Ciudad de México.- Las personas que tengan antecedentes de violencia política contra las mujeres o que sean deudores alimentarios, no podrán contender por cargos públicos en las elecciones de 2021, en el Estado de México.
Así se estableció en las reformas aprobadas por la Legislatura local, este 13 de agosto. En la sesión de este jueves, el Congreso local avaló diversas modificaciones a la Constitución estatal y a las leyes electorales de la entidad en materia de violencia política de género, entre las cuales también se prohíbe que la propaganda política o electoral contenga mensajes discriminatorios y/o violentos contra las mujeres.
En la sesión, la diputada de Morena, Mariana Uribe, recordó que con estas reformas, que concentran las consideraciones de seis iniciativas, el Congreso se afianza como la Legislatura de la paridad de género, y reconoce el derecho de las mujeres a participar en política y en cargos públicos, ya que, dijo, tradicionalmente se les ha menospreciado.
“Hoy abrimos la puerta para que más mujeres se empoderen, rompan paradigmas y ocupen cargos públicos y de alto mando. Abrimos un camino para hombres y mujeres, decimos basta a expresiones de machismo y que empiecen a tratarnos como pares”, apuntó la legisladora.
La diputada Karina Labastida destacó que estas reformas aprobadas ponen freno a la violencia política, garantizan el respeto a los derechos políticos, y a la paridad de género en la administración pública estatal y organismos autónomos como el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral.
“El reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres como los político-electorales ha constituido un camino muy largo, por mucho tiempo tortuoso con obstáculos frente a los cuales las mujeres nos hemos encontrado, sin desistir; sin rendirnos, lo estamos logrando”, destacó Labastida Sotelo.
La diputada Azucena Cisneros Coss precisó que en la elección de 2018, 62.5 por ciento de las ex candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y recordó que la propia ex aspirante morenista a Gobernadora, Delfina Gómez fue víctima de agresiones y comentarios machistas cuando el 17 de abril, Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, la llamaron “incapaz, manipuladora y mentirosa”.
Pese a que 52 por ciento de la población son mujeres en la entidad, su participación en la vida política no es equitativa, ya que nunca ha habido una gobernadora, solo hay alcaldesas en 40 de los 125 municipios y de las 18 dependencias estatales, solo 5 están encabezadas por una mujer.
De acuerdo con las reformas al Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género en candidaturas y las reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres, del Instituto estatal electoral, que se encargará de atender agresiones a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodista y defensoras de Derechos Humanos.
En el pleno se presentaron dos proyectos de decreto, uno con reformas constitucionales en la materia y otro que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de la Fiscalía General de Justicia, respecto de la violencia política, paridad de género y lenguaje incluyente.
20/AGM
