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Víctimas de violencia, no denuncian por temor a que no les crean

Ciudad de México. Araceli (nombre ficticio por motivos de seguridad) llegó a su casa y la encontró sola. Su esposo, quien la controlaba y violentaba desde hace una década, no estaba ahí. Era su oportunidad de escapar, en plena pandemia, del lugar en el que corría más peligro: su propia casa. Ella era víctima de violencia familiar, pero no pidió ayuda de la policía ni llamó al 911 por miedo a que no le creyeran.

La familia de Araceli era muy distinta a la que describió el Presidente de México el pasado 6 de mayo, cuando dijo que en México las familias mexicanas son fraternas, lo que –según él– evita la violencia al interior de los hogares. Araceli –quien relató su historia en entrevista con Cimacnoticias– vivía con un hombre que le impedía salir, controlaba sus comunicaciones y la agredía físicamente al grado de provocarle lesiones graves, como rotura de huesos, cicatrices e incluso le hizo amenazas de muerte o mutilación, con arma en mano. 

“Era realmente una cárcel la casa donde vivía con este hombre, porque era la puerta, la reja de la entrada, todas las puertas tenían candado. Si yo no le contestaba el teléfono era causa de una golpiza”

Araceli, víctima de violencia familiar durante la pandemia.

Ella intentó pedir ayuda a las autoridades varias veces, pero estas no hicieron más que revictimizarla. Los ministeriales le decían con groserías “está viniendo según a demandar y al rato ya la van a tener ahí, ella bien agusto haciéndonos perder tiempo”. En el pasado, Araceli fue a presentar una denuncia y luego a pedir que la retiraran porque su agresor la obligó violentamente a regresar con él y, cuando supo que tenía una denuncia por violencia familiar en su contra, agredió a Araceli con más saña. La llevó al MP y la espero afuera hasta que ella pudiera retirar su denuncia. Aún con golpes visibles, nadie quiso ayudarla. Otro día Araceli salió de su casa ensangrentada a pedir ayuda a un grupo de policías municipales que estaban en la esquina. Éstos le dijeron: “no podemos hacer nada, aquí no venga. Vaya al Ministerio Público y ahí a ver qué hacen”. No fueron ni para trasladarla. 

Mientras la violencia escalaba, el agresor impidió a Araceli volver a ver amistades y familiares, su red de apoyo; aunque seguían juntos, también la obligó a concederle legalmente la guarda y custodia de sus hijas, pues gozaba del respaldo de parientes abogados e influencias. 

El confinamiento por COVID-19 agravó la situación

Un día de marzo de 2020, primer mes de confinamiento, el esposo de Araceli le partió la boca de un golpe y la amenazó. Al día siguiente ella logró escapar: fue a trabajar desde temprano con su cuñada, pero él la llamó enfurecido para que regresara a su casa para que estuviera con él. Al regresar, ella notó que él no estaba. Lo llamó y no respondió. Ella se quedó unos minutos paralizada. Tomó una maleta con documentos personales que tenía preparada para una oportunidad como ésta y, con las piernas hechas hilos, salió corriendo a la escuela de sus hijas. Las recogió en la escuela, tomó varios camiones con miedo de que la siguiera y se fue a sentar a un parque.

“¿Ahora qué pasó, mamá?”, le preguntó la mayor de sus hijas, de 10 años. Araceli le explicó que ya no aguantaba los maltratos y que se irían. “¿Y dónde vamos a ir, mamá?”, le dijo la niña. Araceli no tenía respuesta, pensó que no habría lugar para ella y sus hijas. Su familia ya no podía ayudarla. En ocasiones anteriores, su agresor fue a buscarla y amenazó a todos. Su miedo de ser encontrada era tan grande que pensó incluso en refugiarse fuera de su estado o el país.

Llamar al 911 o acudir a una autoridad ya no fue opción para Araceli. “No tuve yo confianza de que me creyeran”. En ese mismo mes, en una conferencia de prensa, el Presidente de México dijo –sin fundamento aún conocido– que 90 por ciento de las llamadas que se recibieron al 911 por violencia familiar eran falsas.

Araceli decidió pedirle ayuda a una amiga, quien la recibió y le recomendó ir a un Centro de Atención Externa, un espacio perteneciente a la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) que recibe a mujeres víctimas de violencia antes de ingresarlas temporalmente en los refugios. 

Así lo hizo. Tras analizar su caso, ella y sus hijas fueron recibidas en uno de los 42 refugios que dirige la Red y que están en todo el país. El dinero para que estos refugios pudieran operar durante la pandemia se obtuvo gracias a la presión social de las organizaciones de la sociedad civil, quienes hicieron comunicados, conferencias de prensa y protestas virtuales para exigirlos.

Al 26 de mayo, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) había revisado 65 proyectos de Refugio y 38 proyectos de CAE, pero sólo se otorgó la primera ministración a 21 proyectos de Refugio y 21 proyectos de atención externa, esto es menos del 50 por ciento. Todavía hay 28 proyectos de refugio y 7 de CAE en proceso de recibir la primera ministración, y hay pendiente de evaluar 17 proyectos de Refugio y 11 de Atención Externo. 

En el refugio, Araceli ha tenido tiempo para pensar su situación, ha recibido apoyo psicológico y empieza a delinear un plan de vida. Identificó que lo que le estaba haciendo falta para terminar con esa relación era atención psicológica para entender por lo que ella estaba pasando.

“Te das cuenta que tu persona se empieza a descuidar, no importa si la falda combina o no. Nada te importa (cuando vives violencia). Era levantarme, llevar a mis hijas a la escuela, regresar, hacer la comida y ver qué más tenía que hacer para que este hombre no se enojara”, relató Araceli. 

Durante abril de 2020, segundo mes de la pandemia, se iniciaron 15 mil 986 carpetas de investigación por delitos contra la familia, que incluye violencia de género en este ámbito; de enero a abril de 2020, el 911 recibió 403 mil llamadas, todas procedentes, por violencia contra las mujeres.   

La RNR informó que la demanda de Refugio en abril aumentó 77 por ciento con respecto a otros meses y que, como Araceli, 19 por ciento de las mujeres que han sido atendidas durante la pandemia refirieron que inicialmente buscaron ayuda a una dependencia de gobierno pero no hubo respuesta. 

En contraste, el gobierno federal señaló que en el primer cuatrimestre de 2019 y 2020 hubo una disminución en el número de mujeres atendidas de 2.6 por ciento por dependencias gubernamentales, ya que en 2019 los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a 61 mil 787 niñas y mujeres, y en 2020 hubo 60 mil 140 atenciones. 

“Realmente lo que se requiere por parte del gobierno es que se apoye este tipo de lugares (refugios) y llevarle a la mujer el mensaje de que hay alguien que la apoya, que hay instituciones que realmente la pueden apoyar, que ella puede ir y que la van a entender y nos van a tomar en cuenta. Que sí nos van a creer, es lo que necesitamos saber”, expresó Araceli, quien quiere dar seguimiento a sus denuncias anteriores pero no ha habido avances por la pandemia. 

20/AJSE/LGL

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