Ciudad de México. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto con organizaciones de México, Nicaragua, Honduras, y El Salvador, llamó a los gobiernos de la región a no utilizar la crisis del COVID-19 para reprimir los Derechos Humanos.
«Exigimos que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los Derechos Humanos, y que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos», escribieron en un comunicado.
Para afrontar la crisis, es necesario aplicar una perspectiva integral de cuidado colectivo y Derechos Humanos, «teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.» Las organizaciones recordaron que la irrupción a escala global del COVID-19 está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre las mujeres y sus comunidades. Llegaría a un mundo que ya enfrenta serias crisis, por ejemplo, de cuidados, de cambio climático, de violencia y desigualdad.
Planes de emergencia, basados en militarización
«Este modelo, basado en la depredación capitalista, racista y patriarcal, en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de Derechos Humanos y justicia social», escribieron las organizaciones.
Manifestaron su preocupación respecto a que los gobiernos se aprovechen de la crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social. Informaron que en Honduras, El Salvador y Guatemala ya se aplicaron planes de emergencia «basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.»
También advirtieron que los estados de emergencia habrían limitado el derecho de manifestación y expresión, y el libre desarrollo de las actividades de las defensoras de Derechos Humanos. La organización registró agresiones contra mujeres defensoras en Honduras, El Salvador y Gualtemala, en el marco de la crisis.
Hace una semana, un grupo de expertas y expertos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a «evitar el exceso» de las medidas de seguridad en respuesta a la pandemia. “Las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional, cuando los derechos fundamentales, incluidos el de movimiento, el de la vida familiar y el de la reunión se ven limitados sustancialmente», apuntaron en un comunicado. «Las restricciones tomadas para responder al virus deben ser motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no usarse simplemente para sofocar la disidencia», señalaron.
IM-Defensoras, llamó a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con «todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas», así como construir alternativas de vidas que «cada vez son más urgentes y necesarias».
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