Ciudad de México. Los Congresos de 14 estados del país deben aprobar reformas electorales para reconocer y sancionar la violencia política contra las mujeres antes del 31 de mayo, a fin de que apliquen en el proceso electoral 2020-2021.
Así lo dijeron legisladoras, militantes de partidos políticos y expertas en Derecho electoral durante del foro virtual “Legislando por la Igualdad, reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad”, organizado el 26 y 28 de mayo por las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados.
Las especialistas coincidieron en que los estados deben armonizar su legislación con las reformas publicadas el pasado 13 de abril en el Diario Oficial de la federación (DOF), por las que se reformaron las leyes generales en materia electoral para definir la violencia política contra las mujeres.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadien Gasman Zylbermann señaló que es indispensable tener una agenda común en materia de paridad para que en el proceso electoral de 2021 las mujeres tengan más oportunidades de ganar espacios de poder y los partidos políticos se involucren más en este tema.
La reforma en la materia modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A su vez la consejera del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, precisó que gracias al trabajo de las mujeres y la voluntad de diferentes actores los Congresos de Michoacán, Campeche y Querétaro ya aprobaron las reformas y este jueves lo harían los Congresos de Oaxaca, Sonora y Guanajuato.
La diputada por Oaxaca, Hilda Graciela Pérez Ruiz, dijo que la destitución de la directora del Instituto Municipal de la Mujer del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaqueline Escamilla Villanueva es un ejemplo de la violencia que enfrentan las mujeres aun cuando el cargo que ocupan no emana de un proceso electoral.
La magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello, señaló que los procesos electorales deben iniciar en septiembre aunque hay una iniciativa de reforma para que los plazos se recorran y comiencen en octubre, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
La magistrada mencionó que, en este contexto, en los estados las reformas consideran diferentes supuestos, por ejemplo, en Campeche una hipótesis para acreditar violencia política es la violencia digital y además propone que las mujeres violentadas accedan a refugios; mientras que en Sonora la reforma plantea amplios plazos para otorgar medidas cautelares.
La experta consideró que si bien los estados deben tener libertad en sus legislaciones, la violencia se da en todo el país y ahora en redes sociales, por lo que aseguró que se necesita una base de datos para conocer quiénes son las y los agresores, porque quizás éstos busquen la reelección o sea necesario conocer quiénes son en todo el país.
La diputada federal Nayeli Arlen Fernández Cruz agregó que las adecuaciones normativas serán para materializar la paridad en cargos electivos, por ello 18 estados deben hacer los ajustes normativos a más tardar el 7 de junio, y 14 lo tienen que hacer a más tardar el 31 de mayo, por lo que dijo que el reto apremia.
El artículo 115 constitucional dice que el límite para modificar las leyes electorales es 90 días antes del inicio del proceso electoral. Los estados que deben modificar su legislación este mes son Michoacán, Campeche, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
20/AGM/LGL
mayo 2020
Ciudad de México. Mujeres víctimas de violencia que permanecen en Refugios rechazaron la nueva campaña del gobierno federal para prevenir la violencia familiar durante el confinamiento porque promueve el silencio.
Este 26 de mayo, el vocero de Presidencia, Jesús Rodríguez Cuevas, presentó en una conferencia de prensa una campaña con carteles y videos que difunden el mensaje “Cuenta hasta 10”, “saca una banderita blanca” y llama al 911. Esta campaña, dijo el vocero, tiene el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”. La campaña fue respaldada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Horas después de su presentación a medios, la campaña fue criticada por defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres y miles de usuarias en las redes sociales. La Red Nacional de Refugios A.C, integrada por más de 40 Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres víctimas de violencia en todo el país, preguntó directamente a las mujeres que enfrentan esta problemática qué opinan de la campaña y todas coincidieron en que no hubiera servido para ayudarlas a enfrentar la violencia de la que ellas huyeron.
“No creo que respirando ni contando hasta 10 va a cambiar la situación. Con mi agresor no me serviría. No es fácil contar hasta 10 y terminar la violencia en esos pasos”
Usuaria de 24 años de edad usuaria de la RNR.
Otra mujer, de 30 años de edad, dijo: “sacar la banderita blanca y contar hasta 10, al menos a mí nunca me funcionó porque no era de respirar, los golpes eran al instante.
Otra mujer víctima de violencia, de 19 años de edad, dijo: “Te están diciendo que te quedes en casa y eso es lo que no tienes que hacer. Una tiene que salir a buscar ayuda, no quedarse en casa y contar hasta 10”.
Las mujeres víctimas de violencia de la RNR coincidieron en un posicionamiento con respecto a esta campaña: “La campaña ‘Cuenta hasta 10’ invisibiliza la violencia contra las mujeres, promueve el silencio, carece de enfoque de género y Derechos Humanos. Omite la responsabilidad del gobierno en la defensa y protección de las mujeres”.
Aunque ya fue presentada, los materiales publicitarios aún no han sido difundidos por las cuentas oficiales de Gobernación, Presidencia o la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim). De acuerdo con personal de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, pese a las críticas, la campaña continúa, se aumentarán algunos materiales “de mujeres en específico” y se presentará formalmente la semana próxima.
La Secretaría de Gobernación también anunció que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) trabajará en una nueva campaña sobre violencia en colaboración con la empresa de telecomunicaciones AT&T.
20/AJSE/LGL
Me pregunto a quién se le ocurrió que sería buena idea revivir la campaña de televisa de la década de los 80 para responder, en el siglo XXI, a las exigencias de las ciudadanas para eliminar la violencia contra las mujeres.
Me refiero a la campaña presentada, recientemente, por el titular de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, titulada “Cuenta hasta diez”, la cual, inevitablemente evoca al emporio de Televisa, creador de la campaña en los años 80, con el mismo nombre y las mismas escenas.
Es aún más lamentablemente que esta campaña este respaldada por funcionarias cuyo mandato es cumplir con la Ley para promover y proteger los Derechos Humanos de las mujeres y erradicar las violencias contra ellas a lo largo de su ciclo de vida.
Pese a que han pasado varias décadas en las cuales se han desarrollado investigaciones científicas que demuestran que las violencias en las familias se deben a la desigualdad y no al carácter, desde comunicación social de presidencia deciden ignorarlas.
Hay que decir que esta campaña no está dirigida a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, aunque se presentó en ese marco, sino a lo que suele llamarse violencia familiar, por ello llama a respirar hondo y contar hasta diez, cuando se está a punto de estallar.
Hasta en eso la campaña es un agravio, pues desdibuja la violencia contra niñas y mujeres y muestra a éstas últimas como agresoras, además que sus mensajes son confusos y contradictorios.
