Ciudad de México. Diputadas de todos
los grupos parlamentarios aseguraron que revisarán que en los reajustes
presupuestales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para
hacer frente a la emergencia sanitaria, se garanticen los recursos destinados a
atender la violencia contra las mujeres.
En una reunión virtual la presidenta de la Mesa Directiva, Laura
Rojas Hernández, las presidentas de comisiones y diputadas acordaron integrar
una mesa de trabajo para revisar el presupuesto contra la violencia de género,
que está en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado
para este año.
Ese fue uno de los planteamientos de las legisladoras que
integran el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva al reunirse con
la directora del Área de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de
Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alicia
Leal, y la directora de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la
República, Gemma Santana.
En el encuentro las diputadas señalaron la importancia de que
los recursos para la atención de la violencia contra las mujeres se consideren
esenciales, esto después de que el 23 de abril, el presidente López Obrador
anunciara que se publicó un decreto con medidas de austeridad presupuestaria,
que con templa posponer gastos de gobierno.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, la
presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, señaló que “la otra
pandemia es la violencia de género que se ha exacerbado por la emergencia
sanitaria; por eso, en el marco de la reasignación del presupuesto no tendrían
que tocarse algunas partidas”.
Planteó la posibilidad de integrar un exhorto para solicitar
al Ejecutivo federal que los recursos que están destinados para la atención de
las mujeres, no se vayan a otras cosas.
La representante de la Segob, Alicia Leal, afirmó que los
servicios de atención a las mujeres son esenciales todo el tiempo. La urgencia,
manifestó, es generar confianza entre las instituciones, porque “hoy se tienen
programas que no han dado resultados y ahí están los cuerpos de las mujeres y
de las niñas y están matando más que las que mata el COVID”.
Además propuso que todos los recursos que están dispersos
operen bajo un modelo centrado, así como unificar y estandarizar los mínimos de
atención con una inversión entre federación, estados y municipios. Además,
estimó viable crear una Norma Oficial sobre cómo operar un refugio y que haya
una evaluación directa de las usuarias.
Por su parte, la directora de la Agenda 2030 de la Oficina de
la Presidencia de la República, Gemma Santana, comentó que es importante
avanzar de la mano con las legisladoras, y en ese sentido trabaja el gobierno
federal.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y diputada
por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Wendy Briceño Zuloaga, hizo un
llamado para que dentro del decreto de austeridad presentado por el Ejecutivo
federal, se considere esencial todo lo que tenga que ver con derechos de las
mujeres. “Hay que analizar los cambios legislativos y presupuestales, hacer una
gran articulación de recursos y orientarlos a proteger la vida de las mujeres”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez
manifestó su preocupación por el aumento de las denuncias de agresiones contra
las mujeres durante la emergencia sanitaria. “La violencia feminicida y todas
sus modalidades se sigue ejerciendo; el decreto de austeridad deja bastante
incertidumbre porque enlista 38 programas, pero no dice qué pasará con otros, por
ejemplo, los que están en el Anexo 13 del Presupuesto”.
La diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, indicó que
en marzo se realizaron 115 mil llamadas a las autoridades por parte de mujeres
violentadas, por eso, dijo, hay que ver de qué manera contribuir. “Valdría la
pena integrar una red para subsanar las deficiencias del sistema de atención;
un acuerdo pro bono que involucre a organizaciones civiles.” Añadió que es
necesario establecer presupuesto claro que no sea objeto de ningún tipo de recorte
porque también hay una pandemia de violencia.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica
Sobrado Rodríguez subrayó la importancia de mantener los recursos en los rubros
de igualdad. También consideró que se debe encontrar la manera de garantizar el
acceso a la protección a las mujeres, pero no sólo en las grandes ciudades,
sino en los más 2 mil municipios del país.
20/AGM/LGL
abril 2020
Pese a pandemia, solicitudes de refugio crecen un 33 por ciento durante primer trimestre del año
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Los albergues se encuentran en la primera línea de respuesta durante la pandemia del COVID-19, por lo que ACNUR ha facilitado seminarios online junto con expertos de la OMS para que estos centros adopten las medidas sanitarias apropiadas.
Pese a la pandemia mundial del COVID-19, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) informó que desde principios de marzo ha registrado 3 mil 330 solicitantes de asilo recién llegados a México quienes han recibido asistencia humanitaria, lo que les ha permitido arrendar lugares donde hospedarse.
Durante el primer trimestre del año, las solicitudes de asilo en México crecieron un 33 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las nuevas solicitudes de asilo, cerca de 17 mil 800, presentadas en 2020, provenían principalmente de nacionales de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.
ACNUR detalló que mientras que varios países en América Latina y en el resto del mundo han cerrado sus fronteras y restringido los movimientos para contener la propagación del coronavirus, en México se continúan el registro de nuevas solicitudes de asilo de personas que huyen de la persecución y de situaciones de violencia brutales, lo que les permite encontrar un lugar seguro.
Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en su reporte estadístico de solicitantes de refugio en México al corte del mes de noviembre de 2019 (última actualización), informó que la delegación de Chiapas mantiene el primer lugar en solicitudes de refugio con 43 mil 647, lo que corresponde al 62 por ciento de la trámites en el país.
