Más allá de las contradicciones inherentes a las instancias que la constituyen y de los cambios urgentes en una institución fundada hace 75 años, la Organización de Naciones Unidas aparece en estos días como vocera de la razón en medio de un océano de barullo discordante. Antonio Guterres, su secretario general, ha llamado a un cese al fuego ante la pandemia, e insistido en la obligación de los Estados de garantizar los derechos de las personas más expuestas a la violencia y a la precariedad, entre ellas, migrantes, refugiadas y desplazadas.
El 3 de junio, por ejemplo, llamó la atención hacia las “personas en movimiento” en un mensaje que advierte que, además de la crisis sanitaria, esta población enfrenta una crisis socioeconómica y una crisis de protección tras el cierre de fronteras y las políticas excluyentes que muchos países han impuesto.
Contra los discursos nacionalistas y xenófobos que agravan los efectos de la crisis global por el COVID-19, Guterres llamó a reconocer la interdependencia entre personas y naciones, y a actuar en consecuencia, dado que: “nadie estará a salvo hasta que todos lo estén”.
Desafortunadamente pertenecer a Naciones Unidas no transforma a los gobiernos en baluartes de Derechos Humanos.
Ignorar en efecto la existencia de más de 271 millones de migrantes internacionales (2019) o de 79.5 millones de personas desplazadas en el mundo, no es sólo cerrar los ojos ante un fenómeno masivo, que crece junto con las turbulencias económicas y políticas, sino también pisotear los Derechos Humanos de millones de seres expulsados de sus tierras o países por guerras, conflictos, catástrofes, cambio climático, violencia criminal y violencia machista.
Si la política xenófoba de Estados Unidos dejó varadas en nuestra frontera norte a miles de personas y sigue expulsando o encarcelando a otras, pese a la pandemia, la sumisión de las autoridades y la negligencia oficial ha agudizado en estos meses las condiciones de vulnerabilidad de migrantes, solicitantes de asilo y personas desplazadas que no sólo enfrentan incertidumbre y altos riesgos a su integridad y a su vida, sino también la amenaza del COVID-19 en estaciones migratorias o campos de refugiados.
En muchos casos, México falta a su obligación de protección y viola también el derecho de asilo ya que, aunque las solicitudes han aumentado en 2019 y hasta marzo de 2020, los casos de asilo son limitados.
Desde una perspectiva humanitaria, además, si se consideran las amenazas a la vida e integridad de las personas en su país de origen, muchas de las personas que consideramos migrantes deberían ser candidatas al asilo, como afirma la integrante de Global Health Management, organización que brinda atención médica en un campamento para migrantes en Matamoros, Helen Perry, quien compara la violencia que han sufrido niñas y mujeres centroamericanas en sus países con la barbarie que el ISIS impuso sobre los cuerpos femeninos en condiciones de guerra en Mosul (ver : entrevista publicada por Kathryn Hampton, 23 junio en: https://phr.org/our-work/resources/voices-from-the-covid-19-pandemic-matamoros-grm/ )
¿Puede ser garante de los Derechos Humanos un país que no garantiza en su territorio el derecho a la vida, la integridad y la salud de las personas desplazadas? ¿Dónde queda la tradición humanitaria ante quienes huyen del terror si se maltrata a personas migrantes, desplazadas, o solicitantes de asilo? ¿Cómo podrá México contribuir a mejorar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si en su territorio priva la violencia extrema y, como en Estados Unidos, en sus fronteras la movilidad humana conlleva graves riesgos?
Si ya es deplorable que pese a las demandas de la Alta Comisionada de Derechos humanos, Michele Bachelet, y de grupos de la sociedad civil mexicana, no se hayan tomado medidas eficaces para prevenir la violencia contra mujeres y niñas bajo cuarentena y no se haya liberado a personas encarceladas por el riesgo de brotes de COVID-19, indigna el silencio oficial acerca de las personas migrantes y solicitantes de asilo, hoy amenazadas por la pandemia en ambos lados de la frontera. La necropolítica binacional imperante normaliza la deshumanización.
20/LMP/LGL