Confunden estrés y violencia. El primero es un estado físico y emocional, y la segunda, está basada en el abuso de poder, el cual no se detiene contando diez ni un millón. Para hacerlo se requiere eliminar la raíz, es decir, la desigualdad, la permisividad social y la injusticia. Elementos que en ningún momento la campaña aborda.
Por ejemplo, el día de ayer en Twitter se exhibió una escena donde el notario 102, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, violenta a su esposa, en plena vía pública, por lo menos dos hombres más contemplan la escena, sin intervenir.
Esto es violencia y no estrés. El notario abusa de su poder masculino incrementado por su profesión, por ser dueño de la casa y por contar con dos testigos que miran lo que él hace sin sancionarlo, sino por el contrario, su inacción lo respalda. Les puedo asegurar que al notario no le importa contar hasta diez.
Las contradicciones en los mensajes desde la presidencia son más complejas. Primero nos dijeron que no había subido la violencia contra las mujeres y niñas en el confinamiento, porque aquí en México teníamos familias fraternas que en otros países ni soñarlo.
Después nos aseguraron que el aumento de llamadas de auxilio en el 911, no eran para tanto, pues el 90 por ciento eran falsas.
El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Luis García López Guerrero, aseguró a Cimacnoticias que por ahora no puede determinarse si son llamadas falsas ya que esa información aún no se analiza.
Me pregunto, si las familias mexicanas son tan maravillosas y las llamadas de auxilio no son tantas, para qué hacer una campaña que busca detener agresiones en ellas.
20/LLH/LGL
Proponen en Edomex amnistía para mujeres que abortaron y a las que se defendieron de su agresor
Ciudad de México. Aunque no hay un diagnóstico oficial, se sabe que en las prisiones del Estado de México hay mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica y fueron acusadas de aborto, que tuvieron un parto fortuito y fueron encarceladas por homicidio en razón del parentesco, que defendieron su tierra y territorio y fueron acusadas de obstruir vías de comunicación o que hirieron a su agresor y terminaron presas por homicidio.
Muchas de estas mujeres fueron juzgadas y recluidas por medio de procesos irregulares y faltas al debido proceso, por esa razón el 21 de mayo la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía estatal, con el fin de apresurar la libertad de esta población, durante la pandemia del COVID-19.
A propósito de esta iniciativa, más ambiciosa que la Ley de Amnistía federal, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el pasado 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la diputada local por Morena, Guadalupe Mariana Uribe Bernal explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la propuesta normativa sigue el espíritu de la amnistía federal: otorgar la libertad a quienes injustamente permanecen en prisión.
Propuesta a favor de las mexiquenses
La iniciativa de reforma tiene 20 artículos y fue promovida también por los diputados de Morena, Max Correa Hernández, Gerardo Ulloa Perez y Liliana Gollás Trejo. El documento considera 14 supuestos para conceder la amnistía los cuales se basan en la regla general de proteger a las personas que formen parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad y se les hayan violentado sus Derechos Humanos.
En el caso de las mujeres considera beneficiar a aquellas que fueron encarceladas por el delito de aborto, de homicidio en razón de parentesco, de narcomenudeo si fueron obligadas a transportar pequeñas cantidades de drogas, si fueron recluidas por defender su tierra y territorio o bienes comunes como el agua, si cometieron un delito por su condición de pobreza o si lo hicieron en legítima defensa tratando de salvar su vida o la de sus hijas e hijos.
En el Estado de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se abrieron 44 carpetas de investigación por el delito de aborto: 12 en enero, 14 en febrero, 15 en marzo y 3 en abril. La información no está desagregada por sexo y no se sabe si son mujeres u hombres acusados por este delito ni si esas personas fueron sentenciadas y recluidas. La misma fuente indica que en este año se han abierto mil 172 investigaciones por narcomenudeo.
La diputada Uribe Bernal señaló que en el Estado de México hay alrededor de 100 mujeres encarceladas acusadas de aborto desde 2018, por lo que hay que ayudarlas a ellas.
Por otra parte, de acuerdo con el informe 2019 del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, 8.9 por ciento de los delitos cometidos en la entidad fueron por narcomenudeo, es decir, mil 290 casos; aunque tampoco presenta las cifras desagregadas por sexo.
Mujeres encarceladas por defenderse
La propuesta de ley indica en su artículo 6, fracción X, que también se otorgará la libertad a las “mujeres acusadas y sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o de sus descendientes”.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del estado, explicó que esta fracción normativa especifica que se trata de mujeres que cometieron algún ilícito al defender su vida o la de sus hijas e hijos. La diputada Uribe Bernal mencionó que la condición es que en estos casos se haya considerado la legitima defensa en el proceso penal.
Es de recordar que en la Ley de Amnistía federal no se consideró liberar a mujeres encarceladas por el delito de homicidio, ni siquiera si actuaron en legítima defensa, porque uno de los candados para acceder a este perdón indica que no se puede beneficiar a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo si se trata de aborto o de homicidio en razón de parentesco.
No obstante, la propuesta morenista en el Estado de México establece, en el artículo 5 esta excepción para que las mujeres acusadas de lesiones o de homicidio, puedan acceder a su libertad siempre que en su proceso hayan alegado legítima defensa. La abogada y legisladora morenista acotó que no se trata de abrir la puerta para que quien decida delinquir, lo haga.
Defensoras indígenas y comunitarias
En el estado de México, por ejemplo, en 2019 fue liberada la indígena náhuatl Dominga González Martínez, quien estuvo presa en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social Santiago, en Almoloya. En 2017 ella fue condenada a 50 años de prisión por el presunto homicidio y privación de la libertad del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de San Pedro Tlanixco sostenía un litigio por el uso del agua del río Texcaltenco.
De acuerdo con su comunidad, aunque Dominga fue encarcelada por “homicidio calificado y privación de la libertad”, en realidad fue criminalizada por su defensa del agua, activismo por el cual pasó 10 años en prisión preventiva antes de que le dictaran sentencia y de que le dieran la libertad.
Casos como este caso muestra, en las prisiones hay grupo en situación de vulnerabilidad. “Sin lugar a duda han dado una batalla importante cuando han sido juzgados de manera equívoca por el Estado. Si son de pueblos, comunidades indigenas, afroamericanas o campesinos pueden ser beneficiados (por la amnistía)”, dijo la diputada.
La información judicial estatal también muestra que en 2019 se solicitaron los servicios periciales de traducción del tlapaneco, tepehua, totonaca, mixteco, mazateco, otomí, mazahua y náhuatl.
La norma, mencionó la diputada local, también es para promover la libertad de personas que fueron acusadas por estar defendiendo la propiedad de sus tierras, sus recursos naturales, el medio ambiente, la consulta previa libre e informada; o bien, la preservación de conocimientos ancestrales y sus usos y costumbres.