Ante ello, la ACNUR al considerar el registro de nuevas solicitudes de asilo como una actividad esencial, mencionó que México ha garantizado que las personas estén protegidas frente a la posibilidad de ser retornadas a sus países de origen, donde sus vidas corren peligro, mientras sus casos son estudiados.
ACNUR destacó que prácticas como esta demuestran que se puede seguir con el cumplimiento de principios de la legislación internacional sobre refugiados incluso en momentos en los que los gobiernos adoptan medidas dirigidas a salvaguardar la salud pública.
Pandemia
Aunque la media de solicitudes de asilo semanales registradas en México en el mes de abril han descendido un 90 por ciento por las restricciones fronterizas implementadas en América Central por el COVID-19, todavía hay cientos de personas que presentan sus solicitudes para recibir el estatuto de refugiado en este país.
“Esta situación pone de manifiesto la magnitud de los niveles de violencia y de persecución que muchas personas continúan sufriendo en sus países de origen, incluso en tiempos de pandemia” informó la ACNUR.
Aunque las autoridades mexicanas han suspendido los plazos legales para la tramitación de las solicitudes de asilo debido a la pandemia, ACNUR asiste a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para la transición hacia un sistema de registro y tramitación en remoto de las solicitudes de asilo.
“El objetivo es respetar las recomendaciones de distanciamiento físico durante el proceso, así como evitar que siga aumentando el número de casos pendientes de resolver que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años. Hemos colaborado con las autoridades mexicanas para facilitar la salida de solicitantes de asilo desde centros de detención, una tarea que resulta crítica por el peligro que supone el COVID-19 para las personas detenidas” informó la autoridad internacional.
Desde el día 16 de marzo, ACNUR ha apoyado la salida de 434 personas solicitantes de asilo de los centros de detención para inmigrantes.
La ACNUR detalló que las personas puestas en libertad de forma general se alojan en albergues gestionados por organizaciones de la sociedad civil o por la Iglesia católica o arriendan un alojamiento con la asistencia de ACNUR.
La Agencia de la ONU para los Refugiados ha dado apoyo a 93 albergues para implementar medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, tratando de garantizar que las personas refugiadas y solicitantes de asilo permanezcan seguras y en buen estado de salud.
Muchos albergues también han habilitado áreas de aislamiento para aquellas personas que den positivo o que presenten síntomas sospechosos de COVID-19, equipadas con termómetros, materiales de limpieza, artículos de aseo personal y teléfonos móviles de emergencia.
Sin embargo, otros 65 albergues en el país ya no reciben nuevas llegadas. Por ello, ACNUR ha reforzado la asistencia humanitaria a los solicitantes de asilo, de forma que puedan pagar otros tipos de alojamiento. Esta medida permitirá reducir la demanda de espacios en los albergues y que los solicitantes de asilo puedan cumplir con el distanciamiento físico recomendado.
* Este artículo fue retomado del portal Chiapasparalelo
20/RED/LGL
En vigor, castigo hasta con 40 años de prisión a quien ataque con ácido a mujeres
Oaxaca, Oax. Mes y medio después de aprobarse la reforma al Código Penal del Estado de Oaxaca que castiga hasta con 40 años de prisión por ataques con ácido a mujeres, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La reforma fue aprobada por la LXIV Legislatura local el pasado 4 de marzo; sin embargo, entró en vigor una vez que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de abril.
La reforma a los artículos 412-A y 412-B al Capítulo III, del Título Vigésimo segundo denominado “Delitos Contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia” del Código Penal local, fue aprobada por el Pleno Legislativo el pasado 4 de marzo, y publicada en el Periódico Oficial del Estado este 18 de abril.
Para sancionar los ataques con ácido, el Artículo 412-A que entró en vigor este 19 de abril, establece:
“Al que por sí, o por interpósita persona, infiera una alteración en la salud, o cualquier otro daño que deje huella material, en el cuerpo de una mujer por razón de género, usando para ello, cualquier tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva, se le impondrá de 20 a 30 años de prisión, y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Y se impondrá de 30 a 40 años de prisión y multas de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, si entre el activo y la víctima exista o haya existido, una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relaciones de conveniencia, o una relación, similar, laboral o docente.
Además, considera que en los ataques con ácido existan razones de género cuando ocurra indistintamente alguna de las siguientes circunstancias:
Que la alteración o daño haya sido cometido por desprecio, u odio de la víctima, motivado por la discriminación o la misoginia, existan indicios o datos de violencia, de cualquier tipo o ámbito en contra de la víctima, por parte del sujeto, anterior y posterior a la conducta.
Otra de las consideraciones de esta ley, es que la víctima haya sido incomunicada, o privada de su libertad.
El Congreso de Oaxaca menciona que en el Artículo 412 B establece que las penas previstas aumentarán en dos tercios de la mínima a dos tercios de la máxima, cuando la conducta del sujeto activo cause destrucción de cualquier función orgánica de la víctima, cuando cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total de la función anatómica de la víctima o cause deformidad incorregible en el rostro de la víctima.
