Ciudad de México. Las diputadas del Congreso de Morelos tuvieron que negociar entre ellas y pedir el respaldo de legisladoras federales y defensoras de los derechos políticos de las mujeres para convencer a sus partidos políticos de aprobar una reforma para reconocer y sancionar la violencia política de género en el estado.
La discusión se complicó y alargó durante casi un mes aun cuando los Congresos locales estaban obligados a nombrar esta nueva violencia en la ley, como lo estableció el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, por medio del cual se define la violencia contra las mujeres que participan en procesos electorales y en cargos públicos.
Finalmente, las legisladoras tuvieron que echar mano de las alianzas con otras mujeres para lograr que el 8 de junio se publicara el Decreto número 690, en Periódico oficial “Tierra y Libertad”, en el que se reformaron diversas modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también del estado.
Las 14 diputadas y seis diputados expusieron estar a favor de garantizar los derechos políticos de las mujeres, pero este proceso parlamentario estuvo rodeado de percances: la reforma no se aprobó en el plazo establecido; se convocó a una reunión para votar el dictamen a la que no asistieron las y los legisladores, en otra reunión se decretó un receso indefinido y seis diputados ya no regresaron.
Además, las bancadas parlamentarias decidieron mezclar las modificaciones en materia de violencia política con reformas constitucionales en materia electoral, lo que generó que el proyecto tuviera que pasar por el aval de los ayuntamientos del estado, como requisito para ser enviado al gobernador para su publicación.
Resistencias para saldar la deuda
Con el afán de apresurar el trabajo parlamentario, detenido debido a las medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19, el 4 de mayo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con representantes de los Congresos locales para conminarlos a armonizar sus legislaciones locales con las normas federales.
Tras el encuentro virtual, la presidenta de la Junta Política del Congreso de Morelos, la morenista Alejandra Flores Espinoza, se comprometió a avanzar en la materia y el día 19 del mismo mes afirmó, públicamente, que antes del 31 de mayo se concretaría una reforma para erradicar la violencia política de género y garantizar su aplicación en el próximo proceso electoral.
La fecha límite para legislar era porque, por disposición constitucional, las reformas en materia político-electoral deben entrar en vigor 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso, la organización de las elecciones del 6 de junio de 2021 comienza en septiembre.
Con el tiempo encima, el Congreso, integrado por 14 diputadas y seis diputados, junto con diversos grupos, empezaron a trabajar. Por ejemplo, se organizó una mesa de armonización legislativa, integrada por varias autoridades, entre ellas el Instituto de las Mujeres y el Tribunal Electoral de la entidad, quienes presentaron una propuesta sobre paridad y prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres.
Aunque la reforma federal, que ha servido de guía para los Congresos estatales, es muy clara en reformar leyes electorales y sobre derechos de las mujeres, en Morelos se propuso incluir modificaciones constitucionales que les interesaban a los partidos políticos, como permitir que los partidos de reciente creación, como el Partido Encuentro Social que llevó a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura, pudieran obtener diputaciones plurinominales y agregar la figura de diputación indígena, entre otras.
El reloj avanza y seis diputados “desaparecen”
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ramírez, afirmó que sacar esta reforma costó mucho trabajo a pesar de que la Legislatura está conformada por 70 por ciento de mujeres; incluso, aseguró que el proceso “no fue como debió haber sido”.
Las y los diputados comenzaron el proceso de armonización legislando en materia de la paridad, un pendiente que tenía desde febrero, cuando la aprobaron, pero faltaba que la reforma fuera avalada por los ayuntamientos y se declarara constitucional. El viernes 29 de mayo, hubo una sesión en la que con el voto de 25 municipios, el Congreso declaró la validez de las reformas que establecen la paridad constitucional en los tres poderes de gobierno.