“Tenemos un informe de 2018 de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, un censo elaborado con la Comisan Nacional de Seguridad, que arroja que de las 207 mil 432 personas privadas de la libertad en 2017 en 360 centros de reclusión, 3 por ciento se reconoció como integrante de algún pueblo indígena“.
Asimismo, la ley indica que otro grupo de la población que debe ser beneficiado son aquellas personas víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, cuando se cuente con resoluciones de algún organismo internacional, nacional o local de Derechos Humanos, en las que se recomiende o requiera la libertad de la persona o en las que se hayan determinado violaciones al debido proceso que hubieren trascendido al fallo judicial.
Proceso legislativo sin fechas
La propuesta de ley fue enviada a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, quienes deberán analizar la redacción para hacer un dictamen y en su caso enviarla al pleno del Congreso. SI bien la intención es que la reforma ayude a despresurar las 22 prisiones mexiquenses durante la pandemia de COVID-19, destinadas para 13 mil personas y donde hay más de 30 mil, no hay plazo para aprobar esta ley.
Además, tras la publicación de la Ley de Amnistía a nivel federal, expuso la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, los estados están obligados a realizar esta homologación para liberar los centros de readaptación social y otorgar la libertad a quienes fueron juzgados con faltas al debido proceso.
La propuesta considera la creación de una Comisión Especial en la Legislatura, que daría seguimiento a los asuntos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley de Amnistía serían el Poder Judicial, Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y los demás órganos, dependencias, organismos y entidades a los que se les solicite intervenir en el procedimiento para otorgar la amnistía.
La idea también es que el proceso sea rápido, por eso las solicitudes se podrán presentar ante los jueces, quienes en un plazo de tres días deberán admitirlas y resolverlas en un plazo de 10 días. Sin embargo, aun con todos los elementos que considera esta propuesta, en un artículo transitorio se especifica que esta ley sólo tendrá vigencia durante esta Legislatura, que concluye en 2021.
20/AGM/LGL
Urgen políticas económicas para mitigar efectos de pandemia en mujeres
Ciudad de México. Expertas en pobreza y economía, coincidieron en que urgen políticas económicas de emergencia y estructurales que ayuden a las mujeres, que históricamente han sido la población con más carencias sociales en México, a mitigar los impactos económicos y en su vida diaria que traerá la nueva pandemia.
Durante el programa radiofónico “Análisis Feminista”, que se transmite cada miércoles por el 16.1 de FM Violeta Radio, la coordinadora de investigación de la organización civil Oxfam México, Milena Dovali Delgado, y la titular de la Dirección de Igualdad de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Yazmín Pérez Haro, conversaron con la periodista Lucía Lagunes Huerta, conductora del programa, sobre distintas propuestas económicas de emergencia que han surgido a propósito de la pobreza que dejará a su paso el COVID-19.
Una de las propuestas más sonadas al respecto ha sido la de instaurar un Ingreso Vital Único que impulsaron bancadas y organizaciones civiles, un monto de 3 mil 746 pesos mensuales durante tres meses para 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos. Para ésta se ha estimado un equivalente 110 mil 194 millones de pesos, sólo en dos meses, los cuales saldrían del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que dirige la Secretaría de Bienestar. Esta propuesta ya fue presentada formalmente en el senado por la legisladora Patricia Mercado.
Al respecto, Dovali Delgado, de Oxfam México, dijo que esta pandemia ha hecho evidente la desigualdad que vivimos en México, con más de 59 millones de personas viviendo en pobreza, muchos de ellas que dependen del ingreso de sus ventas diarias.
A esto se suma que el sistema de bienestar mexicano está muy fragmentado, es decir que se condiciona mucho a el estatus laboral, lo que deja fuera de los servicios de salud y la seguridad social a las personas que laboran en el sector informal. La mayoría de estas personas, explicó la experta, son mujeres, quienes optan por empleos informales como consecuencia de otra desigualdad: lidiar con las 25 horas más que dedican a ella, en comparación con sus pares varones, para el trabajo del hogar no remunerado.
De acuerdo con Dovali, durante la pandemia las personas en condiciones de pobreza tendrán que hacer uso de sus bienes, pero esto también es complicado, ya que la capacidad de ahorro es menor que la de los hombres porque reciben menos ingresos. El Ingreso Único Vital ayudaría especialmente a esta población a afrontar la crisis económica por el COVID, dijo la investigadora. No obstante, precisó que no es la única acción que puede implementarse. Desde Oxfam, por ejemplo, se ha propuesto un ingreso universal vital, que se entregaría de manera universal por el simple hecho de ser personas.
Por su parte, la Directora de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, dijo que el Ingreso Vital Único es una iniciativa que “se abraza de la CDMX”, pero que no puede ser una solución aislada, sino que se requiere una propuesta integral para garantizar un piso mínimo de bienestar. Esto requiere, dijo, de un replanteamiento de la política fiscal y acciones que compensen otras desigualdades, por ejemplo con un sistema pùblico de cuidados.
La también fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva AC, dijo que se requiere un ingreso único vital diferenciado, progresivo e individual que privilegie a las personas en mayor desventaja social.
La funcionaria dijo que en este momento la Secretaría de las Mujeres participa en un grupo de análisis con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para evaluar el impacto que ha tenido la contingencia, y –a pregunta expresa de cuáles son las acciones de gobierno para las capitalinas durante esta contingencia sanitaria– precisó que por parte del gobierno de la CDMX hay capacitación al empleo, créditos, el apoyo económico equivalente al salario mínimo al que pueden acceder mujeres víctimas de violencia que acudan a los servicios de asesoría para las mujeres (LUNA), así como un apoyo económico que otorga la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para quienes perdieron el empleo durante la pandemia.
20/AJSE/LGL
Sorpresas
Esta semana estaba corrigiendo los ejercicios de un curso que estoy impartiendo para el personal docente sobre micromachismos y me encontré con dos ejercicios que me causaron mucho dolor.
El primero de ellos era de una alumna de unos 50 años y en él relataba como su padre había abusado de su madre y de ella durante su infancia y cómo se había sentido de sola y desamparada. No podía recurrir a su propia madre para que la amparara porque se encontraba en la misma situación y cuando se lo contó, solo tuvo por única respuesta “Somos mujeres y ellos se comportan así habitualmente. Es su naturaleza”.
Esta mujer, entonces niña, tuvo que aguantar que su padre se metiera en su cama durante años hasta que pudo escapar de su pueblo porque encontró trabajo en una cafetería que le permitió independizarse y pagarse una matrícula universitaria y, de ese modo, poder estudiar una carrera compatibilizando trabajo y estudios.
