido justicia».
Judith también pide justicia, quiere que las autoridades investiguen a quienes fueron culpables de la muerte de su cuñada, pero también pide apoyo para su familia. Su petición, en voz de la traductora, es para atender a sus sobrinos, el bebé de dos meses y medio y el niño de cinco años de edad que hoy son atendidos y criados por ella, su tía.
Esta fue la primera historia que se escuchó en el recinto del Tribunal Superior de Justicia, lugar donde cotidianamente debaten funcionarios y sesionan los magistrados del estado. En esta ocasión, como ha sucedido desde hace tres años, las mujeres, en su mayoría indígenas y de escasos recursos económicos, hablaron como una forma de acusar al Estado frente a expertas en violencia de género, encargadas de dar recomendaciones y comprometer a las autoridades.
A esta primera narración le siguieron los testimonios de Nancy, cuyo hijo tiene disparacidad desde su nacimiento y Adilene, quien al parir tuvo daños en el útero. Ambas son sobrevivientes de violencia obstétrica y sus casos fueron presentados en un ejercicio ciudadano similar que se organizó en 2019. Un año después de contar su experiencia públicamente, volvieron a narrar lo sucedo y explicaron que esperando justicia y reparación del daño.
Como parte de este acto para empujar la justicia, Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) hizo un análisis de los casos y, como jueza ciudadana, recordó las obligaciones de las autoridades de salud. Al acto acudió el director general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Salud de Guerrero, Francisco Javier Guera Zermeño, quien al tomar la palabra enfatizó que la medicina es una ciencia imperfecta, que todo tratamiento tiene riesgos y que los actos médicos no deben criminalizarse.
En aquel recinto, cubierto de flores y cruces rosas en honor a la víctimas de feminicidio, otra indígena tomó la palabra. La mujer menudita comenzó a hablar en su lengua como midiendo el tiempo: «23 años», «tres años», «cinco años». Y ya con el apoyo de la traductora, quienes no son hablantes del Me’paa comprendieron que la señora Catalina Prisciliano contaba que su joven hija fue asesinada hace cinco años, en el minicipio de Acatepec.
Catalina no pudo contar mucho de su hija Florencia porque el sentimiento la atrapó y la hizo detenerse. Lo que sí pidió fue que el asesino pague su falta en la cárcel. Minutos después, cerca de ella, una sensación similar atravesó el cuerpo de Ramiro Sánchez, quien tampoco habló mucho. Lo que alcanzó a decir fue: «A mi hermana la mataron como a un pollo», quiso explicar cómo fue que vivían él y sus cuatro sobrinos que se quedaron solos, pero su voz se cortó poco a poco y se transformó en un hilo que se fue perdiendo en el silencio.
De los testimonios, el único donde hay certeza sobre los responsables es el de la señora Francisca, madre de Aurelia, quien sabe que su hija fue asesinada por su pareja. El día que la asesinaron, Aurelia iba caminando con su bebé en brazos. Su pareja le dio un disparo en la cabeza y ella quedó tendida en el camino de la comunidad. Así lo contó su madre, una adulta mayor, hablante de náhuatl, y quien, dijo, hoy está a cargo de su nieto.
Así se fueron hilando las historias. Sofía contó como un día su tía Alberta no llegó a casa, la buscaron y la encontraron muerta en un barranco. Aunque ella y su familia creen que fue asesinada e incluso que pudo ser víctima de violencia sexual, nada ha pasado en la investigación desde octubre de 2019, cuando ocurrió el deceso.
El último en alzar la voz fue Gregorio, un hombre de cabello cano, quien prefirió hablar de lo que ha sucedido en la vida de su familia desde que desaparecieron su esposa, su hija y su nieta. Las tres mujeres están desaparecidas desde agosto de 2018, pero su historia no ha sido un escándalo. A más de dos años, las imágenes de sus rostros aún las guarda en la memoria. Lo que más le preocupa, dice, es lo que le pudo pasar a su nieta de 6 años de edad, a quien le cortaron el futuro. La pequeña solo fue tres días a la escuela y después desapareció junto su madre y abuela.
Actualmente Gregorio es guardián de su casa. Duerme en la azotea con la esperanza de que algún día un carro llegue y deje a las tres mujeres, que las acerque a su hogar; o por lo menos que quienes se las llevaron abandonen las bolsas con sus restos. Estoico narra su sentir, esta rígido y solo mueve los labios, quiere ser firme, realista, pero se aferra a la esperanza, no quiere abandonar la búsqueda de su familia.
En estos casos, no hubo autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero quienes fungieron como juezas ciudadanas: la abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Miriam Pascual, y la integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Raquel Maroño, también hicieron un análisis y enlistaron los obstáculos de las mujeres indígenas para acceder a la justicia.
Las narraciones variopintas muestran que ellas, las mujeres de la montaña, las de las comunidades indígenas no son ajenas a la violencia y también dejan ver que alli se han dado lecciones de que como se tiene que aplicar la justicia con perspectiva de género, como lo han mostrado Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, sobrevivientes de violencia sexual cometida por militares, o las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014.
20/AGM
