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Pandemia no detuvo migración, las mujeres permanecen varadas con sus hijos

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 no detuvo la migración hacia Estados Unidos, y aunque la contingencia sanitaria sí disminuyó el flujo de personas, también provocó que muchas mujeres quedaran varadas en México con sus hijas e hijos.  

De acuerdo con la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner y de la directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia, estas mujeres ni si quiera tienen derecho a la salud ni a la seguridad alimentaria.

Ese fue en balance de las especialistas durante su participación en el programa “Análisis Feminista”, que se transmite los miércoles por Violeta Radio, 106.1 de FM, donde las especialistas llamaron a las autoridades mexicanas a proteger y no deportar a las personas migrantes durante su estadía en el país.

Muchas de estas mujeres y niñas migrantes no tienen acceso a alimentos porque durante la pandemia se quedaron sin trabajo y sin recursos económicos. Incluso, dijeron las defensoras, en la frontera sur se han documentado casos de personas que llegan a las estaciones migratorias para ser detenidas con la única finalidad de tener comida.

Gretchen Kuhner aseguró que la situación de las mujeres migrantes depende de la zona del país en la que se encuentran. Ahora, explicó, hay más de 60 mil personas que esperan respuesta a sus solicitudes de asilo; alrededor de 20 mil en el estado de Chiapas, y 20 mil personas en la frontera norte.

Muchas mujeres que están en la frontera con Estados Unidos, dijo, están acogidas en el programa “Quédate en México”, que empezó a funcionar en enero de 2019, y algunas otras están esperando la respuesta a sus solicitudes de asilo.

Sin embargo, Gretchen Kuhner aseguró que el programa no permite que las personas tengan acceso a abogadas. Otra situación, dijo, es con las que viven en lugares como el municipio de Matamoros, en Tamaulipas, donde muchas viven en campamentos.

Con el pretexto de la pandemia de COVID-19, agregó, el 20 de marzo Estados Unidos empezó a expulsar personas que cruzan la frontera y a cerrar las puertas a las solicitantes de asilo. En respuesta, el 21 de marzo, México acordó recibir a personas de países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, y aunque las estadísticas no son buenas se sabe que son más hombres.

Al principio de la cuarentena, en marzo, hubo motines en estaciones migratorias, por ejemplo, en Tenosique, en el estado de Tabasco, murió un hombre, padre de familia; desde entonces el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a vaciar las estaciones migratorias, deportando a la gente o simplemente dejándola en libertad.

La directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia, dijo que ahora la migración es a menor escala, una disminución que se debe al cierre de las fronteras y al miedo de la población de contraer COVID-19, “quieren estar en su lugar de origen en caso de enfermarse”, dijo.

Sobre lo que sucede en las estaciones migratorias, las expertas aseguraron que no se sabe cuál es la situación. De acuerdo con Imumi, entre el 21 de marzo y 26 de abril se sabía de tres mil 600 personas en las 66 estaciones que hay en todo el país, pero éstas se   fueron desalojando después de los motines.

Hay personas que al dejar las estaciones migratorias donde estaban detenidas, fueron a albergues; otras fueron llevadas por agentes de migración, de la frontera norte a la sur, donde fueron abandonadas en las carreteras.

Diana Damián Palencia explicó que no hay personas detenidas en el corredor migratorio del centro de la frontera sur; pero la información sobre el COVID-19 ha invisibilizado lo que sucede con las mujeres, por ejemplo, que muchos de los albergues cerraron. En diciembre el albergue de Foca cerró debido a la falta de solvencia económica.

Otro tema que se ha dejado de lado, agregó, es que 5 por ciento de las mujeres migrantes están embarazadas y requieren atención a su salud, pero no pueden acudir a las instituciones por falta de documentos de identidad.

Gretchen Kuhner agregó que en el Imumi, apoyan a alrededor de 200 mujeres migrantes que están en diferentes procesos: son solicitantes de asilo, de reunificación familiar o de renovación de documentos. Ellas viven en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México, en situaciones precarias y trabajan en el sector informal.

Estas mujeres, mencionó, sobrellevaron el primer mes de confinamiento, pero al segundo mes se quedaron sin trabajo y sin poder pagar la renta o el gas, por eso Imumi se dio a la tarea de recaudar fondos para apoyarlas, a ellas y a los albergues, con despensas y tarjetas de despensas para comprar comida.

Kuhner dijo que se puede seguir con los trámites legales de estadía legal en México y presentando solicitudes ante las instituciones, pero aclaró que si en estos momentos no se apoya la sobrevivencia de la población migrante, de nada sirve el procedimiento legal.

Mientras las mujeres migrantes viven esta situación, en México la política migratoria está igual: se recibe a las personas mexicanas provenientes de Estados Unidos y se detiene y deporta a las personas centroamericanas. Es por esta razón que este lunes Imumi presentó una lista de peticiones al secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, a fin de que el Insabi de un mensaje a la población migrante, que pueden acercarse a los servicios públicos de salud en esta pandemia.

Para las organizaciones es importante que las más de 13 mil personas deportadas en México sepan que cualquiera, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a acceder a servicios de salud, por si tiene COVID-19 o requieren de otros servicios como atención durante el embarazo o acceso a un aborto legal.

Otras peticiones de las organizaciones civiles son que las instituciones mexicanas dejen de deportar, pues los países centroamericanos no tienen capacidad de recibir a esta población y las recomendaciones internacionales son que los Estados cuiden a las personas dentro del país, las protejan y no las deporten.

Asimismo, piden que en esta contingencia se promueva la regularización migratoria para que las personas que se quedaron atoradas en el país o que fueron liberadas de estaciones migratorias, tengan un documento o tarjeta para tener seguridad y derechos en esta situación, por lo menos durante 6 meses.

El programa completo, que conduce la periodista feminista y directora de Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), se puede escuchar por Violeta Radio o por https://soundcloud.com/cimac-radio.

20/AGM/LGL

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