Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil exigieron por medio de una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que explique cómo las medidas de austeridad por COVID-19 que decretó el pasado 23 de abril impactarán los recursos presupuestados para atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
A pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró un incremento del 22.31 por ciento de llamadas de emergencia de mujeres con respecto a febrero, el presidente de México emitió un decreto el pasado 23 de abril en el que no queda establecida ninguna información con respecto al presupuesto para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
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Por esto, 12 organizaciones civiles (entre ellas Amnistía Internacional y Equis Justicia para las Mujeres) presentaron una carta a en conferencia de prensa este 6 de mayo, la cual será enviada al mandatario federal y presentada en reuniones posteriores con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Si bien no hay claridad sobre cómo la austeridad afectará a programas específicos dirigidos a las mujeres, las organizaciones informaron sobre algunas afectaciones que ya se están viendo sobre programas presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2020) y en la atención que ellas brindan directamente a víctimas de violencia.
Por ejemplo, como se establece en la carta al presidente, el pasado 3 de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF2020 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”.
Asimismo, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, A.C., los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad, pero aún no reciben los recursos extraordinarios que se prometieron para que hagan frente a la contingencia sanitaria, como lo son las Casas de Emergencia, mitigar la propagación del coronavirus dentro de estos espacios, así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda.
Por su parte, Equis Justicia para las Mujeres recordó que a esto se suma que, con base en un estudio elaborado y dado a conocer previos al decreto, ya se observaba que entre 70 y 80 por ciento de los poderes judiciales no garantizaban los servicios adecuados durante la pandemia para dar a seguimiento a la violencia contra las mujeres y el cumplimiento y las órdenes de protección, y muchos otras poderes judiciales estatales no están brindando información sobre las órdenes de protección que efectivamente se están llevando a cabo.
Exigen claridad en el decreto
Frente a este panorama, las organizaciones pidieron al presidente detallar si el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril (sobre protección de los Derechos Humanos), incluye programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Las organizaciones solicitaron que, en caso de que no sea así, se les informe cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia. También pidieron a López Obrador claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia.
“No tenemos la información suficiente para saber si las mujeres van a estar protegidas adecuadamente y van a estar cuidadas por el Estado (…) la carta es porque tenemos dudas, no entendemos y no queremos interpretar el decreto de manera errónea, queremos que la autoridad competente nos dé explicación al decreto (…) no queremos interpretar que hay una brecha entre el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación de que la violencia ha aumentado y después no haya dinero para atender la violencia machista contra las mujeres”, explicó en la conferencia, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que desde la experiencia de la sociedad civil se sabe que hay varias instituciones que no están dando la atención al cien por ciento. “Cuando (las dependencias) nos refieren los casos, nos refieren que no tienen recurso, que están tramitando para la gasolina, para poder hacer alguna cuestión incluso de compra de medicamentos. Esto habla de la carencia o la falta de interés que están teniendo los gobiernos estatales y municipales para suministrar estas atenciones, detalló.
Entre las instituciones que están direccionando a las víctimas de violencia están los Centros de Justicia, el DIF y otras dependencias; sin embargo, tras el decreto presidencial, la RNF determinó que ya no aceptarán ningún caso si no hay una carta de corresponsabilidad en la que se asuma un compromiso por parte del gobierno.
Las organizaciones civiles también solicitaron en su misiva que las medidas señaladas como programas prioritarios, en la fracción V del decreto de austeridad, sean gestionadas con la perspectiva de género debida, es decir, que incluyan en su ejecución una visión de las afectaciones diferenciadas a las que hacen frente las mujeres durante la contingencia sanitaria.
Pese a los datos y a que la misma secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre el aumento de la violencia contra las mujeres durante durante los primeros meses de la contingencia sanitaria, en la conferencia de prensa matutina de este 30 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en México hubiera tal aumento porque tiene los núcleos familiares “más fraternos”.
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