Dichas sanciones se impondrán con la independencia de otros delitos que se llegaran a configurar.
Cabe mencionar que esta reforma se realizó motivada por el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, por órdenes del ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.
Vera Carrizal se entregó el pasado 6 de abril, y el 10 de abril de 2020 el Juez de Control de Huajuapan de León, Víctor Jorge Luis Velazco Castellanos, le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio cometido en agravio de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
La entrega del autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa, Juan Antonio Vera Carrizal, se sumó a la de Rubén L. C. (1 de abril 2020); Ponciano H., (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019), estos tres últimos como autores materiales del atentado contra la saxofonista.
Ahora sólo el hijo del diputado es quien sigue prófugo de la justicia.
* Este artículo fue retomado del portal página3.mx
20/PM/LGL
Por COVID-19 se niegan a investigar sustracción de menor de edad en Puebla
Puebla, Pue. Karina Velázquez Martínez vivió violencia física, psicológica y económica durante 9 años por parte de su ahora expareja. Decidió separarse de él hace un año y vivir con sus cuatro hijos lejos del maltratador.
El sábado 18 de abril, aprovechando que ella salió a trabajar, su expareja sustrajo a uno de sus hijos, Arón Sergio, de 8 años, y golpeó a otra de sus hijas.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) le dijeron que debe esperar a que termine la contingencia por el COVID-19, para que le puedan ayudar por la violencia familiar que ha vivido, aunque por la sustracción de su hijo no puede hacer algo “porque es hijo de los dos”.
En el estado de Puebla las denuncias por violencia familiar aumentaron 23 por ciento durante marzo de 2020, momento en que inició la cuarentena, respecto al mes anterior, según el Informe Incidencia Delictiva Marzo 2020, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla.
A su vez las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que “Otros delitos contra la familia”, donde se incluiría la sustracción de menores, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para marzo del mismo año, esto representa un alza de 23 por ciento.
Ana Lucía Díaz Azcúnaga, de Equis Justicia para las Mujeres, comentó-durante un webinar sobre violencia contra infancias- que si de forma cotidiana es problemático que en México haya acceso a la justicia, es aún más difícil con la pandemia de COVID-19, por ello se tiene que mapear qué autoridades pueden intervenir y cuáles son las dificultades para que los mecanismos de justicia sean accesibles a niñas y mujeres.
Para Paola Santiago Juárez, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género (SISG), la contingencia sanitaria en México y Puebla ha llevado a que la violencia contra las mujeres se recrudezca, debido a que conviven más tiempo con su violentador, porque la situación económica aumenta la tensión en las familias y por la carga de las labores del hogar o de cuidados.
En indefensión por la pandemia Karina Velázquez, de 28 años de edad, contó que el 18 de abril su madre salió con dos de sus hijos, una de 9 años y otro de 8 años, a la tienda en la colonia Leobardo Coca, de la ciudad de Puebla. Su expareja, con quien dejó de vivir hace un año, aprovechó que los niños se adelantaron para subirlos a un automóvil y llevárselos.
Ese mismo día, su expareja fue a buscarla a su trabajo y le dejó allí a su hija, a quien habría golpeado. No era la primera vez que se llevaba a Arón Sergio, una ocasión antes también lo sustrajo para forzarla a que regresara con él.
Karla le llamó por teléfono para pedirle que le devolviera a su hijo, pero su expareja le respondió que no, que le hiciera como quisiera.
Ella acudió la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, donde le dijeron que debe esperar a que pase la cuarentena por el COVID-19 para que avance la investigación por violencia familiar.
Sin embargo, sobre la sustracción del menor -le dijeron- no la pueden ayudar, “porque ambos son los padres”.
“Yo ya estoy desesperada, porque no digamos que es un hombre responsable o que le va a dar una vida (digna), porque yo estaría de acuerdo, pero no trabaja ni se dedica a nada”.
Para Karla es una situación desesperante, porque su expareja es un hombre violento e irresponsable. Durante los 9 años que convivieron de manera intermitente, la golpeó en varias ocasiones, no le daba dinero para comer y por la falta de recursos sus cuatro hijos en común –dos niñas y dos niños- no asistían a la escuela.
Por eso decidió separarse de él y vivir por su cuenta con sus hijas e hijos, en casa de su madre.
“Él no tiene ningún tipo de contacto (con sus hijos), porque él nunca los ha buscado. Realmente siempre hemos tenido problemas, él nunca se hace cargo al cien por ciento de ellos. Yo tomé esa decisión (de separarse) porque ya no aguanté más seguir durmiendo (en el piso), ni la vida que nos daba. A cada rato eran golpes.
Incrementa la violencia familiar
ONU Mujeres alertó que la pandemia por el coronavirus tiene un impacto en la vida de mujeres y niñas, ya que las expone a mayores riesgos, como: mayores niveles de estrés por la inseguridad económica y alimentaria, el aumento en los niveles de violencia en los hogares, alza en las agresiones a través de las tecnologías, mayores obstáculos para acceder a servicio esenciales y falta de recursos para refugios.