Entonces el Legislativo debía continuar con la sesión para aprobar los cambios en materia de violencia política, pero se decretó un receso indefinido y seis diputados se fueron y no regresaron. Las redes de defensoras de la participación política de las mujeres, denunciaron la ausencia de los legisladores hombres. Más tarde algunas políticas señalaron que también se retiraron las diputadas Rosalinda Mazari Espín del PRI y de Dalila Morales Sandoval del PAN.
Al siguiente día, el 30 de mayo, la diputada Maricela Jiménez Armendáriz, del Partido Encuentro Social (PES), partido que luego abandonó, informó en sus redes sociales que el receso fue para que la Comisión de Puntos Constitucionales analizara la reforma antes de aprobarla en el pleno y así no violentar el proceso parlamentario, pero denunció que el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PES, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aprovechó el receso para retirarse con su grupo de aliados.
Ese mismo 30 de mayo, un grupo de diputadas pidió al presidente de la Mesa Directiva que convocara a reanudar la sesión del pleno para armonizar el dictamen. Las legisladoras que hicieron el llamado fueron Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Maricela Jiménez Armendáriz, Keila Celene Figueroa Evaristo, Blanca Nieves Sánchez Arano y Alejandra Flores Espinoza.
El 31 de mayo el Instituto de las Mujeres local, encabezado por Flor Dessiré Hernández, que participó en la elaboración de propuesta de reforma, informó que ya se había realizado la dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que llamó a la Legislatura a reunirse y aprobar el dictamen.
Ya con tres días con una reforma atorada, la diputada Naida Diaz, quien llegó a la curul por el Partido Social Demócrata, que luego dejó, reveló que el proceso estaba entrampado debido a la presión del Ejecutivo sobre los presidentes de las Comisiones, condicionando su voto a cambio de aprobar el incremento de las diputaciones para su partido, para el próximo periodo electoral.
Tratan de aumentar número de diputados
Finalmente el 2 de junio hubo una reunión de Comisiones, pero siete diputadas denunciaron que ese día se convocó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, de Participación Ciudadana y Reforma Política y de Igualdad de Género, para analizar las reformas, pero no se alcanzó el quórum, por lo que la reunión se canceló.
Las denunciantes de esta falta de compromiso fueron Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca, Dalila Morales Sandoval, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Maricela Jiménez Armendáriz, Keila Celene Figueroa Evaristo y Blanca Nieves Sánchez Arano.
Una de las diputadas que no asistió fue Ana Cristina Guevara Ramírez, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana. En entrevista aseguró que ella estaba esperando en su oficina que se sumaran los legisladores para integrarse al encuentro.
El tema de controversia eran los cambios constitucionales para, entre otras modificaciones, aumentar el número de diputados.
Más tarde, el día 2 las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Igualdad de Género, que presiden Héctor Javier García Chávez y Keila Celene Figueroa Evaristo, respectivamente, dictaminaron a favor de reconocer la violencia física, sexual y emocional, hacia las mujeres que participan en la vida política. A media noche del 2 de junio y la madrugada del día 3, el dictamen pasó al pleno y se aprobó la reforma.
Aunque ya se tenía el tema en la ley faltaba la publicación. Una semana después, el 8 de junio 19 alcaldes y sus respectivos Cabildos, rechazaron la reforma al denunciar que no era una reforma sobre derechos de las mujeres, sino cambios constitucionales en materia electoral para beneficiar exclusivamente al partido que encabeza el gobierno estatal.
Ante la mirada de expertas que vigilaban el proceso como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el Congreso decidió enviar la reforma al Gobierno estatal para su publicación, de acuerdo con la diputada Guevara Ramírez, aclarando que sólo entrarían en vigencia los artículos sobre violencia política de género.
La diputada Ana Cristina Guevara Ramírez consideró que finalmente el resultado fue bueno porque ya se tiene la reforma y aunque consideró que es posible que se presente algún recurso que impugne los cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo indica que en los comicios de 2021 las mujeres tendrán oportunidad de participar libres de violencia.
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