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“La discriminación nos duele a las indígenas, por eso nos bordamos juntas”: Fátima Gamboa Estrella

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. Los pueblos originarios nos han enseñado que las personas que ocupen los cargos donde se toman las decisiones deben representar a la comunidad, estar conectadas con las bases, promover agendas comunes y trabajar de abajo hacia arriba y así es como se debe elegir a la próxima presidenta del Consejo Nacional de Discriminación (Conapred).

“Esa es la forma en que las mujeres indígenas y los pueblos indígenas nos organizamos para asegurar la representatividad”, afirmó la abogada maya, Fátima Leonor Gamboa Estrella, una de las diez mujeres que han sumado sus saberes para cambiar la dinámica de las designaciones presidenciales y dar paso a su propia convocatoria y proceso de selección, entre indígenas y sin intermediarios.

Decidieron aliarse después de que el 16 de junio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que propondría a una mujer representante de los pueblos originarios para dirigir el Conapred. Si el mandatario tendió una trampa esperando ver quién caía y quienes se enfrentaban para competir por el cargo, las indígenas respondieron, pero antepusieron sus principios. 

Así como en 2018 la médica nahua, María de Jesús Patricio Martínez, asumió el papel de vocera del Concejo Nacional Indígena para postularse a la candidatura presidencial —aunque no consiguió que su nombre apareciera en las boletas electorales al no alcanzar el número de firmas necesarias—, Fátima Gamboa aceptó ser la vocera de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y de Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena en este proceso para cambiar el rumbo de la institución. 

Desde su papel como representante de una red y pieza de un movimiento amplio y multicolor, Fátima hizo una contrapropuesta al Estado. “Exigimos coherencia: si te importa una mujer indígena y un Estado pluricultural, vamos a comenzar desde el principio y ese tiene que ser la designación. Hazlo conforme nuestros procesos, respeta nuestros proceso de organización”. En entrevista con Cimacnoticias expone sus razones.

Engañosa “consulta amplia y abierta”

En el mes de junio la entonces presidenta del Conapred, Mónica Maccise Duayhe, renunció al cargo después de que López Obrador declaró desconocer la existencia de esta institución y señaló que la desaparecería. Unos días después, integrantes de la Asamblea Consultiva del organismo también renunciaron: Mauricio Merino, Katia D´Artigues y Regina Tamés. En este contexto se le preguntó a Fátima Gamboa por qué buscar dirigir una institución que ha sido abandonada. 

Lo primero que responde es que no es una decisión personal, sino una apuesta colectiva. “No es un tema particular, ni individual, ni un visión de -en mi caso personal-“, aclaró la abogada, mujer indígena, lesbiana, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y experta en Derechos de los Pueblos Indígenas por la Universidad Carlos III en Madrid, España, y actual coordinadora del Área Legal de la organización Equis, Justicia para las Mujeres.

El movimiento surgió porque tras la declaración del presidente, la Asamblea Consultiva del Conapred y la Secretaría de Gobernación iniciaron el típico proceso que llaman “consulta amplia y abierta”, pero que consiste en enviar correos y mensajes a personas de sus círculos cercanos o que conocen a alguna interesada para preguntarles quién creen que debería ser la próxima presidenta.

“Esta práctica de las instituciones, de búsqueda de perfiles, no oficial, como una especie de reclutamiento es reprochable. Desde la Red Nacional de Abogadas Indígenas tomamos la decisión de postularnos como una red, es decir de hacer nuestra propia convocatoria y proceso de selección, entre nosotras, para evitar que se convierta en un reclutamiento que ignore las formas en cómo las mujeres indígenas y los pueblos indígenas nos organizamos.

“(También) Para asegurar que quienes lleguen a los puestos de poder en la función pública o comunitarios no sean personas en lo individual sino que respondan a una serie de procesos de abajo hacia arriba; procesos además de representación, consensuados, colectivizados, con agendas comunes, que estén conectados con las bases y con las organizaciones de mujeres indígenas.

“Se decidió que fuera la vocera y la candidata de la Red pero para hacer un ejercicio donde podamos convocar a las demás redes de indígenas, a las organizaciones y colectivas a hacer lo mismo: generar nuestros procesos, consensos y sacar propuestas de mujeres con diferentes perfiles para que también sean voceras.