En Puebla, por ejemplo, las denuncias por violencia familiar pasaron de 795 en febrero de 2020 a 981 para marzo del mismo año, esto representaría un aumento de 23 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que las sustracciones de menores de edad, que se consideran en “Otros delitos contra la familia”, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para marzo.
El alza en la cifra de denuncias concuerda con el incremento de 25 por ciento en el número de llamadas de auxilio y protección del 17 de marzo al 20 de abril para la zona centro del país, donde se incluye Puebla, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR).
Durante este periodo la RNR realizó siete traslados en el interior de la República y cuatro rescates de casos de mujeres y sus hijas e hijos en situación de riesgo que tuvieron que salir huyendo de sus casas en medio de la contingencia. Asimismo, las solicitudes de ingresos a Refugios integrantes incrementaron a nivel nacional 12.71 por ciento.
La subsecretaria de Violencia de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal, Catalina Aguilar Oropeza dijo que ante esta situación se habilitaron dos números de mensajería para atender a las mujeres que puedan vivir situaciones de violencia.
Aunque el primer paso es que las víctimas puedan reconocer que la han vivido.
“La primera parte es reconocer que estamos viviendo violencia, una vez que lo reconozcamos hay que armar un plan de seguridad, porque regularmente en los ciclos de violencia el agresor aisla a las mujeres y las aleja de sus redes de apoyo, por eso es importante comunicarle a alguna amiga, a algún familiar o una vecina que estamos en esa situación”.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal recibió, del 16 de marzo al 19 de abril, 3 mil 192 atenciones en Telmujer y mil 263 llamadas de seguimiento, así como cuatro solicitudes de ingreso al refugio para mujeres.
Órdenes de protección, opción viable
Por su parte Paola Santiago Juárez, del Departamento de Atención de la Violencia hacia las Mujeres, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género municipal, dijo que han notado que muchas de las usuarias regulares que atendían por violencia, dejaron de contestar debido a que sus agresores están allí con ellas o les revisan el teléfono.
Por eso prevé que cuando termine la cuarentena y las mujeres puedan salir de sus casas, las solicitudes de apoyo aumenten.
A pesar de que a muchas mujeres no les han podido dar seguimiento, Paola Santiago comentó que han recibido 30 nuevas solicitudes de atención -vía telefónica- por violencias física, psicológica y económica. Con las usuarias a las que sí han podido dar seguimiento, suman 60 mujeres que reciben atención por violencia, durante la cuarentena por el brote de COVID-19.
Para Paola una forma de evitar que las mujeres sigan siendo violentadas durante la pandemia son las medidas de protección, aunque para ello se tenga que recurrir a la Fiscalía o a un juez y que muy probablemente revictimizarán a las mujeres.
Ana Lucía Díaz Azcúnaga, de Equis Justicia, comentó durante el webinar “Impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes”, realizado el 6 de abril, que las medidas que se han tomado para prevenir el contagio han sido detonantes de violencia contra las mujeres.
Por eso desde Equis Justicia para las Mujeres hicieron el análisis “(Des)protección judicial en tiempos del COVID-19”, debido a la reducción de sus operaciones sólo a los casos que se consideren de urgencia y que podría agravar la violencia contra las mujeres.
Equis Justicia analizó las órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas precautorias en materia familiar, medidas de protección en materia penal, pensión alimenticia, Centros de Convivencia Familiar y políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria (protección a grupos vulnerables, personas con cargas de cuidado).
El resultado es que Puebla obtuvo una calificación de 47.6 sobre 100, es decir, que reprobó. Aunque sí hay guardias para emitir órdenes de protección en materias familiar y penal.
En ese sentido, Ana Lucía Díaz comentó que juezas y jueces pueden dar órdenes de protección de manera urgente, si la víctima hace la solicitud de manera verbal o escrita y resolver de manera inmediata, sin juicio, solicitudes como que el agresor salga del domicilio, garantizar que cubrirá los alimentos o restringir la convivencia con menores de edad.
Para Karina Velázquez lo primero es recuperar a su hijo, si la justicia o la atención en otros ámbitos llegan, serán ganancia.
20/SPG/LGL
Ciudad de México. Es urgente que el Gobierno federal defina lo más pronto posible cómo se integrará la Comisión encargada de recibir y determinar la procedencia de las solicitudes de amnistía, aseguró la abogada e integrante de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, Viridiana Valgañon.
En medio de la contingencia por COVID-19, la defensora expuso en entrevista que, una vez que entró en vigor la Ley de Amnistía, el pasado 23 de abril, es urgente que el Ejecutivo federal integre la Comisión sin agotar el plazo de 60 días hábiles que por ley tiene, a fin de acelerar las liberaciones de personas vulnerables que permanecen en prisión.
La vocera de Equis, Justicia para las Mujeres consideró que los tiempos marcados son largos: 60 días hábiles para crear el órgano encargado de dar trámite a las solicitudes de libertad y un periodo de cuatro meses para analizar las peticiones, lo que indica que quienes podrían ser beneficiadas permanecerán en prisión durante la pandemia.