La peor parte, por lo visto, se la llevó su madre, a quien el salvaje de su marido le hizo pagar la huida de la hija de ambos con palizas y violaciones sistematizadas hasta que la mujer, en una de las palizas perdió la vida. Pero nadie se extrañó. Todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada.
Mi alumna, por lo que relata, nunca volvió a ver a su padre. No fue ni al funeral de su propia madre con tal de no verle. Luego asistió en solitario al cementerio y se despidió de ella en la más estricta soledad.
Hoy es una profesora ilusionada por enseñar a su alumnado cómo la historia ha negado la presencia de las mujeres y cómo es necesaria la reivindicación de su memoria histórica. Ha descubierto que los hombres no son bestias como su padre, quien ya falleció y de quien no quiso despedirse, y es madre de una hija y un hijo a quienes educa como ciudadanía libre y respetuosa con todo el mundo, sobre todo con las mujeres más vulnerables tengan el origen que tengan.
El segundo caso es similar, aunque agravado con una hermana con diversidad intelectual de quien también abusaba el padre y que falleció a consecuencia de una hemorragia vaginal no atendida a tiempo. Aquel “accidente silenciado” apenas estrenada la democracia hizo despertar en mi alumna la necesidad de huir del pueblo y de su familia. En este caso no había madre puesto que “murió” al poco de nacer su hermana menor con diversidad intelectual a la que ella cuidó durante años. Aunque ella sospecha que fue como consecuencia de una paliza o una violación de su padre cuando todavía estaba convaleciente de la cuarentena del parto.
Hoy mi alumna es una ciudadana libre que decidió no casarse y vivir su vida plenamente y enseñar a sus alumnas a decir NO cuando se produjeran este tipo de situaciones.
Son dos casos en los que las mujeres, desde la intimidad de los ejercicios que solo yo puedo ver, y con la garantía de la confidencialidad de datos, se confiesan y me cuentan sus vivencias. Ni mucho menos son los únicos, pero sí los más recientes.
Historias de superación personal del dolor y la desprotección a la que ambas se enfrentaron y que nos permiten analizar las consecuencias desconocidas de las violencias machistas más perversas y ocultas por cuestiones familiares. El abuso y la violación sistemática de niñas, jóvenes y mujeres dentro del “paraguas protector” de la familia que, seguro, se seguirá dando en el seno de muchas familias del mundo, sin que prácticamente nadie las pueda ayudar a salir de sus infiernos particulares.
Este tipo de ejercicios en los que les das al alumnado la posibilidad de sacar parte de sus experiencias, permite en algunos casos, ver cuál era la realidad hace solo unos años en nuestras sociedades llamadas, incluso entonces, “avanzadas”. Las mujeres, hijas incluso, a disposición permanente de sus progenitores que no diferenciaban en si eran menores de edad o con diversidades funcionales o no. Solo veían un “elemento” para saciar su placer a cualquier hora o en cualquier situación.
Afortunadamente, alguna cosa ha cambiado en los últimos años y el feminismo ha conseguido que se reconozcan y castiguen estas situaciones que hoy en día estarían penadas.
Desde el movimiento feminista se busca el pleno reconocimiento de las mujeres como sujetas de pleno derecho, con sus derechos plenos de ciudadanía y, entre ellos el de una vida digna y libre de violencias machistas de todo tipo. El resto de los discursos no me representa para nada. ¿Y a ti?
20/TMC/LGL
Por COVID, los recursos para atender la violencia son inciertos
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación sigue sin aclarar si el dinero destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 para la atención de la violencia contra las mujeres está asegurado durante las medidas de austeridad por el COVID-19; por el contrario, generó más incertidumbre al afirmar que México busca fondos internacionales para atender esta problemática.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa virtual este 26 de mayo de 2020, las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios A.C (RNR) y Amnistía Internacional, quienes se reunieron el pasado 22 de mayo con autoridades federales para conocer si las medidas de austeridad por el nuevo virus afectarían o no el presupuesto previsto para la atención de víctimas de violencia de género.
Las organizaciones civiles fueron recibidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise Duayhe, entre otras funcionarias.
Si bien hay un presupuesto que se aprueba cada año en el Anexo 13 para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos el gasto público, el pasado 23 de abril, el Presidente de México presentó un decreto de austeridad en el que establece que «se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios (…)”. En su lista de programas prioritarios, que incluye entre otros el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y los programas sociales insignia de esta administración, no se especifica ninguno específico para la atención de la violencia contra las mujeres.
Luego de este decreto, varias feministas (entre legisladoras y organizaciones civiles) expresaron el riesgo de que los recursos para la atención de las mujeres estuviera en riesgo, por ello el pasado 6 de mayo las organizaciones hicieron llegar al Presidente de México y a la Segob estas preguntas puntuales:
1) detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020. Particularmente saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informar cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia.
2) Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
De acuerdo con las organizaciones, tras la reunión con las autoridades aún prevalecen las dudas, ya que las funcionarias les reportaron solo cifras desagregadas por sexo y el presupuesto destinado para los nuevos programas sociales de esta administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, entre los que no se incluye ninguno que tenga como objetivo disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, o erradicar la violencia contra las mujeres.
En concreto, de acuerdo con las organizaciones, la secretaría de Gobernación, cuya función es coordinar todas las instancias encargadas de la erradicación de la violencia contra las mujeres, dijo que el Anexo 13 del PEF (para la igualdad entre mujeres y hombres) está garantizado en un 90 por ciento; sin embargo, no especificó a cuáles programas correspondía este porcentaje, lo que es importante porque el Anexo 13 incluye tanto gastos legislativos como operaciones gubernamentales que no tienen que ver necesariamente con la violencia contra las mujeres. El presupuesto destinado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como erradicar la violencia contra las mujeres representan sólo 2 por ciento de ese apartado presupuestal.
La Secretaría de Gobernación también dijo a las organizaciones que no había certeza sobre si se vería afectada la segunda ministración para los Refugios y Centros de Atención Externa (CAE). De acuerdo con la RNR, el Indesol dijo que al 26 de mayo se presentaron 65 proyectos de Refugio y 38 proyectos de CAE, pero sólo se otorgó la primera ministración a 21 proyectos de Refugio y 21 proyectos de atención externa, esto es menos del 50 por ciento. Todavía hay 28 proyectos de refugio y 7 de CAE en proceso de recibir la primera ministración, y hay pendiente de evaluar 17 proyectos de Refugio y 11 de Atención Externo.
