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Por COVID, los recursos para atender la violencia son inciertos

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación sigue sin aclarar si el dinero destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 para la atención de la violencia contra las mujeres está asegurado durante las medidas de austeridad por el COVID-19; por el contrario, generó más incertidumbre al afirmar que México busca fondos internacionales para atender esta problemática.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa virtual este 26 de mayo de 2020, las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios A.C (RNR) y Amnistía Internacional, quienes se reunieron el pasado 22 de mayo con autoridades federales para conocer si las medidas de austeridad por el nuevo virus afectarían o no el presupuesto previsto para la atención de víctimas de violencia de género.

Las organizaciones civiles fueron recibidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise Duayhe, entre otras funcionarias.

Si bien hay un presupuesto que se aprueba cada año en el Anexo 13 para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos el gasto público, el pasado 23 de abril, el Presidente de México presentó un decreto de austeridad en el que establece que “se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios (…)”. En su lista de programas prioritarios, que incluye entre otros el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y los programas sociales insignia de esta administración, no se especifica ninguno específico para la atención de la violencia contra las mujeres.

Luego de este decreto, varias feministas (entre legisladoras y organizaciones civiles) expresaron el riesgo de que los recursos para la atención de las mujeres estuviera en riesgo, por ello el pasado 6 de mayo las organizaciones hicieron llegar al Presidente de México y a la Segob estas preguntas puntuales:

1) detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020. Particularmente saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informar cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia.

2) Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.

De acuerdo con las organizaciones, tras la reunión con las autoridades aún prevalecen las dudas, ya que las funcionarias les reportaron solo cifras desagregadas por sexo y el presupuesto destinado para los nuevos programas sociales de esta administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, entre los que no se incluye ninguno que tenga como objetivo disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, o erradicar la violencia contra las mujeres.

En concreto, de acuerdo con las organizaciones, la secretaría de Gobernación, cuya función es coordinar todas las instancias encargadas de la erradicación de la violencia contra las mujeres, dijo que el Anexo 13 del PEF (para la igualdad entre mujeres y hombres) está garantizado en un 90 por ciento; sin embargo, no especificó a cuáles programas correspondía este porcentaje, lo que es importante porque el Anexo 13 incluye tanto gastos legislativos como operaciones gubernamentales que no tienen que ver necesariamente con la violencia contra las mujeres. El presupuesto destinado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como erradicar la violencia contra las mujeres representan sólo 2 por ciento de ese apartado presupuestal. 

La Secretaría de Gobernación también dijo a las organizaciones que no había certeza sobre si se vería afectada la segunda ministración para los Refugios y Centros de Atención Externa (CAE). De acuerdo con la RNR, el Indesol dijo que al 26 de mayo se presentaron 65 proyectos de Refugio y 38 proyectos de CAE, pero sólo se otorgó la primera ministración a 21 proyectos de Refugio y 21 proyectos de atención externa, esto es menos del 50 por ciento. Todavía hay 28 proyectos de refugio y 7 de CAE en proceso de recibir la primera ministración, y hay pendiente de evaluar 17 proyectos de Refugio y 11 de Atención Externo. 

Asimismo, la titular de la Conavim aseguró a las defensoras de los derechos de las mujeres que todo su presupuesto estaba garantizado pero quedó duda sobre cómo se está coordinando para ello con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Las organizaciones se dijeron preocupadas porque Sánchez Cordero les adelantó que actualmente México está buscando recursos para afrontar la atención de víctimas de violencia en la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea. “A mí me parece una especie reconocimiento velado de que el dinero es insuficiente y puede haber una disponibilidad presupuestaria (…) nosotras interpretamos que muchos de los recursos se han ido a la atención de la emergencia sanitaria y muchos otros se han ido a los programas insignias del presidente”, planteó Tania Reneaum, de AI México.

Las organizaciones explicaron que el Programa de Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva, de acuerdo al PEF, tiene más de 400 millones de pesos. Es un programa dirigido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pero no da atención directa a las mujeres en situación de violencia. También hay un programa de transversalizar de género que baja a municipios y entidades federativas que asciende a 388 millones de pesos, sin embargo, la duda central es saber si el dinero que fue aprobado en su momento para la violencia contra las mujeres está disponible. 

“¿Hay disponibilidad en el contexto en el contexto incierto? ¿Hay disponibilidad de recursos en el contexto de esta crisis económicas que hoy enfrentamos a partir de la pandemia? Y de eso no tuvimos una respuesta clara”

Amnistía Internacional. 

En contraste, las organizaciones aseguran que el impacto de la política de austeridad ya se refleja negativamente en los servicios para la atención de mujeres, pues las funcionarias les confirmaron que se suspendió el presupuesto para los pueblos indígenas, el cual incluye las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), entre las que ya hay trabajadoras contagiadas de COVID y algunas algunas casas tuvieron que cerrar.

Las organizaciones expresaron su preocupación por las expresiones utilizadas en la reunión como “Vivimos en una época incierta” y “tenemos que partir que hay una incertidumbre, tenemos que partir de que nuestro presupuesto es incierto, tenemos que partir de que hay una crisis económica y de salud, sino estamos conscientes de esta situación no vamos a poder avanzar”.

Sin resultados sobre dónde está el dinero para la atención de las mujeres víctimas de violencia, la Segob se comprometió con las organizaciones a sostener reuniones mensuales. Para el siguiente encuentro, las expertas aseguraron que pediran la participación de la SHCP.

Las organizaciones también señalaron que no descartan la posibilidad, incluso ya avanzaron con solicitar reuniones bilaterales, de acudir al Mecanismo de Belém do Pará y a otros organismo del sistema de justicia internacional para pedir que revise la política del Estado mexicano para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

20/AJSE/LGL

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