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Legisladoras protestan por campaña contra secretaria de Gobernación por parte de grupos conservadores

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México. Senadoras y diputadas federales se manifestaron en contra de la campaña de “linchamiento” contra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es atacada por grupos conservadores que promueven las propuestas legislativas para restringir el acceso a educación en sexualidad en las leyes de educación de los estados.

A partir de mayo, cuando se discutió y rechazó la reforma conocida como Pin Parental en el Congreso de Nuevo León, la ministra en retiro envío una comunicación a la Legislatura local para exponer argumentos jurídicos que muestran que la reforma es una violación a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.

Desde entonces, la secretaria de Estado ha sido descalificada por diputados locales, en su mayoría militantes del Partido Encuentro Social (PES), que en el proceso electoral de 2018 se alió con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y principal promotor de la reforma que busca que padres y madres de familia eviten que sus descendientes accedan a contenidos sobre salud sexual y reproductiva.

Los diputados del PES y autodenominados defensores de “la vida y la familia”, Carlos Leal Segovia, coordinador parlamentario del PES en el Congreso de Nuevo León y Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de la Familia en el Congreso de Querétaro, han calificado públicamente y en redes sociales de “intromisión” el llamado de la Segob.

Hasta ahora, las iniciativas presentadas en Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro Aguascalientes (única entidad donde se ha aprobado) y recientemente en Veracruz, han sido promovidas por diputados del PES. En el caso de Chihuahua, la propuesta salió de la diputada Marisela Sáenz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); aunque también han recibido apoyo de los panistas. 

Ante el riesgo de que más estados aprueben reformas similares a la de Aguascalientes y vulneren el derecho a la educación, el pasado 5 de julio, la Segob reiteró sus argumentos y junto con las secretarías de Salud (Ss) y Educación (SEP) envió a los 32 Congresos locales un análisis de los criterios jurídicos sobre educación laica y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

A esta comunicación se sumaron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Además, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez también han alertado sobre los retrocesos de estas iniciativas.

De acuerdo con las diputadas federales y senadoras, en su mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC), como Martha Lucía Micher Camarena, Patricia Mercado Castro, Jesusa Rodríguez Ramírez y Martí Batres Guadarrama, el exhorto de la Segob no puede ser calificado como intromisión o invasión de competencias.

En el comunicado, difundido este martes, las legisladoras señalaron que el análisis realizado por las secretarías de Estado es una alerta legal pertinente para evitar que se consumen actos legislativos que redunden en violaciones flagrantes a los Derechos Humanos.

Explicaron que algunas asociaciones civiles, vinculadas con posiciones ultra conservadoras, han lanzado una campaña de linchamiento mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero, en la cual utilizan mentiras y descalificaciones que solo evidencian un profundo desprecio por los Derechos Humanos.

Aunque no mencionaron a qué organizaciones se referían, el Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia, opositores a temas de igualdad de género y a la interrupción legal del embarazo, se han pronunciado a favor del Pin Parental.

Las legisladoras señalaron que en el discurso de las organizaciones conservadoras se han utilizado expresiones falsas como “el Estado nos quiere quitar la educación de nuestros hijos”, “las políticas educativas actuales han aumentado la homofobia y discriminación” y “el Estado quiere que le cedamos la patria potestad de los hijos”.

Además, expusieron que con estas afirmaciones, quienes están a favor del Pin Parental pretenden disfrazar una reforma que es violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y exponerla como una acción ligada a la formación cultura, de cada familia.

Es por eso que las diputadas y senadoras reiteraron que es falso que el Estado pretenda quedarse con la facultad exclusiva de la educación de niñas, niños y adolescentes, que es falso que se pretenda negar el derecho a las familias de educar a sus descendientes conforme a sus principios y valores y que tampoco es verdad que las políticas educativas actuales aumenten la homofobia y la violencia ligada a la discriminación.

Para las legisladoras, la Segob ha actuado correctamente al alertar a los Congresos estatales sobre las posibles violaciones a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes en caso de aprobar el Pin Parental. De ninguna forma, expusieron, los argumentos de esta dependencia son una “amenaza” a las y los legisladores estatales, como lo dijo este lunes la senadora Lilly Téllez.

Este lunes 13 de julio representantes del Frente Nacional por la Familia, junto con los senadores del Partido Acción Nacional (PAN): Lilly Téllez, quien renunció a Morena para unirse al blanquiazul y Victor Fuentes Solís; así como el priista Manuel Añorve Baños organizaron una conferencia de prensa para expresar su posición a favor del Pin Parental.

En su exposición, que se realizó de forma virtual, la senadora y los senadores descalificaron a Sánchez Cordero, acusándola de estar en un “activismo ideológico, en contra de la vida, la familia y las libertades”.

En medio del debate entre legisladores que dicen defender a la familia y las instituciones que buscan garantizar el interés superior de la infancia a una educación laica y científica, este miércoles las presidentas de las comisiones de Igualdad de Género; de Educación; y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados, también expusieron, en conferencia de prensa virtual, sus argumentos en contra del Pin Parental.

La diputada por Morena, Wendy Briseño Zuloaga, expuso que estas reformas son inconstitucionales y una copia de las corrientes retrogradas y anti-derechos de otros países. También dijo que en México no se puede hablar de un solo tipo de familia y por esa razón, aseguró, en México no pueden pasar estos cambios normativos.

20/AGM/LGL

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