Asimismo, la titular de la Conavim aseguró a las defensoras de los derechos de las mujeres que todo su presupuesto estaba garantizado pero quedó duda sobre cómo se está coordinando para ello con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las organizaciones se dijeron preocupadas porque Sánchez Cordero les adelantó que actualmente México está buscando recursos para afrontar la atención de víctimas de violencia en la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea. “A mí me parece una especie reconocimiento velado de que el dinero es insuficiente y puede haber una disponibilidad presupuestaria (…) nosotras interpretamos que muchos de los recursos se han ido a la atención de la emergencia sanitaria y muchos otros se han ido a los programas insignias del presidente”, planteó Tania Reneaum, de AI México.
Las organizaciones explicaron que el Programa de Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva, de acuerdo al PEF, tiene más de 400 millones de pesos. Es un programa dirigido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pero no da atención directa a las mujeres en situación de violencia. También hay un programa de transversalizar de género que baja a municipios y entidades federativas que asciende a 388 millones de pesos, sin embargo, la duda central es saber si el dinero que fue aprobado en su momento para la violencia contra las mujeres está disponible.
“¿Hay disponibilidad en el contexto en el contexto incierto? ¿Hay disponibilidad de recursos en el contexto de esta crisis económicas que hoy enfrentamos a partir de la pandemia? Y de eso no tuvimos una respuesta clara”
Amnistía Internacional.
En contraste, las organizaciones aseguran que el impacto de la política de austeridad ya se refleja negativamente en los servicios para la atención de mujeres, pues las funcionarias les confirmaron que se suspendió el presupuesto para los pueblos indígenas, el cual incluye las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), entre las que ya hay trabajadoras contagiadas de COVID y algunas algunas casas tuvieron que cerrar.
Las organizaciones expresaron su preocupación por las expresiones utilizadas en la reunión como “Vivimos en una época incierta” y “tenemos que partir que hay una incertidumbre, tenemos que partir de que nuestro presupuesto es incierto, tenemos que partir de que hay una crisis económica y de salud, sino estamos conscientes de esta situación no vamos a poder avanzar”.
Sin resultados sobre dónde está el dinero para la atención de las mujeres víctimas de violencia, la Segob se comprometió con las organizaciones a sostener reuniones mensuales. Para el siguiente encuentro, las expertas aseguraron que pediran la participación de la SHCP.
Las organizaciones también señalaron que no descartan la posibilidad, incluso ya avanzaron con solicitar reuniones bilaterales, de acudir al Mecanismo de Belém do Pará y a otros organismo del sistema de justicia internacional para pedir que revise la política del Estado mexicano para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
20/AJSE/LGL
Limitado, sistema de medición de violencia contra mujeres
Ciudad de México. El sistema para medir la violencia contra las mujeres en México es limitado e insuficiente para reflejar la problemática real, está rezagado y no cumple los ordenamientos que establecen los instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres, de acuerdo con la organización México Evalúa.
Consultado al respecto de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para reportar la violencia contra las mujeres, el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, David Ramírez De Garay, dijo a Cimacnoticias que el gobierno mexicano, no sólo esta administración, tiene un rezago importante en los compromisos que tiene con los organismos internacionales que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, en específico la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Como se establece en la Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer que emitió la CEDAW en 2017, México tiene la obligación de contar con un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas.
El sistema debería incluir, de acuerdo con la CEDAW, información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en particular las indemnizaciones, concedidas a las víctimas y supervivientes y todos los datos deberían desglosarse según el tipo de violencia, la relación entre la víctima o superviviente y el autor y en relación con las formas interrelacionadas de discriminación contra la mujer y otras características sociodemográficas pertinentes, como por ejemplo la edad de la víctima o superviviente.
De Garay precisó que, contrario a este mandato, la nueva metodología que presentó el Secretariado en 2018, que entre lo novedoso incluía un reporte de violencia contra las mujeres, hace una clasificación limitada de la violencia contra éstas ya que no incluye todas las modalidades ni todos los ámbitos en los que ocurre la violencia, todos descritos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese entonces el gobierno federal justificó estas limitantes al decir que la idea es poder perfeccionar con el tiempo ese sistema y llevarlo hacia a lo que está obligado el gobierno mexicano. Este mismo argumento dio a Cimacnoticias el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en una entrevista pasada.
No obstante, de acuerdo con De Garay, el gobierno federal aún no tiene un plan concreto para avanzar al respecto y el rezago no se está atendiendo. “Cuando se le pregunta a los funcionarios sobre la hoja de ruta para mejorar esta metodología no se obtienen respuestas”, advirtió.
México Evalúa criticó que el gobierno federal llame incidencia delictiva a su registro, ya que no reporta delitos sino sólo carpetas de investigación que no se sabe si derivará en un proceso penal. Además, la forma en la que se desagregan los datos es muy limitada, por ejemplo, para el rango de edad sólo hay dos variables: mayor o menor de edad, lo que impide hace un análisis más amplio de los datos.
Lo mismo pasa con el caso de la categoría sexo, ya que la nueva metodología sólo reporta sexo a partir de 2015.
“Si quisiéramos ver cómo ha sido el problema de la violencia de género o al diferencia de hombres y mujeres por denuncias más allá de 2015 no podemos saberlo y el Secretariado no tiene un plan público al menos con el que se pueda ver que están trabajando para solucionarlo»
David Ramírez de Garay
De acuerdo con la organización México Evalúa, tampoco se puede saber dónde ocurren los delitos, ya que los datos que ofrece el Secretariado están desagregados hasta nivel municipal, pero para diseñar políticas públicas de calidad se requiere tener una diferenciación a nivel de calle porque dentro de los mismos municipios hay zonas donde la violencia es más focalizada que en otras.
A esto se suma que el criterio que utilizó el Secretariado Ejecutivo para las definiciones de las violencias contras las mujeres, explicó el experto en seguridad, es el «objeto jurídico» (el bien o el derecho protegido por la ley), no así los ámbitos y modalidades establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que limita el análisis de esta problemática.
Con respecto a si 90 por ciento de llamadas al 911 son falsas, como advirtió el Presidente de México en una conferencia del 15 de mayo, De Garay señaló que la declaración de López Obrador es errónea porque extrapoló el porcentaje del total de llamadas que se reciben a las llamadas que corresponden a violencia contra las mujeres. Es decir, lo que el Presidente debió hacer para dar una cifra real es tomar el total de llamadas por violencia de género y de ahí sacar el porcentaje, pero no lo hizo así sino que generalizó.
Con base en información que ha obtenido México Evalúa de las y los operadores del 911, ha podido documentar que, por ser una herramienta reciente, aún tiene muchos problemas en cuanto a la profesionalización de los operadores, además de que están en condiciones de trabajo desfavorables con turnos muy largos, no tienen los mejores salarios y no tienen la suficiente capacitación como para poder categorizar las llamadas como se debe.
