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Y pasan los años y la justicia ni pronta ni expedita

Por Teresa C. Ulloa Ziáurriz
FOTOCIMAC: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

El 2 de abril de 2014, en el noticiero de Carmen Aristegui se dio a conocer una supuesta red de trata de personas operada desde las instalaciones y con recursos del PRI-DF, al servicio del entonces presidente del partido en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La trata de personas es un delito grave y se debe perseguir de oficio, lo que no ocurrió, ni por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ni por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En ese tiempo, el PRD-DF y el PAN interpusieron denuncias penales, el primero ante la PGJDF y el segundo ante la PGR.

Mientras tanto, se acercaron 4 víctimas a la CATWLAC y se prepararon tres denuncias penales, las que se presentaron ante la UEITMPO-SEIDO/PGR, víctimas con identidad protegida e identificadas como Valentina, Beatriz y Renata, por los delitos de:

  • Delincuencia Organizada,
  • Trata de Personas,
  • y Demanda,
  • Publicidad Engañosa
  • Más lo que resulte.

Se consideró que era competente la Federación para investigar este delito de conformidad a lo previsto en el Artículo 5, Fracción IV y V, en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público que se mantienen en buena medida de fondos públicos.

Con fecha 16 de mayo del 2014 se solicitó al titular de la SEIDO que en virtud de la relevancia social de los hechos por tratarse de un partido político y porque se podía presumir que había delincuencia organizada, atrajera la investigación del caso, en tanto había captación por abuso de una situación de vulnerabilidad, a través de publicidad ilícita o engañosa.

Con fecha 11 de junio de 2014 se presentó escrito dirigido al Procurador General de Justicia del DF, solicitándole que se declarara incompetente, en tanto existían más de 3 personas que se había coaligado de manera permanente para delinquir.

A las solicitudes presentadas tanto en la SEIDO como en PGJDF, se recibieron negativas que adolecían de la debida fundamentación y motivación.

De lo anterior se desprendieron dos amparos contra los acuerdos emitidos sin la debida fundamentación o motivación, ambos recayeron en el Juzgado 8º de Distrito en materia penal, fueron sobreseídos, se interpuso revisión en el amparo que es contra la SEIDO, en el que el Tribunal Colegiado ordenó a la Ad quo que por violaciones al procedimiento, se le ordenaba reponerlo.

Mientras tanto las denuncias de las tres víctimas se encontraban radicadas en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales de la PGJDF, en donde no se actuó, argumentando que las víctimas no habían ratificado, cuando ya lo habían hecho ante el Ministerio Público Federal antes de que se declarara incompetente.

La inactividad del Ministerio Público le dio el argumento a Gutiérrez de la Torre para promover un amparo para que se determinara la Averiguación Previa, y entonces el Ministerio Público decretó el No Ejercicio de la Acción Penal. Ya pesar de interponer los recursos disponibles, la PGJDF se mantuvo en su decisión protegiendo a los presuntos delincuentes, lo que combatimos por 4 años con amparos y recursos de revisión, los que significó un gran desgaste que no hubiéramos podido afrontar si no hubiéramos contado con el invaluable apoyo de la Clínica de Trata del ITAM, a cargo del maestro Héctor Alberto Pérez Rivera.

Finalmente en mayo de 2019, ganamos el amparo después de 4 años de lucha jurídica y la PGJDF volvió a abrir la Averiguación Previa.  Sin embargo, a un año dos meses no se ha ejercitado la acción penal y de nueva cuenta solicitó un amparo para obligar a la hoy FGJCDMX a que decrete el No Ejercicio de la Acción Penal de nuevo.

Esto significa que de nueva cuenta empieza la batalla jurídica, en esta ocasión en el Juzgado 14 de Distrito en materia penal. Y si se logra la consignación antes que se resuelva el amparo, entonces todo quedaría en manos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Si en el equipo de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe nos sentimos frustradas de lo difícil que ha resultado enfrentar el poder y la corrupción de Gutiérrez de la Torre, quien nos ha perseguido y amenazado constantemente, con el propósito de las víctimas RENATA, BEATRIZ Y VALENTINA sienten una profunda frustración y decepción de las autoridades de la FGJCDMX, ya que tenían muchas expectativas de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum las iba a apoyar y por fin se les garantizaría el acceso a la justicia.

No nos explicamos y nadie nos pudo responder por qué cambiaron a la Ministerio Público y la que hoy está a cargo de la Averiguación Previa no tiene ni perspectiva de género, ni sensibilidad para con las víctimas.

Nada es coincidencia, hace como dos meses una compañera feminista me informó que los abogados de Gutiérrez de la Torre no habían salido de la oficina del doctor Rodrigo de la Riva Robles, hoy Coordinador de Investigación Estratégica.

Y no dudamos de la honestidad y rectitud de la Fiscal General y la Fiscal para la Investigación de Delitos de Trata, pero también sabemos de qué calaña son los abogados de Gutiérrez de la Torre y el mismo Gutiérrez de la Torre.

Lo que debe quedar muy claro es que mientras las víctimas quieran seguir defendiendo su derecho al acceso a la justicia, nosotras seguiremos desde nuestra trinchera luchando con ellas.

20/TUZ/LGL

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