Además, Viridiana Valgañon señaló que en medio de la contingencia sanitaria es importante tener resultados, por ello hizo un llamado para que, de manera inmediata, se conforme este órgano cuya tarea principal será hacer justicia a grupos de la población que históricamente han sido vulnerados.
Lento control de la pandemia
El objetivo de esta norma, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2019, fue otorgar la libertad a personas que injustamente están en prisión, por ejemplo mujeres que tuvieron un parto fortuito o una emergencia obstétrica; mujeres que fueron obligadas por sus parejas o familiares a transportar drogas o que cometieron un ilícito por pobreza.
Ante la emergencia sanitaria, el Senado decidió retomar la discusión de esta ley, que aplazó desde diciembre de 2019, y finalmente en abril aprobó el dictamen para abonar al descongestionamiento de las cárceles, donde hay sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad, carencia de medicinas, personal médico e infraestructura, a lo que ahora se suma el riesgo de contagio de COVID-19.
No obstante, además de los prolongados plazos para hacer efectiva esta norma, tampoco hay indicios de cómo se debe conformar la Comisión encargada de recibir las solicitudes de libertad ni de cuáles serán los procesos a seguir para presentar las peticiones, es decir, explicó la abogada, todo queda en manos del Ejecutivo.
Para esta organización especializada en el acceso a la justicia para todas las mujeres, el ideal es que el Gobierno federal considere que el órgano debe estar conformado por las instituciones que cuentan con información sobre las personas reclusas que podrían obtener la amnistía.
Algunas instituciones que en opinión de Valgañon podrían integrar la Comisión son la Fiscalía General de la República, los jueces penales y de ejecución del Poder Judicial de la Federación, el Subsistema Penitenciario y de Reinserción Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, con la finalidad de atender de forma adecuada a grupos específicos de la población, también se debería integrar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Defensoría de Oficio del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras.
Efectos limitados para las mujeres
El decreto de la Ley de Amnistía indica que podrán ser beneficiadas de este mecanismo de libertad las personas procesadas o sentenciadas ante tribunales federales, siempre que no sean reincidentes y solo si cometieron delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco, robo simple y sin violencia, portación o transporte de pequeñas cantidades de drogas o sedición.
De acuerdo con las Comisiones dictaminadoras del Senado, la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas que representan 73 por ciento de la población total privada de la libertad del fuero federal en los centros penitenciarios. Es decir, en opinión de algunos integrantes del órgano legislativo, estas personas podrían ser potencialmente beneficiadas.
Sin embargo, un análisis de Equis, Justicia para las Mujeres, con base en datos de censos de 2016 y 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), considera que en el país hay 4 mil 600 personas recluidas por delitos en el fuero federal que podrían ser beneficiadas.
– 4,600 personas recluidas por delitos en el fuero federal
– 69 mujeres acusadas de posesión simple de drogas
– 9 mujeres indígenas que no contaron con un intérprete
– Sin dato de personas con enfermedad crónica
-16 mujeres adultas mayores
-293 mujeres jóvenes de 18 a 25 años de edad
– Ninguna mujer por el delito de aborto
– 113 personas (mujeres y hombres) que son hablante de lengua indígena o extranjera
Hasta ahora, Equis, Justicia para las Mujeres, considera que una forma de acelerar la aplicación de la ley es hacer un formato que pueda ser distribuido en los penales y en redes sociales para que las personas interesadas anoten datos básicos como: nombre de la persona, número de expediente, delito que se le imputa, una relatoría de hechos y el supuesto de la ley en el que entra su caso.
Esto a fin de que una vez que se tenga el proceso para recibir solicitudes los trámites sean más rápidos y eficientes; incluso que pueda ser por medios electrónicos o por teléfono, ya que este mes México atraviesa por la fase 3 de la pandemia, es decir, por el periodo de ascenso rápido en el número de contagios.
20/AGM/LGL
Mujeres zapotecas elaboran mascarillas de protección y las donan a personal médico
Juchitán, Oax. Con acetato grueso, fomy, elástico, papel contact y mucho talento, 15 juchitecas elaboraron 140 mascarillas de protección médica contra el COVID-19.
Agrupadas en la Organización de Mujeres Emprendedoras del Istmo (OMEI), las 15 mujeres donaron su trabajo al personal médico del Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”.
Sofía Ivonne Guia Regalado, una de las emprendedoras, fue la que tuvo la idea de realizar este equipo de protección.
La propuesta de Sofía contó con el apoyo del resto de sus compañeras, quienes “pusieron manos a la obra” e iniciaron la elaboración de las mascarillas.
Esta agrupación de mujeres artesanas y emprendedoras surgió con los sismos de septiembre de 2017.
La decisión
Ahora en esta pandemia decidieron donar sus recursos que originalmente destinarían a la celebración de un aniversario más de la organización.
Fue al ver la demanda de insumos y equipo de protección para las y los trabajadores de Salud, prefirieron ayudar elaborando estas caretas protectoras.
Durante siete días y previamente asesoradas, las 15 mujeres se concentraron en un domicilio particular.
Con sus herramientas y equipos, las zapotecas realizaron estas mascarillas médicas, usando acetato de buena medida y calidad.
Las mujeres trabajaron en equipo y todas colaboraron, unas mujeres cotizaron precios, otras compraron el material.