El experto detalló que no es cierto que el sistema de información ya esté funcionando al cien y no haya espacio para errores de diversa índole, ya que aún enfrenta retos en materia desde financiera, hasta capacitación y laborales. Además, no existe los suficientes protocolos de control para verificar la calidad de la información que se están recibiendo en las llamadas, pero no se ha visto que esta administración haya presentado un plan ejecutivo para mejorar el 911 en estos cinco años.
“La metodología que actualmente se utiliza para medir la mal llamada incidencia es insuficiente para prácticamente todos los delitos, porque es sólo las denuncias y hay que tomar tanto cifra negra y todos los obstáculos que se enfrentan para presentar la denuncia. Estos datos no están reflejando lo que realmente está pasando en el fenómeno criminal o delictivo»
David Ramírez de Garay.
La cifra negra es importante. De acuerdo con una investigación reciente de México Evalúa, sólo entre julio y diciembre de 2019, 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados, con base en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que en su edición de diciembre de 2019 por primera vez estima el número de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.
Frente a ello, «esperar que este mecanismo muy limitado ofrezca el pulso real de la problemática de violencia de género es una ilusión, hay que buscar otros caminos. Si el gobierno tuviera la intención de captar la violencia estaría trabajar el sistema limitado que tiene y empezar a meterle expertos técnicos para tener otras fuentes de medición”, dijo De Garay.
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Ciudad de México. Tras reconocer que las llamadas al 911 por violencia familiar aumentaron durante el primer mes de contingencia, el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Luis García López Guerrero, aseguró que por ahora no puede determinarse si son llamadas falsas ya que esa información aún no se analiza, pero consideró que el incremento puede obedecer a que las personas confían más en ese servicio.
Cimacnoticias conversó con Luis García López Guerrero, titular de este Centro Nacional de Prevención —entre cuyas funciones está generar estudios y estadísticas sobre las causas estructurales del delito y evaluar la política criminal y de seguridad— para saber si como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de las llamadas que recibió el 911 por violencia familiar durante el confinamiento son falsas.
— Angélica Jocelyn Soto Espinosa (AJSE): ¿Es preciso decir, como declaró el Presidente de México el pasado 15 de Mayo, que 90 por ciento de las llamadas que recibe 911 en materia de violencia contra las mujeres son falsas?
– Luis García López Guerrero (LGLG): “Sí, claro. Está bien dicho. En el ejercicio completo de 2019 se recibieron cerca de 75 millones de llamadas, de las cuales 59 millones no fueron incidentes de emergencia, o sea, se trató de llamadas que fueron mudas, incompletas, que no fueron incidentes, que pudieron ser broma o que se estaba activando la aplicación. Estamos hablando de que de esas 75 millones, 59 millones no fueron de emergencia. Nos estamos centrando a 16 millones en número cerrados de llamadas, de las cuales 7.18 nada más tuvieron que ver con temas de violencia de género y violencia en contra de la familia. Entonces está bien dicho, es correcto”.
-AAJSE: ¿Me puede precisar si 90 por ciento de las 64 mil 858 llamadas por violencia familiar que se recibieron durante el mes de marzo de 2020 son falsas o reales?
-LGLG: “Habría que analizar. ¿Está hablando de este año? Las cifras que yo le acabo de dar son de 2019. El proceso de análisis tendríamos que esperarnos, yo le di las cifras de todo el ejercicio del año pasado. Habría que ir revisando si precisamente de ese total, de ese 100 por ciento mensual que usted está diciendo, cuántas de ellas corresponden a incidencias de emergencia. Siguiendo la misma lógica para el año pasado sí puede ser que por lo menos un 80 por ciento de ellas no sea un incidente de emergencia y que no corresponda más que a solicitudes de información, o que sean llamadas que no se completaron o que sean bromas”.
“Pero una sola (llamada de emergencia) que hayamos atendido en contra o para prevenir la violencia contra una mujer es suficiente para poder seguir perfeccionando y seguir trabajando con este sistema, porque lo que estamos buscando es tener una herramienta cercana a la gente y que de una manera inmediata pueda garantizar su integridad y seguridad, tanto de una mujer como de su familia. En este orden de ideas, en su momento analizaremos cuántas de ellas correspondieron a incidentes de emergencia que tiene que ver con este tema de emergencia u otro”.
El funcionario también aseguró que los operadores del 911 registran sexo, edad y cuáles son los hechos o el incidente de emergencia, con base en ello clasifican el tipo de violencia al que corresponde, y aclaró que son personas certificadas en Derechos Humanos y con perspectiva de género.
—AJSE: Con base en esa preparación, ¿por qué se estarían clasificando como violencia familiar llamadas de prueba o de broma? ¿Esto quiere decir que para las 64 mil llamadas que se recibieron y se clasificaron como violencia familiar en realidad sí se contó con suficiente información para catalogarla así?
-(LGLG): “Sí, podríamos decir que sí”
-AJSE: ¿A qué adjudica usted el aumento de las llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres durante el mes de marzo, primer mes de la contingencia sanitaria?
-(LGLG): “Lo que refleja el 911 es la realidad, pero yo creo que está reflejando algo más importante: la confianza de las personas en una herramienta del Estado mexicano que precisamente ante el momento de no poder acudir a una Agencia Ministerio Público o a un Centro de Atención de Justicia para Mujeres o una área especializada, acuden al 911”.
Lo que está reflejando es que hay ciertos problemas de violencia que es importante atender, primero para garantizar la integridad de las mujeres o de las familias o de los niños o de personas migrantes, pero también que nos da la idea de que ante una situación de anormalidad como ésta por el tema del COVID el Estado mexicano cuenta con una herramienta capaz de atender a las personas y dar una respuesta de inmediato. Un caso tenemos que atenderlo de inmediato, es lo que nos está contextualizando y visibilizando. Yo no le podría decir si está aumentando o no, nos está reflejando que la herramienta está funcionando y que necesitaremos perfeccionarla y encaminarla a una mayor perspectiva de DH y género”.
-AJSE¿ Por qué el 911 clasifica sólo un ámbito de la violencia contra las mujeres (el familiar), algunas modalidades (violencia sexual, acoso y hostigamiento) y una categoría (violencia de género) no descrita?
-LGLG: “El Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia (en el que se basan los operadores para registrar los incidentes) es un instrumento que año con año se va mejorando y la idea es que lo podamos ir trabajando y formulando, dirigiéndolo más cada vez a una perspectiva de género y de protección de DH. Aquí en el Secretariado, dentro del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito, empezaremos a trabajar estadísticas con base en esta información de estadísticas de género”.
“Esa es la idea, pero como se ha ido desarrollando en el tiempo son conceptos que se han ido apegando a la ley, son conceptos de acuerdo a la experiencia del tipo de llamadas y conductas que se han ido registrando, lo que es perfectible. La idea es irlo perfeccionando para tener con claridad a qué tipo de violencia nos estamos enfrentando. Tiene usted razón, en este periodo tiene unos conceptos que son revisables que los vamos a estar modificando para acercarnos cada vez más a una perspectiva de género”.