“Al final nosotras nos juntamos, entre todas, para no generar competencia ni división entre los diferentes movimientos o redes de mujeres indígenas. Estas prácticas de Estado, de arriba hacia abajo, generan competencia, división y falta de sororidad entre las mujeres. Nosotras hacemos esta propuesta para que cada una de las redes tenga su propia candidata y generar un movimiento con objetivos comunes y mensajes claros”.

“Nos bordamos juntas”

El Conapred, desde su creación en 2003, ha tenido cinco titulares: dos hombres y tres mujeres. Sin embargo, las redes no sólo quieren que se cumpla la propuesta del presidente de posicionar a una mujer indígena, ahora exigen que la persona que ocupe la dirección tenga posibilidad de trabajar, que cuente con recursos humanos y financieros y que su experiencia e ideas sean escuchadas.

Esa fue la razón para crear el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la titularidad del Conapred, una alianza de organizaciones constituida el pasado 21 de junio para arropar a las que deseen participar con estos ideales: hasta ahora diez mujeres. La Asamblea del organismo acogió seis de las hojas de vida. Al final, quien tiene la decisión es López Obrador, asesorado por la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

“La contrapropuesta (también) es que una mujer indígena acompañada de todo un Frente Plural de Mujeres Indígenas pueda proponer nuevas formas de fortalecer una institución tan importante que atiende el problema de racismo y discriminación. Este problema nos toca históricamente, nos duele de manera particular a las mujeres indígenas, por eso nos bordamos juntas aunque seamos de hilos de diferentes colores”. 

Una vez que se organizaron para denunciar la selección arbitraria del cuerpo de una mujer indígena para estar al frente de una institución que se quiere desmantelar, también quieren protegerse de no vivir violencia política y de ser acusadas, en el futuro, de desaparecer un organismo que hoy parece desmoronarse.

En este gobierno que ha asumido la paridad como una bandera, Fátima Gamboa dice: “No merecemos ocupar puestos de poder en la administración pública, en instituciones que están siendo desmanteladas. No queremos sobras, tenemos nuestras propias propuestas y posturas políticas de cómo hacer las cosas”.

Anayeli García Martínez (AGM): ¿Para qué llegar a dirigir el Conapred?

—Fátima Leonor Gamboa Estrella (FLGE): Decidimos hacer propuestas para recuperar algo que hicimos la Red Nacional de Abogadas Indígenas: un informe con el que logramos (en 2019) una recomendación del Comité para la Eliminación Racial de la ONU (Comité CERD) para fortalecer al Conapred.

“La competencia de Conapred es más amplia que la del Inmujeres o de la CNDH, en tanto funciones, competencia y sujetos. La CNDH ve actos de autoridad, Conapred ve actos de autoridad y particulares. Inmujeres ve todo lo que tiene que ver con género, muy abocado a mujeres, en cambio Conapred ve cuestiones de discriminación por género, condición racial, por discapacidad, migración, diversidad sexual. Es mucho más amplia la agenda de Conapred. Ve más sujetos y no tiene recursos.

“Tenemos como estandarte esta recomendación pero la primera forma de comenzar a transformas las instituciones, como nosotras queremos, es cambiando incluso la forma de designación de la titular.

“No queremos dobles discursos, que se diga -soy un gobierno incluyente que le importa la agenda de los derechos de las mujeres indignas-, pero al mismo tiempo el Estado tenga una política donde en el presupuesto desaparezca los derechos (como ocurrió con los recursos para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o con las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente).

“Conapred no es un tema nada más de indígenas, sino de múltiples discriminaciones y desde ahí hacemos un llamado a las demás organizaciones de Derechos Humanos para que se sumen a este frente, enriquezcan y seamos un sistema de contrapeso y podamos incidir en la toma de decisiones de la Secretaría de Gobernación y del presidente”.

Atender discriminación de Estado

—AGM: ¿Qué proponen hacer si el mandato de la institución es tan amplio y si Conapred ha rechazado conocer casos de discriminación, alegando que se trata de violaciones a Derechos Humanos o faltas administrativas?

