Otra vez, la violencia es noticia y remueve las heridas que siguen en nuestro país. Los atentados en iguala, Guerrero, nos recuerdan que no todo está en paz y que la violencia sigue ocupando muchos de los territorios de nuestro país.
Territorios donde hacer periodismo se convierte en una labor de altísimo riesgo. Ningún periodista debe perder la vida por la tarea social de informar, ninguna sociedad debe vivir en el silencio que las balas imponen.
Más allá de los datos macros y las mediciones políticas, el asesinato del periodista Pablo Morrugares Parraguirre y su escolta, nos recuerda que por más acciones que tome una sola instancia como el Mecanismo de Protección Federal, las organizaciones criminales que permanecen infiltradas en los territorios e instituciones darán el zarpazo que arrebatará la vida frente a un Estado débil y gobiernos omisos.
Las organizaciones criminales son diversas no solo tienen que ver con el narcotráfico, también están en las colusiones corruptas para el enriquecimiento de grupos políticos, como los que arrebataron la vida a la reportera María Elena Ferral en Papantla, Veracruz.
CIMAC señala que desde diciembre 2018, cada dos días una periodista es violentada por informar.
La impunidad
Si a cada acción de protección que se brinda desde el Mecanismo no se acompaña con toda la fuerza del Estado, la cifra de atentados y crímenes contra periodistas seguirá creciendo.
Y una de las acciones principales que debe dar resultados es la justicia, la cual debe poner lo mejor de la institución para garantizar una investigación efectiva y expedita que llegue no solo a los actores materiales sino a los intelectuales, a los artífices del plan, a los que dan la orden.
Hasta el día hoy, la mayoría de crímenes contra periodistas siguen en la impunidad, la cual ha sido una constante en los atentados contra las y los periodistas en nuestro país. Tenemos 20 años con una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra la Libertad de Expresión que no ha logrado garantizar investigaciones efectivas.
La Feadle reporta en su informe mensual de junio que en los últimos 3 años ha iniciado 1,287 trámites, ha logrado 25 consignaciones y 57 judicializaciones.
El olvido no puede ganar
Hace cinco años en esta Ciudad de México, en la Colonia Narvarte, asesinaron a cinco personas, y los crímenes no están resueltos, ni la justicia ha llegado.
Para la defensora Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, las amenazas y persecución vivida por el gobierno del entonces gobernador Javier Duarte, les orillo a huir de Veracruz y refugiarse en esta Ciudad de México. Hasta aquí el zarpazo violento les quitó la vida en la colonia Narvarte.
La Procuraduría capitalina sigue sin investigar a profundidad las amenazas y agresiones contra Nadia y Rubén; a decir de sus familias, las investigaciones para llegar a la verdad están, prácticamente, detenidas.
Los gobiernos deben garantizar a las víctimas, como mínimo, justicia, verdad y reparación integral, cuando por sus falencias son asesinadas personas inocentes.
El Estado en su conjunto, que implica los tres órdenes de gobierno, es responsable de la violencia y la impunidad y tiene la obligación de actuar para que ninguna persona periodista sean asesinada por su labor informativa.
Cada asesinato y cada atentado a un medio, es solo el indicador que las acciones del Estado para protegerle han fallado y por ende, sus gobiernos.
20/LLH/LGL
