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Exigen respetar debido proceso en caso de defensora Susana Prieto

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México. Dieciséis días después de la detención y privación de la libertad de la defensora de los derechos laborales , Susana Prieto Terrazas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “exhortaron” a las autoridades ministeriales de Tamaulipas a que garanticen su debido proceso y reconocieron que debe seguir su defensa en libertad.

Este 24 de julio, 16 días después de la detención de Prieto Terrazas, la CNDH y la STPS emitieron respectivamente un comunicado en el que exhortaron a las autoridades ministeriales de Tamaulipas a respetar los Derechos Humanos (DH) de la defensora y garantizar su derecho a un debido proceso. 

Susana Prieto fue retenida el pasado 8 de junio en relación con una manifestación de personas obreras el 10 de marzo en las inmediaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, Tamaulipas, en favor de sus derechos laborales. El 10 de junio fue vinculada a proceso acusada de “delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”.

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Al respecto, la CNDH reconoció a Prieto Terrazas como defensora de los DH y exhortó “enérgicamente” a las autoridades para que le concedan las garantías mínimas del debido proceso especialmente en su condición de defensora , “pues sólo así es posible evitar que las denuncias penales que ellas y ellos encaren, constituyan un instrumento para obstaculizar el trabajo que realizan”. 

La Comisión Nacional aseguró que observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las acciones que realicen las autoridades en este caso, con el objeto de garantizar un “irrestricto” respeto y protección de sus derechos fundamentales.

Por su parte, la STPS señaló en su comunicado que hacía un “atento exhorto” a la Fiscalía y al Poder Judicial del estado de Tamaulipas para que se cumpla con el debido proceso en el juicio que motivó la detención de la abogada.

Ello implica, dijo, que se garantice su derecho constitucional a la debida defensa y se actúe con “absoluta imparcialidad, evitando que la procuración y administración de justicia sea motivo o justificación para penalizar el activismo social o los movimientos por la defensa de los derechos de los trabajadores”.

La Secretaría reconoció que la abogada laboralista debe seguir con su defensa en libertad porque la ley no establece prisión preventiva oficiosa para los delitos que se le imputan. 

“Consideramos que dentro del marco del nuevo sistema de justicia laboral con el que México está comprometido, las autoridades de todos los órdenes de Gobierno tenemos el deber de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales, entre ellos el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica”, señaló la dependencia.

20/AJSE/LGL

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