Chilpancingo, Gro. Organizaciones feministas en Guerrero, exigieron en un pronunciamiento a las y los diputados de la LXII Legislatura del Congreso local que reformen el Artículo 159 del Código Penal, para que en caso de que una víctima de violación sexual presente un embarazo, se elimine, como lo mandata la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar y sexual, la autorización de los Ministerios Públicos para que puedan acceder de manera libre, segura e informada a la interrupción del embarazo.
Las integrantes de la organización “Obvio Guerrero” y “Justicia y Derechos Humanos”impulsaron dicha iniciativa de reforma, que implicaría no sólo la interrupción legal del embarazo, también el acceso a medicamentos, medidas profilácticas, ayuda psicológica, y que no se criminalice a la guerrerenses.
La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Blanca Celene Armenta Piza, presentó en tribuna el pasado 10 de marzo en Chilpancingo, una iniciativa de decreto para modificar el Código Penal en la materia. Ese día, se turnó para su discusión la propuesta a la Comisión de Justicia que preside el legislador priista, Omar Jalil Flores Majul, pero no se tomaron en cuenta las Comisiones de Salud ni de Igualdad de Género, además que se desconocen las decisiones tomadas durante la sesión privada que realizó la Comisión, lo que vulnera el derecho a la información, denunciaron las defensoras. Tan sólo tres días después se decidió que el Congreso sesionará a puerta cerrada como medida de prevención y contención ante la llegada del virus coronavirus Covid-19.
Mientras tanto, las feministas realizan una campaña de impacto mediático que implica el envío de un oficio a los correos de las y los integrantes de la Comisión de Justicia, en el que se les exhorta a cumplir su obligación de legislar con apego a derecho y la defensa de la laicidad, firmado por más de 150 mujeres y 200 organizaciones a nivel estatal y nacional.
Lucha histórica por el aborto
Desde el 2012, grupos feministas en Guerrero han promovido la reforma del Código Penal estatal para homologarlo con la Norma Oficial Mexicana 046 (Nom 046) que establece la obligación de los servicios médicos de garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación.
El 8 de marzo de 2019, las organizaciones de la sociedad civil, Observatorio de Violencias hacia las Mujeres en Guerrero (Obvio Guerrero, A.C.) y Justicia, Derechos Humanos y Género A.C., presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) una solicitud para una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado (AVG), promoviendo formalmente esa reforma legislativa que tiene la finalidad no sólo de garantizar los servicios de aborto en casos de violación, también que sean atendidas con carácter de urgente en los servicios de salud sin la necesidad de
autorización del MP.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Guerrero de enero de 2018 a diciembre de 2019 se registraron 438 casos de violación y 451 casos de abuso sexual.
En ese mismo periodo, el Secretariado reporta 14 carpetas de investigación por el delito de aborto, y 287 mujeres guerrerenses acudieron a la Ciudad de México –donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación- por una interrupción legal del embarazo de 2007 a septiembre de 2019, según la Secretaría de Salud de la capital del país.
Sin embargo, no fue sino hasta el 12 de marzo de este año cuando las exigencias de las feministas se vieron reflejadas en la propuesta de la diputada de Morena, Armenta Piza, quien a nombre de las diputadas Norma Otilia Hernández, Mariana García Guillén y Celeste Eguiluz; así como de los diputados Marco Antonio Cabada, Luis Enrique Ríos, Aristóteles Tito, Moisés Reyes, Ossiel Pacheco y Arturo Martínez Nuñez, presentó en tribuna en Chilpancingo, la iniciativa de decreto para modificar el Artículo 159 del Código
Penal de Guerrero.
Actualmente las organizaciones feministas desconocen las decisiones tomadas durante la sesión de la Comisión de Justicia respecto a la propuesta de reforma, pues no se coloca el Diario de Debates en la página web del Congreso local, lo que vulnera el derecho de acceso a la información. Y temen que se discuta mientras el Congreso sesiona a puerta cerrada como medida de prevención y contención para el Covid-19.
Así lo expresó la representante de la asociación civil Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Olimpia James López, quien defendió que es un derecho de las mujeres la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, y entre esas decisiones se encuentra la de
acceder al aborto legal en caso de una violación, malformación del feto y/o el peligro de la vida de la mujer, según las excluyentes ya consideradas en el Código Penal vigente.
“Las mujeres aspiran a vivir en una entidad en la que los derechos a decidir sean efectivos, tal como se establece en la Constitución de la Ciudad de México o en el estado de Oaxaca, pero eso no ocurre en ninguna otra parte del país, por eso hemos insistido en el Congreso local para que se legisle en estricto apego al derecho laico”, dijo en entrevista telefónica.
Acceder a un aborto, -explicó- conllevaría no sólo la interrupción legal del embarazo, sino también el acceso a medicamentos,medidas profilácticas, apoyo psicológico, y que no se les
criminalice a las mujeres.
Los Servicios Estatales de Salud en Guerrero tendrían que creer a las mujeres que acuden en busca de interrumpir un embarazo por violación, sólo con una carta sustentada en el principio jurídico de Buena Fe, pero actualmente el Código Penal del Estado de Guerrero obliga a las mujeres a solicitar a los Ministerios Públicos una autorización que la defensora Jaimes López, consideró como un obstáculo y traba para el acceso expedito al derecho de las
mujeres a la salud.
20/RRH/LGL
