“Que nadie quede atrás” es el principio rector de los Objetivos (ODS) para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que guían la agenda internacional hacia el 2030. Con los 17 ODS se busca encaminar al planeta entero hacia un futuro vivible, con salud, bienestar y educación en igualdad y un medio ambiente sano. En este sentido, desde el inicio de la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a los Estados a actuar en conjunto por la paz, a dar prioridad a las necesidades de la población mundial y a reducir las desigualdades que afectan sobre todo a niñas y mujeres.
El Comité de la CEDAW, por su parte, ha retomado el principio de “que nadie quede atrás” y propuesto a los Estados miembros lineamientos de política pública para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de niñas y mujeres, tomando en cuenta las desigualdades estructurales que las relegan en cuestiones de salud, educación, acceso a servicios y vivienda, trabajo, participación en la toma de decisiones.
Contrarrestar las desigualdades en plena pandemia implica también tomar en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas, y asegurar su integridad, es decir prevenir todas las formas de violencia y discriminación que las acechan y castigar a quienes las agredan o exploten, en el ámbito público y privado.
Por desgracia, los gobiernos de América Latina no han tomado en serio ni estos lineamientos ni la declaración conjunta de diez instancias especiales y regionales de ONU relacionadas con los Derechos Humanos y la condición femenina. En México, el gobierno mantiene políticas excluyentes que agudizan la condición de vulnerabilidad de millones de mujeres, mientras niega el evidente aumento de las violencias machistas.
Su falta de apoyo económico favorece una mayor explotación y empobrecimiento de mujeres y niñas, sobre quienes recaen las labores de reproducción y cuidados y, con frecuencia, el sostén económico de la familia.
Ante la prolongación indefinida de la pandemia y la profundización de la crisis económica, los lineamientos de CEDAW deberían adoptarse de inmediato con el fin de evitar mayores daños a la población femenina, que suele ser la más afectada por recesiones y recortes. Urge reconocer que no habrá bienestar ni desarrollo si se deja de lado a mujeres y niñas; revertir la falsa austeridad que privilegia megaproyectos depredadores y responder a necesidades tan básicas como imprescindibles. Urge, como señala el Comité, “otorgar adecuados equipos de protección al personal de salud” (femenino en 60 por ciento-70 por ciento), garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo y la NOM-046, el acceso a anticonceptivos, atención médica y asesoría, así como la distribución de material sanitario femenino a quienes lo necesiten.
Urge también proteger a mujeres y niñas de la violencia machista y castigar a los agresores. En las zonas rurales, subraya el Comité, debe darse prioridad “ a casas de acogida seguras” para las mujeres y garantizarles cuidados “y acceso a pruebas” de COVID-19.
Ante el desplome del PIB y del empleo, agravado por recortes y simulación oficial, es preciso promover la participación en la toma de decisiones de mujeres diversas y comprometidas, capaces de diseñar políticas interseccionales e incluyentes. Hace falta escuchar a quienes entienden la importancia de “facilitar medios educativos alternos” para quienes carecen de internet, de distribuir alimentos a quienes no los tienen, de ofrecer a las mujeres “un estímulo económico” y un sistema social de cuidados que les permita salir adelante. Hace falta integrar a quienes alzan la voz en defensa de un entorno sostenible, con paz y seguridad, como indica CEDAW, y oponerse con todas ellas a la sobrexplotación y la discriminación.
Lograr este giro, indispensable para nuestra sobrevivencia, exige tomar conciencia de nuestra interdependencia como seres humanos y movilizarnos por un verdadero cambio que asegure que nadie quede fuera del camino hacia una vida digna en igualdad.
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