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Tribunal Electoral de Durango resuelve a favor de diputado panista que violentó a legisladora

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) determinó que una autoridad electoral no puede sancionar a un diputado por emitir sus opiniones sobre una legisladora, aunque estas expresiones constituyan violencia política de género.

Esta fue la resolución de los magistrados Javier Mier Mier y María Magdalena Alanís Herrera, quienes con el voto en contra del magistrado Francisco Javier González Pérez, resolvieron dar la razón al diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez, acusado de violentar a una de sus compañeras legisladoras. 

La sentencia se refiere a lo ocurrido el pasado 2 de junio, cuando durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso estatal, el legislador le entregó a la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sandra Lilia Amaya Rosales, una charola de huevos con la leyenda “para que sostengas tu palabra”.

Esa fue la forma que encontró el diputado para expresar su inconformidad porque Morena no permitió que el blanquiazul presidiera la Junta de Coordinación Política.

El 5 de junio la diputada interpuso una denuncia formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango (IEPC) alegando violencia política de género y solicitando medidas cautelares. El 18 de junio esta autoridad electoral resolvió, por primera vez, que se acreditó la violencia política.

El IEPC llamó al Congreso a establecer una sanción al diputado panista y en caso de reincidencia separarlo del cargo. Sin embargo el legislador impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral estatal alegando que una institución electoral no puede ordenar sancionarlo ni censurar sus expresiones.

El diputado argumentó que sus actos fueron parte del debate parlamentario y que la reforma a ocho leyes generales para definir y sancionar penal y administrativamente los actos de violencia política por razones de género, publicada el pasado 13 de abril, no era absoluta y solo aplicaba en el ámbito electoral.

El 29 de julio el caso fue resuelto por los tres magistrados del TEED, quienes por mayoría de dos votos concluyeron que, con base en el principio de “inviolabilidad parlamentaria“, el Congreso del estado es el único organismo facultado para conocer y sancionar conductas de violencia política de género cometidas en un debate parlamentario.

El magistrado Francisco Javier González Pérez se manifestó en contra de la resolución porque, desde su punto de vista, la reforma sobre violencia política de género generó un nuevo paradigma que le dió competencias a las autoridades electorales para conocer hechos de violencia, sobre todo considerando que el derecho de ser votada, en su vertiente de ejercer el cargo, sí es competencia de organismos electorales.

20/AGM/LGL

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