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Legisladores se niegan a legislar violencia política de género en CDMX

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México. En las bancadas del Congreso de la Ciudad de México todavía hay legisladoras y legisladores que no están de acuerdo con la tipificación de la violencia política de género, por esa razón pusieron obstáculos para evitar que las reformas en la materia se debatieran y aprobaran antes del 31 de mayo.

La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, quien ha sido señalada como responsable de que los cambios legislativos no salieran avante, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la reforma no salió porque hubo quienes quienes consideraron que no se debían reformar las leyes electorales.

Aunque en la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso capitalino, el 31 de mayo, las y los diputados se manifestaron a favor de erradicar la violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos o que participan en los procesos electorales, en los hechos el Congreso no legisló.

Un día antes de estos posicionamientos, el sábado 30 de mayo la diputada Soto Maldonado convocó a una sesión presencial extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político-Electorales, que se realizaría en el edificio de Donceles; sin embargo a la reunión sólo acudieron 7 de 18 integrantes, por lo que el encuentro se tuvo que cancelar.

La actual diputada por Morena y quien antes de ser legisladora fue directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cargo desde el que impulsó las reformas en materia de paridad política, señaló que, al parecer, en el Legislativo hay dobles discursos sobre la violencia política contra las mujeres.  

Al ser cuestionada de por qué la sesión no se realizó de manera virtual, la diputada explicó que debido a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los trabajos parlamentarios durante la pandemia de COVID-19, las Comisiones sí podían realizar reuniones virtuales, pero en caso de votar dictámenes los encuentros tenían que ser presenciales.

Este candado obligó a la legisladora a convocar a una reunión de trabajo presencial a la que no acudieron la mayoría de las y los diputados. De quienes no fueron sólo América Alejandra Rangel Lorenzana, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y Miguel Ángel Macedo Escartín, informaron que no asistirían por razones de salud.

Sin embargo, la legisladora aclaró que si el resto de los legisladores hubieran atendido el llamado, se habría logrado quórum para sacar la reforma para atender la violencia contra las mujeres en los comicios de 2021, justo en el plazo de 90 días antes del inicio del proceso electoral, como lo marca la Constitución federal.

Para la diputada, en el Congreso hay dobles discursos. Esta afirmación se sostiene, aseguró, porque el 11 de mayo ella acudió a la Jucopo, respaldada por la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila Ventura, para pedir un acuerdo político que permitiera a las Comisiones sesionar de forma virtual. La respuesta del organismo fue negativa.

La única manera de que las Comisiones aprobaran la reforma para armonizar las leyes locales con las modificaciones a las leyes federales, publicadas el pasado 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para reconocer y sancionar esta violencia por razones de género, era una sesión presencial.

Los diputados del PAN, Mauricio Tabe, coordinador de la bancada blanquiazul y Jorge Gabiño, vicecoordinador de ese grupo parlamentario, que no apoyó la reforma, han señalado públicamente que la responsabilidad fue de la Comisión de Igualdad de Género por querer aprobar este tema unos días antes de que acabara el periodo de sesiones.

Además de este argumento, la diputada Paula Soto recordó que Jorge Gabiño, también ha insistido en que el PAN no se sumará a la agenda de Morena por tratarse de una reforma electoral, cuando para la legisladora y para las defensoras de la participación política de las mexicanas, este cambio es una modificación legislativa para garantizar los derechos de las mujeres, a una vida libre de violencia, en el ámbito político.

La sesión de Comisiones, del sábado 30 de mayo, y del pleno, del domingo 31, dejaron en claro que en el Congreso hay un “discurso tramposo” porque a decir de Paula Soto, hay legisladores que no quieren sacar este tema y para justificarse prefieren no asistir para no votar en negativo y así no mandar el mensaje de que no están a favor de los derechos de las mujeres.

Las razones de este “discurso maniqueo”, consideró la diputada allegada al movimiento feminista, es que en el fondo hay historias no contadas. La modificación legislativa, advirtió, ponía en riesgo los acuerdos de muchos grupos políticos, incluso de Morena, por eso todos complicaron la reforma. “No fue que ellos pusieran todo de su parte”, dijo. 

Al no lograr una reforma, la diputada morenista junto con su compañera de bancada, Valentina Batres, propuso presentar un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) retrasar el inicio del proceso electoral para que el Congreso capitalino tuviera tiempo de sacar la reforma.

Sin embargo, el 1 de junio, en una reunión con legisladoras federales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, consideró que la mejor salida era emitir lineamientos que deberán cumplir todos los partidos políticos para garantizar elecciones libres de violencia política de género en los comicios de 2021.

Antes de este anuncio, Paula Soto afirmó que insistirá en aprobar una reforma. Señaló que buscará una comunicación escrita con el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, Jorge Triana, quien no asistió a la reunión de comisiones al considerar que la convocatoria, según informó en un comunicado, fue “unilateral” y sin su consentimiento.

La idea, dijo la legisladora, es que ambos presidentes de Comisiones puedan convocar a una nueva sesión. El encuentro se realizará si todos están de acuerdo en hacer frente a la violencia política contra las mujeres, como lo han manifestado públicamente.


20/AGM/LGL

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