Ciudad de México. Expertas en pobreza y economía, coincidieron en que urgen políticas económicas de emergencia y estructurales que ayuden a las mujeres, que históricamente han sido la población con más carencias sociales en México, a mitigar los impactos económicos y en su vida diaria que traerá la nueva pandemia.
Durante el programa radiofónico “Análisis Feminista”, que se transmite cada miércoles por el 16.1 de FM Violeta Radio, la coordinadora de investigación de la organización civil Oxfam México, Milena Dovali Delgado, y la titular de la Dirección de Igualdad de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Yazmín Pérez Haro, conversaron con la periodista Lucía Lagunes Huerta, conductora del programa, sobre distintas propuestas económicas de emergencia que han surgido a propósito de la pobreza que dejará a su paso el COVID-19.
Una de las propuestas más sonadas al respecto ha sido la de instaurar un Ingreso Vital Único que impulsaron bancadas y organizaciones civiles, un monto de 3 mil 746 pesos mensuales durante tres meses para 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos. Para ésta se ha estimado un equivalente 110 mil 194 millones de pesos, sólo en dos meses, los cuales saldrían del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que dirige la Secretaría de Bienestar. Esta propuesta ya fue presentada formalmente en el senado por la legisladora Patricia Mercado.
Al respecto, Dovali Delgado, de Oxfam México, dijo que esta pandemia ha hecho evidente la desigualdad que vivimos en México, con más de 59 millones de personas viviendo en pobreza, muchos de ellas que dependen del ingreso de sus ventas diarias.
A esto se suma que el sistema de bienestar mexicano está muy fragmentado, es decir que se condiciona mucho a el estatus laboral, lo que deja fuera de los servicios de salud y la seguridad social a las personas que laboran en el sector informal. La mayoría de estas personas, explicó la experta, son mujeres, quienes optan por empleos informales como consecuencia de otra desigualdad: lidiar con las 25 horas más que dedican a ella, en comparación con sus pares varones, para el trabajo del hogar no remunerado.
De acuerdo con Dovali, durante la pandemia las personas en condiciones de pobreza tendrán que hacer uso de sus bienes, pero esto también es complicado, ya que la capacidad de ahorro es menor que la de los hombres porque reciben menos ingresos. El Ingreso Único Vital ayudaría especialmente a esta población a afrontar la crisis económica por el COVID, dijo la investigadora. No obstante, precisó que no es la única acción que puede implementarse. Desde Oxfam, por ejemplo, se ha propuesto un ingreso universal vital, que se entregaría de manera universal por el simple hecho de ser personas.
Por su parte, la Directora de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, dijo que el Ingreso Vital Único es una iniciativa que “se abraza de la CDMX”, pero que no puede ser una solución aislada, sino que se requiere una propuesta integral para garantizar un piso mínimo de bienestar. Esto requiere, dijo, de un replanteamiento de la política fiscal y acciones que compensen otras desigualdades, por ejemplo con un sistema pùblico de cuidados.
La también fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva AC, dijo que se requiere un ingreso único vital diferenciado, progresivo e individual que privilegie a las personas en mayor desventaja social.
La funcionaria dijo que en este momento la Secretaría de las Mujeres participa en un grupo de análisis con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para evaluar el impacto que ha tenido la contingencia, y –a pregunta expresa de cuáles son las acciones de gobierno para las capitalinas durante esta contingencia sanitaria– precisó que por parte del gobierno de la CDMX hay capacitación al empleo, créditos, el apoyo económico equivalente al salario mínimo al que pueden acceder mujeres víctimas de violencia que acudan a los servicios de asesoría para las mujeres (LUNA), así como un apoyo económico que otorga la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para quienes perdieron el empleo durante la pandemia.
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