Para elaborarlas, unas cortaron el acetato, otras pegaron diversas partes y después todas unieron las piezas hasta terminar las mascarillas protectoras.
La entrega
Antes de entregar las mascarillas, realizaron la prueba de calidad.
Después, se organizaron con el personal médico del Hospital Civil para realizar las entregas.
Arminda del Carmen Ríos Castillo, presidenta de la organización, explicó todos los pasos que realizaron para lograr esta donación.
Dijo que los ahorros obtenidos de diversas actividades que llevaron a cabo prefirieron destinarlos a esta acción humanitaria y reconocer la labor del personal médico.
“Nosotras pensábamos celebrar el aniversario de nuestra organización en el mes de junio.
“Ya con antelación habíamos llevado a cabo rifas, ventas y otras actividades.
20/DM/LGL
Ciudad de México. Luego de 4 meses de espera, este día llegaron los primeros recursos gubernamentales a las cuentas bancarias de los Refugios y los Centros de Atención Externa (CAER), informó la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) Wendy Figueroa Morales. Para las organizaciones sociales, fue otro año de lucha, demandas, y negociaciones, sobre todo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que se ministraran los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
«Hasta ahora se cuenta con información de que más de 20 refugios a nivel nacional han recibido esta primera ministración, el proceso aún continúa, por lo que aún no se puede hablar de un número específico, sabemos que faltan varios refugios. Recordemos que estos llevarán a cabo su propio proceso conforme hayan presentado sus proyectos y realizado los ajustes de los mismos», dijo la directora de la RNR, en entrevista con Cimacnoticias.
Su red atendió a más de 20 mil mujeres, niñas y niños en 2019, y aglutina actualmente a 69 espacios de prevención, protección y atención en 21 estados de la república. Existen otros refugios operados por organizaciones privadas o eclesiales que no forman parte de la red, más los refugios estatales. «Despertar con esta excelente noticia, es un alivoa ante esta doble pandemia que estamos viviendo, la de la violencia machista y la del COVID-19», declaró Figueroa Morales.
La RNR agradeció al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), responsable para el manejo de los recursos para los Centros de Atención Externa y los refugios desde este año, por su «compromiso y esfuerzo para dejar del lado procesos administrativos que obstaculizan y más bien agilizarlos en el marco de la legalidad y la transparencia.»
Proceso burocrático, la entrega de recursos
Como Cimacnoticias reportó antes, la institución clave para el atraso en la distribución de recursos fue la SHCP. El monto previsto en el PEF 2020, de 405 millones 003 mil 761 pesos, fue liberado por la dependencia hasta el 2 de abril. El 7 de abril, el Indesol como unidad ejecutora publicó los lineamientos de operación para que los Refugios pudieran presentar proyectos ante el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencias de Género, sus Hijas e Hijos”.
A mediados de este mes, se instalaron siete mesas en Indesol, para revisar las solicitudes de los Refugios y pedir los ajustes necesarios a las direcciones de los mismos. Sin embargo, la última autorización para el suministro de recursos a cada una de las instituciones indicadas por el Indesol, otra vez quedó a cargo de la SHCP.
Las organizaciones habían explicado antes que es muy difícil extender el tiempo de colaboración de las profesionistas que mantienen la operación del refugio, que han pasado los primeros 4 meses del año sin presupuesto u honorario. «Esperamos que pronto los refugios faltantes tengan recurso», expresó Figueroa Morales.
«También hay que seguir impulsando que los refugios sean una política del Estado presupuestaria con fondo anual, para evitar que cada año se esté participando y concursando en lineamientos o convocatorias, dado que la vida y seguridad de las mujeres no tendrá que estar dependiendo de una convocatoria», reiteró.
La defensora había destacado en varias ocasiones que las funcionarias del Indesol, que retomaron el manejo de los fondos de la Secretaría de Salud con fecha del 18 de febrero de este año, se mostraron abiertas para agilizar el proceso. De acuerdo con las promesas del Indesol, los lineamientos para el 2021 se publicarían en diciembre de este año, y los proyectos se podrían presentar en enero.
No incluidos, gastos para COVID-19
Cabe recordar que el presupuesto etiquetado y ahora liberado no incluye los gastos extras que enfrentan los Centros de Atención y los Refugios frente a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Entre ellos, destaca tener que buscar reemplazos para el personal que en este momento tiene que quedarse en casa porque pertenece a los grupos de riesgo, como personas mayores de 60 años, que padecen obesidad, hipertensión u otras enfermedades crónicas.
Otra de las medidas de seguridad que la Secretaría de Salud exige es instalar una mesa de registro en cada uno de los accesos y tener una enfermera ahí, o poner biombos o divisiones dentro de las mismas habitaciones, entre cada cama. Todo esto requiere un presupuesto que no está considerado en los 405 millones 003 mil 761 pesos previstos para este año.
20/SG/LGL
Ciudad de México. Durante el primer mes de confinamiento en los hogares por la llamada Jornada de Sana Distancia para evitar contagios por COVID-19, en México se reportaron menos casos de feminicidio pero aumentó el número de mujeres asesinadas, creció el número de agresiones sexuales y se disparó el número de llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres.
