A casi dos meses de las amplias movilizaciones del 8 de marzo en el mundo, y del #9M en México, para muchas mujeres las actuales restricciones a la libertad de movimiento son dolorosas y preocupantes. Como han señalado diversas organizaciones, aquí y en otros países, pasamos en días o semanas de las masivas protestas públicas contra la violencia machista, el feminicidio, la brecha salarial, la precariedad laboral y los recortes a presupuestos y programas de salud, educación y seguridad social, a un estado de encierro – general o relativo- donde priva la domesticidad y las redes de apoyo se debilitan o restrigen.
Lejos de constituir un retiro a un oasis o el regreso a un refugio protector, para muchas el confinamiento constituye un riesgo para su salud física y mental, su integridad, e incluso un peligro de muerte si tienen que convivir con su agresor .Si ya volver a la domesticidad o entrar en ella puede representar un cambio drástico, el peso de la doble o triple jornada, agudizada por las exigencias laborales y educativas con que se pretende normalizar una situación de excepción y no sólo “insólita”, puede resultar agobiante.
La emergencia sanitaria y el encierro afectan la salud mental de todos, pero impactan aún más a quienes se responsabiliza por el trabajo de crianza y cuidados, la prevención de la enfermedad, el mantenimiento de una convivencia ordenada, si no armónica, en viviendas a menudo inadecuadas o incluso sin servicios básicos.
Aun cuando cierto reparto, previo, de las tareas, pueda aligerar la carga tradicional impuesta a mujeres y niñas, la profundidad de las desigualdades entre mujeres de distintas clases, etnias y ámbitos sociales, de un país a otro, así como la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres aun en sectores privilegiados, constituyen sin duda un foco rojo para el movimiento feminista, tanto en esta cotidianidad como en la “postcuarentena”.
Como advertía Beauvoir y muestra la historia del siglo XX, las crisis económicas afectan sobre todo a las mujeres, a las que se “devuelve” al ámbito privado cuando aumenta el desempleo o “ya no hacen falta” para la maquinaria productiva. Por ello, ante la agudización de la caída económica actual habrá que resistir a los intentos de normalizar este estado de emergencia, si no “de excepción, que presupongan el “consentimiento” de las mujeres ante este “nuevo orden de cosas”, tan parecido a la vetusta división sexual del trabajo. Por el contrario, es menester pensar un futuro distinto, tomando en cuenta los efectos de la depredación y de las desigualdades estructurales globales que la pandemia ha develado, y que ya habían advertido ecologistas, feministas y defensoras del territorio.
Para la teórica feminista Silvia Federici, por ejemplo, esta pandemia ha demostrado la importancia del trabajo de reproducción que hacen las mujeres (incluidos el cuidado de la naturaleza) y, por tanto, la urgencia de construir “una sociedad del futuro” sobre la base de una “política de los comunes”, que ponga “la vida en el centro”, no el dinero.
Esta visión implica cuestionar y desmantelar las bases conceptuales y falsas promesas de un “desarrollo” depredador y de políticas públicas sin perspectiva de género ni Derechos Humanos que amenazan el futuro sustentable y la vida presente, como se constata hoy en Ayutla, Oaxaca, pueblo sin acceso al agua aunque tiene un manantial, o en la “posposición” de recursos para las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), so pretexto de la pandemia, justo cuando los necesitan para atender problemas de salud, partos y casos de violencia familiar.
Aunadas al ascenso imparable de la violencia criminal y machista en el país, ya insostenibles antes del confinamiento, las tensiones y carencias que han impuesto la pandemia y el confinamiento en millones de personas requieren de estrategias ciudadanas que favorezcan la solidaridad y se opongan a la discriminación y polarización que en estos tiempos también se han recrudecido.
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