“La idea es también ir revisando cómo se van presentando en las diferentes fiscalías las carpetas y los protocolos de atención victimológico que hay, es todo un sistema integral de atención a víctimas que hoy la tiene, pero tenemos que ir perfeccionando. Es un trabajo que apenas estamos realizando”.
-AJSE: ¿Cuál es el número de atenciones que recibieron las mujeres llamaron al 911 durante marzo? Esto reflejaría mejor el posible aumento de la violencia.
-LGLG: “Ese dato no lo tengo porque todavía las mediciones se van haciendo, pero lo que sí le puedo decir porque me lo han manifestado así diversas instancias, inclusive víctimas, es que la respuesta es eficaz. La idea es que funcione, (…) Ya en los números, si usted me permite, quizá al principio del año que entra podré darle una perspectiva global. Ahorita como tal no tenga las cifras pero lo que sí le puedo decir es sobre la eficacia del sistema”.
“Cada llamada de las que son procedentes tienen un tipo de atención, que puede ser el de información hasta la colaboración institucional, entonces si me permite una pronta respuesta: cada llamada que da respuesta a un incidente de emergencia trae aparejada algún nivel de atención, que puede ser de orientación hasta la necesidad de una colaboración institucional: tenemos actuaciones de los Centros de Justicia para las Mujeres, Conavim. Le puedo decir que al 911 cada llamada de incidente de emergencia trae un tipo de atención”.
-AJSE: ¿Cómo funciona el número de emergencia 911 para la atención de las mujeres víctimas de violencia?
-LGLG: “Entra el incidente a través de una llamada o la aplicación a los diferentes centros de mando en el país, quienes tienen operadores especializados para la atención a víctimas, como estos que estamos platicando (violencia contra las mujeres). Los operadores, según sea el caso, proporcionan la atención y van canalizando los casos a diferentes instituciones, con base en un Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia que existe, en donde la violencia contra las mujeres está dentro de los cinco conceptos fundamentales: abuso sexual, acoso y hostigamiento, violación, violencia de género y violencia familiar”.
“En este orden de idea, cada operador lo cataloga y ya proporciona la atención de los primeros auxilios victimales en términos de la Ley de Víctimas y de la Constitución que corresponda, así como de los protocolos que tiene este sistema”.
“Pero también hay muchas llamadas o accesos que no corresponden a incidentes de emergencia. Estamos hablando por ejemplo de llamadas mudas, llamadas incompletas o incidentes que no son emergencias sino que nada más están pidiendo cierta información, en muchas ocasiones que llegan a hacer bromas, o llamadas de prueba como cuando usted descarga la aplicación y le aprieta para ver si funciona. Aquí en el Secretariado vamos haciendo la estadística descriptiva”.
“El operador está capacitado para poder detectar y poder proporcionar primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, y busca la manera de detectar con base en su preparación los factores de riesgo que pueda tener la persona para garantizar su integridad, que eso es muy importante. Él (operador) hace el cuestionamiento con base en sus manuales, que ya están diseñados y que, por cierto, estamos perfeccionando para hacerlo más apegado a una perspectiva de género y de Derechos Humanos que busque una protección total. Lo que hace el operador es: analiza, cataloga, clasifica, atiende, orienta o en su defecto en ese momento está canalizando para que las diversas instituciones de seguridad o de protección cerca del factor de riesgo puedan actuar, pero lo primordial es garantizar la integridad de las mujeres”.
-AJSE: ¿Cómo es la coordinación en las entidades federativas?
-LGLG: “La coordinación es total, lo que queremos es la mayor coordinación porque lo que está en juego es la integridad de una mujer. Le voy a poner un ejemplo, en el Centro Nacional de Prevención del Delito estamos impulsando diversas políticas de prevención en la materia. Pudimos concertar este año 144 millones de pesos, que es casi la mitad del presupuesto de prevención para 162 proyectos de prevención de la violencia de género en 162 municipios con diferentes acciones. Ahí lo que buscamos con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) acabamos de echar a andar una figura que es la Red de Mujeres constructoras de Paz, que lo que busca es prevenir este tipo de violencia. Desde el 911 lo que se busca es tener una mayor colaboración para tener respuesta de patrullas, ambulancia, del sector médico que sea inmediato porque los primeros auxilios victimales deben ser inmediatos”.
“Es un sistema muy importante porque implica capacitación de operadores, eficiencia tecnológica, respuesta inmediata, todo para la protección. Un sólo caso de violencia en contra de una mujer, además de ser indignante, exige del gobierno mexicano una atención inmediata. La idea es que los Centros de Mando Estatales y Municipales estamos trabajando con la idea de reportar lo más oportuno y mantener cifras actuales, pero a veces tenemos que enfrentarnos a complicaciones tecnológicas que quizás nos retrasen días pero la idea es que tengamos lo más apegado”.
«Desde el Centro de Prevención del Delito que me toca dirigir, y con mi vecino de piso, el Centro Nacional de Información, estamos trabajando en este aspecto, vamos revisando todas las herramientas transversales que existen para que haya una mayor colaboración institucional y que los operadores estén mejor preparados».
«En estos días se va a publicar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, es la política pública nacional. Del total de 18 estrategias están orientadas en diversas líneas de acciones para proteger a las mujeres y para prevenir la violencia de género y para trabajar de manera transversal con todas las instituciones del Estado mexicano en prevenir factores de riesgo, en promover el acceso a oportunidades de empleo y apoyo a personas que habitan en municipios y alcaldías con mayor rezago social, a prevenir factores de riesgo en la que pueden estar expuestas las niñas, los niños, las adolescentes, las personas indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, atender las causas y factores que favorecen la trata de personas para promover una vida digna”.
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«Cuenta hasta 10», la naturalización y justificación de la violencia contra las mujeres
Ciudad de México. Especialistas en derechos de las mujeres criticaron la nueva campaña del gobierno federal «Cuenta hasta 10», presentada este día por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la cual busca prevenir la violencia contra las mujeres durante la contingencia, ya que en su opinión, es lejana a la realidad de las mexicanas, es clasista, está descontextualizada, está repleta de estereotipos y naturaliza o justifica la violencia contra las mujeres.
Durante la conferencia de prensa a la que citó este 26 de mayo la Secretaría de Gobernación (Segob) para hablar sobre la violencia contra las mujeres, fue presentada la campaña que busca “visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”.
En las postales, videos y audios que integran la campaña se ve a familias convencionales al borde de un acto de violencia. El mensaje del gobierno federal es “cuenta hasta 10” y “saca la bandera blanca de la paz”.