Al presentar el informe sobre seguridad ciudadana en la conferencia de prensa el pasado viernes 24 de abril, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que el delito de feminicidio va en descenso, pues en febrero de este año se registraron 92 casos de feminicidio y para el mes de marzo la cifra bajó a 78.
Cimacnoticias analizó las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública del mes de marzo y encontró que si bien disminuyó el número de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en todo el país, en realidad esto no significa que menos mujeres hayan sido asesinadas durante el primer mes de la pandemia en México.
Por el contrario, al revisar las cifras de víctimas mujeres por homicidio doloso se encontró que hubo un aumento entre febrero y marzo al pasar de 219 víctimas a 254 en el último mes, la cifra más grande reportada durante este 2020.
Los homicidios dolosos corresponden a los asesinatos de mujeres en los que no se acreditó alguna razón de género; sin embargo, varias defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres han demostrado, incluso con casos llevados a los tribunales de justicia, que muchos de los asesinatos que deben investigarse como feminicidio están siendo clasificados o reclasificados como homicidios dolosos e incluso como suicidio.
A nivel federal, en México hay más investigaciones iniciadas por homicidio doloso de mujeres que por feminicidio, a pesar de que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó por la sentencia histórica de Mariana Lima investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio.
Aumenta violencia sexual y se disparan llamadas de auxilio
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, como abuso, acoso, hostigamiento sexual o violación también aumentaron: pasaron de 5 mil 239 carpetas de investigación iniciadas por estos delitos en febrero a 5 mil 786 para marzo.
En general, el número de víctimas mujeres aumentó durante el primer mes de confinamiento en delitos como lesiones dolosas, extorsión, corrupción de menores y trata de personas. El número de llamadas de emergencia al 911 exclusivamente por violencia contra las mujeres se disparó durante la contingencia al pasar de 21 mil 727 llamadas en febrero a 26 mil 171 en marzo de 2020.
Antes del inicio de la Jornada de Sana Distancia, organismos internacionales alertaron sobre el posible aumento de la violencia contra las mujeres al interior de los hogares, por lo que pidieron establecer mecanismos de protección y prevención ante la emergencia.
El aumento de la violencia contra las mujeres en México durante la pandemia es una realidad, pues de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, desde el inicio de las medidas de confinamiento aumentaron más del 80 por ciento las llamadas y mensajes con solicitudes de apoyo a los refugios; 19 por ciento de las mujeres dijeron que antes solicitaron apoyo a alguna instancia de gobierno, pero no lo recibieron.
En el caso de México, el gobierno federal ordenó al inicio de la Fase 2 de la contingencia mantener el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, las órdenes de protección para víctimas de violencia y los albergues; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que los Centros y los poderes de justicia no están funcionando totalmente y los Refugios apenas este día empezaron a recibir recursos para continuar operando.
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Hostigan a personal de la clínica de la defensora Sandra Peniche
Ciudad de México. Al mediodía del viernes 24 de abril, tres agentes de la policía municipal de Mérida, en el estado de Yucatán, amenazaron a tres personas, una administradora y dos encargadas de limpieza, que trabajan en la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, conformada por 172 defensoras y periodistas de 21 estados del país, alertó que la policía municipal, dos de ellos integrantes del equipo antimotines, arribaron a la clínica que dirige la médica y defensora de Derechos Humanos Sandra Peniche Quintal a amedrentar al personal.
Primero, relató la Red en una alerta pública, las acusaron de estar robando y, después, les cuestionaron que trabajaran y brindaran servicios en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, pidieron que se presentara la directora de la clínica y luego se retiraron.
A los cuestionamientos, la administradora respondió que al tratarse de una clínica que brinda servicios de salud, su actividad es considerada esencial, lo que, de acuerdo con información de la Red, aumentó la molestia de los agentes, quienes exigieron la presencia de la directora, la doctora Sandra Peniche; pero después solo se fueron del lugar.
Cabe señalar que la defensora Sandra Peniche cuenta con medidas de protección, ordenadas por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a un intento de asesinato ocurrido en 2018.
Sin embargo, ninguna de las medidas de protección contempla rondines a cargo de la policía municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán.
La Red aseguró que estos hechos se suman a recurrentes actos de hostigamiento e intimidación, tanto por parte de particulares como de autoridades municipales y estatales de Yucatán, focalizados particularmente en la médica Sandra Peniche Quintal por su labor de defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en esa entidad.
La Red expresó su preocupación ante el hecho de que autoridades municipales y estatales de Yucatán utilicen la emergencia sanitaria para intimidar, hostigar y agredir a las defensoras de Derechos Humanos de esta entidad, en donde por decreto del ejecutivo estatal ha limitado la movilidad e impuesto sanciones a quienes no respeten el confinamiento en casa.
Por este motivo, las defensoras instaron al gobierno municipal de Mérida y al gobierno estatal de Yucatán a que generen condiciones de protección y seguridad para garantizar el ejercicio del derecho a defender los Derechos Humanos.
