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Piden liberar a personas en Estaciones migratorias y proteger su salud

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México. Organismos internacionales exigieron al gobierno de México, y en particular al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que frente al riesgo de contagio de COVID-19, pida al Instituto Nacional de Migración (INM) que libere inmediatamente a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, que informe en la conferencia vespertina cómo está protegiendo la salud de las personas migrantes en México y que suspenda temporalmente los retornos forzados. 

A través de una carta pública dirigida a López-Gatell, Amnistía Internacional México dijo que a pesar de que las personas migrantes han sido consideradas por la Secretaría de Gobernación como uno de los grupos de población más vulnerables, las autoridades mexicanas no están procediendo a la liberación de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad solamente por su condición migratoria. 

En particular, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha desplegado medidas suficientes para proteger la salud de la población migrante y en necesidad de protección internacional, dijo Amnistía. 

Por ello, la organización internacional solicitó al Subsecretario emitir un pronunciamiento público dirigido al INM para pedir que todas las personas que se encuentran en detención migratoria sean puestas en libertad inmediatamente, pero con la garantía del acceso a alojamiento y a servicios de salud, independientemente del estatus migratorio de la persona de que se trate. 

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Amnistía también pidió a López-Gatell extender una invitación al Comisionado del INM a una de las conferencias vespertinas a fin de que se conozcan los planes de protección del INM para atender esta crisis, protegiendo la salud de todas las personas migrantes y solicitantes de asilo.

En el mismo sentido, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras, Guatemala, México y la Regional para América Central y República Dominicana (“las Oficinas”) emitieron un comunicado este 23 de abril en el que expresaron su preocupación por la extrema vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana en la región ante la pandemia por COVID-19.

En concreto, las oficinas señalaron que algunas medidas adoptadas por los gobiernos generan impactos desproporcionados en las personas en movilidad, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas retornadas sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad. 

Las Naciones Unidas dijeron que se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.

“Se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud. Sin embargo, de continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso”, expresaron las oficinas.

Los organismos internacionales señalaron que el cierre de las fronteras por el COVID-19 ha provocado que numerosas personas en movilidad, incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos y permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El INM permanece en silencio

En días pasados, trascendió en medios de comunicación y en reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la ocurrencia de motines en al menos dos estaciones migratorias del sur del país como consecuencia de la falta de protocolos y medidas sanitarias para evitar el contagio del nuevo virus entre las personas migrantes recluidas contra su voluntad, entre ellas familias enteras. Estos motines dieron como resultado la muerte de un hombre solicitante de asilo en nuestro país. 

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Luego de esto, organizaciones civiles que defienden los derechos de la población migrante interpusieron amparos para exigir su liberación. En consecuencia, el pasado 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, en funciones de juez, Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo sin precedentes a través de once medidas para preservar la vida y la salud de las más de dos mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que ha reportado INM se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias en el país.

Entre las medidas está la liberación inmediata de todas las personas detenidas en las estaciones migratorias y la entrega de un informe detallado por parte del INM sobre el número de personas migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias señalando sus condiciones de vulnerabilidad. 

Al cierre de esta edición, las organizaciones civiles aún no habían sido notificadas por parte del Juzgado sobre si se cumplió esta orden y si se entregó el informe detallado. Por su parte, el INM dejó de emitir comunicados públicos y no ha informado sobre la situación de las personas migrantes en México. 

20/AJSE/LGL

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