— FLGE: Me parece que hay que tejer o fortalecer mucho más el trabajo de coordinación interinstitucional entre estas dependencias. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el Inmujeres y la CNDH tienen que estar muy coordinados para que no haya una especie de sobre-exposición de competencias. Tendría que analizarse caso por caso, pero el Conapred es el órgano especializado en discriminación que puede fortalecer capacidades del INPI, la CNDH o el Inmujeres para que atiendan de mejor manera.

“Hay que revisar competencias, protocolos, manuales de actuación para evitar estas confusiones entre las dependencias, lo que provoca la falta de atención y el peloteo en que está la ciudadanía. Cuando estas competencias se tengan claras se deben dar los mensajes a la ciudadanía e informar qué es Conapred y cómo se diferencia de otras instituciones. 

—AGM: Si una de las aspirantes apoyadas por el frente es designada, ¿han planeado una política para atender la discriminación en el país en el actual contexto de pandemia y austeridad?

— FLGE: Estamos más en el proceso organizativo, pero hemos dialogado de las cosas que se necesitan hacer. Estamos ciertas en poder tener una ruta de trabajo en donde podamos escuchar a diferentes colectivas que han sufrido en carne propia la discriminación, revisar la documentación que existe sobre discriminación y junto con otros actores generar un diagnóstico para ver qué mejorar y eficientar.

“Básicamente lo que hay que hacer es política pública: ver qué hay, qué no ha funcionado y qué no hay y sobre todo en qué temas. Revisar por la situaciones en las que estamos, qué temas son más relevantes en términos de urgencia. Por ejemplo: la violencia de género y los feminicidios que se deben atender con otras dependencias como el Inmujeres, y acciones que se tiene que bajar a la política pública con los estados.

“Es ver temas prioritarios: la migración y militarización. Por ejemplo, los reportes de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Enpol) de que 42 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina vivieron tortura sexual. Además, el decreto presidencial para que las fuerzas amadas auxilien en labores de la función pública. Esos son temas a atender, donde el Estado hace un uso agresivo del poder y en este contexto genera discriminación. ¿Cómo le hacemos desde esta institución para sentarnos con la Marina y la Guardia Nacional?

“En migración está pendiente el protocolo para evitar detenciones arbitrarias por los rasgos físicos de las personas. El protocolo ya está, pero no se está capacitando al personal y evaluando el impacto. Hay muchos temas truncos y urgentes. Por eso se necesita tener ya a la nueva titular del Conapred. No puede ser que se deje sin cabeza para que se deje morir, por decirlo de alguna manera. Es urgente que se designe a la nueva titular en el contexto que estamos viviendo de seria discriminación y racismo, provocado, incluso, por el Estado”.

El Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial en México, realizado por El Colegio de México indica que las personas de pueblos indígenas o con un tono de piel oscuro viven más racismo y discriminación y la Encuesta Nacional sobre Discriminación, del Inegi, lo confirma. Esta es una de las razones para que Fátima Gamboa exponga que uno de los principales problemas de México está allí.

“Nosotras observamos, miramos y hemos vivido que de estos problemas se distribuyen ciertas cosas: el dinero en el país. Algunos cuerpos, en algunos contextos, van a ser pobres y otros no; o algunos cuerpos van a tener oportunidades de estudiar y otros no. Ahí hay una reproducción de la desigualdad, de la pobreza, ahí se dan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. La discriminación niega autonomía y derechos a las personas”.

“Si un gobierno quiere atacar la pobreza, atacar la violencia y generar un desarrollo con igualdad, tiene que abordar el problema de la discriminación, pero con mucha seriedad”.

Al final, la abogada dijo que las indígenas deben tener voz y voto en esta designación, piden que se transparenten los criterios de selección y que no sean discriminatorios, por ejemplo que les exijan tener estudios universitarios, un requisito que está en la ley pero muchas indígenas con experiencia y perspectiva de igualdad no tienen. La Asamblea Consultiva tiene la tarea de acercar estas peticiones y no sólo la lista de perfiles al presidente de la República.

20/AGM/LGL

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