Ciudad de México. Organizaciones civiles en Estados Unidos denunciaron que los gobernadores republicanos de cinco estados; Texas, Iowa, Alabama, Oklahoma y Ohio, están usando la emergencia médica frente al nuevo coronavirus COVID-19 para prohibir el aborto.
Las administraciones de todos esos estados declararon la semana pasada que los servicios de las clínicas de aborto serían considerados «cirugías no necesarias», y que por lo tanto tendrían que ser aplazadas. Las medidas fueron tomadas ante el ingreso masivo de pacientes con COVID-19 y el desabasto de materiales esenciales, como mascarillas, guantes, y batas, para atenderlos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, como Planned Parenthood, acusaron a la y los gobernadores conservadores, que sólo se aprovechaban de la situación para promover sus políticas anti-aborto. «La interrupción del embarazo (ILE) es un servicio de salud esencial y depende del tiempo, especialmente durante una crisis de salud pública», dijo Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health, un proveedor de abortos con tres clínicas en Texas, a la agencia de noticias Reuters.
«A los políticos que utilizaron esta pandemia global para impulsar su agenda antiaborto, debería darles vergüenza», añadió. Whole Women’s Health fue una de las organizaciones, junto con Planned Parenthood y otras, que presentaron un amparo ante cortes federales contra la medida.
El lunes 30 de marzo, magistrados federales pararon la prohibición del aborto en los estados de Texas, Ohio y Alabama. La primera de las decisiones se refería al anuncio hecho por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, respecto a que los proveedores de servicios de aborto estaban cubiertos por una orden estatal que exigía el aplazamiento de los procedimientos médicos no urgentes para preservar las camas y el equipo de los hospitales durante la pandemia.
Paxton dijo el 23 de marzo que la orden del estado significaba que cualquier aborto que «no sea médicamente necesario para preservar la vida o la salud de la madre» debe cesar. El incumplimiento podría resultar en penas de hasta mil dólares o 180 días de cárcel.
El juez de distrito Lee Yeakel en Austin dictaminó que la acción de Paxton «impide que las mujeres de Texas ejerzan lo que la Corte Suprema ha declarado es su derecho constitucional fundamental de interrumpir un embarazo antes de que el feto sea viable». Las clínicas de aborto habían citado en su amparo, que después del anuncio, tuvieron que cancelar cientos de citas en todo el estado.
El vocero del Fiscal General de Texas anunció que apelarían la decisión. En otras decisiones aparte, el mismo lunes, magistrados en Ohio y Alabama ordenaron a las administraciones de sus estados suspender las restricciones impuestas en proveedores de servicios de aborto por no ser «servicios médicos esenciales».
Los fallos se tomaron de manera rápida porque las demandantes, organizaciones civiles, alertaron que con el tiempo se podría cerrar la ventana para interrumpir el embarazo durante los plazos legales. En Alabama, el Juez de Distrito Myron Thompson emitió una orden de restricción temporal contra la orden de Alabama, diciendo que el fallo estará en vigor hasta el 13 de abril mientras considera argumentos adicionales.
Thompson escribió que las preocupaciones del estado sobre la conservación de los equipos médicos durante la pandemia, no «pesan más que los daños graves, y en algunos casos permanentes, impuestos por la negación del derecho a la privacidad de un individuo».
En Ohio, las clínicas de aborto argumentaron ante el juez de distrito Michael Barrett en Cincinnati, que temían ser clausuradas inmediatamente y procesadas si no dejaban de realizar abortos quirúrgicos. «Algunas de estas pacientes se verán obligadas a llevar a término sus embarazos en contra de su voluntad y en riesgo de su salud en medio de un sistema de salud sobrecargado por la respuesta a COVID-19», dijeron en su expediente legal, según Reuters.
Quedan abiertos los casos en Oklahoma e Iowa. El Gobernador de Oklahoma Kevin Stitt había anunciado el viernes, que los abortos están incluidos en su orden ejecutiva que prohíbe todas las cirugías no esenciales y procedimientos médicos menores hasta el 7 de abril, a menos que el procedimiento sea necesario para prevenir serios riesgos de salud para la madre. Stitt dijo que la orden era necesaria para ayudar a preservar el limitado suministro del estado de equipo de protección personal.
El Fiscal General de Oklahoma, Mike Hunter, prometió defender la orden e intimidó a las organizaciones que presentaron un amparo: «No se equivoquen, esta demanda en sí misma agotará recursos significativos, médicos y legales, de los esfuerzos de emergencia, y probablemente traerá daño a los habitantes de Oklahoma como resultado», dijo en un comunicado.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ordenó el domingo detener los procedimientos no esenciales para conservar el equipo médico. Organizaciones civiles argumentaron en su amparo que los procedimientos de aborto no requieren el uso extensivo de equipo médico y no usan ventiladoras de respiración, los dispositivos más escasos durante la pandemia COVID-19.
«Los abortos de las pacientes se retrasarán y, en algunos casos, se negarán por completo», dijo.»Como resultado, las pacientes de Iowa se verán obligadas a llevar los embarazos a término, lo que resultará en la privación de sus derecho fundamentales.»
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