La campaña es un fracaso
La campaña “es un fracaso de la política para prevenir la violencia contra las mujeres. No veo cuál es la estrategia, ni la perspectiva de género ni dónde está el contexto de la realidad de las mujeres”, expresó en entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por más de 40 organizaciones que acompañan a víctimas.
Luz Estrada explicó que cuando se habla de violencia familiar se tiene que explicar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, así como la diversidad de violencias y contextos a los que pueden enfrentarse las mujeres. Por ejemplo, no es la misma realidad la de una mujer indígena que la de una mujer en un contexto urbano, expresó.
“Si ellos revisaran (el gobierno federal) los peritajes de víctimas de violencia familia se darían cuenta que las mujeres viven círculos de violencia donde las razones muchas veces por las que se mantienen unidas al agresor es la dependencia económica, el miedo a la pareja, a salvaguardar el nombre de las familias como dice Andrés Manuel López Obrador. Decir ‘calma y saca tu bandera de la paz’ me pareció hasta grosero, sin perspectiva”,
María de la Luz Estrada
De acuerdo con la coordinadora del OCNF esta campaña es reflejo que las autoridades no están entendiendo la cultura machista discriminatoria. “Imagínate que sólo sea que contaras 10 y ya acabara la violencia. Muchas mujeres están totalmente sometidas, tienen miedo al agresor. Todos los miembros de la familia pueden tener miedo”, detalló y agregó que las organizaciones de la sociedad civil basan sus campañas incluso en estudios más formales de comunicación.
Esta campaña, dijo Estrada, recordó otras estrategias fallidas para atender la violencia contra las mujeres en México, entre ellas la del silbato rosa para evitar la violencia sexual, de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, para la que se gastaron muchos millones de pesos y no tuvo resultados; y la campaña “Cuenta hasta 10”, que publicó Televisa hace 10 años para prevenir la violencia familiar.
Por su parte, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios A.C, (RNR) Wendy Figueroa Morales, dijo que en la campaña hay varias cosas que preocupan, por ejemplo que ponen la atención en el terreno individual como si fuera un asunto de voluntades.
“Pienso en las mujeres que podrían estar dentro de esta casa. Pedirles que cuenten hasta 10 y esperar me parece que es una campaña que no va acorde a lo que estamos viviendo en el país. Son acciones preventivas pero que no están acercadas a una realidad”, reflexionó.
La también experta en protección para mujeres víctimas de violencia dijo que, desde su perspectiva, parece que “esta campaña está realizada desde el escritorio y no desde las realidades. Muchas de ellas (las mujeres víctimas de violencia) lo que han hecho ahorita porque les da miedo contagiarse de COVID es guardar silencio para que la violencia no llegue, pero están esperando el momento de salir y buscar opciones”.
Figueroa criticó, como ejemplo, la frase de una de las postales que integra esta campaña: “Para que la violencia no te gane respira y cuenta hasta 10”. La experta expresó que se requiere identificar que la violencia es un delito y que costó muchísimo tipificarla como tal. “El que la violencia `te gane´ parece ser que es una cuestión que se activa y se desactiva, pero en realidad es un acto brutal. El mensaje vuelve a naturalizar y justificar la violencia contra las mujeres por el hecho del confinamiento. Tenemos que tener claro que la violencia contra las mujeres es antes de la pandemia”, expresó.
Y agregó que las organizaciones civiles, feministas, los propios organismos internacionales, han solicitado con datos y testimonios propuestas de políticas públicas, pero la solución pareciera estar de acuerdo a esta campaña en contar hasta 10, ausente el enfoque de género, Derechos Humanos e interculturalidad así como acciones puntuales y transversales que garanticen el derecho de las mujeres y niñez a una vida libre de violencias.
La coordinadora de la RNR también criticó que en el mensaje se pide llamar al 911 cuando muchas mujeres refieren que llaman a ese número pero no reciben el servicio de atención que se requiere. “El mensaje no es claro, tampoco asume la responsabilidad de las autoridades del gobierno mexicano para atender, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres” y, agregó, usar la bandera blanca en la campaña es reforzar el mensaje de gobierno sobre la construcción de paz, pero la pregunta es: “¿qué está haciendo el gobierno para garantizar esa paz?”
Por su parte, la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, Maïssa Hubert, dijo que la campaña no tiene enfoque de género, son hombres jóvenes y niños violentados y una sola mujer en posición de generadora de violencia. “No nos refleja como víctimas de violencia familiar”; en segundo lugar, la bandera blanca es pedir a la ciudadanía una tregua y una pausa con la violencia, pero esto no cuestiona los factores que provocan la violencia familiar; y el último problema es que la ciudadanía piense bien antes de recurrir a los servicios del Estado para denunciar la violencia.
La doctora en derecho y directora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, se dijo preocupada por estas campañas porque demuestran que la problemática de las mujeres no se entiende. Coincidió en que es una campaña con un contenido clasista porque sólo plantea un modelo de familia en un estrato social y deja en las mujeres la responsabilidad de prevenir la violencia contra ellas, ya que no plantea ninguna acción de gobierno.
Para Olamendi esta campaña es un retroceso en el avance sobre los derechos de las mujeres, ya que desde los años 70 ya se identifica la violencia contra las mujeres en México; ya se hicieron leyes, presupuesto, programas y un conjunto de acciones específicas, pero nada de eso se vio reflejado en el material audiovisual presentado hoy.
La experta precisó que este retroceso se ha mostrado desde el inicio de la administración de López Obrador, ya que ha prohibido cualquier acción conjunta de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, ha hecho señalamientos contrarios a los derechos de las mujeres y el movimiento feminista, y varios de los esfuerzos en este tema han concluido.
“Lo peor es que lo están pagando muchas mujeres. Es una campaña que hubiera tenido sentido en los 60, ya que no se hablaba de la violencia contra la mujer, pero no ahora”, y agregó que lo que se esperaba del gobierno federal era una política pública muy concreta, relacionada con el presupuesto para que todos los programas para atender la violencia contra las mujeres se ejecuten durante la pandemia, ampliar juzgados especializados para la violencia, formar policía experta, formar más casas de transición, medidas más radicales para la detención inmediata de los agresores, y más apoyo a organizaciones sociales, pero esto no sucedió.
Al ser cuestionado sobre el fundamento para generar esta campaña, Jesús Cuevas expresó que lo revisó con mujeres y organizaciones. Ninguna de las expertas consultadas para esta nota fue invitada a participar en la evaluación de esta campaña, por el contrario, coinciden todas en que el gobierno federal actual las ha excluido de la planeación de las políticas públicas. Cimacnoticias consultó a Presidencia pero no hubo respuesta.
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