También hicieron un llamado a los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos para que estén atentos de la seguridad de las defensoras en el estado de Yucatán y para que realicen los pronunciamientos correspondientes, ya que éstas están siendo sujetas de vigilancia, intimidación y amenazas por parte de agentes del estado, quienes han utilizado la emergencia sanitaria para justificar su actuación.
La Red recordó que durante los meses de marzo y abril varias defensoras de Derechos Humanos de Yucatán han vivido diversas agresiones e incumplimiento de medidas de protección, por ejemplo Adelaida Salas, Rosa Elena Cruz Pech y ahora, nuevamente, Sandra Peniche.
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Ciudad de México. Luego de la muerte de un migrante hondureño y dos motines dentro de las estaciones migratorias por falta de protocolos para evitar contagios por COVID-19, el Instituto Nacional de Migración (INM) asegura que ha actuado con responsabilidad frente a las personas migrantes en nuestro país.
El INM informó en un comunicado público del pasado 26 de abril, que actúa “con responsabilidad” ante la contingencia por COVID-19, ya que liberó a la mayoría de las personas detenidas en estaciones migratorias y las deportó.
Esta respuesta vino varios días después de las denuncias y condenas públicas por parte de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y hasta el Congreso federal, quienes le solicitaron al Instituto garantizar los derechos de las personas migrantes.
Con su comunicado, el INM aseguró que responde a lo que el pasado 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame, ordenó en un resolución histórica: la liberación inmediata de las personas detenidas en estaciones migratorias y el otorgamiento a los grupos vulnerables una estancia regular en el país que incluya acceso a la salud.
El INM dijo que de las 3 mil 759 personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias -a quienes “por distintas razones” no se había resuelto su situación jurídica-, actualmente sólo hay 106, y que la medida de evaluar dar salida a las personas migrantes en el contexto de la pandemia fue atendida de manera continua desde el pasado 21 de marzo, días antes de ser declarada la Fase 2; sin embargo, el pasado 14 de abril, las organizaciones señalaron que, con base en información oficial, permanecían a esa fecha al menos dos mil personas detenidas en las estaciones migratorias.
La orden del juez federal vino después de que el 31 de marzo una persona hondureña, solicitante de asilo en México junto con su familia, muriera a consecuencia de un motín originado en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, ante la preocupación entre la población migrante de contagiarse del nuevo virus por el hacinamiento, la falta de higiene y la ausencia de protocolos sanitarios en la que estaban.
Al respecto de estos hechos, el INM culpó en su comunicado de este 26 de abril al cierre fronterizo por parte de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y aseguró que castigará por ello a personas migrantes hondureñas que participaron en el motín.
El Instituto dijo que este cierre retrasó los retornos asistidos e impidió a las personas retornar a su país, lo que “provocó molestia entre los vecinos” de los municipio fronterizos “por la presencia de esta población” y “ocasionó incidentes como el registrado, lamentablemente, en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, donde se provocó un incendio en el que falleció una persona migrante. Por estos hechos, el Ministerio Público consignó ante un Juez de Control, como responsables, a cuatro personas de nacionalidad hondureñas”.
La muerte del hondureño solicitante de refugio en México derivó en que la CNDH exigiera al INM que implementara una serie de medidas cautelares, las cuales, aseguró el Instituto, se cumplieron con el cierre de la estación en Tenosique, se rehabilitó el lugar y, actualmente, se encuentra sin ocupación.
Deportaciones en lugar de asilo
Aunque entre las medidas de la CNDH y el ordenamiento judicial se pide al INM procurar la atención de las personas solicitantes de asilo en México, nuestro país prefirió deportar a la población migrante, incluyendo a los grupos considerados vulnerables.
El INM dijo que, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se deportó vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador de 3 mil 653 nacionales de esos países, “privilegiándose a los grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas extranjeras con riesgos por enfermedades crónicas”.
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De acuerdo con el INM, las organizaciones de asistencia para personas migrantes dependientes de asociaciones religiosas, como la Iglesia católica y las Iglesias cristianas evangélicas han apoyado en el alojamiento de más de un centenar de ellas en sus albergues.
En su comunicado, el INM no dijo nada sobre la regularización de la situación migratoria de las personas solicitantes de asilo en México y sólo precisó: “Las personas migrantes que deseen permanecer albergadas en las estaciones migratorias, podrán hacerlo al poner de manifiesto, ante el Instituto, su voluntad de manera expresa”.
El instituto también señaló que continuará con la detención de personas migrantes, pues dijo: “Con el apoyo fundamental de la Guardia Nacional, el INM mantiene los puntos de revisión en las fronteras sur y norte del país, en apego a la Ley de Migración, con el fin de garantizar una migración segura, ordenada y regular”.
El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, aseguró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso positivo de COVID-19 entre la población migrante atendida en las instalaciones migratorias y se cumple con un protocolo de actuación en las estaciones migratorias y estancias provisionales, avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Cimacnoticias buscó a la SRE, con base en la «política internacional feminista» que adoptó a inicios de 2020, cuál es la atención que brinda actualmente a las extranjeras en México y a las connacionales en el extranjero, pero evadió responder y remitió a esta agencia al INM.
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