Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) informó ayer durante la reunión con familiares de víctimas de feminicidio que el agresor de Diana Velásquez Florencio, asesinada en 2017 en Chimalhuacán, Estado de México, ya había sido detenido, pero no presentó ninguna prueba ni explicó cuál fue la línea de investigación por medio de la cual se dio con él.
Diana fue asesinada el 2 de junio en Chimalhuacán, Estado de México. Tenía 24 años de edad, salió de su casa por la mañana y ya no regresó. Los primeros días estuvo como desaparecida hasta que la hallaron cinco días después en un Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, un municipio contiguo, al que su familia ya había ido a buscarla. Las autoridades mexiquenses habrían encontrado su cuerpo en un lote baldío cerca de su casa el mismo día que desapareció, tenía signos de violencia sexual.
Después de encontrar su cuerpo hubo pocas y deficientes diligencias, lo que impidió desde hace tres años integrar alguna línea de investigación; de hecho, la madre de Diana batalló estos años para conseguir que su caso fuera investigado por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, quien se negó a reconocer estos hechos como feminicidio. Por todos estos obstáculos, desde 2019 las autoridades estatales ofrecen una recompensa de 300 mil pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero del feminicida de Diana.
No obstante, la tarde de ayer Lidia Florencio fue informada por la Segob en una reunión en la que estuvo presente la titular Olga Sánchez Cordero, que ya se había girado una orden de aprehensión contra el asesino de su hija, quien fue detenido por autoridades mexiquenses por un delito distinto.
Esta noticia vino luego de que Lidia pasara –pese a la contengia sanitaria y las fuertes lluvias– 22 días afuera de Palacio Nacional en un plantón que iniciaron familiares de víctimas de feminicidio para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay demasiadas dudas
Esta mañana, en conferencia de prensa afuera del Plantón, en el Zócalo Capitalino, Lidia Florencio informó a la prensa que no acepta esa información como verdad, toda vez que hasta el 30 de abril de 2020, última vez que acudió al Ministerio Público de Chimalhuacán a revisar la carpeta de investigación, no había ninguna línea de investigación en el caso.
“Ahora resulta que de la noche a la mañana ya tienen al feminicida. Como familiares vamos a exigir que nos den pruebas y que nos digan quién es (…) Nos siguen negando nuestros derechos a acceder a la justicia y a la verdad (…) Existen demasiadas dudas y demasiados vacíos para que esa noticia sea verdad. Nosotros como familiares vamos a exigir muchas cosas (…) No fue nada tranquilizante. Al contrario, nos llena de dudas, de incertidumbre y coraje. Cómo es posible que de esta manera nos hayamos enterado de esto a medias. No vamos aceptar hasta que nos den pruebas”, reiteró Lidia.
La sospechas de la Lidia están sostenidas en la serie de irregularidades que cometió la autoridad estatal en el caso de su hija; por ejemplo, tardaron muchos meses para entregarle una valoración de ADN que confirmó la violencia sexual a la que fue sometida Diana, los obstáculos en trámites burocráticos que impidieron hacer una exhumación del cuerpo para obtener más pruebas, y que se perdió la ropa que llevaba la joven el día de su asesinato.
De acuerdo con Lidia, durante la reunión de ayer no hubo ningún funcionario de la Fiscalía General de la República ni de la Fiscalía del Estado de México, por lo que –le dijeron– no se le pudo informar más detalles sobre el detenido, como quién es, cuál fue el otro delito por el que se le detuvo y con base en qué elementos se le vinculó con el asesinato de su hija.
No obstante, las autoridades presentes le aseguraron que están 100 por ciento seguros de que se trata del agresor de Diana, ya que el día viernes 24 de julio el Fiscal General de Justicia del Estado de México habló por teléfono a la Segob para informar sobre esto.
Por el contrario, al día de hoy ninguna autoridad mexiquense a las que Lidia acude desde hace tres años para acceder a la justicia se ha comunicado con ella para explicarle los detalles.
Tras dar a conocer esta información, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió con Lidia a iniciar una reunión con la FGJ Edomex para que le expliquen estos detalles y le muestren la carpeta de investigación a la que, como víctima, tenía derecho a acceder desde hace tres años.
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