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Las resistencias en Sonora para aprobar la Ley Olimpia

Por Silvia Núñez Esquer
CIMACFoto: César Martínez López

En Sonora, la iniciativa para armonizar el marco legislativo que protege los derechos y libertades de las mujeres en materia de violencia digital de género se presentó en marzo pasado. Fue la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, quien personalmente la entregó en un acto protocolario al congreso estatal, a representantes de diversas comisiones de la 62 legislatura.

En el acto había también invitados especiales como la fiscal general de Justicia del estado, Claudia Indira Contreras, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez. Así de importante era la iniciativa que aparentemente unía a todas las bancadas partidistas, pues era un tema en el que todas y todos estaban de acuerdo. Después vimos que no fue así.

“Se trata de una ley que protegerá a las mujeres de ciberacoso, ciber violencia y ciber chantaje, entre otras”, se leía en los medios el 5 de marzo del 2020. Todos estaban felices, era una fiesta de unidad en torno a una propuesta, que como pocas, parecía que saldría pronto y entraría en vigencia inmediatamente.

No solo eso, para las feministas esto era por fin el reconocimiento de que las mujeres somos dueñas de nuestra intimidad sexual, rompiendo con la imposición histórica de que nuestra sexualidad es de y para los demás. La “Ley Olimpia” es una reapropiación nada menos que de la sexualidad de las mujeres para sí mismas, de ahí la sanción si no hay consentimiento.

Cuatro meses han transcurrido, mismos que han coincidido con la vivencia de la pandemia. Las condiciones de confinamiento y distanciamiento social han favorecido la imposibilidad de reuniones, manifestaciones, y actos de análisis presencial entre ciudadanas y quienes legislan.

La iniciativa de la gobernadora coincidía con la convocatoria al Parlamento de Mujeres organizado por la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Alicia Gaytán, y con algunas propuestas ciudadanas que se presentaron en ese foro para legislar la violencia digital.

La propuesta gubernamental pretende reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos para el estado de Sonora.

Mientras toda la atención estaba en la pandemia, el congreso sesionaba en periodo extraordinario, y fue así que, en un desafío inusitado, el jurídico del congreso, afín al Partido Revolucionario Institucional, incluyó en el dictamen del 12 de junio un artículo que a todas luces llevaba como objetivo acallar las voces que monitorean a las personalidades políticas y las exhiben en situaciones relacionadas con su quehacer político.

El jurídico se atrevió a incluir algo que no estaba en la iniciativa y que ninguna diputada o diputado había solicitado. El dictamen estaba sucio, manchado por la manipulación de una facción política en lo que toda la sociedad vio como un intento de aplicar la “Ley Mordaza”, aprovechando el proceso de legislación de la “Ley Olimpia”.

En el dictamen del 12 de junio se pretendía sancionar a: “Quien por cualquier medio relacionado con Tecnologías de la Información y/o de la Comunicación, sin el consentimiento de la persona que legalmente deba proporcionarlo, publique, revele, divulgue, o difunda información apócrifa, editada o alterada, así como amenazas, mensajes de odio, en perjuicio de su intimidad, imagen pública o su derecho a la no alteración de identidad personal, se le impondrá de cuatro a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización. La pena se agravará en una mitad cuando:

I. La acción nuclear recaiga sobre contenido sexual, atente contra la dignidad o el libre desarrollo emocional; II. Sea cometido por alguna  persona servidora pública o integrante de las instituciones de Seguridad Pública en ejercicio de sus funciones, incluyendo a los integrantes de órganos ciudadanos que reciban recursos públicos; III. La acción se cometa con el objeto de denigrar, afectar o perjudicar la imagen política o social de una persona;”.

La “Ley Olimpia” perdía su espíritu, pues lo que pretendía proteger, la intimidad sexual de las mujeres, de pronto se convertía en una ley para impedir la crítica, y la circunstancia del contenido sexual se convertía solo en uno de los supuestos.

En respuesta, el “Observatorio Contra el Acoso México”, con sede en Hermosillo, Sonora, se pronunció a través de un comunicado en contra de cualquier acción que se aleje de la finalidad que tiene esta ley a favor de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que esa ley fue propuesta para garantizar el respeto a la intimidad sexual de las mujeres, no para ser usada a beneficio de nadie más que el de la seguridad e integridad de las víctimas.

Por esa irregularidad en donde el jurídico se arrogó facultades que son propias de las y los legisladores, la Comisión de Igualdad de Género pidió que se rehiciera el documento, lo cual se aceptó.

Sin embargo, lo volvieron a hacer. El 21 de julio sesionaron las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Igualdad de Género unidas, para dictaminar la “Ley Olimpia”, pero cuál no sería la sorpresa, que el PRI insiste en utilizarla para aplicar sanciones a las voces críticas.

La forma se ha sofisticado, ya no es tan burdo y claro, sino que lo llevan a la discusión de una palabra, pero ¡Qué palabra! es el término crucial para legislar la “Ley Olimpia”, casi podemos decir que, si no está, es otra la ley que se está dictaminando.

El PRI insiste en hablar de “intimidad”, pero las diputadas Alicia Gaytán, Miroslava Luján y María Dolores del Río, de Morena y Movimiento Ciudadano respectivamente, observan que debe decir “intimidad sexual”, pues de otra forma se pierde el espíritu de la Ley.

Esto es en el Código Penal de Sonora, al cual se está proponiendo también retirar como delito el sexting que erróneamente se había incluido como conducta delictiva, e incluir el delito de: “violación a la intimidad”.

El problema ahora es que la composición de las comisiones dictaminadoras incluye a diputadas y diputados que, a juzgar por la sesión virtual del 21 de julio, actúan por un lineamiento establecido afín al PRI, pues en sus intervenciones exhibieron su desconocimiento sobre los antecedentes y objetivos de la “Ley Olimpia”, incluso confundiendo casos mediáticos, y comentando que no eran de carácter sexual, cuando justo el ataque fue a la intimidad sexual.

La votación no arrojó un dictamen pues hubo empate. Con esto la Ley Olimpia en Sonora sigue en el aire, se retrasa una vez más, pues no hay fecha para la siguiente sesión de comisiones. Votan legisladores que no conocen el tema, otras y otros permanecen callados, solo cierran filas con quien la está deteniendo para brindarle su voto.

Sonora sigue en rezago de armonización legislativa para garantizar el ejercicio de todos los derechos para todas y todos.

20/SNE/LGL

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